Por Alessia Genoves y Carlos Arita
$38 millones en efectivo, $10,381,236.74 inmovilizados en cuentas bancarias y 231 vehículos —buses, sedanes, camioncitos y motocicletas— constituyen el volumen de activos incautados por la Fiscalía General de la República (FGR) tras la aprehensión de Gerson Adriel Orellana Ayala, acusado de operar Credicash, una captación ilegal de fondos del público con fachada de cooperativa de ahorro y crédito en el municipio de Chalatenango, sin autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).
La operación, descrita por el Fiscal General Rodolfo Delgado como un esquema piramidal, generó movimientos por $51 millones de dólares y afectó a un número indeterminado de ahorrantes que trasladaron fondos desde instituciones financieras legalmente autorizadas hacia este esquema. El caso es extrapolable al proceso judicial contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria (Cosavi) —entidad regulada y con permisos de la SSF— de cuyos directivos se incautaron $35 millones por desvíos del patrimonio cooperativo, en un proceso que involucra deudas con once municipalidades del país por $21,708,900 dólares.
Intervención de Credicash y detención de Orellana Ayala
La FGR formuló cargos por el delito de defraudación a la economía pública, tipificado en el artículo 24-1a del Código Penal, bajo la modalidad de captación ilegal de fondos del público, y por lavado de dinero y activos, previsto y sancionado en el artículo 40 de la Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Ambos delitos fueron calificados en perjuicio del orden socioeconómico y de las personas que confiaron sus ahorros al imputado.
Rodolfo Delgado precisó ante los medios de comunicación: “El imputado ha sido identificado como Gerson Adriel Orellana Ayala, ha incurrido en los delitos de defraudación a la economía pública y lavado de activos, ambos en perjuicio del orden socioeconómico y particularmente en perjuicio de las personas que le confiaron su dinero a esta persona”. (Artículo 24-1a Código Penal; artículo 40, Ley Especial contra el Lavado de Activos).
Esquema piramidal sinregulación financiera
La investigación de la FGR determinó que Credicash no sustentaba los rendimientos prometidos en ninguna actividad económica real. La FGR estableció que la empresa ofrecía préstamos a terceros a un interés del 5% mensual y, paralelamente, prometía a sus inversores rendimientos del 10% mensual: una diferencia que hace inviable el modelo financiero, con independencia del volumen de captación. En palabras del Fiscal General:
? Montos involucrados (USD)
Efectivo incautado · Cuentas bloqueadas · Desvío Cosavi · Deuda municipal a Cosavi
Fuente: FGR · Diario Fuentes · Datos exactos del caso
“Este dinero que se paga como ganancia no proviene de ningún negocio real. El dinero sale de otras personas que van entrando después, es decir, los nuevos participantes. Ese sistema solo se sostiene mientras sigue entrando gente nueva”. Ver declaración oficial FGR
La captación ilegal de fondos está proscrita bajo el artículo 24-1a del Código Penal porque sustrae del circuito supervisado por la SSF recursos de personas naturales, quienes quedan desprotegidas ante el colapso del sistema. La operación matemática que expuso la FGR —prestar al 5% y prometer el 10%— es jurídicamente relevante porque demuestra el dolo específico: la intención de captar fondos con promesas que el operador sabe que son insostenibles.
Mecanismo de apariencia de legalidad: contratos de mutuo ante notario
Para dotar de apariencia de legalidad a las inversiones captadas, Credicash formalizó la relación con los ahorrantes a través de contratos de mutuo autenticados ante notario. La FGR advirtió que dicho instrumento no garantiza la existencia de flujo de caja para honrar los rendimientos comprometidos. Declaró el Fiscal General: “Se utilizó un mecanismo para dar apariencia de legalidad: la firma de contratos de mutuo ante notario. Esto hizo que muchas personas sintieran que su dinero estaba protegido”.
El uso de instrumentos notariales en el marco de un esquema de captación ilegal agrava la responsabilidad penal por cuanto configura el delito de estafa con medios falsificadores, al generar en las víctimas una convicción de amparo jurídico que en la práctica no existía. La ausencia de autorización de la SSF para operar como entidad financiera convierte cada contrato de mutuo en un acto ilícito desde su origen, independientemente de su forma.
Antecedentes del imputado y vínculos investigados
El historial de Orellana Ayala incluye al menos dos casos de estafa investigados en la Fiscalía de Chalatenango desde el año 2020, vinculados a negocios de opacidad reconocida, que derivaron en detención previa. La FGR amplió el perfil del imputado al señalar vínculos con la pandilla MS, cuya relevancia se centra en la colocación de préstamos a comerciantes informales del mercado de Chalatenango. Según la investigación, parte de los dineros distribuidos como préstamos con interés diario a dichos comerciantes podría provenir de actividades de extorsión de la pandilla MS.
La FGR detalló que Orellana Ayala ha realizado movimientos por la cantidad de $51 millones de dólares, según estimaciones de la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero y Activos. La sola suma de efectivo localizado en su vivienda alcanzó $7 millones de dólares, distribuidos en papel moneda y en dinero metálico.
Activos incautados: cuantificación y descripción
$38 millones en efectivo fueron hallados en las instalaciones de Credicash y en el guardarropa del imputado. La FGR informó de la inmovilización adicional de $10,381,236.74 en cuentas bancarias. El Fiscal General precisó: “Hasta este momento lo inmovilizado en cuentas tenemos: $10,381,236.74. Además se encontró dinero en efectivo, tanto en las instalaciones de Credicash, como en su guardarropa, que dio como resultado la incautación de $38 millones de dólares aproximadamente. 231 vehículos, entre buses, sedanes, camioncitos destinados para pasajeros y motocicletas”. Ver declaración oficial FGR
La FGR realizó allanamientos en Chalatenango y en Nueva Concepción, con incautación de efectivo depositado en el piso de las instalaciones y resguardado en cajas fuertes sin mecanismos de seguridad extraordinarios, e inmovilización de cuentas bancarias por montos millonarios. La investigación documenta que los fondos captados se destinaron a la adquisición de bienes muebles de depreciación acelerada, entre ellos buses, taxis, camiones de pasajeros y motocicletas, además de inmuebles.
La FGR trabaja en la identificación de víctimas mediante cruce de archivos digitales y físicos localizados en las instalaciones de Credicash, para establecer el monto entregado por cada persona. El Fiscal General advirtió que el proceso de devolución excluirá dineros de procedencia ilícita. Afirmó: “Nuestra intención es identificar a todos los responsables, identificar la ruta de ese dinero. Es necesario que desconfíen de cualquier oferta que prometa ganancias altas, rápidas y sin riesgo”.
La FGR solicitó a las víctimas resguardar los contratos de mutuo firmados con Credicash, documentación que permitirá agilizar su citación. Las personas afectadas pueden presentar denuncia en cualquier sede de la Fiscalía General de la República.
Credicash y Cosavi, dos modelos de fraude financiero
$35 millones de dólares fueron sustraídos del patrimonio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria (Cosavi) por sus propios directivos, según estableció el Fiscal General Rodolfo Delgado. A diferencia de Credicash —que operaba sin autorización de la SSF—, Cosavi contaba con los permisos de ley para captar fondos del público, lo que convierte su caso en una modalidad de fraude interno desde una entidad regulada.
La FGR ha referenciado el caso Cosavi como antecedente operativo para Credicash, junto con los casos Acomatic y Acotemic —también esquemas piramidales detectados en el oriente del país— como justificación para la velocidad de la intervención. Declaró el Fiscal General: “Tomando en cuenta otros esquemas piramidales que se detectaron en el pasado reciente en el oriente del país, principalmente con el caso de Acomatic y Acotemic, decidimos actuar con la firmeza debida”.
Cosavi fue intervenida, y procesaron a 32 personas, entre ellas 8 directivos, por los delitos de lavado de dinero y activos, defraudación a la economía pública y agrupaciones ilícitas. Las medidas cautelares incluyeron la inmovilización de 46 inmuebles, 27 vehículos y activos por más de $14 millones. Entre los imputados capturados figuran Xiomara Guadalupe Gómez Raymundo, Manuel Alonso Gómez Raymundo, Saúl Orlando Méndez Manzano, Luis Luciano Orellana, René Alexander González Melgar, Juan Carlos Hernández Panameño, Elsa Estela Escobar Urquilla, Oscar Armando Munguía Vásquez, Carlos Alberto Cuellar, Rolando Alexander Henríquez, Jacqueline Jazmín Jorge de Hernández, María Isabel Jiménez Hernández, Manuel Alberto Coto Franco y Cerbelia Fidencia Barrientos de Coto, entre otros.
El Fiscal General Delgado declaró: “Se ha logrado establecer el sistema corrupto que había dentro de esta institución y serán procesados también por agrupaciones ilícitas. Altos ejecutivos de esta entidad desviaron aproximadamente $35 millones de dólares que fueron sustraídos periódicamente y de manera ilegal del patrimonio de la cooperativa para beneficio propio”.
La deuda municipal con Cosavi: $21.7 millones en once municipalidades
Once municipalidades de El Salvador acumulaban una deuda de $21,708,900 dólares con Cosavi, según el informe del Ministerio de Hacienda al 30 de septiembre de 2023. Esta cifra es inferior a los $35 millones desviados ilegalmente por los directivos de la propia cooperativa. El contraste ilustra la dimensión del perjuicio institucional: los municipios contrajeron deudas legítimas con la entidad, mientras sus administradores la desvalijaban desde adentro.
?? Deuda de 11 municipios a Cosavi
Saldo al 30 de septiembre de 2023 (USD)
Fuente: Ministerio de Hacienda · Informe Cosavi
En el departamento de San Salvador, el municipio de Ilopango mantiene un saldo de $1,308,400.04, con intereses acumulados por $21,992.82; Soyapango debe $1,935,642.05, con intereses por $30,806.43. En La Libertad, Comasagua registra el saldo más alto del grupo con $3,340,112.39 e intereses de $55,967.08; Santa Tecla debe $1,595,204.29 con $40,497.96 en intereses.
En Cuscatlán, Nuevo Cuscatlán figura con $2,462,312.87 e intereses por $57,576.35; San Ramón debe $1,519,478.93 con $24,183.04 en intereses. En San Miguel, San Luis La Reina acumula $2,038,023.17 con $33,286.10. En el departamento de Sonsonate, Armenia debe $2,038,028.86 con $33,286.17; San Julián, $2,038,028.88 con $33,286.20; y Acajutla, $1,418,090.43 con $22,616.44 en intereses. En Santa Ana, la ciudad cabecera del departamento homónimo registra $2,232,073.26 con $36,716.99.
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