Por Alessia Genoves
Romina Escobar, una mujer trans conocida en redes sociales, fue detenida y posteriormente liberada en agosto de 2024 tras denunciar haber sido víctima de agresión y robo. La misma persona que ella acusó, identificado como Víctor de la O, la denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunta comisión de los delitos de “robo y amenazas agravadas”. El caso se suma a una serie de incidentes que involucran a mujeres trans en El Salvador, incluyendo detenciones por acusaciones de hurto y otros delitos.
#AudienciaInicial | Durante la audiencia realizada hoy, contra Hamlet Rafael de Paz Escobar, conocido como ‘Romina’, el juez Sexto de Paz de San Salvador ha ordenado el sobreseimiento definitivo, luego que la supuesta víctima se retractara de la denuncia interpuesta.
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— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) August 27, 2024
Caso Romina
El 14 de agosto de 2024, Romina Escobar realizó una denuncia pública a través de sus redes sociales, afirmando haber sido víctima de agresión y robo. En su declaración, Escobar señaló: “Me ultrajaron, me asaltaron justo en mi oficina. Hay una cámara de seguridad; esperemos que funcione. El agresor es Víctor de la O. Lo sé porque llevaba un carnet de su trabajo, un carnet rojo. El auto era verde, con placa 6892.” Escobar también refirió que, en ese momento, se encontraba en una delegación para interponer la denuncia formal.
El 27 de agosto de 2024, la FGR anunció que había presentado un requerimiento contra Hamlet Rafael de Paz Escobar, conocida como Romina Escobar, acusándola de robo y amenazas agravadas. Según el informe de la FGR, “el pasado 13 de agosto Escobar se subió al vehículo de la víctima, quien prestaba servicios de transporte particular, y amenazó al conductor con un arma blanca para que le entregara dinero.”
La FGR detalló que habían “realizado todas las diligencias necesarias, incluyendo el seguimiento de la placa del vehículo en el que se transportaba la víctima desde el Salvador del Mundo hasta la 79 Avenida Norte, mediante cámaras del sistema Argus, para ubicarlo en tiempo, lugar y forma.” También solicitaron a la plataforma Uber el reporte de los movimientos de la víctima.
La Audiencia Inicial se llevó a cabo en el Juzgado Sexto de Paz, donde el resultado fue un sobreseimiento definitivo para Escobar por los dos delitos atribuidos. La FGR explicó que “en relación con el delito de amenazas con agravación especial, la víctima clave Bruno revocó la instancia, manifestando no querer continuar con el proceso. En cuanto al delito de robo, la víctima se retractó de la denuncia que había interpuesto ante la Policía Nacional Civil.”
Tras su liberación, Romina Escobar expresó su satisfacción y se dirigió nuevamente a sus seguidores en redes sociales, declarando: “Se hizo justicia tal cual, y pues síganme en mis redes sociales y háganme la más famosa.”
🚨 El Juzgado Sexto de Paz de S.S. decretó sobreseimiento definitivo a la tiktoker Romina Escobar que era acusada de robo y amenazas, tras conciliación entre las partes.
“Muchas gracias a la gente que ha confiado en mí…se hizo justicia”dijo Romina. @ElMundoSV pic.twitter.com/u4LRovY0SJ
— Leonardo Cerón (@leonardoc1_) August 27, 2024
Más “polémica”
Este incidente no es el primero en el que Romina Escobar se ve involucrada con las autoridades. En 2023, estuvo detenida en las bartolinas de la Policía Nacional Civil (PNC). Según sus propias declaraciones del 25 de septiembre de 2022, “el 27, del mes pasado, durante la madrugada, me ingresaron a bartolinas por un pequeño error que me costó mucho más de lo que me había imaginado. A los dos días, me entregaron, para venir a encontrarme aquí, en el lugar en el que vivo, en el que alquilo, y me robaron todos los ahorros de mi vida.”
Escobar denunció que le habían hurtado $5,000 USD en efectivo, más otros $1,000 USD equivalentes en artículos, incluyendo un celular iPhone y audífonos inalámbricos. Identificó al presunto autor como Miguel Alexander Mejía Mira, un vecino que alquilaba en el mismo lugar. La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la detención de Mejía Mira el 6 de octubre de 2022, acusado del hurto denunciado por Escobar.
Es importante destacar que estas detenciones no están directamente relacionadas con el ejercicio del trabajo sexual, que no es ilegal en El Salvador. Sin embargo, el artículo 36 de la Ordenanza Contravencional de San Salvador sanciona con multas de 300 a mil colones el Comercio Sexual, y el artículo 171 del Código Penal sanciona las exhibiciones obscenas.
Mujeres trans y los delitos de hurto
Además del caso de Romina, existen otros incidentes documentados que involucran a mujeres trans en casos de hurto y otros delitos en El Salvador. Kevin Francisco Merino Beltrán, una mujer trans, fue condenada a 45 años de prisión por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Según la Fiscalía General de la República, “la participación de Merino Beltrán en los delitos implicados, se remiten en los años 2015 a 2017; además de sus antecedentes en los delitos de hurto agravado en 2016.” El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado determinó esta pena tras valorar las pruebas presentadas.
La sentencia 293-2-2016 AC del Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, emitida en mayo de 2017, hace referencia a la participación de una mujer trans/travesti en el delito de extorsión agravada. El documento indica que el Tribunal condenó a una persona identificada como “P***”, cuyo nombre de nacimiento no se especifica, por su participación en este delito.
La sentencia NC-31-2021 de la Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro de San Salvador también menciona la participación de otras mujeres trans identificadas como “travestis” en el delito de hurto agravado. Según el documento, los imputados JRBS, JIMA y EAMR o MAMR, quienes fueron absueltos del delito, fueron identificados por la víctima como “dos travestis” que lo interceptaron y le quitaron sus pertenencias mediante violencia.
Detenciones durante el Régimen de Excepción
Durante el Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales en El Salvador, se reportaron detenciones de personas LGBT, incluyendo mujeres trans. Según la organización AMATE El Salvador, se identificaron hasta 37 personas LGBT detenidas, algunas de ellas de forma arbitraria.
Ever Pacheco, representante de una organización LGBT, declaró a la periodista Alessia Genoves: “Estamos de acuerdo con que haya un nuevo proyecto sobre la seguridad. Nadie está en contra de ese derecho. Más, sí existen violaciones a los derechos humanos hacia las personas LGBT. Y, gracias a Dios, hemos conocido también que han sido liberadas ya, dos compañeras ya han sido absueltas de esos casos. Estuvieron aproximadamente casi 6 meses, en los cuales se le llevó un proceso, en los cuales tuvieron que sufrir… según cuentan sus experiencias ellas, sufrieron mucho.”
Un caso específico es el de Keiri Mena, una mujer trans detenida el 8 de mayo de 2022. Según su sobrina Carolina, “Respecto a las acusaciones, nosotros fuimos a la Procuraduría General de la República (PGR), y nos indicaron de que ya ese proceso, que ya no se le aplicaba. Solamente tenía los cargos de agrupaciones ilícitas, nada más. Entonces, ya le desligan de todas las cosas que se le acusaban, que era extorsión, vínculos con pandillas y todo eso, que quedó literalmente desvinculado.”
Seguridad y derechos humanos
La situación de las mujeres trans en El Salvador, especialmente en relación con el sistema de justicia, plantea preguntas sobre el equilibrio entre seguridad y derechos humanos. Bianka, representante de una federación LGBT, declaró: “Nosotras, como Federación, hemos sido claras y contundentes en que no estamos en contra de las políticas de seguridad. Sin embargo, sí estamos en contra de que se priorice la seguridad sobre los derechos humanos. No nos pueden ofrecer seguridad y des-protegiendo los derechos humanos. Tienen qué ir las dos cosas de la mano, para que las personas LGBT se sientan seguras en éste país.”
Según el informe de AMATE y la Fundación Cristosal titulado “Un año bajo el Régimen de Excepción: una medida permanente de represión y de violencia a los derechos humanos”, no se identificaron personas fallecidas de la población LGBTQ+ durante el Régimen de Excepción. Sin embargo, esto contrasta con las 37 personas de diversidad sexual y genérica que fueron detenidas durante este período, según el registro de la Fundación AMATE El Salvador.
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