Por Alessia Genoves
La Declaración de Coatepeque ha sido firmada entre el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y su homólogo de la República de Costa Rica, Rodrígo Chávez Robles, para consolidar el plan de seguridad “Escudo de las Américas”. El instrumento de cooperación busca el combate coordinado contra la criminalidad transnacional, incluyendo el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas y el lavado de activos, mediante el intercambio operativo, de inteligencia y de experiencias en materia de seguridad pública.
La ceremonia de firma se desarrolla en un contexto en el que, según el Observatorio de la Violencia del Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica, el país registró 879 homicidios dolosos durante el año 2024, lo que implica una reducción del 3.09% respecto a los 907 homicidios documentados en 2023. En contraste, la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador reporta una reducción acumulada del 95.2% en homicidios intencionados entre 2019 (2,398 casos) y el cierre del año fiscal 2024 (114 casos), durante los 45 meses de vigencia del Régimen de Excepción. El comparativo del período enero a octubre muestra una caída del 78.0%, al pasar de 323 homicidios intencionados en 2022 a 71 en 2025.
Paralelamente, organizaciones de la sociedad civil, como el Socorro Jurídico Humanitario (SJH), el Servicio Social Pasionista (SSP), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y la Fundación Cristosal han documentado 462 presuntas muertes en centros penitenciarios desde el inicio del régimen en marzo de 2022. En el ámbito jurídico, el presidente Nayib Bukele declaró en noviembre de 2024, durante su visita a Costa Rica, que “ya hemos liberado 8,000 personas y vamos a liberar el 100% de inocentes”, en referencia a sobreseimientos de delitos y medidas cautelares durante el Régimen de Excepción.
Declaración de Coatepeque y Escudo de las Américas
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, estructuró su intervención en tres ejes retóricos principales: la caracterización del crimen como una entidad transnacional desterritorializada, la oferta de experiencia operativa como bien de intercambio bilateral y la delimitación explícita de la no injerencia en asuntos internos.
Bukele insistió en la necesidad de la alianza contra el crimen organizado, afirmando textualmente: “El crimen no tiene fronteras. El crimen no se detiene porque hay una frontera. El crimen actúa transnacionalmente, se financia transnacionalmente, se coordina transnacionalmente. Las drogas que son producidas en un país son transportadas por otro, son terminadas en otro, empacadas en otro y vendidas en otro. El crimen trabaja como una sola red coordinada, pero los países no”.
También Bukele posicionó el capital simbólico de la transformación salvadoreña en seguridad, señalando: “Convertimos al país más inseguro del mundo, literalmente el país más inseguro del mundo en el país más seguro de todo el hemisferio occidental y ahora mucho más seguros que países de Europa que jamás hubiéramos pensado que El Salvador iba a ser más seguro que esos países”.
Sin embargo, este ofrecimiento de experiencia viene acompañado de una cláusula de autolimitación soberana: “Eso el pueblo de Costa Rica es que decidirá qué futuro quieren para su país. Nosotros no podemos ayudar en eso… pero en lo que si podemos ayudar es en nuestra experiencia, en nuestra experiencia en el combate a la criminalidad, el nuestra experiencia en el desmantelamiento de las estructuras criminales, nuestra experiencia en el manejo de sistemas penitenciarios, nuestra experiencia en las reformas de ley necesarias”.
Bukele también hizo una defensa del modelo de toma de decisiones nacional, recordando: “nosotros en El Salvador exigíamos que se nos permitiera hacer lo que teníamos que hacer… Y nosotros decíamos, ‘Déjennos que nosotros, los salvadoreños apliquemos las recetas que nosotros sabemos que van a funcionar en nuestro país’. Por ende, lo mínimo que debe hacer Costa Rica es lo mismo”.
El presidente costarricense, Rodrigo Chávez Robles, reconoció los logros del presidente Bukele en la política de Seguridad, y compartió una crítica institucional doméstica y la adopción eficacia salvadoreña como contramodelo útil. Inició su alocución con un agradecimiento por la ayuda humanitaria salvadoreña durante el huracán Rafael, destacando: “Costa Rica expresa todavía y lo hará por años el agradecimiento profundo al pueblo salvadoreño y a usted personalmente por el apoyo que nos dio con sus brigadas… Ustedes no pidieron nada. No tuvo cálculo político, señor presidente, no tuvo pretextos. Lo que tuvo fue valentía para ser solidario”.
Chávez criticó a las instituciones de justicia y seguridad de Costa Rica, utilizando anécdotas específicas para ilustrar disfuncionalidades. Citó el caso de un fiscal que, ante un individuo apuntando con un AK-47, argumentó: “No lo puedo meter a juicio un juez porque yo no sé, no tengo prueba de que ese AK47 no es de juguete”. También mencionó un video de un legislador hablando de vender cocaína, donde “el fiscal de Costa Rica… dijo, ‘¿Y cómo sabe yo que eso no es talco?’”.
“Un cáncer detectado a tiempo requiere una cirugía o tal vez ni siquiera cirugía, pero una cirugía menos agresiva. Estamos a tiempo. Ellos tuvieron que tomar medidas extremas porque la situación es extrema”, dijo Chávez. Su discurso también confrontó las críticas internacionales recibidas por ambos mandatarios, utilizando una analogía deportiva:
“Hay gente que confunde las reglas del juego de fútbol con el marcador. La democracia son las reglas del juego, no el marcador. El marcador es el resultado del esfuerzo… Si el señor ganó 80 a 10… es que jugó mejor el partido, no es que fue dictador”. Finalizó expresando que el acuerdo “siembra en mi corazón la esperanza de que algún día no solo logremos como ya usted lo hizo, por controversial que sea, pero lo hizo, controlar el crimen y las mafias y los asesinos dentro de su sociedad”.
Costa Rica con más de 880 homicidios a 2024
El informe del “Análisis de homicidios dolosos, 2024” del Observatorio de la Violencia, dependiente del Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica, establece que durante el ciclo anual completo se registraron 879 víctimas de homicidio doloso. Esta cifra representa una disminución numérica de 28 casos y una reducción porcentual del 3.09% con respecto al año 2023, que había cerrado con 907 homicidios según la presentación del Organismo de Investigación Judicial.
La distribución semestral muestra 433 eventos ocurridos entre enero y junio, y 446 eventos entre julio y diciembre. De modo que hubo 800 hombres (91% del total) frente a 79 mujeres (9% del total). Cabe destacar que aproximadamente el 30% de los homicidios de mujeres (alrededor de 24 casos) se concentraron en los meses del último trimestre del año (octubre, noviembre, diciembre). La distribución por rangos de edad revela que el 60% de las víctimas (aproximadamente 527 individuos) tenían edades comprendidas entre los 15 y los 35 años. La edad de las víctimas osciló entre los 0 y los 84 años.
Respecto al modus operandi, el arma de fuego fue el instrumento predominante, utilizado en más del 70% de los casos a lo largo del año, continuando una tendencia ascendente que se consolidó a partir de los años 2018-2019. En cuanto al móvil o supuesta causa, la categoría denominada “ajuste de cuentas”, que agrupa motivos de venganza o carácter profesional (vinculado frecuentemente al crimen organizado y narcotráfico), concentró 627 casos, equivalentes al 74% del total anual (879).
El segundo móvil en importancia fue “riña o discusión”, con 120 casos, que representa el 13% del total. El análisis de patrones temporales señala que el promedio diario de homicidios en 2024 fue de 2.72. Los días de mayor letalidad fueron el 12 de febrero, el 31 de marzo y el 21 de diciembre, con 9 homicidios cada uno. El 15 de septiembre registró 8 homicidios. La distribución por día de la semana muestra que los fines de semana concentraron la mayor cantidad de eventos: sábado (146 víctimas), domingo (149 víctimas), sumando 295 casos que representan el 33.56% del total anual.
Los lunes registraron 126 víctimas, los martes 112, los miércoles 114, los jueves 119 y los viernes 113. El análisis horario confirma que la mayoría de los hechos ocurrieron en el rango de la noche y la madrugada. Geográficamente, las provincias con mayor incidencia fueron San José, Puntarenas y Limón. A nivel distrital, el distrito central de Limón registró la cifra más alta con 57 homicidios, seguido por el distrito San Felipe de Alajuelita y Hatillo de San José, cada uno con 24 homicidios.
El Salvador: 2024 con 114 homicidios
La base de datos de la Fiscalía General de la República de El Salvador, titulada “Homicidios Intencionados, datos de la Fiscalía General de la República (FGR) de enero 2022 a agosto 2025”, junto con los datos diarios de la Policía Nacional Civil (PNC), detallan que desde el año 2019, con 2,398 homicidios intencionados registrados. En 2020, la cifra descendió a 1,341 casos, lo que implica una reducción absoluta de 1,057 víctimas y una variación porcentual interanual del -44.08%. Para el año 2021, la FGR documentó 1,147 homicidios, representando una disminución de 194 casos respecto a 2020 (-14.47%) y una reducción acumulada del -52.17% frente a 2019.
La implementación del Régimen de Excepción, decretado en marzo de 2022, resultó que al año fiscal 2022 cerró con un total de 496 homicidios intencionados. Esto significa una caída de 651 casos (-56.76%) comparado con 2021 y una reducción de 1,902 casos (-79.32%) respecto a 2019. La desagregación por categorías para 2022 fue la siguiente: 429 homicidios por “Delincuencia General” (86.49% del total anual), 36 por “Intolerancia Social” (7.26%) y 31 por “Intolerancia Familiar” (6.25%).
El año fiscal 2023 finalizó con 154 homicidios intencionados, lo que constituye una reducción de 342 casos (-68.95%) en relación con 2022. La distribución por categorías en 2023 mostró un cambio significativo: 53 casos por Delincuencia General (34.42%), 54 por Intolerancia Social (35.06%) y 47 por Intolerancia Familiar (30.52%). El año fiscal 2024 reportó 114 homicidios intencionados, una disminución de 40 casos (-25.97%) frente a 2023. La composición categórica para 2024 fue: 33 homicidios por Delincuencia General (28.95%), 34 por Intolerancia Social (29.82%) y 47 por Intolerancia Familiar (41.23%).
El análisis del período enero-octubre, que permite una comparación interanual homogénea, revela una reducción aún más pronunciada. Entre enero y octubre de 2022 se registraron 323 homicidios intencionados. Para el mismo período de 2025 (datos hasta octubre), la cifra es de 71 homicidios. Esto representa una disminución absoluta de 252 casos y una reducción porcentual del -78.02%. El promedio mensual de homicidios decayó de aproximadamente 203 casos en 2019 a unos 7.1 casos en los primeros diez meses de 2025, lo que equivale a una disminución del -96.50%.
Los datos mensuales detallados para el año 2024, registraron en Enero 9, Febrero 7, Marzo 13, Abril 7, Mayo 17, Junio 5, Julio 15, Agosto 20, Septiembre 9, Octubre 5, Noviembre 6, Diciembre 1. Para el período enero-julio de 2025, los totales mensuales, registraron en Enero 7, Febrero 5, Marzo 13, Abril 6, Mayo 7, Junio 5, Julio 4; Agosto 4, Septiembre 9, Octubre 8, Noviembre 3; y en lo que va del mes de Diciembre, 2 homicidios intencionados registrados.
Presuntas Vulneraciones a Derechos Humanos en Régimen de Excepción
Organizaciones de la sociedad civil y derechos humanos han documentado presuntas vulneraciones en el contexto del Régimen de Excepción vigente en El Salvador desde marzo de 2022. El Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (ODH) ha registrado más de 6,300 denuncias por presuntas violaciones.
La organización Cristosal aporta un desglose específico de 3,786 denuncias documentadas hasta abril de 2024, tipificadas de la siguiente manera: 1,716 casos de detenciones arbitrarias (45.33% del total de denuncias de Cristosal), 898 casos de allanamientos ilegales (23.72%), 690 casos de tortura y tratos crueles (18.23%), 338 casos de negación de acceso a defensa legal (8.93%) y 144 casos de desapariciones temporales (3.80%). Cristosal señaló que “las detenciones arbitrarias, la falta al debido proceso y el allanamiento de morada son los hechos violatorios más denunciados”, añadiendo que sus registros indican que “el 75% de los hechos violatorios se señaló como responsables a agentes de la PNC”.
El IDHUCA acumuló 1,283 casos, haciendo énfasis en extensiones de la detención administrativa más allá del plazo de 15 días establecido en el decreto del régimen. La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho reportó 383 casos específicos por violaciones al debido proceso y garantías judiciales. La organización Azul Originario documentó 354 casos asociados a patrones de detenciones masivas en comunidades específicas. La organización Amate LGBT aportó datos cuantitativos sobre presuntas detenciones arbitrarias basadas en la orientación sexual o identidad de género de las personas detenidas.
En materia de condiciones carcelarias y mortalidad, el Socorro Jurídico Humanitario es la fuente que reporta el dato de 462 presuntas muertes en centros penales ocurridas desde el inicio del Régimen de Excepción en marzo de 2022 hasta la fecha de su último reporte, el cual actualizó una cifra previa de 435 fallecidos. La representante legal del SJH, Ingrid Escobar, ha realizado varias declaraciones sobre la caracterización de estas muertes. En diciembre de 2023, en referencia a 213 muertes, declaró: “el 94% eran inocentes”. En febrero de 2024, modificando su caracterización sobre 236 muertes, señaló: “cerca del 99% habrían sido señalados como colaboradores de pandillas”. En declaraciones posteriores, Escobar indicó: “a todos les habían puesto colaboradores, ni siquiera les habían puesto homeboys o en proceso de serlo; sino colaboradores de pandillas”.
En el sistema penitenciario salvadoreño según datos del OUDH, la población privada de libertad asciende a 114,420 individuos. Frente a una capacidad instalada oficial de 30,864 plazas, esto genera un índice de hacinamiento del 270.7%. El Centro de Confinamiento del Terrorismo, diseñado para albergar a 40,000 reclusos, tiene una población actual de 14,820 personas, lo que representa una ocupación del 37.0%.
En el ámbito de las liberaciones, el presidente Nayib Bukele declaró en noviembre de 2024 en Costa Rica: “ya hemos liberado 8,000 personas y vamos a liberar el 100% de inocentes”. Esta cifra de 8,000 liberados representa aproximadamente el 9.6% del total de 82,963 detenidos reportados hasta octubre de 2024. Las liberaciones se han realizado tras procesos de sobreseimiento o la concesión de medidas cautelares distintas a la detención.
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