Por Alessia Genoves
Un impuesto del 3.5% se cobrarán a las remesas emitidas de Estados Unidos (EEUU) a otros países del mundo, desde emisores no estadounidénses. La nueva política tributaria es establecida por el Senado de los Estados Unidos, tras la aprobación del proyecto legislativo conocido como “Título IX Comité de Medios y Árbitros, El Único, Grande y Hermoso Proyecto de Ley, Sección 110000. Referencias al Código de Ingresos Internos de 1986, etc.”. La medida establece, en su apartado sobre transferencias de remesas (Subcapítulo C, Sec. 4475), la obligación del remitente no ciudadano estadounidense de pagar este tributo, que será recaudado por los proveedores de servicios de transferencia y remitido trimestralmente al Departamento del Tesoro.
El gravamen está dirigido exclusivamente a remitentes que no puedan comprobar su condición de ciudadanos o nacionales estadounidenses, quienes quedarán exentos tras la verificación de su estatus migratorio. Para ello, se establece un mecanismo de verificación a través de “proveedores calificados de transferencias de remesas” que suscriban un acuerdo con el Departamento del Tesoro. El nuevo impuesto entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2026. Al primer trimestre del año 2025, El Salvador ha recibido US$134.05 millones en concepto de remesas internacionales, siendo el mayo emisor los EEUU.
"'THE ONE, BIG, BEAUTIFUL BILL' has PASSED the House of Representatives! This is arguably the most significant piece of Legislation that will ever be signed in the History of our Country!" –President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/YcJSz0iR4d
— The White House (@WhiteHouse) May 22, 2025
Remesas con impuestos
El Subcapítulo C del Capítulo 36, en su sección 4475, establece la imposición de un tributo del 5% sobre cada remesa enviada desde territorio estadounidense hacia otros países. Sin embargo, el sistema de exenciones contemplado en la normativa permite que ciudadanos estadounidenses puedan reclamar un crédito fiscal (Sec. 36C) por el monto total pagado en concepto de este impuesto, lo que efectivamente reduce su carga impositiva a cero. De manera contraria, los emisores no ciudadanos, incluyendo a residentes permanentes, portadores de visas temporales y migrantes en situación irregular, no cuentan con este beneficio y estarán obligados a cubrir la totalidad del gravamen.
Según el análisis del Diálogo Interamericano, cerca de 50 millones de personas que residen en EE.UU., pero no poseen ciudadanía estadounidense, podrían verse afectadas directamente por esta medida. Además, se establece que los proveedores de remesas serán responsables subsidiarios del pago en caso de no recaudarlo al momento de la transacción, lo que genera riesgos regulatorios para estos agentes financieros. Las implicaciones de esta normativa podrían derivar en mayores costos de transacción, una menor frecuencia de envíos y el posible desplazamiento hacia mecanismos informales o alternativos de transferencia.
Remesas de El Salvador se elevan a $134.05 millones
Según datos del Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador, el país ha mantenido un crecimiento sostenido en el ingreso de remesas familiares desde 2021. En 2021, el ingreso anual fue de US$7,517.1 millones; en 2022 se elevó a US$7,965.8 millones; y en 2023 alcanzó los US$8,181.5 millones. A diciembre de 2024, las remesas llegaron a un total acumulado de US$8,400 millones, y al primer trimestre de 2025 (enero-marzo), la cifra se situó en US$2,269.74 millones.
En este mismo trimestre, los montos mensuales alcanzaron US$677.13 millones en enero, US$729.28 millones en febrero y US$863.33 millones en marzo, este último representando un máximo histórico. El incremento intermensual entre febrero y marzo de 2025 fue de US$134.05 millones, lo que representa un crecimiento del 18.4%. Estos datos reflejan una tendencia ascendente que podría verse afectada por las nuevas disposiciones fiscales.
El Producto Interno Bruto (PIB) de El Salvador alcanzó los US$35,364.97 millones en 2024. Las remesas familiares, con una estimación de US$8,400 millones ese mismo año, representaron aproximadamente el 23.7% del PIB. Esta proporción evidencia la importancia de los flujos de remesas en la estructura macroeconómica nacional.
El sector financiero, clasificado como “actividades financieras y de seguros”, mostró un crecimiento sostenido: en 2021 aportó US$2,063.05 millones (7.10% del PIB), en 2022 US$2,295.12 millones (7.20%), en 2023 US$2,578.50 millones (7.62%) y en 2024 US$2,820.72 millones (7.97%). Este desempeño coincide con la transición hacia mecanismos más formales de transferencia, como los abonos a cuenta bancaria, en detrimento de las criptomonedas.
Criptomonedas y bancos
A pesar del crecimiento general de las remesas, el uso de billeteras digitales de criptomonedas para recibir fondos ha mostrado una tendencia a la baja. En marzo de 2024, estas representaban US$8.00 millones, mientras que en marzo de 2025 cayeron a US$6.92 millones. En el acumulado de los últimos 13 meses, el total recibido por esta vía fue de US$81.69 millones, equivalente al 0.95% del total de remesas. La caída interanual entre marzo de 2024 y marzo de 2025 fue del 51.6%, registrando US$11.61 millones en el primer trimestre de 2025 frente a los US$22.49 millones del mismo período del año anterior.
Simultáneamente, la Bitcoin Office reporta una reserva nacional de 6,397.25 BTC al 11 de mayo de 2025, valorada en US$634,428,230.00, calculada a partir de un precio de referencia de US$102,960.50 por BTC. Esta cifra refleja un incremento desde los US$607.2 millones reportados al 29 de abril, tras la adquisición de 12 BTC adicionales por parte del Estado salvadoreño.
Las transferencias directas a cuentas bancarias han mostrado un crecimiento significativo. En marzo de 2024 representaron US$194.90 millones (28.3% del total), mientras que en marzo de 2025 ascendieron a US$273.29 millones (31.7% del total), lo que representa un crecimiento interanual del 40.2%. Este dato refleja un aumento en los niveles de bancarización, favorecido por iniciativas institucionales del sistema financiero nacional.
A su vez, el canal tradicional de cobro en ventanilla o sin abono a cuenta ha mantenido una participación predominante. En marzo de 2025 se reportaron US$546.98 millones bajo este canal, representando el 63.4% del total mensual, pese a una reducción relativa frente al 66.3% observado en marzo de 2024.
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