Por: Neftali Hernandez Pereira
La Fiscalía General de la República presentó una demanda civil contra el exdiputado de ARENA, David Ernesto Reyes Molina, y su esposa Tania Gabriela Torres de Reyes, a quienes acusa de enriquecimiento ilícito por más de $225 mil, tras detectarse 28 irregularidades en sus declaraciones patrimoniales. El proceso civil busca comprobar ante la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador la existencia del delito, recuperar los fondos públicos y establecer la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante una década.
#CombateALaCorrupción I La @FGR_SV ha presentado demanda civil en contra de David Ernesto Reyes Molina, exdiputado de ARENA y su esposa, acusados de enriquecerse ilegalmente con más de $225 mil dólares, luego de que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia…
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) June 11, 2025
Según el informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, Reyes habría cometido cinco irregularidades por un monto de $209,661.34, relacionados con depósitos en efectivo, adquisición de bienes inmuebles y vehículos, pagos de tarjetas de crédito y cancelación de deudas sin justificación legal de los fondos. Las investigaciones forman parte del trabajo de fiscalización que desarrolla el sistema de justicia salvadoreño para verificar el patrimonio de funcionarios públicos.
Contexto del caso
David Ernesto Reyes Molina ejerció como diputado por el partido ARENA durante el período 2015-2021 en la Asamblea Legislativa de El Salvador. Posteriormente, ocupó un escaño en el Parlamento Centroamericano durante 2021, donde representó al país en esta instancia regional de integración centroamericana.
La investigación patrimonial forma parte de los procedimientos de control que establece la legislación salvadoreña para funcionarios públicos, particularmente aquellos que ocupan cargos de elección popular. El Sistema de Probidad de la Corte Suprema de Justicia desarrolla verificaciones periódicas sobre las declaraciones de bienes presentadas por diputados, alcaldes y otros servidores públicos.
El proceso de verificación patrimonial incluye el análisis de ingresos declarados, movimientos bancarios, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, cancelación de deudas y otros movimientos financieros que puedan indicar incrementos patrimoniales no justificados durante el ejercicio de funciones públicas.
ARENA tanto como otros partidos politicos han enfrentado múltiples casos de investigaciones por enriquecimiento ilícito en años recientes. Otros legisladores del partido han sido objeto de procesos similares, como parte de la fiscalización que desarrollan las instituciones de control del Estado salvadoreño.
Análisis cronológico
2015-2021: Período legislativo de David Reyes Durante estos seis años, Reyes ejerció como diputado propietario por ARENA en la Asamblea Legislativa. En este período habría ocurrido la mayoría de las irregularidades patrimoniales identificadas por la Sección de Probidad, según el informe que sustenta la demanda fiscal, tal es el caso de una sancion por el tribunal de etica gubernamental de US$6,000. por usar un vehiculo de la Asamblea por su hermana
Salario del Parlamentario: Durante su gestión legislativa (2015–2021), el exdiputado David Reyes reportaba un salario mensual de $2,311.43. Esto representa un ingreso total estimado de $166,423.36 durante los seis años de su período.
Comparativa: Salario Total vs Fondos Presuntamente Sustraídos
Sin embargo, se le acusa de apropiarse indebidamente de $225,000 del erario público, una cifra superior al total acumulado de su salario en ese mismo período, lo que genera una clara incongruencia entre sus ingresos lícitos y los fondos que se le imputan, reforzando las sospechas de corrupción.
2021: Transición al PARLACEN Al concluir su mandato en la Asamblea Legislativa, Reyes asumió funciones como diputado del Parlamento Centroamericano, cargo que ejerció durante 2021. Esta transición coincide con el período final de las investigaciones patrimoniales que posteriormente derivaron en la demanda civil.
"He optado por distanciarme por completo del partido" expresó David Reyes, diputado en @PARLACEN @parlacensv por @ARENAOFICIAL @ElMundoSV pic.twitter.com/s73cS1htWy
— Jessica Guzmán (@Jessmonic) March 23, 2024
2022-2024: Investigación de la Sección de Probidad La Corte Suprema de Justicia desarrolló durante este período el análisis detallado de las declaraciones patrimoniales presentadas por Reyes durante su ejercicio como funcionario público. El proceso incluyó la verificación de 28 movimientos financieros considerados irregulares.
Junio 2025: Presentación de la demanda civil La FGR presentó formalmente la demanda civil contra David Reyes y su esposa, solicitando que se declare la existencia de enriquecimiento ilícito, se ordene la devolución de los fondos al Estado y se imponga la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 años.
Detalles de las irregularidades
Las investigaciones identificaron 28 irregularidades distribuidas entre David Reyes y su cónyuge Tania Gabriela Torres de Reyes. A David Reyes se le atribuyen cinco irregularidades por $209,661.34, relacionadas con depósitos en efectivo, adquisición de bienes inmuebles y vehículos, pagos de tarjetas de crédito y cancelación de deudas sin justificación legal de los fondos.
Los depósitos en efectivo constituyen una de las principales áreas de observación en las investigaciones de enriquecimiento ilícito, particularmente cuando no existe documentación que respalde el origen lícito de los recursos. La adquisición de vehículos y bienes inmuebles también forma parte central del análisis, especialmente cuando el valor de estas transacciones excede los ingresos declarados por el funcionario.
El pago de tarjetas de crédito y cancelación de deudas representa otra área de fiscalización, dado que estos movimientos pueden indicar la disponibilidad de recursos no declarados o no justificados adecuadamente ante las autoridades de control.
Por su parte, a su cónyuge se le atribuyen tres irregularidades valoradas en $16,281.49, también vinculadas a movimientos financieros no respaldados. La inclusión del cónyuge en las investigaciones responde a la legislación salvadoreña que establece la verificación patrimonial del núcleo familiar de los funcionarios públicos.
Proceso judicial
La demanda civil presentada por la Fiscalía General busca que la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador determine la existencia del enriquecimiento ilícito. Este procedimiento civil es independiente de eventuales procesos penales que pudieran derivarse del caso.
La FGR solicita que se declare la existencia de enriquecimiento ilícito, se ordene la devolución de los fondos al Estado y se imponga la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 años. La inhabilitación constituye una de las sanciones administrativas establecidas en la legislación salvadoreña para casos de enriquecimiento ilícito comprobado.
El proceso incluye la posibilidad de que los demandados presenten su defensa y aporten documentación que justifique el origen lícito de los recursos cuestionados. La carga de la prueba en estos casos recae sobre los funcionarios investigados, quienes deben demostrar la licitud de sus incrementos patrimoniales.
Además, la FGR advirtió que si durante el proceso se descubren indicios de otros delitos, se iniciarán acciones penales correspondientes. Esta disposición abre la posibilidad de que el caso derive en procesos criminales si se identifican elementos que configuren delitos penales.
Implicaciones institucionales
El caso forma parte de los esfuerzos institucionales para fortalecer los controles sobre el patrimonio de funcionarios públicos en El Salvador. Tal es el caso de Guerra contra la Corrupcion Declarada por Bukele el 1 de junio de 2023. La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia ha intensificado sus verificaciones patrimoniales en años recientes, particularmente sobre legisladores y alcaldes.
Los casos de enriquecimiento ilícito han adquirido mayor visibilidad en el debate público salvadoreño, especialmente cuando involucran a figuras políticas prominentes. El sistema judicial ha desarrollado procedimientos específicos para estos casos, incluyendo la coordinación entre la Sección de Probidad y la Fiscalía General.
La demanda contra David Reyes se suma a otros casos similares que han involucrado a funcionarios de diferentes partidos políticos. Estos procesos forman parte del marco legal establecido para garantizar la transparencia en el ejercicio de funciones públicas y prevenir el uso indebido de recursos estatales.
El desarrollo del caso será monitoreado por las instituciones de control y la opinión pública, particularmente en un contexto donde la transparencia gubernamental constituye una demanda ciudadana creciente. Los resultados del proceso judicial establecerán precedentes importantes para casos similares en el futuro.
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