Por: Neftali Hernandez Pereira
La comunidad LGBTIQ+, celebró el día internacional contra la transfobia y homofobia en una fecha emblemática para el movimiento dónde la OMS retiró a la homosexualidad como enfermedad mental.
Impuesto del 30% amenaza la supervivencia de organizaciones LGBT
El gobierno propone gravar con un 30% los fondos que reciben las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), esto ya había Sido propuesto en 2021, medida que afectaría directamente a instituciones como la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (Aspidh). Mónica Linares, titular de Aspidh, declaró que las organizaciones “no cuentan con esa capacidad” de liquidez para afrontar este impuesto, que comprometería seriamente su trabajo de apoyo a personas de la comunidad LGBTQ+.
“Por ejemplo, si se tiene un proyecto de US$50,000, son para el gobierno US$15,000. Y esos US$15,000 nos va a hacer falta a nosotras para hacer el trabajo que estamos haciendo con la población. La población en realidad, que es un trabajo que debía de estar haciendo el Estado… y que no hace”, explicó Linares.
Esta propuesta fiscal se enmarca en una política tributaria que el presidente Bukele pretende administrar mediante la emisión de una Ley de Agentes Extranjeros, que justificaría mecanismos de coacción ante amenazas a los intereses estatales. La medida surge tras una protesta organizada por diversas organizaciones frente a la vivienda presidencial, aunque Aspidh no participó en dicha manifestación.
Inversión de USAID no llegó a organizaciones comunitarias
Entre 2005 y 2024, Estados Unidos invirtió $277,778,129 para programas de desarrollo económico-social en 24 países, incluyendo activismo político LGBT y apoyo técnico. El Salvador recibió $80,330,029 de USAID para fomentar oportunidades de empleo para personas LGBT y disuadir actividades ilícitas y migración ilegal, fondos que fueron canalizados a través del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía.
Sin embargo, estos ministerios no han rendido información sobre resultados y gastos, mientras que organizaciones como Aspidh, que no reciben fondos de USAID ni del gobierno salvadoreño, reportan que solo el 29.49% de la población LGBT encuestada cuenta con empleo formal, frente a un 70.51% que no trabaja o lo hace en el sector informal.
La situación laboral de las personas LGBT muestra diferencias significativas según su identidad de género y orientación sexual. La población trans registra 49 personas en trabajo formal, 73 en trabajo informal, 12 estudiantes, 36 en trabajo sexual y 7 activistas. La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) confirma esta precariedad económica, señalando que “el 25% de las mujeres trans perciben ingresos menores o iguales a $234.26 dólares, por debajo del costo de la canasta básica urbana ($249.08 dólares)”.
Contexto político en la comunidad LGBTQ
El distanciamiento entre el gobierno central y las organizaciones LGBT se ha intensificado. Linares señala que todas las alianzas que existían con instituciones como la Secretaria de Inclusión Social, Ministerio de Seguridad Pública o el Tribunal Supremo Electoral “han sido cerradas para el trabajo o el diálogo entre organizaciones de sociedad civil y el Estado.”
“Todavía no hay nada. Ni una organización ni institución del Estado. No son permitidas. No hay permiso con Ministerio de Salud, con ninguno. Servicios, trabajos, servicios profesionales con nadie”, afirmó Linares sobre las oportunidades de trabajo comunitario con el Gobierno en 2025.
🇸🇻 Bukele despide más de 300 empleados del Ministerio de Cultura por promover la Agenda 2030. pic.twitter.com/oFUBz35jGH
— Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) June 28, 2024
Este clima de hostilidad se reforzó cuando “el presidente Nayib Bukele se pronunció en contra de la ‘ideología de género’ en 2023, generando preocupación en organizaciones LGBT; y reiteró sus antipatías con el despido de 300 personas del Ministerio de Cultura en razón de ‘preservar los valores tradicionales'”, según reportes de la marcha del Orgullo LGBT de junio de 2024.
Disminución de homicidios pero persistencia de violaciones a derechos humanos
Desde 2017, los homicidios contra personas LGBT han mostrado una tendencia decreciente, pasando de 26 casos en 2017 a solo 2 en 2023. En 2024 se ha registrado un homicidio hasta la fecha. Esta reducción coincide con la disminución general de homicidios en el país bajo la administración Bukele.
Además, se han registrado avances en la judicialización de casos. Al menos 8 casos han sido judicializados con éxito, como el de Yasuri Orellana, que resultó en sentencias de 66 años para Edwin Geovanni Méndez y 60 años para Anibal Alfredo Melara y Carlos Antonio Molina, o el de Camila Díaz Córdova, que concluyó con sentencias de 20 años de prisión para tres acusados.
Sin embargo, según el Centro de Documentación de Situación Trans en América Latina y el Caribe (CeDoSTALC), “El Salvador concentra el 32.56% de los casos de vulneración a derechos humanos de personas trans en la región, seguido por Guatemala (27.91%) y Costa Rica (5.43%)”. También “lidera con el 36.36% de los casos de violencia perpetrada por fuerzas de seguridad contra personas LGBT”.
En el contexto del Régimen de Excepción implementado desde marzo de 2022, la Fundación Cristosal ha documentado “5,775 víctimas de violaciones a derechos humanos, incluyendo 95 personas LGBTIQ+ detenidas, de las cuales 24 son mujeres trans”. Las principales violaciones reportadas incluyen “detenciones ilegales (28.59%), faltas al debido proceso (7.60%), allanamiento de morada (4.54%), y tratos crueles o tortura (4.29%)”.
Demandas legislativas sin respuesta
La marcha del 17 de mayo en San Salvador expuso nuevamente la urgencia de una Ley de Identidad de Género. La Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género denunció el incumplimiento de la sentencia 33-2016 y 195-2016 de la Corte Suprema de Justicia, que ordenaba reformar la Ley del Nombre y Persona Natural para permitir el cambio de nombre y género de personas trans.
La reciente disolución de la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género en la Asamblea Legislativa en 2024, criticada por organizaciones como Aspidh Arcoíris Trans y Amate El Salvador, ha complicado aún más el panorama legislativo. Este movimiento recuerda acciones de 2021, cuando “la misma Comisión de la Mujer ordenó el archivado de más de 30 propuestas legislativas a favor de los derechos de la mujer y de las personas LGBT, incluyendo una propuesta de Ley de Identidad de Género.”
La activista Karla Guevara, del Colectivo Alejandrías, expresó durante una marcha: “Hoy nos quieren invisibilizar y devolvernos a la época de los 90 o antes, donde nos criminalizaban y nos perseguían”. Esta percepción de retroceso contrasta con la sentencia 249-2022 de la Sala de lo Constitucional, que reconoce: “No se cuenta con una disposición en el ordenamiento jurídico salvadoreño que determine los parámetros o condiciones bajo los cuales se permita realizar dicho cambio, los cuales a su vez garanticen la seguridad jurídica de la persona”
A pesar de los obstáculos institucionales y financieros, la comunidad LGBTIQ+ en El Salvador mantiene su lucha por el reconocimiento de derechos fundamentales. La marcha del 17 de mayo demostró que, lejos de ceder ante la presión gubernamental, las organizaciones sociales han reforzado su compromiso con la defensa de los derechos humanos.
La Mesa permanente por la identidad de género, marcha este día hacia El Salvador de El mundo pic.twitter.com/MOspRc5p4A
— Sara monroe sv (@Saramonroesv) May 17, 2025
El contraste entre la reducción de homicidios y la persistencia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de la población LGBT revela las complejidades de la situación actual.
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