Muricio Funes, a juicio y acusado de lavado de $8.4 millones en Puente San Isidro

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Por Alessia Genoves


La Fiscalía General de la República (FGR) ha sometido a proceso judicial al expresidente Mauricio Funes Cartagena por el delito de “casos especiales de lavado de dinero y activos” en el caso del Puente San Isidro, ubicado en la zona norte de los departamentos de La Libertad y Chalatenango. Según la FGR, el proyecto de construcción del puente, adjudicado a la empresa Serdelco S.A., involucró una defraudación al Estado por un monto de $8,487,716.94.

Participación de Mauricio Funes y relación con Mecafé

Según los expedientes judiciales, Funes habría aceptado una dádiva de una aeronave modelo “Beechcraft King Air, de placas 90-TG ADL”, valorada en $1,868,104.39, a cambio de adjudicar irregularmente el contrato de construcción del Puente San Isidro a la empresa Serdelco S.A. La aeronave habría sido entregada a Funes por intermediación de José Miguel Antonio Menéndez Avelar, conocido como “Mecafé”, quien se desempeñaba como titular del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) durante el gobierno de Funes.

Según la FGR, “Menéndez recibió ilegalmente un pequeño avión, un Beechcraft King Air 90, como regalo” por favorecer a la empresa guatemalteca Serdelco S.A. en la licitación del proyecto. Mecafé ya fue condenado a 8 años de prisión por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador por el delito de casos especiales de lavado de dinero y activos relacionado a este caso.

Como detalla la resolución judicial, Mecafé solicitó el avión a Aparicio Mejía, “a cambio de adjudicarle la construcción del puente San Isidro”. Un testigo con régimen de protección, identificado como “Wolwotin”, declaró que “en el mismo viajaría el expresidente Mauricio Funes, en al menos seis diferentes ocasiones”. Así se detalla en el expediente 260-2015, de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Proceso irregular de licitación y cohecho con Serdelco S.A.

Los documentos judiciales revelan que el proceso de licitación para la construcción del Puente San Isidro estuvo plagado de irregularidades. Serdelco S.A., propiedad de los empresarios guatemaltecos Luis Eduardo Calderón y Jaime Ramón Aparicio Mejía, recibió el contrato a pesar de no cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).

Según el testimonio de Calderón ante el Tribunal Primero de Sentencia, Aparicio Mejía entregó a Funes la aeronave Beechcraft King Air como “prebenda” o soborno tras la licitación irregular del proyecto. “De la Cruz Calderón certificó que el avión fue efectivamente entregado a Mecafé, como una ‘dádiva’, por la adjudicación de dichos proyectos”, señala el expediente judicial.

La FGR sostiene que “el proceso de licitación privada que motivó la entrega de ésta aeronave, para motivar la licitación de éstas sociedades extranjeras, es un proceso lleno de irregularidades, lleno de ilegalidades, por contravenir la legislación LACAP, y por contravenir legislación internacional, específicamente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)”.

Otras implicaciones delictivas de Funes

Además del caso del Puente San Isidro, Funes enfrenta otros procesos judiciales por presuntos actos de corrupción durante su mandato presidencial (2009-2014).

En el caso conocido como “El Chaparral”, Funes está implicado en la concesión irregular de la operación de la presa hidroeléctrica El Chaparral a la empresa italiana Astaldi S.A., lo que habría representado un desvío de fondos públicos por $227,675,113.83, según consta en los expedientes judiciales. “Entre otras cosas, la FGR sostiene que algunas de las irregularidades en su contra habrían tenido lugar desde el inicio de su administración, por lo que las pruebas se remiten desde ese período.”

En el “Caso Destape a la Corrupción”, la FGR acusa a Funes de haber defraudado al Estado por un monto de $351,095,400.49, correspondiente a la sustracción de $689,351,693.20 de la cuenta subsidiaria de Casa Presidencial en gastos reservados, así como $292,218,371.38 del Banco Hipotecario. Según la acusación, Funes habría encabezado “varios esquemas de soborno, malversación y lavado de dinero mientras era presidente”.

 


 

Cabe mencionar que Funes se encuentra prófugo en Nicaragua, donde obtuvo asilo político y nacionalidad, alegando persecución política por parte de las autoridades salvadoreñas. “No me extraña que Estados Unidos me haya incluído en la más reciente actualización de la Lista Engel siendo que la Embajada de ese país ha jugado un papel relevante en el montaje del caso Saqueo Público y ha consentido las arbitrariedades del proceso”, sostuvo el ex-presidente.

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