Por Alessia Genoves, Carlos Arita y Neftalí Hernández
Cadena perpetua a asesinos, violadores y terroristas se aprueba en El Salvador. Con 59 votos a favor y una sola diputada en contra, la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó en la sesión plenaria ordinaria número 102, celebrada el 17 de marzo de 2026, la reforma constitucional al artículo 27 para imponer la pena de cadena perpetua contra asesinos, violadores y terroristas. La iniciativa, presentada por el Gabinete de Seguridad por instrucciones del presidente Nayib Bukele, modifica el inciso segundo de la Carta Magna para eliminar la prohibición de las penas perpetuas y habilitar su aplicación exclusiva para los delitos de homicidio, violación y terrorismo.
La aprobación ocurre en el contexto de la 48ª prórroga del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales, extendido durante la sesión plenaria número 99, que acumula más de 91,300 detenciones de presuntos pandilleros y registra 1,440 días sin homicidios hasta febrero de 2026, según datos oficiales. Las estadísticas de la Fiscalía General de la República (FGR) indican una reducción de los homicidios intencionados de 496 al cierre del año fiscal 2022 a 114 al cierre del año fiscal 2024, una caída del 77%. La comparación interanual refleja un descenso de 323 homicidios intencionados de enero a octubre de 2022 a 82 homicidios intencionados en el mismo período de 2025, lo que representa una reducción del 74.6%.
Al 31 de enero de 2026, se reportaron únicamente 4 homicidios intencionados, cifra que se replicó al 24 de febrero de 2026, según datos de la FGR y la Policía Nacional Civil (PNC). El presidente Nayib Bukele confirmó en noviembre de 2024, durante su visita a Costa Rica, la liberación de más de 8,000 personas inocentes que fueron detenidas en el marco de la guerra contra pandillas. En contraste, el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) ha documentado 502 presuntas muertes en centros penales hasta febrero de 2026, una cifra que supera los 492 reportados durante la 48ª prórroga y los 470 de la 47ª extensión del régimen. La directora del SJH, Ingrid Escobar, afirmó en diciembre de 2023 que “el 94% eran inocentes” refiriéndose a 213 muertes, aunque en febrero de 2024 modificó su caracterización señalando que “cerca del 99%” de 236 muertes “habrían sido señalados como colaboradores de pandillas”.
La Cadena Perpetua
El Gabinete de Seguridad, encabezado por el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, y el ministro de Defensa Nacional, almirante René Francis Merino Monroy, presentó ante el pleno legislativo la solicitud de reforma constitucional con el objetivo de modificar el inciso segundo del artículo 27 de la Constitución de la República.
Durante su intervención en la sesión plenaria número 102, el ministro Villatoro explicó que la propuesta busca “una modificación al inciso segundo del artículo 27 de la Constitución que actualmente reza de la siguiente manera: Artículo 27, inciso segundo. Se prohíbe la prisión por deudas, las penas perpetuas, las infames, las proscriptivas y toda especie de tormento”. El funcionario detalló que “la propuesta del señor presidente por el cual estamos pidiendo su apoyo como gabinete de seguridad queda de la siguiente manera: Se prohíbe la prisión por deudas, las infames, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”.
El texto original del artículo 27, inciso segundo, vigente desde la Constitución de 1983, establecía textualmente: “Se prohíbe la prisión por deudas, las penas perpetuas, las infames, las proscriptivas y toda especie de tormento”. La reforma aprobada sustituye dicho texto por el siguiente: “Se prohíbe la prisión por deudas, las infames, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”. El ministro Villatoro justificó la modificación señalando que “estamos sobre 4 años de régimen de excepción, 4 años en los cuales hemos tenido todos los embates y todos los ataques de todas estas organizaciones criminales también que defienden a criminales violentos“. Añadió que la reforma responde al análisis del “comportamiento de los homicidios y de las violaciones” y que “nuestra guerra sin cuartel contra los terroristas no se detiene”.
El diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, confirmó que la iniciativa cumple con “los pasos, con los lineamientos que se tienen que llevar para una reforma constitucional” y anunció que se solicitaría “el acompañamiento de 10 firmas de diputados” para someterla a discusión. Tras obtener las firmas requeridas, la diputada Elisa Rosales dio lectura al acuerdo de reforma constitucional que establece en sus considerandos: “que el artículo 2 de la Constitución de la República establece que toda persona tiene derecho, entre otros, a la vida, a la integridad física, a la libertad, a la seguridad y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos”. El texto aprobado determina en su artículo 1: “Sustitúyase el inciso segundo del artículo 27 de la siguiente manera: Se prohíbe la prisión por deudas, las infames, las proscriptivas y toda especie de tormento, quedando el inciso segundo del artículo 27 de la siguiente forma: Se prohíbe la prisión por deudas, las infames, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”.
El diputado Caleb Navarro argumentó durante el debate que “la Constitución de la República, que es la norma fundamental y fundamentadora de todo el ordenamiento jurídico actualmente en el artículo 27 prohíbe taxativamente la pena perpetua en nuestro país, pero con esta reforma estamos habilitando la pena perpetua solo se impondrá los homicidas, violadores y terroristas”. La diputada Suecy Callejas sostuvo que “esta reforma propone que los pandilleros violadores, feminicidas y homicidas no salgan a la calle y que cumplan su pena para siempre”. La diputada Marcela Villatoro anunció su voto favorable aunque solicitó incorporar al debate la castración química, señalando que “nosotros vamos a acompañar esta reforma constitucional porque no queremos ver a ningún violador en las calles”.
Bukele pelea contra ONG’s que exigen eliminar Régimen de Excepción
La 48ª prórroga del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales fue aprobada por la Asamblea Legislativa durante la Sesión Plenaria Ordinaria número 99, mediante la aprobación de la Pieza de Correspondencia 2-A, con 57 votos a favor en votación nominal y pública, tras ser sometida a dispensa de trámite. El fundamento legal de la medida se encuentra en el Decreto número 333, originado en marzo de 2022, que suspendió derechos constitucionales específicos. Según lo establecido en dicho decreto, el régimen exceptúa el derecho de “ser informado de manera inmediata y comprensible, de sus derechos y las razones de su detención” consagrado en el artículo 12, inciso 2º. Adicionalmente, extiende el plazo de la detención administrativa de 72 horas hasta 15 días, conforme al artículo 13, inciso 2º, y permite “la revisión e interceptación de comunicaciones privadas sin necesidad de orden judicial previa”, según el artículo 24 constitucional.
El presidente Nayib Bukele ha mantenido una confrontación pública con organizaciones no gubernamentales que solicitan la abolición del Régimen de Excepción, calificándolo como promotor de crímenes de lesa humanidad. En su cuenta oficial de la red social X, el mandatario publicó el 17 de marzo de 2026: “Los ‘periodistas’, activistas y personeros de las ONG pagadas por Open Society tienen ya 2 días afirmando que el informe de ‘los expertos y expertas de derechos humanos’ sobre El Salvador no exige la liberación de TODOS los pandilleros detenidos desde que inició el Régimen de Excepción, pero sí lo exigen, y múltiples veces”. Bukele argumentó que “si se acepta que el 100% de las detenciones son ARBITRARIAS (ver imagen 1), todo Estado estaría obligado AUTOMÁTICAMENTE a liberar al 100% de detenidos”.
El informe del Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos (GIPES), titulado “El Salvador en la encrucijada: Crímenes de lesa humanidad en el marco de la política de seguridad pública”, presentado en marzo de 2026, concluye que “las graves privaciones de libertad física en contravención de las normas internacionales o encarcelamiento, la tortura, las desapariciones forzadas, las violaciones y violencia sexual, los asesinatos, así como otros actos inhumanos documentadas, al haber sido cometidas como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, incluso de niñas, niños y adolescentes, en el contexto de la política de seguridad enmarcada en el régimen de excepción, pueden constituir crímenes de lesa humanidad, según lo previsto en el artículo 7 del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional”.
Las organizaciones de derechos humanos han presentado solicitudes formales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la suspensión del régimen. Cristosal señala en su informe que “las detenciones arbitrarias, la falta al debido proceso y el allanamiento de morada son los hechos violatorios más denunciados”, añadiendo que sus registros indican que “el 75% de los hechos violatorios se señaló como responsables a agentes de la PNC”. El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad José Simeón Cañas (Idhuca), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Azul Originario y Amate LGBT argumentan que “las prórrogas consecutivas constituyen una aplicación desproporcionada y prolongada de las facultades excepcionales del Estado, excediendo los límites temporales razonables para medidas de emergencia”. El informe de la CIDH de 2024 señaló problemas como “el aislamiento prolongado, afectaciones a la salud, la suspensión del régimen de visitas y la desaparición forzada de personas por cortos períodos debido a la falta de documentación oportuna”.
En respuesta a estas acusaciones, el presidente Bukele publicó en su cuenta de X: “De verdad me alegra que se hayan quitado totalmente la máscara; así todos, dentro y fuera de El Salvador, pueden ver claramente los objetivos de estas organizaciones, que no son más que los bufetes legales internacionales del crimen. Su objetivo es claro: quieren ver caos en nuestros países”.
Homicidios Intencionados: 496 en 2022 a 82 en 2025
Los homicidios intencionados registrados por la FGR y la PNC experimentaron una reducción sostenida desde 2019 hasta febrero de 2026. En 2019, antes de la implementación del Plan Control Territorial, la FGR contabilizó 2,398 homicidios intencionados, lo que representaba un promedio diario de 6.57 homicidios y una tasa de 35.8 homicidios por cada 100,000 habitantes. En 2020, la cifra se redujo a 1,341 casos, una disminución del 44.1% respecto al año anterior, con un promedio diario de 3.67 homicidios y una tasa de 21.2 por cada 100,000 habitantes. Para 2021, los homicidios descendieron a 1,147, implicando una reducción adicional del 14.5% respecto a 2020 y del 52.2% en comparación con 2019, con un promedio diario de 3.16 homicidios y una tasa de 18.1 por cada 100,000 habitantes.
*2026: solo enero y febrero (4+4). Fuente: FGR / Base de datos “Todos Homicidios 2022-2025”
La implementación del Régimen de Excepción en marzo de 2022 coincidió con una aceleración en la tendencia descendente. El año 2022 cerró con 496 homicidios intencionados, lo que implica una reducción del 56.7% respecto a 2021 y del 79.3% respecto a 2019. El promedio diario de homicidios en 2022 fue de 1.36, con una tasa de 7.8 por cada 100,000 habitantes. La categorización de la FGR para 2022 muestra que la delincuencia general fue responsable de 429 casos, que representan el 86.5% del total; la intolerancia social registró 36 casos, equivalentes al 7.3%; y la intolerancia familiar contabilizó 31 casos, que suponen el 6.2% de los homicidios intencionados.
En 2023, los homicidios intencionados cayeron a 154, marcando una disminución del 68.9% respecto a 2022. El promedio diario se redujo a 0.43 homicidios, con una tasa de 2.4 por cada 100,000 habitantes. La distribución por categorías evidenció un cambio significativo: la delincuencia general registró 53 casos, que representan el 34.4% del total; la intolerancia social contabilizó 54 casos, equivalentes al 35.1%; y la intolerancia familiar sumó 47 casos, que suponen el 30.5% de los homicidios.
Fuente: elaboración propia con base en reportes de la PNC publicados en Twitter (diciembre 2025 – febrero 2026).
El año 2024 finalizó con 114 homicidios, una reducción del 26.0% respecto a 2023. El promedio diario fue de 0.31 homicidios, con una tasa de 1.89 por cada 100,000 habitantes. La delincuencia general representó 33 casos, equivalentes al 28.9% del total; la intolerancia social registró 34 casos, que suponen el 29.8%; y la intolerancia familiar contabilizó 47 casos, que representan el 41.2% de los homicidios intencionados.
Los datos para el período de enero a octubre de 2025 reportan un total de 82 homicidios intencionados. Esta cifra contrasta con los 323 homicidios registrados en el mismo período de 2022, lo que representa una reducción del 74.6%. El desglose de los 82 homicidios de 2025 indica que 8 casos correspondieron a delincuencia general, 43 a intolerancia social y 31 a intolerancia familiar. El promedio mensual de homicidios pasó de 203 casos en 2019 a aproximadamente 7.1 casos en los primeros diez meses de 2025, una disminución del 96.5%.
Las cifras de homicidios mensuales muestran la evolución detallada: en enero de 2022 se registraron 82 homicidios, mientras que en enero de 2023 fueron 11, en enero de 2024 sumaron 9, en enero de 2025 contabilizaron 5 y en enero de 2026 se reportaron únicamente 4 homicidios. En febrero de 2022 se registraron 76 homicidios, en febrero de 2023 fueron 14, en febrero de 2024 sumaron 6, en febrero de 2025 contabilizaron 3 y hasta el 24 de febrero de 2026 se reportaron 4 homicidios. En marzo de 2022, el mes de implementación del régimen de excepción, se registraron 166 homicidios, mientras que en marzo de 2025 fueron 10 y en los primeros días de marzo de 2026 se contabilizan 5 homicidios.
El presidente Nayib Bukele declaró que se registran 1,440 presuntos días sin homicidios hasta el 23 de febrero de 2026, en el contexto de las políticas de seguridad pública. La comparación interanual para diciembre muestra una reducción del 66.7% entre 2024 y 2025: diciembre de 2024 cerró con 1 homicidio, mientras que diciembre de 2025 sumó 5 casos.
6,300 denuncias ¿502 muertes en cárcel?
El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad José Simeón Cañas (UCA), en conjunto con organizaciones independientes, ha documentado más de 6,300 denuncias de presuntas vulneraciones a los derechos humanos durante el Régimen de Excepción. Cristosal ha registrado el mayor volumen, con 3,786 denuncias hasta abril de 2024, tipificadas como: detenciones arbitrarias (45.3%), allanamientos ilegales (23.7%), tortura y tratos crueles (18.2%), negación de acceso a defensa legal (8.9%) y desapariciones temporales (3.9%). El Idhuca ha registrado 1,283 casos, enfocándose en la proporcionalidad de las medidas y documentando extensiones de la detención administrativa más allá de los 15 días establecidos. Fespad, con 383 casos, reporta violaciones al debido proceso y garantías judiciales. Azul Originario documenta 354 casos con patrones de detenciones masivas en comunidades específicas, y Amate LGBT ha aportado documentación especializada sobre presuntas detenciones arbitrarias basadas en orientación sexual o identidad de género.
Fuente: OUDH, basado en datos de la DGCP y el CECOT. ASP: 30,864 capacidad / 99,410 ocupación; CECOT: 40,000 capacidad / 14,820 ocupación.
El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) ha documentado 502 muertes en centros penales desde el inicio del régimen, el 27 de marzo de 2022, hasta febrero de 2026, según el informe “Informe muertos en prisiones de El Salvador 2022-2025”. Esta cifra supera los 492 decesos reportados durante la 48ª prórroga, los 470 de la 47ª, los 462 de la 45ª y los 435 de la 44ª prórroga del Régimen de Excepción. El informe detalla que aproximadamente 90,844 personas fueron detenidas desde el 27 de marzo de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2025. El análisis del SJH indica que el 32% de las muertes fueron por causas violentas, otro 32% por falta de atención médica, un 31% por enfermedades adquiridas en prisión, un 5% por enfermedades terminales y un 1% por otras causas.
En declaraciones públicas contenidas en el informe, la representante legal del SJH, Ingrid Escobar, indicó en diciembre de 2023 que “el 94% eran inocentes” refiriéndose a 213 muertes. En febrero de 2024 modificó su caracterización, señalando que “cerca del 99%” de 236 muertes “habrían sido señalados como colaboradores de pandillas”. Escobar añadió que “a todos les habían puesto colaboradores, ni siquiera les habían puesto homeboys o en proceso de serlo; sino colaboradores de pandillas”.
Basado en el informe del SJH (470 fallecidos conocidos hasta diciembre 2025). Porcentajes: Izalco 40%, Mariona 19%, Quezaltepeque 11%, Apanteos 9%, otros 21%.
El informe del SJH señala que el 40% de los fallecidos se concentraron en el Centro Penal de Izalco, el 19% en el Centro Penal La Esperanza (Mariona) y el resto en otros centros como Apanteos, Quezaltepeque y Granjas Penitenciarias. Hasta junio de 2025, el sistema penitenciario salvadoreño albergaba a 114,420 personas privadas de libertad (PPL), frente a una capacidad instalada de 30,864 en el Antiguo Sistema Penitenciario (ASP) y 40,000 en el Centro de Confinamiento Contra el Terrorismo (CECOT). Esto se traduce en un hacinamiento global estimado del 250%, alcanzando el 322% en el ASP.
Las autoridades de justicia han señalado inconsistencias en los reportes del SJH, argumentando que muchas de las muertes corresponden a causas naturales o enfermedades preexistentes no tratadas, y que las cifras no son verificables debido a la reserva de la información oficial, aunque no han proporcionado estadísticas alternativas. En noviembre de 2024, durante una visita a Costa Rica, el presidente Nayib Bukele declaró que “ya hemos liberado 8,000 personas y vamos a liberar el 100% de inocentes”, reconociendo implícitamente errores en las detenciones masivas. Esta cifra representa aproximadamente el 9.6% del total de 82,963 detenidos reportados hasta octubre de 2024.
El presidente Bukele, en su publicación del 17 de marzo de 2026, afirmó: “El informe incluso exige LITERALMENTE al Estado de El Salvador: 1. Poner fin al Régimen de Excepción. 2. Derogar la legislación penal, procesal penal y procesal juvenil que lo acompañan. 3. Sacar a la Fuerza Armada de la seguridad pública”. Bukele concluyó: “De verdad me alegra que se hayan quitado totalmente la máscara; así todos, dentro y fuera de El Salvador, pueden ver claramente los objetivos de estas organizaciones, que no son más que los bufetes legales internacionales del crimen”.
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