Por Alessia Genoves
La Corte de Cuentas de la República (CCR) encontró irregularidades por $4,900 en erogaciones no procedentes en gastos de representación y hasta $389,756.32 en adquisiciones no publicadas en el sistema de Compras Públicas (COMPRASAL) en la Alcaldía Municipal de Jujutla, departamento de Ahuachapán, gobernada por Víctor Manuel Martínez del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), durante el período del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2021. Según el informe de examen especial realizado por la CCR, estos hallazgos afectaron los recursos institucionales de la municipalidad al destinarse a gastos injustificados y procesos de adquisición sin la debida transparencia.
En un contexto más amplio, la CCR ha identificado un total de $167,627,631.91 en corrupción municipal desde el año 2018 hasta mayo de 2023, según lo reveló su ex-titular Roberto Antonio Anzora. A esta alarmante cifra se suman $83.5 millones de dólares detectados por el Ministerio de Hacienda en hallazgos de irregularidades en 186 expedientes de auditorías a marzo de 2023, relacionados con gastos que no aplican a los destinos establecidos en el Decreto Legislativo 608 y gastos no documentados, elevando aún más la preocupación por la malversación de fondos públicos en las alcaldías del país.
Erogaciones Injustificadas en Gastos de Representación
En el caso de la Alcaldía de Jujutla, la CCR encontró que se erogaron $4,900 en concepto de gastos de representación otorgados al Síndico Municipal, un pago adicional al sueldo estipulado para dicho cargo y que, por lo tanto, no es procedente según las normativas vigentes. Estos desembolsos, autorizados por el Concejo Municipal mediante acuerdos, se detallan de la siguiente manera: el 2 de junio de 2021, se emitió el comprobable 06-000585 y el cheque 137 por un monto de $200 para cubrir los gastos de representación del mes de mayo de ese año.
Posteriormente, el 15 de junio de 2021, se emitió el comprobable 06-000598 y el cheque 157 por un monto de $4,500 para pagar los gastos de representación correspondientes a los meses de febrero a diciembre de 2020 y de enero a abril de 2021, es decir, 15 meses a $300 cada uno. Finalmente, el 21 de julio de 2021, se emitió el comprobable 06-000409 y el cheque 292 por $200 para cubrir los gastos de representación del mes de julio de ese año.
Erogaciones en Gastos de Representación
| Fecha | Comprobable | Cheque | Fecha de Cheque | Descripción | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/6/2021 | 06-000585 | 137 | 2/6/2021 | Pago de gastos de representación del mes de mayo 2021 | $200.00 |
| 15/6/2021 | 06-000598 | 157 | 15/6/2021 | Pagos de gastos de representación que comprende de febrero a diciembre 2020 y de enero a abril 2021 (15 meses a $300.00) | $4,500.00 |
| 21/6/2021 | 06-000409 | 292 | 21/7/2021 | Pago de gastos de representación del mes de julio 2021 | $200.00 |
| Total: | $4,900.00 | ||||
Estos desembolsos, que suman un total de $4,900, afectaron los recursos institucionales al limitar la atención de necesidades administrativas y operativas de la municipalidad, desviando fondos públicos a gastos injustificados y contrarios a las normativas vigentes.
Falta de Transparencia en Adquisiciones
Además de las erogaciones indebidas, el informe de la CCR también reveló que 12 proyectos ejecutados por la modalidad de libre gestión, con un monto total de $389,756.32, no fueron publicados en el Registro del Sistema Electrónico de Compras Públicas (COMPRASAL), lo que limitó la participación activa de ofertantes y afectó la transparencia en el uso de los recursos institucionales.
Estos proyectos incluyeron la construcción de empedrados fraguados con superficie de concreto en el cantón Zapua, caserío La Cienega, por un monto de $24,623.24; el balastado y conformación de calles en El Cocalito y San Antonio, por $21,840; la conformación de calles y balastado en El Mango, Cocalito y La Joya, por $34,104; el balastado de calles en el cantón Las Mesas, por $15,864; la conformación de calles en el cantón La Loma Zapua, Rosario Abajo y caserío Azacualpa, por $40,225; la perforación de un pozo en Cuilapa, por $57,500; la introducción de energía eléctrica en el caserío Los Ramírez, cantón Zapua, por $22,500; la introducción de energía eléctrica en el caserío Catarina, sector El Cajete Guayapa Abajo, por $35,000; la construcción de un salón de usos múltiples en la Alcaldía Municipal, por $23,927.08; la construcción de un tapial en la cancha de fútbol en el caserío El Mango, por $17,502.25; el mejoramiento de la calle El Mango 1 en el cantón Guayapa, por $52,550.75; y el mejoramiento de la calle El Mango 2 en el cantón Guayapa, por $44,120.
Adquisiciones no Publicadas en COMPRASAL
| Proyecto | Monto |
|---|---|
| Construcción de empedrado fraguado con superficie de concreto en Cantón Zapúa Caserío La Cienega | $24,623.24 |
| Balastado y conformación de calle El Cocalito y San Antonio | $21,840.00 |
| Conformación de calle y balastado de calle El Mango, Cocalito y La Joya | $34,104.00 |
| Balastado de calle Cantón Las Mesas | $15,864.00 |
| Conformación de calle Cantón La Loma Zapúa, Rosario Abajo y Caserío Azacualpa | $40,225.00 |
| Perforación de pozo Cuilapa | $57,500.00 |
| Introducción de energía eléctrica Caserío Los Ramírez Cantón Zapúa | $22,500.00 |
| Introducción de energía eléctrica Caserío Catarina Sector El Cajete Guayapa Abajo | $35,000.00 |
| Construcción de salón de usos múltiples en Alcaldía Municipal | $23,927.08 |
| Construcción de tapial en cancha de fútbol en Caserío El Mango | $17,502.25 |
| Mejoramiento de calle El Mango 1 Cantón Guayapa | $52,550.75 |
| Mejoramiento de calle El Mango 2 Cantón Guayapa | $44,120.00 |
| Total: $389,756.32 | |
Al no publicar estos procesos de adquisición en el sistema de Compras Públicas, se violaron los principios de transparencia, libre competencia e igualdad establecidos en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, dejando en evidencia la falta de controles adecuados en la gestión de los recursos públicos en la Alcaldía de Jujutla durante el período examinado.
Panorama de Corrupción Municipal
Las irregularidades encontradas en Jujutla se suman a un panorama más amplio de corrupción municipal identificada por la CCR en los últimos años. Según el extitular Roberto Antonio Anzora, desde 2018 hasta mayo de 2023, la institución ha detectado un total de $167,627,631.91 en irregularidades en las alcaldías, lo que representa una alarmante cifra que pudo haber sido invertida en obras que impactaran en el desarrollo de los municipios.
Este monto se desglosa de la siguiente manera: en el año 2018, se identificaron irregularidades por $23,505,948.33; en 2019, la cifra aumentó a $55,816,052.00; en 2020, año en el que se interrumpió el Fondo de Desarrollo Económico y Social (FODES), se registraron $15,276,862.70 en irregularidades, siendo el monto más bajo del período analizado; en 2021, la cifra se elevó a $33,402,104.23; y en 2022, año en el que comenzaron a representar las gestiones administrativas de los gobiernos centrales actuales, se detectaron irregularidades por $39,626,664.65.
A estas cifras se suman $83.5 millones de dólares detectados por el Ministerio de Hacienda en hallazgos de irregularidades en 186 expedientes de auditorías a marzo de 2023, relacionados con gastos que no aplican a los destinos establecidos en el Decreto Legislativo 608 y gastos no documentados, elevando aún más la preocupación por la malversación de fondos públicos en las alcaldías del país.
Juicios Emblemáticos de Corrupción Municipal
Algunos de los casos más emblemáticos de corrupción municipal judicializados por la CCR incluyen el del exalcalde de San Salvador, Ernesto García Muyshondt (2018-2021), y su extesorero Fernando Heriberto Portillo Linares, quienes están acusados de retención de cuotas laborales contra 45 empleados municipales por un monto de $5.2 millones. Las acusaciones personifican a Muyshondt, a su extesorero y a otros 12 empleados de la alcaldía capital, de San Salvador.
Otro caso emblemático es el de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, quien está implicada en la apropiación y retención de remuneraciones a los trabajadores de la comuna por un monto de $387,042. Las denuncias individuales fueron interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por parte de los empleados de la alcaldía, algunos de los cuales también denunciaron despidos irregulares. Cabe mencionar que el presupuesto de salarios de la comuna era de $18,463,786.81.
Además, destaca el caso de los exalcaldes de Zacatecoluca y San Rafael Obrajuelo, en el departamento de La Paz, Salvador Hirezi y Ricardo Amilcar, respectivamente, quienes gobernaron en el período 2018-2021 y están involucrados en irregularidades por más de $350,000, según las investigaciones de la CCR.
Estos casos emblemáticos, junto con las irregularidades detectadas en Jujutla y otras alcaldías, evidencian la magnitud del problema de corrupción municipal en El Salvador y la importancia de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión de los recursos públicos a nivel local.
Deuda Municipal y Hallazgos del Ministerio de Hacienda
El panorama de corrupción municipal se enmarca en un contexto de altos niveles de deuda a nivel local. Según datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (ONEC), la Deuda Interna del país se acumula en $6,907.68 millones, mientras que la Deuda del Gobierno Central asciende a $17,898 millones.
A estas cifras se suman los hallazgos del Ministerio de Hacienda, quien dedujo corrupción por $83.5 millones en sus hallazgos de irregularidades en 186 expedientes de auditorías, relacionados con “gastos que no aplican a los destinos establecidos en el Decreto Legislativo 608 y gastos no documentados”.
El titular de Hacienda, Alejandro Zelaya, tramitó las primeras denuncias desde el pasado 23 de enero de 2023, cuando $9.5 millones ya formaban parte de los indicios de corrupción en 10 diferentes alcaldías del país. Posteriormente, la CCR divulgó un informe preliminar en el que se detalla que $2,258,326.67 corresponden a presuntas irregularidades observadas en otras 8 alcaldías, siendo 6 de la zona occidental, 1 paracentral, 1 central y 1 del oriente del país.
Asimismo, la CCR informó que $3,307,036.46 forman parte del registro total de las inconsistencias identificadas como aquellos Fondos para atender la pandemia por Covid-19, mientras que $2,097,474.04 corresponden a las designaciones del FODES y $2,831,000 a préstamos autorizados. Además, se dedujeron $711,782.88 en fondos propios de las alcaldías y $19,755.88 en presupuestos de proyectos, así como $6,521.98 en otros conceptos.
Estos hallazgos del Ministerio de Hacienda, sumados a las investigaciones de la CCR, reflejan la necesidad de implementar medidas más estrictas para prevenir y combatir la corrupción en el ámbito municipal, garantizando el uso transparente y eficiente de los recursos públicos en beneficio de la población.
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