Por Alessia Genoves

El Salvador adquiere 6.162,183 BTC mediante compras directas en el mercado internacional de criptomonedas, con una inversión total de $587.903.118 dólares, calculada al precio de mercado vigente en la fecha de cada transacción, de acuerdo con el portal oficial de la Oficina Nacional Bitcoin. Este monto eleva el saldo total de Bitcoin en poder de la nación a 6.385,25 BTC, que incluye 223,067 BTC obtenidos mediante actividades de minería geotérmica realizadas desde septiembre de 2021 en instalaciones de LaGeo, la empresa estatal de energía geotérmica.

Mientras tanto, las remesas emitidas con billeteras digitales y cripto-activos caen un 39.6% de enero a julio de 2024 al mismo período de 2025, pasando de los $7,17 millones a los $4,33 millones en dichos períodos. El dato define una reducción en el uso de las cripto-divisa como medio de cambio, pese al optimismo manifestado por el Gobierno de El Salvador para sostener su apuesta; es decir, el marco legal establecido en la Ley Bitcoin y la Ley de Agencias de Fondos Bitcoin; como la inversión general en la compra de Bitcoin, y la ejecución del Fideicomiso de Fondos Bitcoin, establecido mediante reformas a la Ley Bitcoin en agosto de 2023, que autorizó un presupuesto de $1,500 millones para la adquisición, minería y administración de cripto-activos.

Paralelamente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció el 18 de diciembre de 2024 la aprobación de un Acuerdo de Servicio Ampliado (SAF) por $1,400 millones a 40 meses, destinado a “reforzar la sostenibilidad fiscal y externa” del país, conforme a la Comunicado de Prensa No. 24/485 del organismo. El programa incluye un desembolso inicial de $113 millones en enero de 2025, sujeto al cumplimiento de metas fiscales específicas, entre ellas la reducción del déficit primario del sector público no financiero (SPNF) en 3,5% del PIB en tres años, con un ajuste front-loaded de 1,5% en 2025.

El acuerdo se produce en un contexto de elevada deuda pública, que alcanzó $21.618,08 millones (87,7% del PIB) en 2024, según estimaciones de Fitch Ratings consignadas en su reporte del 7 de enero de 2025. El FMI condicionó el desembolso de fondos a la implementación de reformas legales que delimiten la participación estatal en actividades relacionadas con Bitcoin, estableciendo que “la aceptación de Bitcoin por el sector privado será voluntaria” y que “la participación del gobierno en la billetera Chivo se irá reduciendo gradualmente”, según se detalla en la página 2 del comunicado del FMI.

Bitcoin y El Salvador

El registro detallado de transacciones de Bitcoin, según la Oficina Nacional de Bitcoin de El Salvador, documenta 147 operaciones de compra realizadas entre el 1 de enero de 2024 a septiembre de 2025. Para el 29 de abril de 2025 a las 05:35:57, añadió 1 BTC comprado a $95.063,32, incrementando el saldo total a 6.162,183 BTC. La operación de mayor volumen en este período ocurrió el 17 de marzo de 2024, cuando el Estado adquirió 11 BTC a un precio unitario de $116.173,96, con una inversión total de $1.277.913,56. Contrariamente, el 5 de noviembre de 2024 se registró la única venta parcial documentada: -0,00028333 BTC (-$19,43), ajustando el saldo a 5.908,76477814 BTC.

Las compras serían, generalmente, diarias de 1 BTC en la mayoría de los días hábiles del período. Los precios de compra fluctuaron significativamente, desde un mínimo de $54.132,06 por BTC (registrado el 8 de septiembre de 2024) hasta un máximo de $116.173,96 (registrado el 17 de marzo de 2024). El costo promedio ponderado de adquisición se sitúa en $45.381,72 por BTC, mientras que el valor de mercado al 29 de abril de 2025 era de $95.063,32 por unidad, generando una plusvalía no realizada de $298.272,246. Las ganancias más significativas se registraron en las compras realizadas durante el primer trimestre de 2024, cuando el precio promedio fue de $68.124,53, contrastando con el precio actual que representa una apreciación del 139,6% sobre aquellas adquisiciones.

Los registros adicionales muestran transacciones significativas ocurridas entre agosto y septiembre de 2025, incluyendo una operación de 500 BTC adquiridos el 29 de agosto de 2025 a las 17:04:34 a un precio de $108.430,43 por BTC, con una inversión total de $54.215.216,8. Esta transacción elevó el saldo en la dirección 32ixEdVJWo3kmvJGMTZq5jAQVZZeuwnqzo a 500 BTC, valorados en $54.215.217 al momento de la compra. Posteriormente, el 14 de septiembre de 2025 a las 17:09:54, se registró una adquisición adicional de 1 BTC a $115.182,71, incrementando el saldo en la dirección 3Ky5QojgyfdfaQ7hoPQfio4BCLtavsPqsB a 319,68984412 BTC, con un valor total de $36.822.743. El documento detalla que estas transacciones forman parte de la estrategia de acumulación continua que ha caracterizado la política de inversiones del Estado salvadoreño.

La minería de Bitcoin contribuyó con 223.067 BTC adicionales al saldo total, operación realizada por LaGeo utilizando energía geotérmica de los volcanes locales. Estas actividades generaron ingresos estimados en $21,2 millones calculados al precio actual, aunque el costo de producción no se detalla en los documentos oficiales. El valor total de las reservas estatales de Bitcoin asciende a $607,2 millones, equivalentes al 2,8% de las reservas internacionales brutas del país, que totalizaron $3.700 millones en noviembre de 2024 según Fitch Ratings. Cabe destacar que el 57% de estas reservas internacionales están constituidas por encajes bancarios no disponibles para financiamiento gubernamental, según el mismo reporte.

Cripto Remesas caen un 39,6%

A julio de 2025, según el BCR, el monto total de remesas familiares recibidas en El Salvador durante ese mes ascendió a $872,5 millones. De este total, las transferencias realizadas mediante billeteras digitales de criptomonedas eepresentaron $4,85 millones, equivalentes a solo un 0,56% del total de remesas. La cifra es sólo otro indicador que define la baja adopción de canales cripto para el envío de remesas, a pesar de los esfuerzos estatales por impulsar dicha tecnología.

En cuanto al número de operaciones de remesas liquidadas en julio de 2025, se registró un total de 2,52 millones de transacciones. De estas, solo 0,02 millones (20.000 operaciones) fueron procesadas mediante billeteras de criptomonedas, lo que representa aproximadamente un 0,79% del volumen total de operaciones. Este porcentaje, aunque marginalmente superior en términos relativos al monto transferido, refuerza la conclusión de que el uso de cripto-activos como vehículo de remesas sigue siendo incipiente y no ha logrado penetración significativa en el mercado.

Al comparar inter-anualmente los datos de julio de 2024 y julio de 2025, se observa una caída del 32,5% en el monto de remesas enviadas mediante criptomonedas, al pasar de $7,19 millones a $4,85 millones. Esta reducción es aún más pronunciada al analizar los promedios mensuales: el promedio de remesas cripto entre julio y diciembre de 2024 fue de $7,17 millones, mientras que entre enero y julio de 2025 fue de $4,33 millones, lo que representa una contracción del 39,6% en el promedio mensual.

Los ingresos dinerarios en remesas de activos digitales podrían interpretarse desde el punto de vista de sus contradicciones entre la estrategia estatal de acumulación de Bitcoin —con una inversión de $587,9 millones en compras directas de BTC— y la adopción real de criptomonedas por parte de la población para fines prácticos. El uso de criptodivisas por parte de los ciudadanos se mantiene en niveles marginales, inferiores al 1% tanto en monto como en número de operaciones, y ha experimentado una contracción significativa en el último año, de acuerdo con los cálculos del FMI.

Esta divergencia sostiene las condicionalidades impuestas por el FMI, que exigen que la aceptación de Bitcoin sea voluntaria y que se delimite la participación estatal en actividades relacionadas con cripto-activos. Los datos sugieren que, a pesar del marco legal favorable y la inversión pública, la población prefiere mayoritariamente los métodos tradicionales de envío de remesas, lo que cuestiona la efectividad de la política del Bitcoin como herramienta de inclusión financiera o soberanía monetaria en el corto plazo.

El Acuerdo del FMI y la Deuda Pública

El Acuerdo de Servicio Ampliado del FMI, anunciado el 18 de diciembre de 2024, establece un programa de 40 meses por $1,400 millones, equivalente al 360% de la cuota de El Salvador en el organismo (1.033,9 millones de DEGs). Según el Comunicado de Prensa No. 24/485, el programa busca “reforzar la sostenibilidad fiscal y externa mediante la aplicación de un plan de consolidación fiscal ambicioso y favorable al crecimiento, así como medidas para fortalecer las reservas”. El desembolso inicial de $113 millones se realizó en enero de 2025, destinado específicamente a “fortalecer las reservas brutas del banco central”, según la página 2 del documento.

El acuerdo incluye condicionalidades específicas respecto a la deuda pública, que alcanzó $21.618,08 millones (87,7% del PIB) en 2024, según Fitch Ratings. El FMI exige una mejora del balance primario de aproximadamente 3,5% del PIB a lo largo de tres años, con medidas fiscales por valor del 1,5% del PIB (aproximadamente $1.200 millones) ya incluidas en el presupuesto 2025 aprobado. Estas medidas consisten principalmente en “reducir la masa salarial, el gasto en bienes y servicios y las transferencias a los municipios”, según se detalla en la página 2 del comunicado del FMI.

Respecto al sistema de pensiones, el FMI identificó vulnerabilidades significativas. El reporte de Fitch Ratings del 7 de enero de 2025 indica que “el déficit de pensiones, que no está incluido en los datos oficiales, estimamos que fue del 2,0% del PIB en 2024″ (aproximadamente $480 millones). El organismo calificó como “intercambio de deuda en dificultades” (distressed debt exchange) la reestructuración realizada con los fondos privados de pensiones (AFPs) en mayo de 2023, operación que incluía un período de gracia de cuatro años para el pago de intereses. El FMI condicionó desembolsos futuros a la implementación de reformas que aseguren “la viabilidad del sistema de pensiones”, según la cláusula 4,2 del acuerdo SAF.

Sobre las políticas de Bitcoin, el FMI expresó preocupaciones específicas: “Reformas legales harán que la aceptación de Bitcoin por parte del sector privado sea voluntaria. Para el sector público, la participación en actividades económicas relacionadas con Bitcoin y las transacciones y compras de Bitcoin estarán delimitadas. Los impuestos podrán ser pagados sólo en dólares y la participación del gobierno en la billetera Chivo se irá reduciendo gradualmente”, según se establece en la página 2 del comunicado. Estas condiciones buscan “mitigar los riesgos relacionados con Bitcoin” y “mejorar la transparencia, la regulación y la supervisión de la industria de activos digitales”.

Por otra parte, el ecosistema de empresas Bitcoin en El Salvador habría de re-afirmar la postura del FMI, sobre la limitación del Estado en la adquisición de cripto-divisas. A la fecha, sólo existen 25 empresas autorizadas para operar, de un total de 126 inscritas en el Centro Nacional de Regitro (CNR), según datos del BCR. El informe oficial especifica que estas empresas atienden diversos mercados, desde “público en general mayor de 18 años” hasta “bancos, asociaciones de ahorro y crédito y cooperativas, MIPYME, gran empresa”.

De ese número limitado, unas 7 empresas se dedican a custodia de Bitcoin, enumerándose BFF EL SALVADOR, OSMO EL SALVADOR, BINANCE SERVICES EL SALVADOR, BBW, E4, KOIBANX EL SALVADOR, ATHENA HOLDINGS EL SALVADOR.

Otras 11 empresas operan como casas de intercambio digital o exchanges, como 40 ACRES, UNIQUE INVESTMENT GROUP, OSMO EL SALVADOR, BINANCE SERVICES EL SALVADOR, TROKERA EL SALVADOR, BBW, OPORTUNIDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, BITPOINT EL SALVADOR, E4, CRYPTO TRADING & INVESTMENT, FINTECH AMERICAS.

Mientras que otras 14 empresas ofrecen servicios de billetera digital, desde CHIVO S.A de C.V, BFF EL SALVADOR, OSMO EL SALVADOR, BINANCE SERVICES EL SALVADOR, ELLY FINANCIAL TECHNOLOGIES, TROKERA EL SALVADOR, DITOBANX EL SALVADOR, PAYSEA GLOBAL, BBW, OPORTUNIDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, E4, CRYPTO TRADING & INVESTMENT, KOIBANX EL SALVADOR, ATHENA HOLDINGS EL SALVADOR.

El riesgo Bitcoin baja, pero aún existe

Fitch Ratings elevó la calificación crediticia de El Salvador de ‘CCC+’ a ‘B-‘ el 7 de enero de 2025, cambiando la perspectiva de Estable a Positiva; y la re-afirmó en agosto de éste año. Según el reporte de la calificadora, esta decisión refleja la “reducción de las necesidades de financiamiento y el alivio de las restricciones financieras respaldado por la recuperación del acceso al mercado y el programa del FMI recientemente anunciado”. La agencia proyecta que la deuda del SPNF se mantendrá en aproximadamente 87% del PIB durante 2025-2026, pero advierte que “podría aumentar significativamente en 2027 debido al pago de los intereses acumulados del período de gracia de 2023”.

El FMI, por su parte, enfatizó en la necesidad de mejorar los indicadores de gobernanza, estableciendo que “la transparencia fiscal se fortalecerá sustancialmente, empezando por esfuerzos tempranos para mejorar el marco de responsabilidad fiscal, al igual que la información que se publica sobre la deuda pública, las pensiones, las empresas estatales, y los contratos públicos con transparencia sobre los beneficiarios finales”. Esta condición apunta directamente a las operaciones del Fideicomiso de Fondos Bitcoin, que maneja $1.500 millones sin auditorías externas regulares.

En cuanto a las políticas de Bitcoin, existen divergencias entre la estrategia del gobierno y las recomendaciones del FMI. Mientras el organismo internacional insiste en que “la participación del sector público en actividades relacionadas con Bitcoin estará delimitada”, el Fideicomiso de Fondos Bitcoin ha invertido $1.287 millones hasta la fecha, incluyendo $587,9 millones en compras directas de BTC y $699,1 millones en infraestructura minera y desarrollo de la billetera Chivo.

Las proyecciones de Fitch indican que los servicios de deuda consumirán el 34% de los ingresos fiscales en 2025 ($2.010 millones), mientras que el FMI estima que el programa SAF permitirá reducir el déficit fiscal a 2,9% del PIB en 2025, desde el 4,7% registrado en 2024. Ambas instituciones coinciden en que el principal riesgo fiscal proviene de los pasivos pensionarios, que totalizan $5.700 millones en intereses capitalizados que vencerán en 2027, equivalentes al 5,7% del PIB según Fitch Ratings.

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Alessia Genoves

Periodista e investigadora y especializada en marketing y redes sociales

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