Por Alessia Genoves
Donald J. Trump, el presidente de los Estados Unidos, confirmó el 1 de diciembre de 2025 que mantuvo una discusión telefónica con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro Moros, el 21 de noviembre. Según fuentes de Reuters, durante esa comunicación, Maduro solicitó una amnistía legal completa para él y su familia, así como el levantamiento de sanciones contra más de 123 funcionarios, como condición para abdicar del poder.
La solicitud se produjo en un contexto de ultimátum emitido por Trump, quien, tras una semana de plazo que expiró el 28 de noviembre, declaró el cierre total del espacio aéreo venezolano. La conversación se enmarca en la escalada de tensiones tras la designación oficial, efectiva el 24 de noviembre por el Departamento de Estado de EE. UU., del llamado “Cartel de los Soles” como Organización Terrorista Extranjera (FTO), una estructura que la administración estadounidense afirma está dirigida por Maduro y altos funcionarios de su gobierno. El mandatario venezolano ha calificado esta designación como “fake news” y una “excusa para justificar un cambio de régimen”.
Trump, Maduro y la Negociación fallida
La confirmación pública de la llamada telefónica entre Donald J. Trump y Nicolás Maduro se produjo el 1 de diciembre de 2025, cuando el presidente estadounidense, abordando el Air Force One, respondió a una pregunta de los periodistas. Trump afirmó: “No quiero comentar al respecto. La respuesta es sí”, según el reporte de Reuters del 1 de diciembre. Consultado sobre el tenor de la conversación, el mandatario añadió: “No diría que salió bien o mal, fue una llamada telefónica”.
Esta parquedad en las declaraciones contrasta con la narrativa de fuentes anónimas que detallaron el contenido de la llamada a la misma agencia. Cuatro fuentes familiarizadas con el contacto indicaron que Trump rechazó la mayoría de las peticiones de Maduro, entre las que se incluía “una amnistía legal completa para él y sus familiares, el retiro de las sanciones estadounidenses contra unos 100 funcionarios de su administración y la extinción de la investigación por crímenes de lesa humanidad que lleva adelante en contra la Corte Penal Internacional”, como se consigna en el artículo “Trump rechazó solicitud de amnistía en llamada con Maduro, según Reuters”.
Dos de las fuentes agregaron que Maduro propuso que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumiera un gobierno interino previo a nuevas elecciones. La negativa de Trump se fundamentó en la postura de no reconocer la legitimidad del gobierno de Maduro, posición oficial mantenida desde 2019. El ultimátum se materializó cuando, según dos de las fuentes, Trump otorgó a Maduro un plazo de una semana para abandonar Venezuela con un salvoconducto hacia el destino de su elección, plazo que venció el viernes 28 de noviembre.
La respuesta inmediata de la administración Trump fue la declaración del sábado 29 de noviembre, donde el presidente anunció: “A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad”. Cuando se le preguntó si esta advertencia significaba un ataque inminente, Trump respondió: “No leas nada entre líneas”, según la misma fuente de Reuters.
La reacción discursiva de Nicolás Maduro se articuló en dos niveles: la negación categórica de las acusaciones y la afirmación de lealtad ante su base política. En un acto frente al Palacio de Miraflores el 1 de diciembre, rodeado de altos funcionarios como su esposa Cilia Flores y el ministro del Interior Diosdado Cabello, Maduro declaró: “Tengan por seguro que así como juré ante el cuerpo de nuestro comandante Chávez antes de despedirme de él, lealtad absoluta a costa de mi propia vida y tranquilidad, les juro lealtad absoluta hasta más allá cuando podamos vivir esta hermosa y heroica historia”, según reportó Reuters.
Este juramento de “lealtad absoluta” al pueblo venezolano se enmarca en una marcha convocada por el oficialismo para mostrar resistencia ante la presión estadounidense. Previamente, en respuesta a la designación terrorista del Cartel de los Soles, Maduro había descalificado la narrativa estadounidense. En su programa “Con Maduro+”, citado por el portal de Prensa Presidencial en la entrada “Cartel de los Soles” no aparece en investigaciones colombianas sobre narcotráfico, el mandatario afirmó que “la narrativa que intenta construir el Gobierno de EE.UU. en contra de Venezuela, al relacionarla con el presunto «Cartel de los Soles», es totalmente falsa”.
Maduro también atacó a la agencia Reuters, señalando que “Reuters es la principal agencia para la guerra contra el petróleo venezolano, la economía, las finanzas, la sociedad venezolana. Es una agencia de guerra, Reuters”,argumentando que la filtración de su carta a Trump formaba parte de una campaña de desinformación.
Terrorismo: Maduro y el Cartel de Soles
La designación formal del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO) por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos entró en vigor el 24 de noviembre de 2025. El comunicado oficial, emitido el 16 de noviembre, establece que la designación se aplica a “el Cartel de los Soles, con base en Venezuela, está dirigido por Nicolás Maduro y otros individuos de alto rango del régimen ilegítimo de Maduro que han corrompido la milicia, la inteligencia, la legislatura y el poder judicial de Venezuela”, según se cita en el informe oficial.
El secretario de Estado, Marco Rubio, fundamentó la medida al afirmar que el cartel, “en conjunto con otras organizaciones designadas como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, son responsables de la violencia terrorista en todo nuestro hemisferio, así como de traficar drogas hacia los Estados Unidos y Europa”. La designación conlleva consecuencias jurídicas y financieras inmediatas, incluyendo la inmovilización de “toda propiedad e intereses en propiedad de la persona designada que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses” y la prohibición de transacciones con dichas entidades, tal como detalla Insight Crime.
Esta acción se basó en la previa designación del cartel como Specially Designated Global Terrorist (SDGT) por el Departamento del Tesoro el 25 de julio de 2025, la cual argumentaba que la organización “proporciona apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras que amenazan la paz y la seguridad de los Estados Unidos”. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) había impuesto sanciones preliminares contra individuos clave años antes, como en mayo de 2018 contra Diosdado Cabello, su esposa, su hermano y su testaferro Rafael Sarria, por “utilizar su poder dentro del gobierno bolivariano para beneficiarse personalmente del desfalco” y presuntamente dirigir actividades de narcotráfico, según el mismo documento noticioso.
La medida estadounidense ha recibido apoyo de varios gobiernos latinoamericanos. A partir de septiembre de 2025, países como Ecuador, Paraguay, Argentina, Perú y la República Dominicana emitieron declaraciones similares designando al Cartel de los Soles como una organización terrorista, según Insight Crime.
No obstante, el presidente mexicano, Claudia Sheinbaum, respondió que era “la primera vez que escuchaba tales acusaciones y solicitó a los Estados Unidos que presentara evidencia de apoyo”. Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció las acusaciones del Departamento de Justicia como un “pretexto fabricado para forzar un cambio de régimen”, aunque el Senado colombiano, donde la oposición tiene mayoría, “desafiando a Petro, votó 33 a 20 para declarar al Cartel de los Soles como una organización criminal y terrorista”.
Por otra parte, en marzo de 2020, el Departamento de Justicia de EE. UU. había imputado a Nicolás Maduro y a otros 14 funcionarios venezolanos por cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y tráfico de drogas, alegando que actuaban como líderes del Cartel de los Soles “desde al menos 1999”. La recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro fue elevada a 50 millones de dólares en agosto de 2025, tras la designación SDGT, según Insight Crime.
¿De dónde sale el Cartel de Soles?
Los orígenes del término “Cartel de los Soles” se remontan a 1993, cuando dos generales de la Guardia Nacional de Venezuela, Ramón Guillén Dávila y Orlando Hernández Villegas, fueron investigados por delitos de narcotráfico. Según la organización InSight Crime, “como comandantes de brigada, cada uno usaba una insignia de sol en sus charreteras, dando origen a la frase ‘Cartel del Sol’”. La designación evolucionó a “Cartel de los Soles” cuando comandantes de división, con insignias de doble sol, fueron posteriormente acusados de tráfico.
Lejos de ser una estructura jerárquica monolítica, InSight Crime define al cartel como “una red laxa de células dentro del ejército, la armada, la fuerza aérea y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que abarca desde los rangos más bajos hasta los más altos”. La organización documentó “123 oficiales activos y retirados de alto rango implicados en el contrabando de cocaína” vinculados a esta red, según su informe citado en el mismo artículo.
Además, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de los Estados Unidos (GAO) estimó que aproximadamente 250 toneladas de cocaína transitaban por Venezuela en 2007, un aumento significativo desde las 50 toneladas estimadas por la Oficina de la Casa Blanca de Política Nacional de Control de Drogas en 2004, según Insight Crime.
Transparency International Venezuela estimó que el narcotráfico representó un negocio de “8 mil millones de dólares en 2024”. A nivel global, el presidente Maduro, en su alocución del 22 de septiembre de 2025, citó que “cifras oficiales reportan que la producción de cocaína genera entre US$526 mil millones de dólares a 650 mil millones de dólares anuales”, argumentando que “todo ese dinero va a la banca de Estados Unidos”, según la publicación de Prensa Presidencial.
La operación del cartel se caracteriza por el aprovechamiento de instituciones del estado. El papel más frecuente de los militares venezolanos en el narcotráfico ha sido “garantizar el paso seguro de los envíos de cocaína, así como autorizar la llegada y salida de aeronaves que transportan la droga a otros países”. Informes indican que oficiales estacionados en la frontera “a menudo exigen pagos a los traficantes para apagar el radar en momentos precisos para que los vuelos no sean registrados, o para emitir códigos especiales que hacen que un vuelo parezca legal”.
Las rutas más utilizadas son “por aire hacia la República Dominicana y Honduras”, existiendo otra ruta terrestre hacia Surinam y luego por aire o mar hacia África Occidental y Europa. Incidentes notorios evidencian esta penetración institucional. En septiembre de 2013, hombres de la Guardia Nacional Venezolana colocaron 31 maletas con 1.3 toneladas de cocaína en un vuelo de Air France en el aeropuerto Charles de Gaulle, constituyendo el mayor decomiso de cocaína registrado en la Francia metropolitana. El 11 de noviembre de 2011, familiares de la primera dama Cilia Flores fueron interceptados mientras intentaban transportar 800 kilogramos de cocaína desde Venezuela hacia los Estados Unidos, según Insight Crime.
https://x.com/USTreasury/status/1948918955952812307?s=20 s=20
Las acusaciones de la administración estadounidense señalan a figuras del más alto nivel del gobierno venezolano. Además de Nicolás Maduro, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia han imputado o sancionado a múltiples funcionarios. Diosdado Cabello, ministro del Interior, Justicia y Paz, fue acusado en una indagatoria de 2020 por participar en el tráfico de cocaína junto con las FARC. Leamsy Salazar, exjefe de seguridad de Hugo Chávez y Diosdado Cabello, declaró ante autoridades estadounidenses que “vio a Cabello dar órdenes sobre el transporte de toneladas de cocaína”, según Insight Crime.
Tareck El Aissami, ex vicepresidente y ex ministro de Industria, fue sancionado por la OFAC en 2017 por jugar un“significativo rol” en el narcotráfico. El ex jefe de inteligencia militar Hugo Carvajal Barrios se declaró culpable en junio de 2025 ante una corte estadounidense, admitiendo que “trabajó con las FARC para coordinar envíos de drogas de múltiples toneladas bajo su protección; proporcionó seguridad fuertemente armada para proteger los envíos de drogas; y armó a las FARC con armas automáticas y explosivos”.
El general retirado Cliver Alcalá Cordones se declaró culpable en junio de 2023 y fue sentenciado a 21 años y 6 meses de prisión en 2024 por proporcionar apoyo material a las FARC. La OFAC también sancionó en 2008 al general Henry Rangel Silva y a Ramón Rodríguez Chacín por supuestamente servir como contactos para las FARC en un esquema de drogas por armas. Estas acciones legales se complementan con la evolución de los aliados criminales del cartel.
Tras la desmovilización de las FARC en 2016, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) “consolidó progresivamente el control a lo largo de la frontera y se convirtió en un socio estratégico del régimen de Maduro, encargándose tanto de entregar los cargamentos como de proteger las zonas de despacho de drogas”, según el análisis de InSight Crime. El Departamento de Estado, en sus Informes de País sobre Terrorismo de 2019, declaró que “Maduro y sus compinches utilizan actividades criminales para ayudar a mantener su control ilegítimo del poder, lo que crea un ambiente permisivo para… el ELN”.
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