Por Alessia Genoves
Mujer trans es sancionada con 45 años de cárcel por el delito de extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. El dato lo confirma la Fiscalía General de la República (FGR), que identificó a la persona condenada por su nombre masculino, Kevin Francisco Merino Beltrán, en perjuicio de su identidad de género, debido a la ausencia de la reforma a la Ley del Nombre y Persona Natural (LNPN), ordenada por la Sala de lo Constitucional en 2022. La FGR señala que la participación de Merino Beltrán en los delitos implicados, se remiten en los años 2015 a 2017; además de sus antecedentes en los delitos de hurto agravado en 2016.
FGR logró condenas hasta de 45 años contra integrantes de estructura de Mejicanos: https://t.co/p8jYwgFD8R
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Antecedentes y condena de Merino Beltrán
Merino Beltrán, identificada como mujer trans, fue arrestada el 10 de marzo de 2023 en la colonia Las Arboledas II, Lourdes, Colón, La Libertad. Pero éste no es el primer proceso judicial en el que se ve involucrada, pues en 2016 fue detenida en flagrancia junto a una menor de edad, acusada del delito de hurto agravado en perjuicio de un ciudadano.
Según la relación de los hechos, el 7 de marzo de 2016, Merino Beltrán y su acompañante se acercaron al negocio de la víctima ubicado sobre la Tercera Avenida Sur y Calle Rubén Darío en San Salvador. Mientras la menor le distraía preguntando por precios o procedimientos del servicio que ofrecía, Merino Beltrán aprovechó para hurtar $25.00 que estaban sobre una mesa.
La víctima se percató del hurto hasta que ambos se retiraron del lugar. El 21 de abril de 2017, el Juzgado Décimo Primero de Paz de San Salvador resolvió una condena de tres años con sustitución de la ejecución en contra de Merino Beltrán por el delito de hurto agravado.
Por otra parte, la nueva condena contra Merino Beltrán la relacionan con los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión. En el proceso de investigación, la persona condenada fue identificada por el alias “gay”, y fue relacionada con la clica 65 Locos Salvatruchos de la MS-13, una estructura criminal que se dedicaba a cometer todo tipo de acciones delictivas en distintas colonias y comunidades del distrito de Mejicanos, San Salvador.
“Entre los delitos por los que fueron procesados los imputados destacan: Homicidio agravado, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas; los cuales se cometieron entre el 2015 al 2017”, detalló la Fiscalía General de la República (FGR). Al finalizar el juicio y valorar las pruebas presentadas, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado determinó una pena de 45 años de prisión para Merino Beltrán, por las cargas delictiva acumuladas.
Por otra parte, la organización AMATE El Salvador hace un llamado al Estado Salvadoreño para que los procesos judiciales contra personas LGBT+ sean llevados sin estigmas y prejuicios en su contra; ni que las detenciones formen parte de procesos arbitrarios. Bajo procedimiento judicial han sido identificadas hasta 95 personas LGBT+ detenidas durante el Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales; siendo 24 de ellas mujeres trans.
En situaciones como las registradas por Amate es válido cuestionar que Merino Beltrán perteneciera a la MS-13, ya que es esa la agrupación criminal identificada por su alta intolerancia hacia las personas LGBT. Una suerte distinta corrieron Yasuri Orellana y Daniela Rodríguez, quienes fueron asesinadas por tres pandilleros de la MS-13 el 19 de febrero de 2017, en el municipio de San Luis Talpa, La Paz. Los pandilleros Edwin Geovanni Méndez (“Cangrejo”), Anibal Alfredo Melara (“Spirit”) y de Carlos Antonio Molina ( “Coyote” ) fueron sacionados con 60 años de prisión, con excepción del primero al que se le administró una sanción de 66 años de cárcel, según lo determinó el Tribunal Primero de Sentencia de Zacatecoluca en su sentencia 46Z-3H4-17.
Mujer trans identificada como “gay”
La ausencia de una reforma a la LNPN que permita el cambio de nombre y género acorde a la identidad de las personas trans, ha dificultado el reconocimiento de la verdadera identidad de Merino Beltrán durante su proceso judicial. Pero aún casos distintos a los que implican a la mujer trans en los delitos por los que fue condenada, exponen a la comunidad trans a diversas vulneraciones a sus derechos humanos.
Ante tales circunstancias, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó en febrero de 2022, mediante la Sentencia 249-2022, que la Asamblea Legislativa reformara la Ley del Nombre y Persona Natural (LNPN) en favor de la identidad de género auto-percibida de las personas trans. Sin embargo, al cierre de este artículo, dicha reforma aún no ha sido realizada, pese al plazo establecido para los meses de febrero y marzo de 2023.
Han transcurrido más de 770 días desde que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó a la Asamblea Legislativa reformar la Ley del Nombre y Persona Natural (LNPN) en favor de la identidad de género…https://t.co/Cy723wMW60
— Diario Co Latino (@DiarioCoLatino) April 3, 2024
En consecuencia, la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) asume que la Asamblea Legislativa, designada para dicha reforma, ha incurrido en desacato, en perjuicio de la orden del Máximo Tribunal. “Ninguna mayoría legislativa elegida bajo elección popular puede pasar por encima de la Constitución”, manifestó Amalia Leiva, de la organización Cristosal, refiriéndose al partido oficial Nuevas Ideas, que tramitó el archivo de las propuestas de ley.
Pero pese a éstas ausencias, el Órgano Judicial ya ha otorgado el cambio de nombre a tres personas transexuales en el país. Entre ellas, es reconocido el caso de la activista Bianka Rodríguez, de la organización Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con VIH (Comcavis Trans). Por otra parte, se han asolapado proceso judiciales, como los de las primeras personas trans en cambiar de sexo legalmente en el país, Karla Guevara y Aldo Alexánder Peña porque, según lo exponen los apelantes, “aún no existe un marco normativo que establezca los parámetros para el cambio de nombre de personas trans”.
Más mujeres trans inmersas en otros delitos
Los precedentes judiciales ponen de manifiesto la vulnerabilidad y estigmatización que enfrentan las mujeres trans ante hechos delictivos que responsabilizan a una minoría en su conjunto. Además, también exponen a las personas trans a la estigmatización, al ser divulgada su identidad y nombre legal en los medios de comunicación.
Por otra parte, otras personas trans tambén han sido relacionadas con delitos similares a los de Merino Beltrán. Por ejemplo, la sentencia 293-2-2016 AC del Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, emitida en mayo de 2017, hace referencia a la participación de una mujer trans/travesti en el delito de extorsión agravada. De acuerdo con el documento, el Tribunal condenó a una persona identificada como “P***”, cuyo nombre de nacimiento no se especifica, por su participación en el delito de extorsión agravada.
Por otro lado, la sentencia NC-31-2021 de la Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro de San Salvador menciona la participación de otras mujeres trans identificadas como “travestis” en el delito de hurto agravado. Según el documento, los imputados JRBS, JIMA y EAMR o MAMR, quienes fueron absueltos del delito, fueron identificados por la víctima como “dos travestis” que lo interceptaron y le quitaron sus pertenencias mediante violencia.
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