Por Alessia Genoves
La Corte del Distrito Este de Nueva York recibió una solicitud de aplazamiento en el proceso judicial contra Elmer Canales-Rivera, alias “Crook de Hollywood”, uno de los principales líderes de la Mara Salvatrucha. La petición, presentada por su abogada Rachel Martaccio, busca posponer por 30 días la conferencia de estado programada para el 14 de noviembre de 2024; y se justifica “debido a que el Sr. Canales Rivera fue recientemente transferido al Centro de Detención Federal en Filadelfia, Pensilvania”, y a “la extensa documentación y pruebas del caso”, según lo explicó en un comunicado dirigido a la Jueza de la Oficina Fiscal de Nueva York, Ann M. Donnelly.
La solicitud cuenta con el consentimiento del gobierno federal y el propio acusado ha aceptado excluir este período del cálculo del plazo del juicio rápido (Speedy Trial Act), según consta en el documento presentado ante la corte. Pero no advierte que el Crook enfrenta múltiples cargos federales en Estados Unidos, con señalamientos que van desde la conspiración para financiar actos de terrorísmo; y asociaciones ilícitas; mientras que en El Salvador, éstas, además, ascienden a los de homicidio agravado; acusaciones por las que el Departamento de Estado de Estados Unidos demanda la cadena perpetua
Un peligroso criminal
Según la acusación formal, según se reconoce en el expediente “2:20-cr-00577-JFB” del Distrito Este de Nueva York, Canales-Rivera es procesado como parte de la cúpula de MS-13, descrita por emplear “violencia contra la policía, militares, funcionarios del gobierno y civiles en El Salvador para obtener concesiones, alcanzar objetivos políticos y tomar represalias contra las acciones del gobierno salvadoreño”. La misma también es acusada de cometer “actividades terroristas, tal como lo define el Título 8 del Código de Estados Unidos, Sección 1182(a)(3)(B)(iii) y (iv)”.
En concreto, el Crook es acusado por la comisión de delitos de “conspiración para proporcionar y conceder apoyo material a terroristas, conspiración para cometer actos de terrorismo transcendiendo fronteras nacionales; conspiración para financiar actividades terroristas; asociación ilícita bajo la ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act). Entre sus operativos, sobresale una denuncia documentada por la División de Crímenes de Long Island, que ya ha procesado a otros líderes, como a los“miembros y asociados de la MS-13 por llevar a cabo más de 65 asesinatos en el Distrito Este de Nueva York desde 2009“, en adelante.
Sin embargo, cuando la acusación fue divulgada, bajo la Alerta Roja de Interpol, en enero de 2021, señala el expediente, “Canales-Rivera estaba bajo custodia en El Salvador cumpliendo una sentencia de prisión… y solicitó la extradición de Canales-Rivera al GOES“. Sin embargo, “en noviembre de 2021, el GOES liberó a Canales-Rivera, quien luego ingresó ilegalmente a Guatemala“.
No obstante, Canales-Rivera permanecería fugitivo hasta el 7 de noviembre de 2023, hasta ser capturado por la Policía de México, y finalmente extraditado a Estados Unidos. Por otra parte, la liberación del Crock sería controvertida en El Salvador, ya que las autoridades nacionales no se manifestaron en su defensa. Y lo es más aún, ya que Canales-Rivera ha sido acusado bajo los cargos de agrupaciones Ilícitas (Art. 345 del Código Penal salvadoreño); actos de; terrorismo (Ley Especial Contra Actos de Terrorismo); Homicidio Agravado (Art. 129 del Código Penal) y Extorsión Agravada (Art. 214 del Código Penal)
El Crook, la MS-13, corrupción y muerte
Los documentos judiciales trazan la historia de la MS-13 desde sus orígenes en los años 1980 en el sur de California. “MS-13 se fundó en los años 1980 en Estados Unidos por inmigrantes centroamericanos en el sur de California, muchos de los cuales eran refugiados de las guerras civiles en Centroamérica”, señala la acusación. La organización evolucionó de “Mara Salvatrucha Stoners” a su actual denominación tras aliarse con la Mafia Mexicana en las prisiones californianas. El grupo evolucionó a una estructura organizativa basada en “clicas” territoriales.
De acuerdo con el documento del Departamento de Justicia, emitido el 15 de noviembre de 2023, tras su segunda detención masiva en Estado Unidos, Canales-Rivera tiene su historial en la MS-13 desde el año 2002. En adelante, junto con otros co-acusados, “comenzaron a establecer una estructura de mando y control altamente organizada y jerárquica para ejecutar sus decisiones y hacer cumplir sus órdenes, incluso estando en prisión”, dirigiéndo, entre otra cosas, “actos de violencia y asesinato en El Salvador, Estados Unidos y otros lugares, establecieron campamentos de entrenamiento militar para sus miembros y obtuvieron armas militares como rifles, pistolas, granadas, dispositivos explosivos improvisados (IEDs) y lanzacohetes”.
El Crook ya encabezada por “La Ranfla Nacional”, establecida en 2004 como el máximo órgano de liderazgo. Este grupo surgió de una estructura anterior conocida como “Los Doce Apóstoles del Diablo”. “La Ranfla Nacional organizó a MS-13 en una jerarquía formal para manejar las actividades de la pandilla en diferentes regiones”, detalla el documento judicial. La organización estableció un sistema de “Programas” como nivel intermedio entre el liderazgo central y las clicas locales.
Lo más denostado, mediáticamente, corresponde a que, “desde aproximadamente 2012, Canales-Rivera y otros miembros de la Ranfla Nacional negociaron con funcionarios del gobierno de El Salvador (GOES) y obtuvieron beneficios y concesiones del GOES”. Con ello, añade que “la MS-13 realizó exhibiciones públicas de violencia para amenazar e intimidar a la población civil, atacó a funcionarios de las fuerzas de seguridad y militares del GOES, y manipuló el proceso electoral en El Salvador. Canales-Rivera desempeñó uno de los roles más destacados en las negociaciones y acuerdos de la MS-13 con el GOES”.
En éstos hechos, estuvieron involucrados desde el entones Presidente de la República de El Salvador, Carlos Mauricio Funes Cartagena; el ex-titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Publica (MJSP), David Munguía Payés; así como políticos de la oposición del momento, como el ex-diputado y entonces alcalde del Municipio de San Salvador, Norman Noel Quijano; y su sucesor, Alejandro Muyshondt, todo documentado en el expediente judicial “145-HASTA-185-BIS-APE-2020AC” de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Juzgado Especializado de Sentencia “C” del 29 de mayo de 2023, que sometió al ex-presidente a 13 años de prisión.
Para ampliar la estructura de la organización, “se enviaron varios líderes de alto rango para organizar operaciones, establecer conexiones para obtener narcóticos y armas de cárteles de drogas mexicanos como los Zetas, el Cártel del Golfo, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, y participar en tráfico y contrabando de personas“. Por otra parte, su financiamiento se sostenía también de actividades ilícitas desde el exterior, basadas en la “extorsión y tráfico de drogas, para financiar sus actividades y enviar fondos a El Salvador”.
La organización mantiene un sistema de financiamiento a través de actividades ilícitas. “Los miembros de MS-13 asistían a reuniones y pagaban cuotas obtenidas mediante actividades ilegales, como extorsión y tráfico de drogas, para financiar sus actividades y enviar fondos a El Salvador”, señala la acusación.
Proceso frenado
El caso continúa en desarrollo mientras la defensa solicita tiempo adicional para revisar la evidencia. La abogada Macedonio ha indicado que las partes “están llevando a cabo conversaciones que podrían conducir a una resolución voluntaria de este asunto”, según consta en documentos judiciales recientes. La decisión sobre el aplazamiento queda pendiente de la resolución de la Jueza Donnelly, mientras el caso avanza contra la estructura de liderazgo de MS-13 en años recientes.
Mientras tanto, el acusado se presume inocente a menos y hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia. Y, si es condenado, Canales-Rivera enfrenta una sentencia máxima de cadena perpetua. Por otra parte, la voluntad de las autoridades salvadoreñas ha sido controvertida, ya que, según insiste el Departamento de Estado, desde 2021 a 2022, los “Estados Unidos han solicitado la extradición de 11 de los co-acusados de Canales Rivera, incluyendo a Borromeo Enrique Henríquez, también conocido como “Diablito de Hollywood,” ampliamente reconocido como el miembro más poderoso de la Ranfla Nacional. Y sostiene que, “a la fecha, el GOES no ha extraditado a ninguno de esos acusados”.
Y, entre esos criminales requeridos, además se busca la extradición de Fredy Iván Jandres-Parada, también conocido como “Lucky de Park View” y “Lacky de Park View,” y César Humberto López-Larios, también conocido como “El Grenas de Stoners” y “Oso de Stoners”. Además, se encuentra en alerta por la extradición de Jorge Alexander De La Cruz, también conocido como “Cruger de Peatonales,” Juan Antonio Martínez-Ábrego, también conocido como “Mary Jane de Hollywood,” y Francisco Javier Román-Bardales, también conocido como “Veterano de Tribus,” que continúan prófugos.
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