Por: Neftali Hernandez Pereira
Rebeca Saraí Ponce Peñalba, vinculada a la pandilla 18 Revolucionarios, fue condenada a seis años de prisión por actos preparatorios y conspiración para organizaciones terroristas, según sentencia del Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
#JusticiaSV ⚖️| 𝗦𝗲𝗶𝘀 𝗮𝗻̃𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗶𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗺𝘂𝗷𝗲𝗿 𝘃𝗶𝗻𝗰𝘂𝗹𝗮𝗱𝗮 𝗮 𝗹𝗮 𝗽𝗮𝗻𝗱𝗶𝗹𝗹𝗮 𝟭𝟴 𝗱𝗲 𝗡𝘂𝗲𝘃𝗼 𝗟𝗼𝘂𝗿𝗱𝗲𝘀
— Centros Judiciales El Salvador (@JuzgadosSV) May 22, 2025
El juez uno del Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a Rebeca Saraí Ponce Peñalba a seis… pic.twitter.com/9d0ISnfOKf
Durante un operativo en Nuevo Lourdes en 2022, Ponce Peñalba fue detenida con evidencias digitales que la vinculaban a la pandilla 18, incluyendo fotos y videos con miembros de la estructura criminal, según la Fiscalía.
El Juez Uno del Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió la sentencia condenatoria contra Ponce Peñalba por el delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en el marco de organizaciones terroristas. La resolución judicial se fundamentó en pruebas periciales que establecieron su participación directa con la pandilla 18 Revolucionarios, estructura catalogada como terrorista por las autoridades salvadoreñas.
El tribunal determinó que las evidencias presentadas por el Ministerio Público confirmaron el vínculo activo de la acusada con la organización criminal. El material multimedia incautado durante su detención constituyó el elemento probatorio central para establecer su responsabilidad penal en los hechos investigados.
Los hechos del caso
Los acontecimientos que derivaron en la condena de Ponce Peñalba ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, Colón, conocido como Nuevo Lourdes. Agentes de la Policía Nacional Civil ejecutaron un control preventivo en la zona, durante el cual detuvieron a la acusada junto a dos personas adicionales.
La intervención policial se produjo tras denuncias de vecinos del sector, quienes identificaron a las personas detenidas como integrantes de estructuras pandilleriles que operaban en el territorio. Los residentes proporcionaron información a las autoridades sobre las actividades sospechosas que observaron en el área.
Durante el procedimiento de detención, los agentes incautaron un teléfono celular perteneciente a Ponce Peñalba. El análisis forense del dispositivo reveló la presencia de fotografías y videos que la mostraban junto a miembros reconocidos de la pandilla 18 Revolucionarios.
El material digital incluía grabaciones donde la acusada aparecía documentando actividades del grupo criminal. Estas evidencias fueron trasladadas al laboratorio de criminalística para su análisis técnico y posterior incorporación al expediente judicial como prueba de cargo.
La Fiscalía General de la República utilizó este material como base de su acusación, argumentando que las imágenes y videos demostraban la participación activa de Ponce Peñalba en las operaciones de la estructura terrorista. Los peritos forenses confirmaron la autenticidad del material y establecieron la cadena de custodia correspondiente.
Contexto del Régimen de Excepción
La condena de Ponce Peñalba se produce en el marco del Régimen de Excepción implementado por el gobierno salvadoreño desde marzo de 2022. Esta medida extraordinaria ha modificado los procedimientos judiciales y las garantías procesales para combatir las estructuras criminales del país.
El Ministerio de Seguridad y la Fuerza Armada registran más de 75,000 detenciones ejecutadas bajo la vigencia del Régimen de Excepción. Las cifras oficiales indican que las operaciones se han extendido a todos los departamentos del territorio nacional, con particular énfasis en zonas controladas por pandillas.
El régimen suspendió garantías constitucionales como el derecho a la defensa, el plazo máximo de detención administrativa y la inviolabilidad de las comunicaciones. Estas modificaciones han permitido a las fuerzas de seguridad ampliar sus facultades de investigación y detención preventiva.
Las autoridades judiciales han adaptado sus procedimientos para procesar el alto volumen de casos generados por las detenciones masivas. Los tribunales especializados en crimen organizado han incrementado sus jornadas de trabajo para atender la demanda procesal.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han documentado casos de personas detenidas sin vínculos comprobados con estructuras criminales. Estas entidades han solicitado revisiones de los expedientes para garantizar que las detenciones cumplan con estándares probatorios adecuados.
Estrategia judicial y pruebas digitales
La sentencia contra Ponce Peñalba refleja la estrategia judicial adoptada por los tribunales salvadoreños para procesar casos vinculados a pandillas. Los jueces han priorizado el uso de evidencias digitales como elemento probatorio central en estos procesos.
También de manera simultánea se realizó una incursión conjunta con la @PNCSV, @FGR_SV y @FUERZARMADASV, en Ciudad Delgado, San Salvador, desarticulando una clica de la pandilla 18 Revolucionarios. pic.twitter.com/AtXkauHnFM
— Comando Azul 🇸🇻 (@ComandoESA) October 21, 2021
El análisis de dispositivos electrónicos se ha convertido en herramienta fundamental para establecer vínculos entre acusados y estructuras criminales. Los peritos forenses examinan teléfonos celulares, computadoras y otros equipos para extraer información relevante a las investigaciones.
Tenemos el firme compromiso de limpiar el país y erradicar ese cáncer que por décadas carcomió a nuestra sociedad.
— Gustavo Villatoro 🇸🇻 (@Vi11atoro) July 12, 2024
El trabajo coordinado de nuestra @PNCSV y la @FGR_SV es crucial para avanzar en la lucha contra el crimen.
Divisiones especializadas llevaron a cabo la operación… pic.twitter.com/KclRIltkhR
Esta metodología ha permitido identificar roles no tradicionales dentro de las organizaciones pandilleriles, incluyendo funciones de logística, comunicación y apoyo operativo. Las mujeres vinculadas a estas estructuras frecuentemente desempeñan labores de coordinación y transmisión de información entre células.
Los tribunales han establecido que la participación en actividades de conspiración y actos preparatorios constituye delito independiente, aún cuando no se materialicen acciones violentas directas. Esta interpretación legal amplía el espectro de conductas punibles relacionadas con organizaciones terroristas.
La Fiscalía ha desarrollado protocolos específicos para el manejo de evidencias digitales, incluyendo procedimientos de extracción, análisis y presentación ante los tribunales. Estos protocolos buscan garantizar la validez legal del material obtenido de dispositivos electrónicos.
Antecedentes de la pandilla 18 Revolucionarios
La pandilla 18 Revolucionarios forma parte del conjunto de estructuras criminales catalogadas como terroristas por la legislación salvadoreña. Esta clasificación legal permite la aplicación de penas más severas y procedimientos judiciales especializados contra sus integrantes.
#Allanamiento I La @FGR_SV ha ordenado un allanamiento en la vivienda de Levid Aarón Siguenza Siguenza, ubicada en una residencial en Zaragoza.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 6, 2024
De acuerdo a las investigaciones, este sujeto es miembro activo de la Pandilla 18 revolucionarios de la cancha Santa Eugenia, Tribu… pic.twitter.com/o163WcOONk
La organización mantiene presencia territorial en varios municipios del país, donde ejerce control social y económico sobre las comunidades. Sus actividades incluyen extorsión, tráfico de drogas, homicidios y reclutamiento forzado de menores de edad.
FGR -PNC realizan este día un operativo a nivel nacional contra la pandilla 18 revolucionarios, se han girado 224 ordenes de captura, por los delitos de Agrupaciones Ilícitas, Homicidio, Extorsión, Limitación a la Libertad de Circulación etc. @TN21sv @1077Fuego pic.twitter.com/PqoSGWbM41
— Roxana Ruiz (@_RoxanaRuiz) July 24, 2018
Las autoridades de seguridad han identificado la estructura jerárquica de la pandilla, que incluye líderes nacionales, regionales y locales. Cada nivel mantiene responsabilidades específicas en la operación criminal y el control territorial.
Los investigadores han documentado el uso de tecnología por parte de estos grupos para coordinar actividades ilícitas. Las comunicaciones digitales, redes sociales y aplicaciones de mensajería forman parte del arsenal operativo de las pandillas modernas.
La respuesta estatal ha incluido operaciones de inteligencia para desarticular las redes de comunicación y financiamiento de estas organizaciones. Los resultados judiciales como la condena de Ponce Peñalba forman parte de esta estrategia integral contra el crimen organizado.
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