Por Alessia Genoves, Neftalí Pereira y Carlos Arita
Unas 114 personas han sido detenidas por participar en más de 5,373 casos de estafas que resultaron en la sustracción de más de US6 millones. La Fiscalía General de la República (FGR) identificó a los detenidos como “mulas financieras”, al prestar sus cuentas bancarias para recibir depósitos y transferir fondos a otras cuentas bancarias en actividades de dinero, hallazgos identificados en la operación denominada “Escudo Azul”.
“Se presentaron 1,894 requerimientos contra personas que prestaban sus cuentas bancarias para casos de estafa”, identificadas como mulas financieras en el esquema delictivo, según lo indicó el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Confirmó que La estructura operaba desde cárceles extranjeras, particularmente desde el centro penitenciario de Cóndita en Colombia, donde más de 101 teléfonos móviles permanecían activos para ejecutar las estafas.
Unos 1,327 requerimientos fiscales casos se encuentraban, al mes de noviembre, en etapa de instrucción con detención provisional, 300 casos fueron procesados con medidas alternas a la detención y 267 resultaron en sentencias condenatorias. La FGR identificó que la “red conformada con 549 integrantes de Colombia, Ecuador, Venezuela, Guatemala, Honduras y otros países, quienes por medio de redes sociales usaron distintas modalidades para estafar, hurtar y lavar el dinero de las víctimas”, operaba mediante una estructura jerárquica con roles definidos para el reclutamiento, administración y movilización de recursos ilícitos.
Estafadores operaban desde cárcel colombiana
La estructura criminal transnacional ejecutaba las operaciones de estafa desde el centro penitenciario de Cóndita en Colombia, según confirmó el ministro Gustavo Villatoro durante conferencia de prensa. El funcionario explicó que “ningún servicio puede ser solicitado de algún código +57, que es código país de Colombia; código +52, que es de México; y código +502, de Guatemala, que han sido de los más de 375 números que hemos identificado que tiene esta organización criminal en la cárcel colombiana”.
La tecnología de rastreo proporcionada por autoridades estadounidenses permitió determinar la ubicación exacta del origen de las llamadas fraudulentas. Villatoro detalló que “la última información que nos han dado los hermanos estadounidenses nos confirma que en esta cárcel colombiana hay más de 101 teléfonos encendidos de donde están haciendo este tipo de llamadas, como hermandad policial nos hemos comunicado con policías de República Dominicana, Honduras, Guatemala, Argentina y Perú, donde está ocurriendo este mismo fenómeno”.
El fiscal general Rodolfo Delgado confirmó que “desde enero de 2024, a través de la Dirección Contra el Crimen Organizado, la Fiscalía identificó una nueva modalidad de engaños ejecutada principalmente desde el extranjero, mediante el uso de redes sociales”. Las investigaciones establecieron que no existe presencia de carteles ni estructuras criminales extranjeras operando en territorio salvadoreño, tratándose de delincuentes operando desde cárceles en Colombia.
Falsas ofertas laborales
La estructura criminal contactaba a víctimas que ofrecen productos o servicios en redes sociales, simulando interés laboral o comercial mediante videollamadas y amenazas para obtener datos familiares y simular secuestros exigiendo dinero. El ministro Villatoro explicó el procedimiento: “Llaman a una persona que brinde servicios varios, los citan en algún lugar despoblado y cuando llegan, le hacen creer a otros familiares que los están secuestrando y piden cierta cantidad de dinero. Hemos detectado que esto proviene de una cárcel colombiana”.
El modus operandi consistía en llamar a fontaneros, electricistas o personas con oficios diversos, citándolos en lugares generalmente despoblados. Durante el tránsito, los delincuentes extraían información mediante preguntas sobre el vehículo utilizado, vestimenta y acompañantes. Villatoro describió que “cuando ya llegan al lugar despoblado, le dicen a la persona, mirá, somos del cartel Jalisco Nueva Generación, te tenemos rodeado, te tenemos secuestrado. Si querés liberarte, tenés que entregar esa cantidad de dinero, apagá el teléfono y empiezan ellos a hablar con la familia de la persona”.
“Falsas ofertas laborales, venta de productos, inversiones, préstamos, maletas” como señuelos, es el modus operandi de las estructuras de estafa, tal y cómo lo describió la FGR. En casos escalados, la red procedía a la extorsión mediante videollamadas donde “simulaban secuestros y exigían dinero que luego movían mediante cuentas bancarias compradas, casas de cambio y criptomonedas”. El fiscal general Delgado aclaró que “estos criminales manipulan la percepción de la persona para hacerle creer que está en peligro, pero nunca existe un riesgo real. Es un montaje psicológico para obtener dinero”.
Lavado de US$6 millones con criptomonedas y cuentas bancarias prestadas
El dinero sustraído era movilizado a través de prestacuentas, casas de cambio y criptomonedas hacia el exterior. La investigación de la FGR, iniciada en mayo de 2025, determinó que la estructura criminal transnacional “hurtó, estafó y movilizó” aproximadamente US$6 millones, los cuales fueron convertidos en criptoactivos y enviados a diversas billeteras digitales. La red utilizaba plataformas de criptomonedas como Binance y Bingx para lavar el dinero, moviendo los fondos a través de una compleja cadena de transacciones que dificultaba su rastreo.
La estructura estaba organizada jerárquicamente con roles específicos: cabecillas o jefes que tomaban decisiones estratégicas, administradores transnacionales ciudadanos colombianos que “reclutaban, dirigían y controlaban al personal operativo; además, creaban páginas falsas de empleo, gestionaban cuentas bancarias y criptomonedas”, y administradores nacionales que “proporcionaban sus cuentas bancarias, supervisan a las mulas financieras, controlaban el flujo de dinero y recibían comisiones por transacciones y remesas”.
El ministro Gustavo Villatoro explicó la pirámide organizacional: “dentro de la pirámide organizacional de esta estructura criminal, de último están las denominadas mulas financieras. Resulta ser un colectivo bastante grande de salvadoreños que sabiendo que no es una actividad lícita, habían prestado su cuenta de ahorros para recibir dinero, ya que la evidencia más grande sobre-cae en esta parte”.
Segunda fase de operación Escudo Virtual ejecuta 51 órdenes de captura
La FGR y la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó la segunda fase del caso denominado Escudo Virtual, girando 51 órdenes de captura contra varios sujetos involucrados en la estructura digital dedicada a hurtar, estafar y lavar dinero. Esta estructura utilizaba redes sociales para reclutar personas que servirían de enlace para transferir dinero en cuentas bancarias a través de bancas electrónicas. Entre los capturados se encuentra una persona de nacionalidad colombiana, otra mexicana y el resto son salvadoreños, operando bajo el mando de cabecillas, reclutadores, mulas financieras y receptores.
La cantidad sustraída por estos sujetos asciende a US$215,000. Gran parte de este dinero fue convertido a criptoactivos y vinculado a billeteras digitales, otra parte fue utilizada para hacer compras y movimientos en efectivo y realizaron varias transferencias entre bancos para perder rastros. Durante el procedimiento se realizaron varios registros que resultaron en la incautación de 16 teléfonos, cuatro laptops, seis tarjetas de débito, una libreta de ahorro, cuatro USB, una CPU y un disco duro.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional contra 124 sujetos acusados de extorsión agravada, lavado de dinero y activos, y agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública. La investigación inicial señala que los imputados integran una estructura transnacional que, mediante diversas modalidades informáticas, extorsionaba a las víctimas y posteriormente lavaba el dinero a través de cuentas bancarias y billeteras digitales. Entre los acusados se encuentran ocho ciudadanos colombianos, un venezolano y cuatro guatemaltecos. La juzgadora determinó que existen suficientes elementos probatorios para que el proceso continúe a la siguiente etapa procesal y fijó un plazo de instrucción de dos años, conforme a las recientes reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado.
“Mulas financieras” enferentan juicio
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) estableció criterios jurisprudenciales en la aplicación de medidas cautelares y valoración de pruebas en casos de estafa informática. En el expediente 141-S-2021, resuelto el 3 de mayo de 2022, la Corte actuó como autoridad central para la cooperación internacional en el caso de la empresa GO4REX, procesada por el delito de Estafa Informática del artículo 10 de la Ley Especial contra Delitos Informáticos y Conexos (LECDIC) en perjuicio de JARMG y GMADA. La CSJ, basándose en la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, recibió y remitió a la Fiscalía la documentación enviada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, conteniendo información y pruebas recolectadas en el extranjero relacionadas con el proceso penal 708-UDPP-2020-ST y 769-UDPP-2020-ST.
En el expediente 267-2022, de la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro, con fecha del 26 de agosto de 2022, se analizó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía contra la resolución del Juzgado Quinto de Paz de San Salvador que había decretado medidas sustitutivas a la detención provisional para los imputados SGHB, AAHT y JCV, atribuyéndoles el delito de Estafa Informática en calidad de cómplices necesarios en perjuicio de CACY, tipificado en el artículo 10 literal b) de la LECDIC. La Fiscalía argumentó que la juez de paz no fundamentó suficientemente la decisión de otorgar medidas alternativas, señalando que no se presentó documentación para establecer los arraigos de los imputados SGHB y AAHT, y existían inconsistencias en los lugares de detención reportados. La Cámara admitió la apelación, considerando que el recurso cumplía con los artículos 452, 453 y 464 del Código Procesal Penal, procediendo al análisis de la fundamentación de la medida cautelar.
En el expediente APN 176-23, de la Cámara de la Tercera Sección de Occidente, con fecha del 14 de agosto de 2023, se resolvió un recurso de apelación contra la decisión de la Jueza Primero de Paz de Ahuachapán que denegó la detención provisional del imputado GVGM, atribuyéndole los delitos de estafa informática y provisión indebida de bienes o servicios en perjuicio del Ministerio de la Defensa Nacional y subsidiariamente de la víctima “Clave Azul”.
La jueza de primera instancia había impuesto medidas cautelares alternas, considerando que no existía peligro de fuga basándose en los arraigos domiciliar y familiar del imputado, la naturaleza patrimonial no violenta del delito, la falta de antecedentes penales y que las cantidades defraudadas de US$15,664.13, aunque cuantiosas, no justificaban por sí solas la prisión preventiva. La Fiscalía apeló argumentando el peligro de fuga y de obstaculización de la investigación, señalando que el imputado conocía a la víctima y que el monto defraudado equivalía a más de cuarenta salarios mínimos. La Cámara confirmó las medidas alternas, añadiendo una caución económica por un monto similar al defraudado, que debía ser rendida en un plazo de treinta días.
267 estafadores condenados
Los 1,894 requerimientos fiscales presentados contra las mulas financieras muestran un avance procesal en la persecución penal de estos individuos que prestan sus cuentas bancarias a cambio de un porcentaje de las ganancias ilícitas. Las estadísticas proporcionadas por la FGR detallan que 1,327 casos se encuentran en la etapa de instrucción con detención provisional, 300 casos han sido procesados con medidas alternas a la detención y 267 casos resultaron en sentencias condenatorias.
El fiscal general Rodolfo Delgado afirmó que “muchas de estas cuentas bancarias han sido prestadas por los titulares para recibir fondos y posteriormente enviar los fondos al extranjero. Esto constituye un delito, estas personas también han sido parte de esta estructura criminal y serán puestas a las órdenes de los juzgados de nuestro país”.
El Juzgado Primero de Paz de Soyapango celebró audiencia inicial contra José Manuel H. F., de 19 años, acusado por el delito de estafa en perjuicio de Rubén Antonio C. C., de 52 años. El pasado 15 de febrero, el ofendido decidió comprar un teléfono celular a través de redes sociales, solicitándosele depositar US$550 a la cuenta bancaria del imputado, sin embargo, el aparato nunca fue entregado. La jueza decidió enviar el caso a instrucción, aplicando medidas alternas a la detención consistentes en presentarse cada 15 días ante el Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango, mantener su actual domicilio en San Vicente, evitar todo acercamiento con la víctima y pagar una caución financiera de US$1,000.
El Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango celebró audiencia inicial contra Andrea Alexandra V. S., de 21 años, acusada del delito de estafa en perjuicio de Carlos Guillermo M. C., de 30 años. Los hechos ocurrieron el 8 de mayo del presente año, cuando la víctima buscaba adquirir un teléfono celular con la empresa Movil Store S. A., depositando US$370 a una cuenta bancaria a nombre de la imputada. Durante la audiencia se conoció que Andrea Alexandra proporcionó su número de cuenta bancaria para recibir los depósitos, siendo este el modo de operar de la mencionada empresa para realizar la presunta estafa. La jueza resolvió instrucción formal con medidas alternas a la detención, consistentes en presentarse el día 30 de cada mes ante el Juzgado Segundo de Instrucción de Soyapango, mantener su domicilio actual, no salir del territorio nacional y abstenerse de relacionarse con personas de dudosa reputación.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango resolvió abrir la etapa de instrucción con medidas alternativas a la detención contra Marvin Alexander R. R., de 24 años, procesado por el delito de estafa en perjuicio de Mercedes Elizabeth F. B. La víctima recibió un mensaje de una supuesta amiga que le aseguró haberle enviado objetos de valor desde Estados Unidos, por un monto aproximado de US$20,890, exigiéndole depositar US$5,900 en dos cuentas bancarias, una de ellas perteneciente al imputado. La víctima realizó la transacción, pero desde el 7 de mayo de 2024 perdió contacto con la persona, cuyo número telefónico provenía aparentemente de Filipinas. La resolución judicial establece que el imputado deberá presentarse el día 15 de cada mes ante el Juzgado Primero de Instrucción de esta misma jurisdicción, abstenerse de salir del país y cancelar una caución económica de US$300.
“No existe riesgo físico”: Rodolfo Villatoro
El ministro Villatoro enfatizó que “en este país no existen carteles de droga, ni secuestros, ni secuestradores” y que “ante estas estafas telefónicas no existe ningún riesgo físico”. El titular del Ministerio de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, reafirmó que “como Gabinete de Seguridad, le estamos garantizando la vida, la paz y la tranquilidad a nuestro pueblo salvadoreño. Esto es fácil de entender: las estadísticas en materia de seguridad han demostrado el control que tiene el Estado sobre su territorio”.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele declaró que “en El Salvador NO HAY SECUESTROS, y tampoco hay carteles de la droga. Lo que ha habido son ESTAFAS TELEFÓNICAS realizadas desde una cárcel en Colombia. No hay ningún riesgo real. La solución es sencilla: NO PAGAR”.
El fiscal general Delgado reiteró a la población salvadoreña que “no están solos. Denunciar sí funciona. La Fiscalía está actuando con inteligencia, tecnología y cooperación internacional. Hago énfasis en que las personas no depositen, ni transfieran dinero”. El funcionario afirmó que “estamos frente a una organización criminal transnacional que ha movilizado millones de dólares y que hoy se encuentra plenamente identificada, investigada y bajo persecución penal”.
El ministro Villatoro señaló que “prestar la cuenta, recibir dinero que uno no se ha ganado, quedarse con una parte, transferir ese dinero o mandarlo para el Sur no es normal. Detrás de estas actividades hay una organización criminal y quienes han prestado sus cuentas colaboren para decirnos quiénes los reclutaron y así en conjunto golpear estas organizaciones”. El fiscal general hizo un llamado a la población: “hacemos el llamado a la población de que no se queden con el engaño, invitamos a que acudan a presentar la denuncia correspondiente”, subrayando el compromiso institucional de “proteger la economía y garantizar la tranquilidad de las familias salvadoreñas”.
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