Por: Alessia Genoves
Othon Sigfrido Reyes Morales posee un patrimonio de $472,464.04 dólares no justificados, que le implican en la comisión del delito de enriquecimiento ilícito junto con su grupo familiar. La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador admitió la denuncia emitida por la Fiscalía General de la Repúblixa (FGR) y define un incremento en la estimación del patrimonio no justificado en más de $99,280.95 respecto a los $373,183.09 de la Cámara de diciembre de 2019. Las imputaciones refieren a su participación política en la Asamblea Legislativa, en 2016, hasta fungir como Presidente de la misma, de 2011 a 2015.
#Audiencia I Hoy, se lleva a cabo la Audiencia Probatoria contra el exfuncionario Sigfrido Reyes Morales y su grupo familiar.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) November 21, 2024
En este proceso civil, la @FGR_SV solicita a la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador que Reyes y los procesados devuelvan al Estado $472,464.04.… pic.twitter.com/2VXjymJOGg
No obstante, las controversias más vigentes contra Sigfrido Morales y su grupo familiar se remiten a las resoluciones admitidas por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), desde mayo de 2018, de acuerdo con los expedientes 2-R-2018 y 37-2905-2018. Por otra parte, Reyes Morales es también acusado penalmente de cometer los delitos de peculado y estafa; el primero en perjuicio de la administración pública, cuando fue diputado de la Asamblea Legislativa (2006-2011) y Presidente del Organismo Promotor para Importaciones y Exportaciones de El Salvador (Proesa), beneficiándose de $106,080.38. Y segundo, lo implicaría con afectaciones contra el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa).
Aumento de patrimonio no justificado
En la resolución inicial de 2019, la Cámara determinó que Reyes acumuló un patrimonio no justificado de $285,634.12 dólares, mientras que a su grupo familiar se le atribuyó un monto de $87,548.97, para un total de $373,183.09 dólares. Este análisis se basó en informes financieros y patrimoniales realizados por Probidad, que señalaron irregularidades en propiedades adquiridas, depósitos bancarios y transacciones realizadas entre 2006 y 2015, según detalló la FGR.
Sin embargo, en 2024, las investigaciones ampliadas revelaron nuevas inconsistencias. Según la sentencia actualizada, el patrimonio no justificado de Reyes asciende ahora a $362,180.50, mientras que el de su esposa y familiares suma $110,283.54. Este aumento, que representa una diferencia de $99,280.95 dólares, incluye la identificación de movimientos bancarios y adquisiciones de bienes inmuebles que no habían sido previamente registrados.
En contraste, el informe oficial remitido por el Estado salvadoreño en 2024 a los Relatores de Naciones Unidas sobre la Independencia Judicial y la Verdad Judicial sostuvo los datos de 2019, citando $373,183.09 como el monto total de patrimonio no justificado atribuido al exdiputado y su grupo familiar.
Es de añadir que Reyes ha sido imputado por el delito de enriquecimiento ilícito; y que la Fiscalía General de la República ha retenido inmuebles valorados en $946,950.12 dólares; y cuentas bancarias más cinco depósitos a plazo fijo, que suman un monto de $414,829.24 dólares. La responsabilidad civil estimada responde al período 2006-2015, tiempo durante el que fue diputado propietario y presidente de la Asamblea Legislativa.
La nueva resolución detalla un incremento sobre las responsabilidades individuales de cada uno de los implicados. En el caso de Sigfrido Reyes Morales, se le atribuían inicialmente unos $362,180.50 como enriquecimiento ilícito; pero, actualmente, el monto aumenta a los $459,714.00. Este monto incluye depósitos sin justificación en sus cuentas bancarias y la compra de inmuebles adquiridos a través de transacciones consideradas irregulares.
Otros familiares, enfrentaban imputaciones por un total de $17,533.29 dólares, relacionados con bienes y fondos provenientes de actividades vinculadas al círculo financiero del exdiputado. Sin embargo, ésta última estimación dineraria cambiaría, pues involucra a “su esposa, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, por la suma de $12,000.00 dólares”; mientras que a su hijo, “Luis Damián Reyes Rodríguez, por la suma de $750.00 dólares, con respecto a la adquisición de un vehículo”.
Sigfrido Reyes: “Peculado, Lavado de Dinero y Estafa”
Además del caso civil, Reyes enfrenta cargos penales que complican aún más su situación jurídica. Entre las acusaciones más graves se encuentra el delito de peculado por un monto de $106,080.38, relacionado con Proesa. Según la FGR, Reyes desvió fondos públicos destinados a proyectos de promoción económica hacia gastos personales.
De acuerdo con el informe del Ejecutivo de 2021, Reyes Morales, “del 1 de junio de 2006 al 31 de enero de 2011, siendo diputado de la Asamblea Legislativa,realizó 39 viajes al extranjero en concepto de misión oficial, ejecutando un gasto de$113,994.13“. Y añade, entre las observaciones de la FGR, que “del 1 de febrero de 2011 al 13 de mayo de 2015, ostentando el cargo depresidente de la Asamblea Legislativa, realizó 69 viajes en concepto de misiones oficiales,efectuando un gasto $188,531.50“.
En adelante, Reyes Morales fue nombrado como Presidente de Proesa, “en el período del 20 de junio de 2015 al 1 de junio de 2019”, cuando “efectuó 52 misiones oficiales al exterior, percibiendo $123,936.77 en concepto de viáticos”. De modo que las actividades ejecutadas por el ex-diputado implicaron que el mismo fuera a “colocar, estratificar eintegrar esas ganancias en el sistema económico a través de la apertura de cuentas bancarias yproductos financieros en general; adquisición de inmuebles; yconstitución de sociedades“, estando una de ellas vinculada a actividades de narcotráfico, al ser utilizada para legalizar inmuebles propiedad una persona procesada por el delito de “Tráfico ilícito de drogas”, siendo esto una acción propia del delito de “Lavado dedinero y activos”
Finalmente, el delito de estafa agravada contra el Ipsfa se suma a la lista de imputaciones. Según los fiscales, Reyes habría facilitado transacciones irregulares en la adquisición de inmuebles y otros bienes “a un costo muy por debajo del precio de mercado”, perjudicando las finanzas del instituto, privilegiándose de su cargo. La FGR deduce sus observaciones de la información remitida de la institución, declaraciones del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios (IVA); informes emitidos y suscritos por el Jefe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, entre otras.
Reyes huye por “persecución política”
Desde que iniciaron las investigaciones en su contra, Sigfrido Reyes ha rechazado todas las acusaciones, calificándolas como una “persecución política” dirigida por el gobierno actual. En una declaración difundida en 2024 desde México, donde reside bajo asilo político, Reyes afirmó: “Esto no es justicia, sino una vendetta política diseñada para desacreditar a quienes lucharon por un mejor El Salvador”.
El exdiputado también ha sostenido que las auditorías realizadas durante su gestión fueron aprobadas sin observaciones por la Corte de Cuentas de la República, argumentando que las imputaciones actuales carecen de sustento jurídico. Sin embargo, documentos oficiales de la FGR y la Cámara Segunda de lo Civil contradicen estas declaraciones, señalando múltiples irregularidades en el manejo de fondos públicos y privados.
La verdad quedó a la vista en la audiencia! La persecución política iniciada por magistrados inescrupulosos y corruptos de la CSJ en el año 2019, y recrudecida por Raúl Melara, un fiscal sin principios, se basó siempre en patrañas, falsedades y violaciones a la ley y a los DD.HH. https://t.co/7lDWCMkqqh
— Sigfrido Reyes (@sigfridoreyes) November 23, 2024
El 15 de enero de 2020, la FGR emitió el Oficio 121012020, ordenando a la OCN – Interpol la captura internacional de Reyes. Desde entonces, ha evitado regresar a El Salvador, complicando los esfuerzos de las autoridades por procesarlo judicialmente.
La resolución de noviembre de 2024 refuerza las acciones legales contra Reyes y su grupo familiar, ampliando las responsabilidades financieras y penales en su contra. Con un creciente número de pruebas y órdenes de captura vigentes, el futuro legal del ex-diputado parece cada vez más incierto, mientras que las autoridades buscan recuperar los fondos públicos presuntamente malversados.
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