Por Alessia Genoves
Un monto de US$1,680,918.35 deberán devolver el ex-diputado Rodolfo Antonio Parker Soto y su grupo familiar por enriquecimiento ilícito, tras ser vencidos en juicio pro la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador. Pero el monto establecido en el fallo judicial representa una reducción respecto a la demanda inicial presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), que exigía un monto de US$2,311,138.47, según los expedientes de la Unidad Anti-Corrupción de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El fallo de la Cámara establece que el ex-diputado Parker, junto con su esposa Cristina Renate Wein de Parker y sus tres hijos: Andrés Rodolfo, Sofía Cristina y Katya Renate Parker Wein, no pudieron justificar satisfactoriamente el incremento patrimonial obtenido durante los tres períodos consecutivos en que Parker fungió como diputado propietario por San Salvador entre 2012 y 2021, primero representando al Partido La Esperanza (PES) y posteriormente al Partido Demócrata Cristiano (PDC). Además, Parker ha sido inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante un período de diez años, según constata en la resolución del fallo condenatorio.
Condena a la familia de Parker
Según la sentencia emitida el 6 de mayo de 2025 por la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, el ex-diputado Rodolfo Antonio Parker Soto y cada miembro de su familia han sido condenados individualmente a devolver diferentes montos al Estado salvadoreño. El monto total asciende a US$1,680,918.35, cifra inferior a los US$2,311,138.47 originalmente demandados por la FGR durante la audiencia preparatoria realizada el 11 y 12 de abril de 2024.
La distribución de la condena económica quedó establecida de la siguiente manera: Rodolfo Antonio Parker Soto deberá restituir US$516,174.49, una cantidad menor a los US$571,224.39 inicialmente demandados. Su esposa, Cristina Renate Wein de Parker, fue condenada a devolver US$330,939.22, reduciendo los US$521,637.92 que la FGR había solicitado. Por su parte, el hijo del ex-diputado, Andrés Rodolfo Parker Wein, recibió la mayor condena individual: US$731,123.88, frente a los US$967,777.75 requeridos originalmente. Las hijas del ex-diputado también fueron condenadas: Sofía Cristina Parker Wein deberá restituir US$19,700, muy por debajo de los US$81,401.19 demandados; mientras que Katya Renate Parker Wein fue condenada a devolver US$82,980.76, un monto inferior a los US$169,097.22 solicitados por la fiscalía.
La Cámara valoró las pruebas presentadas tanto por la FGR como por la defensa de los acusados, y en su resolución declaró “ha lugar el enriquecimiento ilícito de forma parcial“, reconociendo que los demandados lograron justificar algunas de las irregularidades inicialmente señaladas. Las inconsistencias encontradas abarcaban diversos rubros, incluyendo depósitos bancarios, adquisición de vehículos y viviendas, pagos de tarjetas de crédito y préstamos, que la familia habría acumulado durante el periodo en que Parker ejerció como diputado, desde el 1 de mayo de 2012 hasta el 30 de abril de 2021.
¿Cómo se apropió del dinero público en el Estado?
Primer Período Legislativo (2012-2015)
Durante el primer período legislativo de Rodolfo Parker, comprendido entre el 1 de mayo de 2012 y el 30 de abril de 2015, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia identificó 37 inconsistencias en las declaraciones patrimoniales del ex-diputado, que sumaban un total de US$1,373,949 que no pudieron ser justificados adecuadamente. Este período coincide con su primera gestión como diputado propietario por San Salvador.
Las principales observaciones durante este período se centraron en la adquisición de tres inmuebles ubicados en el municipio de Santa Tecla. Según el informe de la Sección de Probidad, “el valor reportado por dichas propiedades no corresponde a los ingresos que Parker declaró ante la administración tributaria y la Sección de Probidad en ese lapso”. Adicionalmente, se detectaron movimientos irregulares en cuentas bancarias que el ex-diputado omitió declarar, particularmente depósitos y transacciones realizadas en instituciones financieras de Estados Unidos, sin presentar documentación que respaldara el origen lícito de dichos fondos.
Inconsistencias por Período Legislativo
(Total: US$3,195,856)
Segundo Período Legislativo (2015-2018)
Para el segundo período como congresista, que abarcó del 14 de mayo de 2015 al 30 de abril de 2018, la Sección de Probidad identificó 34 nuevas inconsistencias en las declaraciones de Parker, equivalentes a US$1,067,403 que, según la CSJ, no fueron debidamente justificados. Durante este período, las observaciones se enfocaron en la obtención de tres inmuebles adicionales, ubicados en el municipio de Antiguo Cuscatlán.
Nuevamente, la FGR señaló que Parker no contaba con ingresos declarados suficientes para respaldar la adquisición de estos bienes inmuebles. El informe destaca que “se observaron movimientos bancarios irregulares en cuentas omitidas por el ex-legislador, especialmente depósitos y transacciones bancarias”, y reitera que “no se presentó documentación para acreditar el origen legal de los fondos” manejados en dichas cuentas.
Tercer Período Legislativo (2018-2021)
En su último período como diputado, comprendido entre el 1 de mayo de 2018 y el 30 de abril de 2021, el ente fiscalizador detectó 16 inconsistencias adicionales que sumaban US$754,503, nuevamente sin que la CSJ validara el respaldo documental sobre su procedencia. Durante este período, las irregularidades identificadas se centraron principalmente en “movimientos bancarios y transacciones financieras realizadas por Parker y su núcleo familiar en cuentas el extranjero”.
En total, el examen practicado por la Sección de Probidad documentó al menos 87 inconsistencias a lo largo de los tres períodos legislativos de Parker, que equivalían a US$3,195,856 que no fueron debidamente justificados, según el criterio de la Corte Suprema de Justicia. Este monto es significativamente mayor al finalmente establecido en la condena, lo que refleja que parte de las explicaciones y justificaciones presentadas por la defensa fueron aceptadas durante el proceso judicial.
Versión de Parker
El ex-diputado Rodolfo Parker ha sostenido consistentemente que el origen de sus ingresos y los de su familia proviene de fuentes legítimas. Según declaraciones recogidas en los documentos judiciales, Parker explicó que la aparente discrepancia en su patrimonio se debe a que sus ingresos personales disminuyeron mientras los de su familia aumentaron por razones legítimas.
En declaraciones a El Diario de Hoy, Parker afirmó: “Los ingresos provienen de empresa de servicios, del trabajo individual y de herencia de bienes de familia en país extranjero en el caso de mi esposa. En mi caso particular hubo disminución por venta de inmuebles, cuyo producto fue abonado para adquisición de otros bienes de familia”. Esta explicación pretendía justificar cómo sus ingresos personales se redujeron desde US$339,122.57 en 2009 hasta US$113,602 en 2018, mientras que el patrimonio familiar creció de US$835,000 a US$2,343,810 en el mismo período.
Respecto al aumento patrimonial detectado durante su segunda legislatura, que alcanzó los US$1,152,096.20, Parker explicó que parte importante se debía a una herencia recibida por su esposa: “Incluido en ese período de tiempo, la aceptación de la herencia de mi esposa; se heredó un edificio de tres pisos allá en Alemania, eso está incluido en ese millón”. También atribuyó parte del incremento a los ingresos generados por su bufete de abogados: “Lo que ocurre es que en las oficinas de abogados, de pronto termina un evento, un fuerte caso, una inversión importante y ahí pues los abogados reciben honorarios, pero la mayor fuente de ingresos ha sido la oficina de la cual hay dos miembros de la familia”.
Parker vs la CSJ
La confrontación entre el ex-diputado y la Corte Suprema de Justicia se intensificó a partir del 21 de marzo de 2023, cuando el Fiscal de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) inició formalmente el proceso. Parker solicitó una prórroga de plazo especial por 90 días para presentar la documentación que justificara los hallazgos sobre presuntas irregularidades en los tres períodos legislativos, según consta en el acta de la sesión de Corte Plena del 16 de marzo de 2023.
Según información publicada por El Diario de Hoy, Parker Soto habría recibido el expediente desde diciembre de 2022, y él mismo declaró: “A mediados de diciembre del año pasado recibimos observaciones de la Sección de Probidad en 900 páginas, que fueron evacuadas dentro del plazo original conferido”. En esa misma declaración, admitió un aumento patrimonial pero insistió en su legitimidad: “Se demostró que los ingresos, legítimos y fiscales todos, fueron superiores al menos en un 35% a la totalidad de gastos. Nuestros ingresos han sido y son fruto legítimo del esfuerzo”.
Parker Soto insistió en que los resultados presentados por la Sección de Probidad no consideraban toda la documentación disponible, alegando: “Ellos tenían los números simplemente no los habían contabilizado ni incluido en los ingresos al hacer las observaciones, pero yo se los hice ver… Si ustedes los incluyen como debe ser, simple y sencillamente se pondría en evidencia que todo está en orden”. Esta afirmación sugería que existían omisiones en el análisis realizado por la Corte Suprema de Justicia.
A pesar de estos argumentos, el 18 de abril de 2024, la Corte Plena de la CSJ aprobó con 12 de 15 votos enviar a juicio civil por enriquecimiento ilícito al ex-diputado, tras analizar el informe de la Sección de Probidad que determinó inconsistencias y posible enriquecimiento ilícito en sus declaraciones patrimoniales. Esta decisión culminó finalmente con la sentencia condenatoria emitida el 6 de mayo de 2025, que obliga a Parker y su familia a restituir más de US$1.6 millones al Estado salvadoreño.
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