Por Alessia Genoves
39 veces ha sido prorrogado el Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales. La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó con 57 votos a favor la prórroga, una medida que seguirá vigente del 5 de junio al 4 de julio de 2025, en en curso de la Guerra Contra Pandillas, que ha permitido la reducción de homicidios intencionales desde 496 casos registrados al cierre del año fiscal 2022 hasta 114 homicidios intencionados al cierre del año fiscal 2024, según datos de la Fiscalía General de la República (FGR). Para 2025, hasta marzo se reportan apenas 29 homicidios intencionados.
No obstante, esta medida extraordinaria se mantiene en medio de denuncias de organizaciones de derechos humanos que documentan 414 presuntas muertes en centros penales según la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH), mientras el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, declaró que “ya hemos liberado 8000 personas y vamos a liberar el 100% de inocentes”, reconociendo implícitamente errores en las detenciones masivas implementadas desde marzo de 2022.
La 39º prórroga del Régimen de Excepción
La aprobación de la 39º prórroga del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales se concretó en la Sesión Plenaria Ordinaria No. 57 de la Asamblea Legislativa, donde los diputados procesaron la Pieza de Correspondencia 2-A, que fue aprobada tras ser presentada con dispensa de trámite y sometida a votación nominal y pública. Con 57 votos a favor, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la prórroga número 39 del régimen de excepción, extendiendo los efectos del Decreto No. 333 por un período adicional de 30 días.
El Decreto No. 333, aprobado originalmente en marzo de 2022, establece la suspensión de garantías constitucionales, amparado en el artículo 29 de la Constitución de la República, que define la prórroga del Régimen “siempre y cuando continúen las circunstancias concomitantes que lo motivaren”. Los derechos constitucionales que han sido exceptuados incluyen el derecho de “ser informado de manera inmediata y comprensible, de sus derechos y las razones de su detención” (art. 12, inc. 2º), la extensión del plazo de detención administrativa de “72 horas” a 15 días, y la suspensión del derecho a la no inspección de la correspondencia (art. 24).
Homicidios cayeron al 96%
Datos de la FGR muestran una reducción acumulada que alcanza el 95.7% en el período quinquenal. En 2019, en contraste, El Salvador registró 2,439 homicidios intencionales, estableciendo una tasa promedio mensual de 203 homicidios. La tendencia descendente inició en 2020 con 1,326 homicidios, representando una disminución del 45.6% respecto al año anterior. El descenso continuó en 2021 con un total de 1,162 homicidios, marcando una reducción adicional del 12.4% respecto a 2020.
A partir de 2022, año de implementación del Régimen de Excepción en marzo, la reducción se intensificó dramáticamente. El país registró 496 homicidios intencionales durante todo el año fiscal, lo que implicó un descenso del 57.3% respecto a 2021. El desglose mensual de 2022 muestra una concentración significativa de casos en los primeros meses del año: enero registró 82 homicidios, febrero 76 casos, y marzo alcanzó el pico con 165 homicidios. A partir de abril, las cifras se redujeron drásticamente: abril registró 23 casos, mayo 18, junio 26, julio 17, agosto 19, septiembre 19, octubre 22, noviembre 15 y diciembre 14 homicidios.
La categorización de los homicidios en 2022 revela que la “Delincuencia General” concentró 429 casos del total de 496 homicidios, mientras que la “Intolerancia Social” registró 36 casos y la “Intolerancia Familiar” 31 casos. Esta distribución evidencia que la mayoría de los homicidios estaban vinculados a actividades de criminalidad organizada, justificando las medidas extraordinarias implementadas.
En 2023, El Salvador contabilizó 154 homicidios intencionales, representando una reducción del 69% respecto a 2022. La distribución mensual de 2023 muestra una estabilización relativa: enero registró 13 casos, febrero 13, marzo 11, abril 9, mayo 17, junio 12, julio 9, agosto 16, septiembre 10, octubre 21 (el mes con mayor incidencia), noviembre 7 y diciembre 16 homicidios. La categorización indica que la “Delincuencia General” registró 53 casos, la “Intolerancia Social” 54 casos, y la “Intolerancia Familiar” 47 casos, mostrando una distribución más equilibrada entre las diferentes tipologías.
Para 2024, el país cerró el año fiscal con 114 homicidios intencionales, estableciendo una disminución del 32.5% respecto a 2023. El desglose mensual revela: enero 9 casos, febrero 7, marzo 13, abril 7, mayo 17 (el pico del año), junio 5, julio 15, agosto 20 (segundo pico), septiembre 9, octubre 5, noviembre 6 y diciembre 1 homicidio. La categorización muestra 33 casos de “Delincuencia General”, 34 de “Intolerancia Social”, y 47 de “Intolerancia Familiar”, evidenciando que la violencia intrafamiliar se mantuvo como un componente significativo.
Los datos preliminares de 2025 indican una continuación de la tendencia descendente. Hasta marzo, se reportan 29 homicidios intencionales: enero registró 6 casos, febrero 5 casos, y marzo 7 casos. Para abril y mayo, los registros preliminares indican 6 y 5 casos respectivamente. La proyección anualizada sugiere que 2025 podría cerrar con aproximadamente 70-80 homicidios, manteniendo la tendencia de reducción sostenida.
En el promedio mensual, mientras que en 2019 se registraban 203 homicidios por mes, en 2024 este promedio se redujo a 9.5 homicidios mensuales. Para 2025, el promedio de los primeros cinco meses es de 5.8 homicidios mensuales, lo que proyectado anualmente representaría aproximadamente 70 casos.
ONG’s piden derogar el Régimen, señalan arbitrariedades
Las organizaciones asociadas en el balance de Cristosal, incluyendo el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), junto con el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) y otras instancias internacionales como Justicia Internacional, han solicitado formalmente ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) la derogatoria del Régimen de Excepción. Estas organizaciones fundamentan su petición en el balance de supuestas arbitrariedades documentadas durante los 32 meses de vigencia de la medida extraordinaria.
Las justificaciones presentadas ante la CIDH se basan en el registro de más de 6,305 presuntas denuncias de presuntas vulneraciones a los derechos humanos, según los datos divulgados por Cristosal, que documenta 3,786 denuncias registradas hasta el mes de abril de 2024. El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) ha registrado 1,283 casos, mientras que el Servicio Social Pasionista (SSPAS) reporta 387 casos, Azul Originario (AZO) documenta 354 reportes, la Red de Defensora de Derechos Humanos registra 50 casos y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) contabiliza 383 reportes.
Según el informe conjunto de estas organizaciones, “las detenciones arbitrarias, la falta al debido proceso y el allanamiento de morada son los hechos violatorios más denunciados”, destacando además que “el 75% de los hechos violatorios se señaló como responsables a agentes de la Policía Nacional Civil”. Las organizaciones argumentan que la prolongación indefinida del régimen ha derivado en una institucionalización de prácticas que vulneran el estado de derecho y los principios constitucionales fundamentales.
La petición ante la CIDH también incorpora datos de Amnistía Internacional, cuya interpretación de los hechos acumula 73,000 presuntas vulneraciones a los derechos humanos, en suma a 327 casos de desapariciones forzadas. Esta cifra, correspondiente al contexto situado al 6 de diciembre de 2023, no obstante se aproximaba al total de las detenciones reportadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), que buscaba detener a los 76,600 pandilleros que estaban en libertad desde 2018.
6,305 presuntas vulneraciones a derechos humanos
El Idhuca, que actúa como organización coordinadora de múltiples instancias, ha documentado junto con sus organizaciones aliadas un total de 6,305 denuncias de presuntas vulneraciones hasta abril de 2024. La distribución institucional de estos registros muestra que Cristosal concentra el mayor número de denuncias con 3,786 casos registrados, representando aproximadamente el 60% del total documentado.
Idhuca ha registrado 1,283 casos, constituyendo el 20.3% del total. El Servicio Social Pasionista (SSPAS) documenta 387 reportes (6.1%), Azul Originario (AZO) registra 354 reportes (5.6%), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) contabiliza 383 reportes (6.1%), y la Red de Defensora de Derechos Humanos documenta 50 casos (0.8%).
Las tipificaciones más frecuentes según el informe conjunto de estas organizaciones incluyen “detenciones arbitrarias, la falta al debido proceso y el allanamiento de morada” como los hechos violatorios más denunciados. La responsabilidad institucional muestra que “el 75% de los hechos violatorios se señaló como responsables a agentes de la Policía Nacional Civil”, indicando que la mayoría de las presuntas vulneraciones se concentran en la fase de detención y procesamiento inicial.
Sin embargo, existen inconsistencias significativas en las cifras reportadas por diferentes organizaciones. El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) ha manejado cifras considerablemente superiores, llegando a estimar 30,000 personas inocentes detenidas, según señalamientos de periodistas internacionales. Esta cifra contrasta marcadamente con los 6,305 casos documentados por el conjunto de organizaciones coordinadas por Idhuca, generando cuestionamientos sobre la metodología y verificación de datos.
El SJH ha documentado específicamente 414 presuntas muertes en centros penales desde la implementación del Régimen de Excepción el 27 de marzo de 2022 hasta noviembre de 2024. Esta cifra supera los 224 muertes en cárceles documentadas por Cristosal desde el 27 de marzo de 2022 al 28 de abril de 2024, sugiriendo diferencias en los períodos de medición y criterios de registro. Según declaraciones de Ingrid Escobar, representante legal del SJH, “cerca del 99%” de los fallecidos hasta febrero de 2024 habrían sido clasificados como “colaboradores de pandillas”, mientras que en una entrevista anterior del 28 de diciembre de 2023, la misma representante señaló que el “94% eran inocentes”.
Las condiciones de hacinamiento constituyen un factor crítico en el análisis de vulneraciones. Con más de 82,963 personas detenidas según el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública hasta octubre de 2024, el sistema penitenciario salvadoreño opera significativamente por encima de su capacidad instalada. Por otra parte, los primeros meses del Régimen de Excepción registraron las cifras más altas de detenciones, estabilizándose posteriormente en niveles menores pero sostenidos.
#URGENTE
— Socorro Jurídico Humanitario (@SJHumanitario) May 28, 2025
Lamentamos informar que la cifra de víctimas mortales en el sistema penal sube a 414. Salvadoreños/a que murieron o los mataron sin derecho a una segunda audiencia. #EstadoCriminal 94% de las víctimas no tenía perfil de pandilleros. Muchas de estas muertes presentaban… pic.twitter.com/eLhqaX3owQ
Declaraciones oficiales vs controversias de denuncias
Las declaraciones del presidente Nayib Bukele sobre las liberaciones de personas detenidas durante el Régimen de Excepción han generado un debate público sobre la precisión de las cifras oficiales y las implicaciones de reconocer errores en las detenciones masivas. Durante una conferencia de prensa en Costa Rica el 12 de noviembre de 2024, Bukele declaró: “Ya hemos liberado 8000 personas y vamos a liberar el 100% de inocentes”, estableciendo oficialmente que aproximadamente 8,000 personas han sido sobreseídas por falta de pruebas suficientes para sostener las imputaciones que justificaron su detención.
La cifra oficial contrasta con las estimaciones divulgadas por organizaciones de derechos humanos. La periodista de Canal 33 Costa Rica, Livia Solano, señaló durante la misma conferencia que la organización salvadoreña Socorro Jurídico Humanitario (SJH) estimaba en 30,000 el número de personas inocentes detenidas. La respuesta del mandatario fue contundente, acusando al Socorro Jurídico Humanitario, la Fundación Cristosal y el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir) “de inventar la cifra de 30 mil inocentes detenidos y afirma que estas organizaciones que pertenecen al FMLN”.
Ingrid Escobar, representante legal del SJH, ha ofrecido declaraciones que revelan inconsistencias internas en los propios reportes de la organización. En el programa “Entrevista con Julio Villagrán de TVX”, transmitido el 24 de febrero de 2024, Escobar declaró que “cerca del 99%” de las 236 muertes reportadas en centros penales hasta esa fecha “habrían sido señalados como colaboradores de pandillas”, añadiendo que “a todos les habían puesto colaboradores, ni siquiera les habían puesto homeboys o en proceso de serlo; sino colaboradores de pandillas”.
Sin embargo, en una entrevista anterior divulgada el 28 de diciembre de 2023, la misma representante del SJH ofreció una versión contradictoria, señalando que de las 213 muertes registradas hasta esa fecha, una proporción del 6% eran “perfilados de pandillas” y que el “94% eran inocentes”. Esta inconsistencia en las declaraciones de la misma fuente genera cuestionamientos sobre la confiabilidad de los datos manejados por la organización.
Las autoridades de justicia han respondido a estos señalamientos. El total de personas detenidas es de 82,963 hasta octubre de 2024, según el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJS), mientras que la cifra de personas sobreseídas es de 8,000, según lo indicado por Bukele. La diferencia aritmética es de 74,963 personas que permanecen en el sistema penitenciario.
Esta cifra adquiere relevancia al compararla con la estimación original de 76,600 pandilleros en libertad que cuantificaba la Policía Nacional Civil desde 2018. Si las cifras del presidente son exactas, implicaría que aún existen aproximadamente 1,637 pandilleros en libertad respecto a la estimación original, lo que sugiere un excedente de 6,363 personas detenidas respecto al objetivo inicial del operativo.
Distribución de denuncias de presuntas vulneraciones a los derechos humanos según las organizaciones reportantes hasta abril de 2024.
Por otra parte, el SJH no ha refutado categóricamente la presunción de que existan 30,000 inocentes en el sistema penitenciario salvadoreño, limitándose a declarar que “ningún miembro de la Junta Directiva del SJH son miembros del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)”. La organización ha confirmado que Ingrid Escobar fue parte de los más de 1,700 trabajadores despedidos del sector público, siendo parte de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL) hasta el 29 de octubre de 2021.
Las contradicciones entre las cifras refleja la polarización política en torno al Régimen de Excepción, donde las organizaciones críticas de la medida enfrentan cuestionamientos sobre sus motivaciones políticas, mientras que las autoridades gubernamentales defienden la proporcionalidad de los errores en el contexto de los resultados obtenidos en seguridad ciudadana.
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