$9,5 millones en bienes del ex-presidente Saca pasan al Estado

Por Alessia Genoves y Carlos Arita

US$9,576,481.08 en 25 inmuebles y 8 cuentas bancarias son extinguidos a favor del Estado salvadoreño por el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio, bienes adquiridos con los US$300,347,117.17 que la estructura de corrupción liderada por el expresidente Elías Antonio Saca González desvió de los Fondos Públicos durante su gestión comprendida entre el 1 de junio de 2004 y el 31 de mayo de 2009 (5 años). La red criminal, integrada por los exfuncionarios condenados Elmer Roberto Charlaix Urquilla, Francisco Rodríguez Arteaga, Jorge Alberto Herrera Castellanos y Pablo Gómez, instrumentalizó 7 sociedades fachada para el ocultamiento y transformación patrimonial de los fondos peculados, según estableció la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).

La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mediante resolución 390-C-2019 del 20 de diciembre de 2019, confirmó las condenas por los delitos de Peculado y Lavado de Dinero y Activos, imponiendo penas de prisión de hasta 10 años y responsabilidades civiles que totalizaron US$300,000,000.00, más un adicional de US$347,117.17 distribuido entre los condenados, conforme al expediente 390-C-2019. Adicionalmente, la Sección de Probidad de la CSJ, en resolución del 23 de febrero de 2016, identificó incrementos patrimoniales no justificados en las declaraciones de Saca por US$2,224,389.64 durante su mandato y US$1,745,623.59 en el período posterior al cese de funciones (junio de 2009 a diciembre de 2014), evidenciando la magnitud del desvío de recursos públicos.

$9,5 millones en 25 inmuebles y 8 cuentas bancarias

La Unidad Especializada de Extinción de Dominio de la FGR concretó la recuperación de activos valorados en US$9,576,481.08, correspondientes a 25 inmuebles tasados en US$7,539,533.18 y productos financieros por US$2,036,947.90, según informe de la Fiscalía General de la República divulgado el 18 de junio de 2019. “Los fiscales han materializado la medida cautelar que establece el proceso de extinción de dominio y que de manera directa están relacionados con la investigación en contra del expresidente Antonio Saca”, confirmó el entonces jefe de esa Unidad, Alexis Ayala, en declaraciones a Centros Judiciales.

Los 25 bienes inmuebles, ubicados en Zacatecoluca y El Rosario (La Paz); Tecoluca (San Vicente); Antiguo Cuscatlán, Santa Tecla y Zaragoza (La Libertad); y San Benito (San Salvador), incluyen 7 terrenos rústicos, 4 viviendas, 2 ranchos de playa, 16 apartamentos y 3 bienes productivos, detalló la fuente fiscal. Los productos financieros incautados ascendían a US$2,036,947.90 al momento de la intervención, según el informe de la FGR. La sentencia de extinción de dominio también ordenó la disolución de las sociedades utilizadas como fachada.

El esquema de lavado de activos, según la acusación fiscal, operó mediante 7 sociedades fachada que recibieron y distribuyeron los fondos públicos desviados. Cinco de esas sociedades canalizaron montos específicos: Sociedad 1 recibió US$2,300,000.00 y adquirió 4 inmuebles; Sociedad 2 obtuvo US$1,800,000.00 y controló 8 propiedades; Sociedad 3 recibió US$1,700,000.00 y concentró la mayor parte de bienes (11 inmuebles); Sociedad 4 captó US$1,600,000.00 y un inmueble de alto valor en zona privilegiada; y Sociedad 5 recibió US$2,900,000.00 y 1 inmueble de alto valor, precisó la FGR.

“Saca creó una estructura que utilizaba 7 sociedades fachadas para el desvío, ocultamiento y transformación patrimonial de fondos públicos para beneficio propio. A través de esas sociedades controladas por el expresidente se adquirieron los inmuebles en su mayoría en zonas exclusivas del área de La Libertad y San Salvador. Unas sociedades funcionaron como puentes principales para recibir y distribuir los fondos peculados; luego, el dinero fluyó hacia otras tres que sirvieron como fachada y receptoras finales del dinero y bienes”, afirmó el informe fiscal publicado el 18 de junio de 2019.

Previo a esta sentencia definitiva, la FGR ejecutó en 2019 la materialización de más de 30 inmuebles vinculados a Saca y otros imputados, cuyo monto preliminar superaba los US$16,000,000.00, según reportó Centros Judiciales el 18 de junio de 2019. Entre esos bienes se encontraban 28 inmuebles en San Salvador, 3 en Usulután, 3 en La Libertad y 1 en La Paz. Adicionalmente, en septiembre de 2022, la FGR inscribió a favor del Estado un inmueble valorado en US$173,000.00, propiedad de María Arline Rivas de Charlaix, esposa del exsecretario privado de la Presidencia, Elmer Roberto Charlaix Urquilla, en cumplimiento de una condena civil por Enriquecimiento Ilícito dictada en diciembre de 2020 por la Cámara Primera de lo Civil, informó la Fiscalía el 30 de septiembre de 2022.

En julio de 2021, la FGR materializó la sede del partido ARENA en San Salvador, valorada en varios millones de dólares, para recuperar fondos otorgados por Taiwán (US$10,000,000.00 aprobados mediante decreto legislativo para damnificados de los terremotos de 2001) que fueron desviados a la campaña presidencial de Saca en 2004, según declaró el Fiscal General, Rodolfo Delgado, el 16 de julio de 2021:

“Esta es la culminación de la diligencia que se inició hace unas semanas en contra del Partido político Alianza Republicana Nacionalista y que consiste en la acción de extinción de bienes que se promovió en el Juzgado Especializado, precisamente para tratar de recuperar los dineros desviados hacia las cuentas del partido político durante la campaña presidencial de Elías Antonio Saca”. En noviembre de 2020, la Unidad de Extinción de Dominio también materializó 3 inmuebles del exministro de Justicia, René Figueroa, por un valor de US$645,000.00, alcanzando un total de 10 inmuebles, 3 cantidades dinerarias y la administración de 2 sociedades (Nueva Orleans, S.A. de C.V. y Desarrollos El Gris, S.A. de C.V.) por US$1,558,016.08, todos vinculados al lavado de dinero en el caso Saca, según reportó Centros Judiciales el 3 de noviembre de 2020.

El dinero venía del Estado

Los US$9,576,481.08 recuperados mediante extinción de dominio representan el 3.19% de los US$300,347,117.17 desviados por la estructura de corrupción, según la pericia financiera contable incorporada al proceso penal y referida en la sentencia 390-C-2019. La distribución de los US$7,539,533.18 en inmuebles refleja una concentración del 78.71% del valor total incautado en propiedades (US$7,539,533.18 / US$9,576,481.08 = 0.7871), mientras que los US$2,036,947.90 en productos financieros constituyen el 21.27% restante. El análisis de los montos canalizados a través de las 5 sociedades principales evidencia una asignación diferenciada:

la Sociedad 5 recibió la mayor inyección con US$2,900,000.00 (28.16% del subtotal de US$10,300,000.00), seguida por la Sociedad 1 con US$2,300,000.00 (22.33%), la Sociedad 2 con US$1,800,000.00 (17.48%), la Sociedad 3 con US$1,700,000.00 (16.50%) y la Sociedad 4 con US$1,600,000.00 (15.53%), totalizando US$10,300,000.00 solo en estas 5 entidades, según datos de la FGR del 18 de junio de 2019. Estos flujos representan el 3.43% (US$10,300,000.00 / US$300,347,117.17 = 0.0343) de los fondos públicos totales sustraídos, lo que indica que una parte significativa del dinero desviado se diluyó en otros mecanismos de ocultamiento o gastos no identificados.

Las operaciones bancarias de Pablo Gómez, uno de los operadores financieros de la red, alcanzaron los US$171,071,799.35 en cheques emitidos a su nombre y cobrados personalmente, según la sentencia 390-C-2019 (página 16). “Al imputado Gómez le emitieron cheques a nombre de él mismo pero cobrados por terceras personas, dichos cheques tenían como origen las cuentas 008-301-00-000472-7 del banco Cuscatlán a nombre de Charlaix Urquilla, y las cuentas número 018-301-00-002723-9, 018-301-00-003221-7, 018-301-00-003298-3, todas del banco Cuscatlán a nombre del imputado Rodríguez Arteaga y 210232792, 210234523, 210237298, 210238880 y 210239231 del banco Hipotecario a nombre del imputado Rodríguez Arteaga y de las cuentas número 018-301-00-002545-1, del banco Cuscatlán y de la cuenta número 210234396 banco Hipotecario, a favor del señor Pablo Gómez haciendo un total de ciento setenta y un millones setenta y un mil setecientos noventa y nueve punto treinta y cinco dólares US$171,071,799.35”, documenta la resolución de la Sala de lo Penal (página 16).

De este monto, US$1,450,000.00 fueron depositados en cuentas del partido ARENA mediante 29 cheques, según el punto pericial 27 de la pericia financiera contable (página 47). Las transferencias entre cuentas de los imputados totalizaron US$1,017,724.19 entre cuentas de Charlaix Urquilla y US$2,501,187.72 desde cuentas de Rodríguez Arteaga (018-301-00-003221-7, 018-301-00-003298-3, 018-301-00-003070-7, 018-301-00-002925-5 y 018-301-00-002723-9) hacia la cuenta de Gómez (018-301-00-002545-1), detalla el fallo (página 11).

La pericia financiera contable, referida en la sentencia 390-C-2019, cuantificó en US$298,683,945.17 los fondos depositados en 16 cuentas bancarias abiertas a nombre de Charlaix Urquilla (2 cuentas: 008-301-00-000472-7 y 008-301-00-000478-3), Rodríguez Arteaga (12 cuentas: 6 en Banco Cuscatlán y 6 en Banco Hipotecario) y Gómez (2 cuentas: 018-301-00-002545-1 y 210234396), provenientes de las 3 cuentas institucionales de la Presidencia (590-055722-2 y 590-056592-3 del Banco Agrícola, y 018-301-00002387-7 del Banco Cuscatlán). Adicionalmente, US$1,663,172.00 fueron cobrados en efectivo mediante 4 cheques emitidos a favor de Saca González y de “Gastos Operativos Presidencia de la República”.

El total de US$300,347,117.17 sustraídos corresponde a 593 cheques emitidos sin respaldo documental, según la pericia financiera contable. “Se ha establecido por medio de la prueba pericial y demás medio probatorios este Tribunal logra establecer que los fondos que fueron sustraídos ilegalmente de las Cuentas Institucionales Subsidiarias del Tesoro Público Presidencia de la República, fueron destinados para actividades totalmente ajenas, actividades que estaban encaminadas con el fin de poder apropiarse dicho dinero para beneficio personal y de terceros. El Tribunal logra determinar mediante el punto pericial número 15, que corre agregado a folios 236,784 de la pieza 1184, que de las Cuentas Institucionales Subsidiarias del Tesoro Público, números 590-055722-2 y 590-056592-3 ambas cuentas del Banco Agrícola y de la cuenta número 018-301-00002387-7 del Banco Cuscatlán, durante el periodo comprendido de 01 de junio del 2004 al 31 de mayo del 2009, se sustrajo la cantidad de US$298,683,945.17”, cita la sentencia de la Sala de lo Penal (páginas 5-6).

Saca condenado a 10 por US$300,347,117.17 robados

La Sala de lo Penal de la CSJ, mediante sentencia 390-C-2019 del 20 de diciembre de 2019, confirmó la autoría de Elías Antonio Saca González en los delitos de Peculado y Lavado de Dinero y Activos, imponiéndole una pena total de 10 AÑOS DE PRISIÓN, 5 años por cada ilícito. El fallo, que casó parcialmente la sentencia de la Cámara Segunda de lo Penal del 5 de julio de 2019, estableció que los hechos probados “determinaron que para la realización de los delitos de Peculado y Lavado de Dinero, el imputado Saca González ejerció el dominio de la organización planificando los delitos y asumiendo el control de su realización, abusando del poder adscrito al cargo de mayor jerarquía dentro de la concreta organización, la Presidencia de la República”, según consta en la página 74 de la resolución.

El tribunal también confirmó las condenas de Elmer Roberto Charlaix Urquilla a 10 AÑOS DE PRISIÓN (5 años por Peculado y 5 años por Lavado de Dinero y Activos); Francisco Rodríguez Arteaga a 6 AÑOS DE PRISIÓN (3 años por Peculado y 3 años por Lavado de Dinero y Activos); Jorge Alberto Herrera Castellanos a 3 AÑOS DE PRISIÓN (únicamente por Peculado); Pablo Gómez a 16 AÑOS DE PRISIÓN (8 años por Peculado y 8 años por Lavado de Dinero y Activos); César Daniel Funes Durán a 5 AÑOS DE PRISIÓN (Lavado de Dinero y Activos); y Julio Humberto Rank Romero a 5 AÑOS DE PRISIÓN (Lavado de Dinero y Activos), conforme al fallo de primera instancia del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador del 21 de noviembre de 2018 (páginas 19-20).

En cuanto a la responsabilidad civil, la Sala de lo Penal restableció las condenas en concreto fijadas por el Tribunal Segundo de Sentencia, que ascendían a US$260,732,171.64 para Saca González; US$15,000,000.00 para Charlaix Urquilla; US$7,000,000.00 para Rodríguez Arteaga; US$5,000,000.00 para Gómez; US$3,000,000.00 para Herrera Castellanos; US$886,697.97 para Funes Durán; y US$8,381,130.30 para Rank Romero, sumando US$300,000,000.00. La Sala advirtió un error material en esa suma y ordenó enmendarlo, añadiendo US$347,117.17 distribuidos proporcionalmente según la contribución de cada imputado al resultado delictivo: Saca recibió un incremento de US$308,635.77 (calculado sobre la base de su cuota del 86.88% del total de US$300,000,000.00); Charlaix US$17,737.67 (5.00%); Rodríguez Arteaga US$9,894.92 (2.33%); Gómez US$7,095.07 (1.67%); y Herrera Castellanos US$3,547.54 (1.00%), conforme a la página 107 de la sentencia. El monto total de responsabilidad civil quedó así fijado en US$300,347,117.17, equivalente al 100% del daño patrimonial comprobado de US$300,347,117.17. Los condenados Funes Durán y Rank Romero no recibieron incremento en sus cuotas individuales, según la distribución final.

La resolución de la CSJ también determinó que los imputados Pablo Gómez y Francisco Rodríguez Arteaga responden como autores directos de ambos delitos, revocando la calificación de cómplices necesarios y la aplicación del concurso aparente de leyes que había realizado la Cámara Segunda de lo Penal. La Sala concluyó que “los hechos probados en este caso determinaron que las acciones ejecutadas por los imputados Gómez y Rodríguez Arteaga no están en una misma línea de progresión de lesiones a un mismo bien jurídico, asimismo el delito de Lavado de Dinero y de Activos no es compresivo de todo el desvalor manifestado en las acciones comprobadas”, según la página 81 de la sentencia.

El tribunal enfatizó que “el delito de Peculado se consumó en el momento que el dinero del Estado fue depositado en cuentas bancarias de particulares, pues según el plan de autor que constituye un hecho probado en este caso, en ese acto quedó externada o materializada la acción final de apartar definitivamente ese dinero de los fondos presupuestados para fines institucionales, en perjuicio público y en provecho o beneficio de particulares, con lo cual se configuró la acción de apropiación que exige el respectivo tipo penal” (página 79).

Los condenados

La distribución de la responsabilidad civil entre los 7 condenados refleja una participación diferenciada en el perjuicio de US$300,347,117.17. Saca González, como líder de la estructura, fue condenado a pagar US$260,732,171.64 más US$308,635.77, totalizando US$261,040,807.41, equivalentes al 86.91% del monto total (US$261,040,807.41 / US$300,347,117.17 = 0.8691); Charlaix Urquilla US$15,000,000.00 más US$17,737.67 = US$15,017,737.67 (5.00%); Rodríguez Arteaga US$7,000,000.00 más US$9,894.92 = US$7,009,894.92 (2.33%); Gómez US$5,000,000.00 más US$7,095.07 = US$5,007,095.07 (1.67%); Herrera Castellanos US$3,000,000.00 más US$3,547.54 = US$3,003,547.54 (1.00%); Rank Romero US$8,381,130.30 (2.79%); y Funes Durán US$886,697.97 (0.30%).

Las penas de prisión también variaron: Saca y Charlaix recibieron la máxima de 10 AÑOS; Gómez, 16 AÑOS por su rol operativo (cobró US$171,071,799.35 en cheques); Rodríguez Arteaga, 6 AÑOS; Funes Durán y Rank Romero, 5 AÑOS; y Herrera Castellanos, 3 AÑOS, conforme al fallo de primera instancia confirmado en casación. Los US$16,835.05 correspondientes al pago de tarjetas de crédito de terceros desde cuentas de Funes Durán también fueron documentados en la sentencia (página 14).

La Sección de Probidad de la CSJ, en resolución del 23 de febrero de 2016, identificó incrementos patrimoniales no justificados en las declaraciones juradas de Saca González por US$2,224,389.64 durante su período presidencial (1 de junio de 2004 al 31 de mayo de 2009 = 5 años) y US$1,745,623.59 en el período posterior al cese de funciones (junio de 2009 a diciembre de 2014 = 5 años y 7 meses).

El análisis detalló que las irregularidades subsistentes incluyeron US$259,476.74 en depósitos no justificados de sociedades a cuentas personales (correspondiente al punto ix); US$409,852.82 como diferencia no justificada en ahorros de efectivo al cese (punto x); US$508,242.39 en depósitos no justificados en cuentas de su cónyuge, Ana Ligia Mixco Sol de Saca (punto xii); y US$81,366.43 en ingresos no justificados de la cónyuge (punto xiii), según consta en las páginas 38 y 39 de la resolución. “Se estima que la cantidad no justificada durante el período de ejercicio del señor Saca González, es de US$2,224,389.64”, mientras que “fuera del período de ejercicio, irregularidad señalada con el número (xi) por la cantidad de US$1,745,623.59”, detalla el documento de la CSJ. El total de incremento no justificado asciende a US$3,970,013.23 (US$2,224,389.64 + US$1,745,623.59).

En el caso de la cónyuge, la Sección de Probidad determinó que los depósitos en sus cuentas bancarias (cuenta corriente número 5226750169 del Banco Agrícola S.A. y cuenta de ahorros número 024401000124893 del Banco Citibank) durante el período presidencial sumaron US$667,388.69 (US$580,220.77 + US$87,167.92), contrastados con ingresos reportados al Ministerio de Hacienda por US$159,146.30 (período 2006-2009), generando una diferencia de US$508,242.39 no justificada (página 19). Adicionalmente, la disponibilidad total de la señora de Saca presentó un faltante de US$81,366.43, tras descontar US$3,687.12 comprobados como indemnizaciones del total de US$85,053.55, precisa el informe (página 38).

Estas cifras se suman a las irregularidades detectadas en las cuentas corporativas de las sociedades del Grupo Samix y Promotora de Comunicaciones, donde se identificaron depósitos no registrados en balances por US$685,645.80 (diferencia entre saldo bancario de US$1,019,398.35 y saldo en balance de US$333,752.55 al 31 de diciembre de 2004) y transferencias no justificadas entre sociedades por US$550,000.00 (dos depósitos de Samix S.A. de C.V. a Promotora de Comunicaciones S.A. de C.V.), según la resolución de la CSJ del 23 de febrero de 2016 (páginas 29-30). Los depósitos sustanciales en la cuenta corriente 002210107400 de Saca en el Banco Davivienda durante su gestión (2004-2009) totalizaron US$328,761.91, de los cuales 150 depósitos de US$6,000.00 cada uno sumaron US$900,000.00, todos provenientes de las sociedades Promotora de Comunicaciones S.A. de C.V. y Radiodifusión de El Salvador S.A. de C.V., según el informe de Probidad (página 16).

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Alessia Genoves

Periodista e investigadora y especializada en marketing y redes sociales

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