Norman Quijano detenido por ICE en Texas. Condenado tras pactar con maras

Por Alessia Genoves

Norman Noel Quijano González, ex-presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador y ex-candidato presidencial por el partido ARENA en 2014, fue detenido el 6 de marzo de 2025 por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un centro de detención de Texas. La detención administrativa responde a una orden de deportación tras ser condenado en ausencia por la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador a 13 años y 4 meses de prisión por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, derivados de negociaciones documentadas con las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Mara 18 durante su campaña presidencial de 2014.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas audiovisuales, testimoniales y documentales que acreditaron la entrega de US$100 mil a estructuras pandilleriles a cambio de apoyo electoral, configurando los delitos bajo la figura de “concurso ideal medial”. Por otra parte, en el proceso de ante-juicio, iniciado por la Asamblea Legislativa, varios ex-funcionarios fueron acusados ante las acciones que responden a Norman Quijano; entre ellos, fue citado el ex-diputado del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y fórmula presidencial, René Portiillo Cuadra; así como el empresario y financista de su plan de gobierno, Miguel Ángel Simán.

The shadowy rise of Donald Trump's favorite president: Nayib Bukele https://t.co/BNXwDeRPwH

— USA TODAY (@USATODAY) May 29, 2025

Quijano con orden de deportación

Según información revelada por USA Today el 29 de mayo de 2025, la detención de Quijano se produjo días antes de que la administración Trump retirara los cargos contra César Humberto López-Larios, líder de la MS-13 conocido como uno de los “12 Apóstoles del Diablo”. El medio estadounidense documentó que Quijano “huyó de El Salvador en 2021, horas antes de que expirara su inmunidad parlamentaria, y solicitó asilo político en Estados Unidos”.

https://isolatedcompliments.com/r1ij5uepu?key=25cdf3e3175b355ba2b66fcb61d0f4behttps://isolatedcompliments.com/r1ij5uepu?key=25cdf3e3175b355ba2b66fcb61d0f4beLa investigación periodística establece que Quijano “fue condenado en ausencia por buscar apoyo de la MS-13 y la pandilla Barrio 18 en una fallida candidatura presidencial de 2014 con el partido conservador ARENA”. El reporte indica que el político de 78 años “es uno de los funcionarios salvadoreños de más alto rango condenados por vínculos con pandillas en procesos que, según los expertos, se han centrado en la oposición y han respetado a los asociados de Bukele”.

Una fuente cercana a Quijano declaró al medio estadounidense que “el político había pagado por el apoyo de las pandillas en su campaña de 2014, pero fue superado por el FMLN, el entonces partido de Bukele, que pagó más del doble de lo que Quijano pudo recaudar“. El ex-candidato presidencial perdió por un margen estrecho, obteniendo el 49.89% de los votos en la segunda vuelta electoral.

https://isolatedcompliments.com/r1ij5uepu?key=25cdf3e3175b355ba2b66fcb61d0f4behttps://isolatedcompliments.com/r1ij5uepu?key=25cdf3e3175b355ba2b66fcb61d0f4beEl juez salvadoreño Godofredo Miranda dictaminó en febrero de 2020 en un caso relacionado que podía “inferir” que las negociaciones con pandillas del FMLN en 2014 “impactaron particularmente en las elecciones para alcalde de San Salvador en ese momento”, cargo que ganó Nayib Bukele antes de romper posteriormente con el partido. Miranda escribió en su fallo: “Por lo tanto, es obligatorio verificar la existencia de cualquier contacto estrecho entre la pandilla MS y el actual Gabinete”.

Proceso penal contra Quijano

La Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador emitió una condena unánime de 13 años y 4 meses de prisión contra Norman Quijano por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas. La decisión judicial también lo inhabilitó para ejercer el cargo que ostentaba en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) hasta mayo de 2024.

Según la FGR, el fallo se basó en “1) los hechos probados a través de la evidencia presentada, 2) la participación delincuencial comprobada de Quijano, y 3) la calificación jurídica de los delitos cometidos”. El tribunal determinó que durante el juicio se presentaron “pruebas audiovisuales, testimoniales y documentales que acreditaron que Quijano, cuando era candidato presidencial por ARENA en 2014, entregó $100 mil a las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Mara 18 a cambio de apoyo electoral”.

La representación fiscal detalló que “hubo desfiles de pruebas de vídeo, de audio, de prueba testimonial, documental, que acreditan que hubo una entrega de dinero: US$100,000 dólares; siendo US$50,000 a la MS-13, US$25,000 a la M-18 Revolucionaria y US$25,000 a la M-18 Sureña”. Los magistrados condenaron a Quijano bajo la figura de “concurso ideal medial” entre ambos delitos, considerando que las entregas de dinero a las pandillas configuraron simultáneamente fraude electoral y agrupaciones ilícitas.

La Fiscalía fundamentó sus acusaciones en documentación e instrumentos de prueba que fueron presentados durante el proceso de desafuero en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa en la legislatura 2018-2021. Las evidencias se obtuvieron mediante la “Operación Cuscatlán” en 2015, que incluyó vigilancia e intervención de comunicaciones privadas, según consta en el documento cifrado “REF. 9-UIF-2013”.

Entre las pruebas audiovisuales se encuentra un video de 27 minutos de duración grabado durante un encuentro entre Quijano y el pastor Nelson Valdez, presidente de la Red Nacional de Pastores. Aunque las voces no se escuchan claramente, “se alcanza a percibir la mención de algunos temas como ‘tregua con pandillas’, ‘reuniones con pandilleros’ y problemas sociales relacionados”, según describió la representación fiscal.

El pastor Nelson Valdez declaró que “el encuentro sí se llevó a cabo con miembros de pandillas, en el año referido por la representación fiscal, es decir, 2014”. Por su parte, el ex-vicepresidente de ARENA, René Alfredo Portillo Cuadra, declaró ante la Comisión Política que “se percató de hostigamientos a simpatizantes de su partido el día de las elecciones presidenciales de 2014, presuntamente, por parte de miembros de pandillas en los centros de votación”.

El testimonio del ex-alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, resultó particularmente relevante para la acusación. Ruano admitió ante la FGR haber participado en reuniones con líderes de pandillas junto a otros dirigentes de ARENA, como Ernesto Muyshondt. Según su declaración, “se habría solicitado una cantidad cercana a los US$180 mil o US$200 mil dólares ‘para movilizar y gestionar votos mediante los grupos pandilleros’ a favor de Quijano en las elecciones de 2014″.

Norma Quijano y su “Plan País”

Los fondos utilizados en las negociaciones con pandillas formaban parte del “Plan País”, una propuesta gubernamental que Quijano incluyó en su campaña presidencial de 2014. El programa fue elaborado con apoyo del empresario Miguel Ángel Simán, quien según declaraciones ante la Comisión Política, dispuso de 100 millones de dólares para el proyecto.

Simán especificó que “de ese monto global, se contemplaban partidas para programas de ‘re-inserción y rehabilitación penitenciaria’, por alrededor de US$100 millones”. Esta cifra coincide con lo que presuntamente Norman Quijano habría ofrecido a la MS-13, según la hipótesis fiscal. La FGR sostiene que “en las reuniones grabadas entre Norman Quijano y la pandilla, el candidato presidencial habría ofrecido a la MS-13 invertir US$100 millones fondos públicos en beneficio de los grupos delictivos”.

La representación fiscal estableció que el ofrecimiento se realizó “a cambio de votos y no agresiones contra simpatizantes de ARENA”, configurando así los elementos del delito de fraude electoral. El monto era parte de lo contemplado en la propuesta gubernamental contenida en el denominado “Plan de País”, según se detalló ante la Comisión Política de la Asamblea Legislativa.

Quijano, la Asamblea y el desafuero

El proceso de retiro de inmunidad parlamentaria de Quijano se desarrolló a través de múltiples etapas en la Asamblea Legislativa. Inicialmente, el requerimiento fiscal pasó a la Comisión de Antejuicio durante la legislatura 2018-2021, pero el desafuero no se concretó hasta la siguiente legislatura de 2021-2024.

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa analizó las pruebas presentadas por la FGR y concluyó que “se cumplen los requisitos constitucionales y legales” para retirar la inmunidad al funcionario. Esta determinación se basó en que existía “una alta probabilidad de éxito en el procesamiento del acusado, por los delitos señalados por la representación fiscal, según el análisis de las pruebas presentadas”.

Pero, durante su comparecencia virtual ante la Comisión Política, Quijano negó las acusaciones en su contra, explicando que se trató de “una reunión con un grupo de pastores, donde habían dos o tres personas que estaban en fase de rehabilitación”. El ex-candidato agregó: “pero nunca ofrecimos nada, nunca nos comprometimos con nada, más que con el Plan País, que era mi Plan de Gobierno”.

La Comisión Política recomendó finalmente a la Asamblea Plenaria aprobar el dictamen para retirar la inmunidad al diputado Norman Quijano, “a fin de que enfrente en juicio los señalamientos de haber pactado con las pandillas MS-13, mediante pagos millonarios y promesas de beneficios gubernamentales, a cambio de obtener votos y apoyo de dichos grupos delictivos para su elección como Presidente de la República”.

Tras el retiro de la inmunidad parlamentaria en diciembre de 2021, la FGR presentó sus requerimientos ante la Cámara Primera de lo Penal el 12 de enero de 2022, solicitando fijar audiencia contra Norman Quijano y sus representantes.

La Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador programó inicialmente la emisión del fallo para el 9 de abril, según información de expedientes judiciales. Durante el proceso, la FGR presentó “la prueba documental, pericial y testimonial que fue admitida en la audiencia preliminar, para estos delitos”. La Fiscalía sostuvo que Quijano “realizó negociaciones ilícitas, precisamente en las cuales hizo ofrecimientos a estas pandillas” antes de la segunda vuelta electoral de 2014.

La representación fiscal argumentó que “en ambos casos, él estaba pidiendo que ellos le ayudaran a conseguir votos, y ellos le ayudaran a la segunda vuelta. Por eso se configura el delito de fraude electoral, y el de agrupaciones ilícitas”. La FGR insistió en que Quijano “sea condenado por ambos delitos”, fundamentando su petición en las evidencias recopiladas durante la Operación Cuscatlán.

Posteriormente, la FGR calificó a Norman Quijano como “prófugo de la justicia” al no presentarse a las audiencias pactadas, a pesar de mantener participación virtual en sesiones del Parlamento Centroamericano. Su paradero permaneció desconocido hasta su detención por ICE en marzo de 2025, después de haber solicitado asilo político en Estados Unidos tras huir de El Salvador en 2021.

La FGR reiteró que “de acuerdo a las evidencias encontradas por FGR, entre ellas videos y fotografías, Quijano negoció con las pandillas para recibir sus votos a cambio de brindar beneficios a estas estructuras delincuenciales que atemorizaban a la población”. La condena de 13 años y 4 meses de cárcel, sumada a la inhabilitación política, pone fin a una carrera que data desde 1988 como Gerente de Acción Social de la Alcaldía de San Salvador.

El historial político de Quijano incluye su desempeño como Alcalde Municipal de San Salvador desde 2009 a 2015, diputado por el departamento de San Salvador en los períodos de 1994 a 2009, 2015 a 2018, de 2018 a 2021, y finalmente como diputado del PARLACEN desde 2021 a 2024. La sentencia judicial también establece que Norman Quijano no podrá participar en la administración pública durante el período de condena.

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Alessia Genoves

Periodista e investigadora y especializada en marketing y redes sociales

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