Por Alessia Genoves
El Salvador concentra el 36.6% de las vulneraciones a derechos humanos de personas LGBT en América Latina, según el informe “Evidenciando la violencia por prejuicio hacia personas LGBT en Centroamérica”, presentado por organizaciones defensoras. En respuesta, la Universidad Centroamericana “José Simoón Cañas”, y representantes de organizaciones trans celebraron un Tribunal Simbólico para evidenciar la negación de derechos y el incumplimiento de la sentencia 33-2016/195-2016 de la Sala de lo Constitucional por parte de la Asamblea Legislativa, que ordena reformar la Ley del Nombre de la Persona Natural (LNPN), en favor del derecho al nombre coherente con la identidad sexual de las personas trans.
Desacato constitucional y obstáculos institucionales
La sentencia 249-2022 de la Sala de lo Constitucional fue emitida en febrero del año 2022, y reconoce la demanda de in-constitucionalidad parcial en contra de la Asamblea Legislativa, al legislar una Ley del Nombre que no reconozca el derecho al nombre de las personas trans. Según la institución judicial, existe un “trato discriminatorio no justificado” y “lesivo a la dignidad humana” por la“omisión parcial”.
No obstante, en septiembre de 2022, la Sala admitió un Recurso de Amparo, en respuesta de un proceso de registro y cambio de nombre por parte de la Unidad de Estado Familiar de la Alcaldía de San Salvador, bajo las observaciones de su anterior titular, Juan José Azucena Catán, y su representante legal. Los demandantes alegaron que no existen las condiciones legales para dar lugar a un cambio de nombre a favor de las personas trans, al no existir una ley secundaria que lo respalde, y al no cumplirse la resolución de la Sala de lo Constitucional.
«En tal sentido, asevera que si bien es cierto que se ha reconocido el derecho de la persona al cambio de nombre por razones de identidad de género, este Tribunal concedió el plazo de un año para que el Órgano Legislativo efectuara la reforma a la ley secundaria. Dicho plazo aún se encuentra vigente y la Asamblea Legislativa no ha realizadola modificación a la LNPN, por lo que “… no se cuenta con una disposición en el ordenamiento jurídico salvadoreño que determine los parámetros o condiciones bajo los cuales se permita realizar dicho cambio, los cuales a su vez garanticen la seguridad jurídica de la persona”», cita la sentencia de Amparo 249-2022 de la CSJ.
La Resolución de Amparo sucedió a la omisión de su deber por parte de la Unidad de Estado Familiar de la Alcaldía de San Salvador, que estancaría el procedimiento de cambio de nombre y de género en los documentos de identidad, ordenado por el Juzgado Primero de Sentencia y el Tercero de Sentencia de San Salvador a favor de las demandas emitidas por la abogada Karla Guevara y el activista Aldo Alexánder Peña, respectivamente.
No obstante, demandas exclusivas al cambio de nombre han transcurrido, en el caso de la ciudadana Bianka Rodríguez; y de la ciudadana Verónica López. Ambos casos respondieron a las demandas que fueron resueltas en el año 2022. E, inclusive, la organización Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con VIH (Comcavis Trans) que preside Bianka, se ha dedicado a la formación y sensibilización del Centro Nacional de Registro (CNR), para facilitar la tramitación de los documentos de identidad a personas LGBT.
Por si fuera poco, “en El Salvador por ahora no se cuenta con una ley de identidad de género que sea específica en el reconocimiento de la autopercepción del sexo y género de la ciudadanía salvadoreña”, señala, en su resolución, el acta del Tribunal Simbólico. Según sostiene, ésta omisión estaría en perjuicio al artículo 3 de la Constitución que “reconozca expresamente la garantía a que nadie debería emprender discriminación en razón del género y de la identidad de las personas”.
Vulneraciones LGBT
Si bien, los homicidios LGBT muestran una reducción constante, en lo que va del año 2024 se reporta al menos un homicidio a una persona trans. De acuerdo con los datos de la Federación Salvadoreña LGBT (Feslgbt), en 2017 se reportaron 26 homicidios; en 2018, la cifra decreció a las 16; en 2029, la cantidad se redujo a 10 y en los años 2020 y 2021 la cantidad fue de 8 homicidios, cada uno; mientra que en 2022, la cantidad fue de 2 homicidios, una cifra menor a las anteriores, pero que aumentaría en 2023, con los 6 homicidios evidenciados por el Informe anual 2023 sobre Homicidios de Personas LGBT en América Latina, elaborado por la Red Sin Violencia de América Latina.
Es de hacer notar que el registro de la Feslgbt general de homicidios es coherente con el registro general de homicidios intencionados. De acuerdo con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), el registro ha decrecido en consonancia con la aplicación del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales y en paralelo con la Guerra Contra Pandillas. Siendo que, desde 2022, el registro fue de 496 homicidios; en 2022, de 154 homicidios y en lo que va del mes de enero a septiembre de 2024, el registro ya es de 104 homicidios intencionados.
Del total de seis homicidios de personas LGBT fueron registrados en El Salvador durante el año 2023, la Red Sin Violencia circunscribe un total de 364 homicidios de personas LGBT fueron documentados en 10 países de América Latina y el Caribe durante 2023, lo que representa un aumento del 5.5% en comparación con el año 2022. Según el informe, las mujeres trans fueron las más afectadas con 146 casos, seguidas por los hombres cis gay con 129 casos. Se registraron 31 casos de mujeres cis lesbianas, 24 de hombres cis bisexuales y 10 de hombres trans.
Además, se reportaron 3 casos de mujeres cis bisexuales y 2 de personas no binarias. En 19 casos no se pudo determinar la orientación sexual o identidad de género específica de las víctimas. El informe detalla los métodos o armas empleados en los homicidios. Las armas de fuego fueron las más utilizadas, con 142 casos. Los objetos cortantes o punzantes se usaron en 46 casos, mientras que el ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación se empleó en 20 ocasiones.
La fuerza corporal fue el método en 14 casos, y los objetos romos o sin filo en 8. Otros objetos no especificados se utilizaron en 25 casos. En 109 casos, el método no pudo ser determinado o especificado. Los crímenes se perpetraron en diversos espacios. La mayoría, 155 casos, ocurrieron en espacios abiertos, calles o transporte público. Los domicilios particulares fueron escenario de 83 homicidios. Dieciséis casos se registraron en establecimientos comerciales o públicos no residenciales, mientras que 10 ocurrieron en hoteles o moteles.
Seis homicidios tuvieron lugar en prisiones o instituciones penales, y uno en un entorno de atención institucional. Seis casos más ocurrieron en otros lugares no especificados. En 87 casos, el lugar de ocurrencia no pudo ser determinado.
El Régimen de Excepción
En el contexto del Régimen de Excepción, implementado desde marzo de 2022, diversas organizaciones han documentado graves violaciones a los derechos humanos. La Fundación Cristosal ha registrado 3,612 víctimas, mientras que el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) reporta 1,091 víctimas. La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) documenta 344 víctimas, el Servicio Social Pasionista (SSPAS) 281, y la Fundación Amate reporta 50 víctimas específicamente LGBT.
Del total de 5,775 víctimas registradas, el 52.54% son jóvenes entre 19-30 años. La mayoría de las víctimas, el 83.81%, se identifican como hombres, mientras que el 15.36% se identifican como mujeres. Se han documentado 24 casos de personas trans y 95 de diversas orientaciones sexuales, lo que subraya la vulnerabilidad particular de estos grupos.
Las principales violaciones reportadas incluyen detenciones ilegales o arbitrarias, que representan el 28.59% de los casos, seguidas por faltas al debido proceso con un 7.60%, allanamiento de morada con 4.54%, y tratos crueles, inhumanos y degradantes o tortura con 4.29%. Estas cifras reflejan un patrón sistemático de violaciones a los derechos fundamentales.
La Policía Nacional Civil (PNC) es señalada como la principal responsable de estas violaciones, siendo implicada en el 74.87% de los casos. Las acciones conjuntas de la PNC y la Fuerza Armada representan el 14.74% de los casos, lo que sugiere una militarización de la seguridad pública con graves consecuencias para los derechos humanos.
El expediente judicial 2652-4A3-18 documenta el caso de Yasuri Orellana (2017). El Tribunal Primero de Sentencia de Zacatecoluca dictó sentencias de 66 años para Edwin Geovanni Méndez y 60 años para Aníbal Alfredo Melara y Carlos Antonio Molina. El caso de Camila Díaz Córdova (2019) resultó en condenas de 20 años para Valentín Rosales Carpio, Jaime Geovanny Mendoza y Luis Alfredo Avelar por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador.
El expediente 467-183-19 registra el caso MAHC (2014), donde siete miembros de la Mara Salvatrucha fueron condenados por el Tribunal Primero de Sentencia de San Luis Talpa. El Juzgado 2° de Sentencia de Santa Tecla condenó a José Elías Morales Hernández a 25 años por el asesinato de Alexa Landaverde (2022). La Corte Suprema de Justicia sentenció a Juan Carlos Hernández Vásquez a 20 años por el homicidio de Anahí Miranda Rivas (2019).
Retrocesos institucionales
En mayo de 2024, la Asamblea Legislativa asumió una nueva legislatura, con una contracción de 84 a 60 diputados, en cumplimiento con una reforma a la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa, aprobada en 2023. En el ejercicio de sus facultades, durante la celebración de la Primera Sesión Plenaria, estableció la disolución de la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género, así como otras 21 comisiones legislativas, pasando de 30 a tan sólo 8 Comisiones, tras una nueva reforma a la Ley Orgánica.
Las acciones de 2024 replicarían las de mayo de 2021, cuando la Asamblea celebró su nueva legislatura, con el resultado de las Elecciones Legislativas de febrero de 2023. Para entonces, la Comisión archivó más de 30 propuestas legislativas sobre derechos de mujeres y personas LGBT, incluyendo una Ley de Identidad de Género.
Mónica Linares, cofundadora de Aspidh Arcoíris Trans, enfatiza: “Nuestra organización no se define como marxista ni partidaria, sino como una entidad que vela por los derechos de las personas LGBTIQ+”. Según la organización, ésta realidad institucional se contraría con el artículo 3 constitucional y tratados internacionales ratificados por El Salvador, incluyendo la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de San José y el Protocolo de San Salvador, que garantizan derechos fundamentales independientemente de la identidad de género.
About The Author
Descubre más desde Diario Fuentes
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
COMENTARIOS (0)