32 prórrogas del Régimen baja un 20% los homicidios, deja 328 muertes en cárcel

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Por Alessia Genoves


La Asamblea Legislativa ha aprobado la 32ª prórroga del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales, en un momento en que el informe “Índice Global de Crimen Organizado 2023” de la Organización Global Initiative posiciona a El Salvador en el puesto 52 de 193 países a nivel mundial, con una puntuación de criminalidad de 5.92 sobre 10.

Con 57 votos a favor, el pleno legislativo extendió por 30 días más la suspensión de derechos constitucionales, como la inviolabilidad de correspondencia, el derecho a ser informado de los motivos de detención y la prolongación de la detención administrativa a 15 días. La medida se aprobó con dispensa de trámites mediante la Pieza de Correspondencia 2-A, durante la Plenaria No. 28. El impacto ha reducido al 20.96% la incidencia de homicidios intencionados durante su vigencia, al reducir el registro de los 496 en 2022 a los 104 a septiembre de 2024.

Desde marzo de 2022, el Régimen de Excepción ha resultado en la detención de 73,000 personas acusadas de pertenecer a pandillas, y cerca de 7,000 liberadas por falta de pruebas, según lo detalla el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP). Entre marzo de 2022 y octubre de 2023 se registraron 6,250 denuncias por violaciones a derechos humanos, de acuerdo con instituciones como el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).

Posición de El Salvador en el contexto regional

En el ámbito americano, El Salvador se ubica en el puesto 13 de 35 países, mientras otros países de la región presentan diferentes posiciones: Honduras (6.51 – puesto 36), Guatemala (6.38 – puesto 40), Belice (5.86 – puesto 54), Nicaragua (5.67 – puesto 62), Costa Rica (5.40 – puesto 68) y Panamá (5.17 – puesto 76). Dentro de América Central específicamente, El Salvador ocupa el quinto lugar de 8 países, superado por Honduras, Guatemala, Belice y Nicaragua, pero por delante de Costa Rica, Panamá y México.

La Fiscalía General de la República (FGR) registra 104 homicidios intencionales hasta septiembre de 2024, distribuidos en tres categorías: 32 relacionados con delincuencia general, 33 por intolerancia social y 39 por intolerancia familiar.

El desglose mensual de 2024 muestra una fluctuación significativa: enero comenzó con 9 homicidios, seguido de 8 en febrero, 13 en marzo, una reducción a 7 en abril, un incremento a 16 en mayo, nueva reducción a 8 en junio, aumento a 15 en julio, un pico de 20 en agosto, y una reducción final a 8 en septiembre. Durante 2023, el total anual fue de 154 homicidios, con la siguiente distribución: 53 casos atribuidos a delincuencia general, 54 a intolerancia social y 47 a intolerancia familiar.

Panorama del crimen organizado según Global Initiative

El informe detalla que El Salvador presenta una puntuación de criminalidad de 5.92 sobre 10, compuesta por una puntuación de 5.43 en mercados criminales y 6.40 en actores criminales. La resiliencia institucional del país se califica con 3.21 sobre 10.

Los mercados criminales más preocupantes incluyen la extorsión y cobros ilegales por protección (7.50), el comercio de cocaína (7.50), la trata de personas (7.00), el tráfico de personas (7.00), el tráfico de armas (7.00) y el comercio de cannabis (7.00).

En cuanto a los actores criminales, los grupos de tipo mafioso obtienen la puntuación más alta (8.50), seguidos por los actores integrados en el Estado (7.50) y las redes criminales (7.00).

Índice de Ley y Orden 2023

Índice de Ley y Orden 2023

Kuwait – 98
Singapore – 95
Tajikistan – 95
Norway – 93
Estonia – 91
Finland – 91
Iceland – 91
Kosovo – 91
Luxembourg – 91
Switzerland – 91
Denmark – 90
United Arab Emirates – 90
Vietnam – 90
Bahrain – 89
El Salvador – 89
Indonesia – 89
Portugal – 89
Saudi Arabia – 89
Slovenia – 89
Uzbekistan – 89
China – 88
Egypt – 88
Malta – 84
Philippines – 84
Serbia – 84
Belgium – 83
Canada – 83
Hungary – 83
India – 83
Bosnia and Herzegovina – 82
Kyrgyzstan – 82
Latvia – 82
Northern Cyprus – 82
Slovakia – 82
Somalia – 82
Türkiye – 82
United Kingdom – 82
Australia – 81
Bangladesh – 81
Croatia – 81
Iran – 81
Italy – 81
Poland – 81
Russian Federation – 81
United States – 81
Costa Rica – 73
Honduras – 73
Lebanon – 73
Ukraine – 73
Benin – 72
Paraguay – 72
Senegal – 72
Ghana – 71
Mongolia – 71
Mozambique – 71
Tanzania – 71
Jordan – 68
South Africa – 68
Venezuela – 68
Albania – 67
Bulgaria – 67
Dominican Republic – 67
Guatemala – 67
Armenia – 66
Nicaragua – 66
Angola – 65
Burundi – 63
Central African Republic – 63
Togo – 62
Chad – 59
Zambia – 58
Sierra Leone – 56
Syria – 55
Yemen – 53
Congo (Democratic Republic) – 51
Haiti – 50
South Sudan – 47
Iraq – 47
Libya – 44
Somalia – 41
Sudan – 37

¿Cómo justifican la prórroga?

Un informe de InSight Crime de septiembre de 2023, basado en documentos confidenciales de la PNC, reveló que las tres principales pandillas del país mantenían 54 grupos armados, principalmente en zonas rurales. Los informes policiales de 2023 detallaban que el 33% de los miembros de la MS13 y el 35% de Barrio 18 Sureños permanecían sin capturar; mientras que entre los del Barrio 18 Revolucionarios, existía un 46% de sus integrantes en libertad.

La PNC contabilizaba 76,600 presuntos pandilleros entre los más de 80,000 detenidos bajo el Régimen, según lo detalla el MJSP. Sin embargo, unas 7,000 personas liberadas, por lo que las autoridades estiman cerca de 6,600 pandilleros en libertad, a mediados del mes de octubre de 2024.

Denuncias y muertes bajo custodia

Organizaciones del ODH documentaron 6,250 denuncias por presuntas vulneraciones a derechos humanos durante los primeros 19 meses del Régimen de Excepción. El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) ha registrado 328 muertes en centros penitenciarios desde marzo de 2022, al cierre del mes de octubre de 2024.

El Servicio Social Pasionista (SSPAS), Cristosal y Human Rights Watch han documentado sistemáticamente las “detenciones arbitrarias masivas” desde la implementación del Régimen. Las cifras oficiales confirman que de las 73,000 detenciones realizadas, 7,000 personas han sido liberadas tras comprobarse que fueron detenciones sin fundamento legal, después de permanecer varios meses privados de libertad.

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