Por Alessia Genoves
Eliminar a los partidos FMLN y ARENA es un llamado que abogados y analistas políticos hacen, ante fraudes electorales. El Círculo de Reflexión Política Siglo XXI, un grupo de análisis y debate político, ha manifestado públicamente su determinación de impulsar la cancelación de los partidos políticos Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). La iniciativa, detallada en su boletín informativo número 9, no se presenta como una demanda formal ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), sino como un llamado a la ciudadanía para que, ejerciendo su soberanía en las urnas, elimine a estas colectividades en los próximos comicios.
El Círculo sostiene que los partidos FMLN y ARENA han tenido antecedentes judiciales que, a su juicio, contravendrían con la normativa del Código Electoral. Señalan, pues a los partidos de participar en el conocido “Caso Tregua” o “Proceso de Pacificación”, una investigación que develó negociaciones ilícitas entre altos funcionarios de los gobiernos de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén —provenientes del FMLN— y representantes de las pandillas, así como la participación de figuras de ARENA en un fraude electoral. Las sentencias condenatorias emitidas contra el expresidente Funes, su exministro de Seguridad, David Munguía Payés, y otros políticos vinculados a ambos partidos, justificarían la declaración de la ilegitimidad de ARENA y el FMLN para continuar en la contienda política nacional.
¿Qué señalan contra el FMLNN y ARENA?
El Círculo de Reflexión Política Siglo XXI basa su postura en una interpretación de la Ley de Partidos Políticos de El Salvador, argumentando que las acciones criminales de sus miembros y directivos, cuando estas se realizan en nombre del partido o aprovechando su estructura, pueden conllevar su disolución. En su “Manifiesto a la nación”, el grupo afirma que ARENA y el FMLN “atraviesan un proceso de deslegitimación institucional frente a la población, se han convertido en cuasi-organizatio criminalis, con exfuncionarios y dirigentes procesados y condenados en procesos judiciales, a quienes no se atreven a expulsar de sus filas, erosionado su capital político y su vínculo con la ciudadanía, generando una percepción social de distanciamiento, falta de renovación interna y pérdida de credibilidad partidaria”.
Esta percepción de criminalización orgánica se conecta directamente con delitos electorales. El boletín del Círculo señala específicamente el “fraude en las elecciones presidenciales de 2014, acción que fue condenada por Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador con penas de 18 a 28 años de prisión a los políticos, que en nombre de ARENA y del FMLN negociaron los votos con la Mara Salvatrucha 13 y la Mara Barrio 18, a favor de los prófugos Salvador Sánchez Cerén y Norman Quijano”.
La postura del Círculo, sin embargo, adopta una estrategia singular al decidir no interponer una demanda formal de cancelación. Explican que “no demandaremos la cancelación de ARENA y del FMLN, porque no le quitaremos la oportunidad a la ciudadanía salvadoreña que ella misma los elimine como partidos políticos, al no votar por ARENA ni el FMLN en las próximas elecciones del 2027 por ser organizaciones delincuenciales”. Esta perspectiva confía en el juicio del electorado como el mecanismo último de depuración del sistema político, aunque no descarta la vía jurídica y reconoce que la atribución final recae en el TSE.
En el debate público, figuras como el doctor Aldo Álvarez han abogado por la vía legal, anunciando en el programa “Las cosas como son News” que “si el 27 de febrero aún no ha llegado la sentencia firme, yo me presentaré ante el TSE a presentar la solicitud de cancelación de ambos partidos. Lo anuncio aquí en tu programa”. Por su parte, Walter Araujo, otro actor político, enfatizó el rol del pueblo, afirmando que “el punto definitorio es que el proceso de extinción política de ARENA y del FMLN lo está haciendo el pueblo. El FMLN ya está reducido a su mínima expresión, y ARENA apenas conserva una alcaldía y dos diputados”.
¿Qué dice ARENA y el FMLN a las acusaciones?
Frente a las acusaciones de tener vínculos con el crimen organizado y a los llamados a su cancelación, los representantes de ARENA y FMLN han esgrimido estrategias de defensa que, en general, buscan deslindar a la institución partidaria de las acciones individuales de sus miembros. Carlos Araujo, dirigente de ARENA, al ser cuestionado sobre el caso de Ernesto Muyshondt —un ex-vicepresidente de ideología de su partido condenado por financiar pandillas—, intentó minimizar la responsabilidad institucional.
En declaraciones recogidas por Nathan Vaquis, Araujo sostuvo: “No, yo entiendo eso. No sé en qué año habrá sido, pero como le digo, habría que ver si él actuó de forma personal o si actuó por mandato. Yo estoy seguro que mandato no hubo dentro del partido. La posibilidad puede existir, pero no creo que vaya a pasar. Yo no le temo a eso. Desde hace mucho tiempo vienen queriendo cancelar al partido y no ha sucedido. En todo caso, eso fue lo que sucedió con Neto: fue algo que él hizo personal, porque dentro del partido no hay acuerdo ni nada que permita ver que se le indicó que fuera a hacer lo que supuestamente hizo, que tampoco estoy muy seguro de eso”. Esta postura de atribuir la responsabilidad únicamente al individuo fue criticada de manera contundente por Vaquis, quien en su análisis editorial señaló que “Ernesto Muyshondt era vicepresidente de ideología. No era ningún pelagato, no era cualquiera”.
Por el lado del FMLN, la respuesta ha incluido una contraofensiva dirigida a desacreditar a quienes promueven la cancelación. El Círculo, en su boletín, informó que demandará al secretario general del FMLN, Manuel Flores, “por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política”. La demanda, por un monto de $250,000, que según el Círculo será donada al Hospital Nacional Psiquiátrico, representa una escalada en el conflicto retórico entre el grupo de reflexión y la cúpula del FMLN. Esta acción judicial busca, en palabras del propio Círculo, actuar “como una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales”.
Desde Funes al Caso Tregua con pandillas
El “Caso Tregua” es el argumento principal para las acusaciones de crimen organizado contra miembros prominentes del FMLN y ARENA. Las sentencias condenatorias emitidas por el Juzgado Especializado de Sentencia “C” establecieron penas de prisión para varios de los imputados, basándose en un conjunto de pruebas y testimonios que delinearon una estructura de negociación y cooperación ilegal entre el Estado y las pandillas.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró demostrar, según los fallos, que tanto el expresidente Mauricio Funes como su exministro de Seguridad, David Munguía Payés, tenían “claro conocimiento de todas éstas acciones ilícitas que se estaban dando”. La acusación principal sostenía que “Mauricio Funes otorgó beneficios a pandilleros que se encontraban en prisión, entre ellos, el traslado de líderes de la pandillas al Centro Penal de Zacatecoluca a centros penitenciarios de menor seguridad” y que “facilitó las reuniones entre pandilleros que se encontraban en libertad con cabecillas que se encontraban recluidos en centros penales”
Emisiones Monetarias por Acusado
Distribución de fondos entregados a pandillas según testimonios judiciales
Total documentado en testimonios: $215,500
Las pruebas presentadas en el juicio incluyeron el testimonio de agentes infiltrados y colaboradores. Uno de ellos, identificado como “Testigo Noé”, declaró durante el proceso que “‘Más de $100,000.00 USD recibió la MS’”, en referencia a la Mara Salvatrucha, durante el “Proceso de Pacificación”. Otro testigo clave, “Clave Franco”, señaló una presunta entrega dineraria aún mayor, afirmando que el exministro Munguía Payés habría recibido $50,000 provenientes de la Partida de Gastos Reservados de la Presidencia de la República.
Sobre los traslados de pandilleros, declaraciones contenidas en expedientes judiciales, como el identificado como “145-HASTA-185-BIS-APE-2020AC”, detallaron que en una reunión “se trató del fortalecimiento y apoyo que tenían del presidente de la República y el Ministro de Seguridad Munguia Payes; ellos habían tomado la decisión de sacar al grupo hacia un penal de menor seguridad, para poder establecerse y tener control de las calles y los penales”. El mismo documento agregaba que ello prometía “establecer una ranfla en los penales es la creación de una estructura al mando que tuviera la fuerza de controlar tanto dentro como fuera de los penales”.
Mauricio Funes Cartagena
Expresidente de la República – FMLN
Condena: 14 años de prisión
Delitos: Agrupaciones Ilícitas (8 años) + Incumplimiento de Deberes (6 años)
Periodo: Gobierno 2009-2014
Participación: Como Presidente de la República, autorizó e implementó la “Tregua” con pandillas, otorgando beneficios ilegales a líderes pandilleros y facilitando reuniones entre pandilleros libres y recluidos
Acciones específicas: “Mauricio Funes otorgó beneficios a pandilleros que se encontraban en prisión, entre ellos, el traslado de líderes de la pandillas al Centro Penal de Zacatecoluca a centros penitenciarios de menor seguridad” y “facilitó las reuniones entre pandilleros que se encontraban en libertad con cabecillas que se encontraban recluidos en centros penales”
Conocimiento: Según la sentencia, tenía “claro conocimiento de todas éstas acciones ilícitas que se estaban dando”
Contexto: Inició el llamado “Proceso de Pacificación” que derivó en negociaciones ilícitas con pandillas, sentando las bases para el sistema de pagos y concesiones documentado en el Caso Tregua
Distribución de la Condena
Total de condena: 14 años
Condenado en ausencia – se encuentra asilado en Nicaragua
David Munguía Payés, quien fue el único condenado que enfrentó el proceso de manera presencial, ofreció su versión de los hechos, refiriéndose a la “Tregua” como un “Proceso de Pacificación”. Explicó a la prensa en 2021 que “‘el término Tregua es un término mediático. Lo que nosotros estábamos instalando era el proceso de pacificación. Y éste proceso de pacificación era, en términos generales, tenía dos direcciones: 1) la pacificación a través de los mediadores en el diálogo entre las pandillas. 2) Y lo otra, insertado en medio de eso, insertar una operación que nos iba a tener informados de lo que estaba pasando y nos iba a ayudar a perfilar las operaciones que se estaban operando, y que se reunían con los mediadores’”. No obstante, el tribunal consideró que estas acciones constituían delitos. A Munguía Payés se le impusieron 18 años de prisión: 8 por el delito de “agrupaciones ilícitas”, 6 por “incumplimiento de deberes”y 4 adicionales por “actos arbitrarios”. Mauricio Funes, quien fue juzgado y condenado en ausencia —encontrándose asilado en Nicaragua—, recibió una sentencia total de 14 años: 8 por “agrupaciones ilícitas” y 6 por “incumplimiento de deberes”.
Funes se preguntó retóricamente: “‘¿A cuenta de qué vienen a darse golpes de pecho y ser tan hipócritas de decir que en ese proceso ellos no estaban de acuerdo?’. ‘Claro que estaban de acuerdo, en la medida que les traía beneficios electorales. Yo lo que buscaba es que en la medida en que facilitábamos ese proceso se reducían los homicidios. Si se cometieron delitos, hay que individualizarlos’”.
David Munguía Payés
Exministro de Seguridad Pública – FMLN
Condena: 18 años de prisión
Delitos: Agrupaciones Ilícitas (8 años) + Incumplimiento de Deberes (6 años) + Actos Arbitrarios (4 años)
Periodo: Ministro de Seguridad 2009-2011
Participación: Ejecutor directo de la “Tregua” o “Proceso de Pacificación”, coordinando traslados de pandilleros y facilitando reuniones entre líderes pandilleros encarcelados y en libertad
Acciones específicas: Implementó la decisión de “sacar al grupo hacia un penal de menor seguridad, para poder establecerse y tener control de las calles y los penales”, permitiendo a líderes pandilleros reorganizar sus estructuras criminales
Financiamiento: Según testimonio de “Clave Franco”, habría recibido $50,000 provenientes de la Partida de Gastos Reservados de la Presidencia de la República para financiar el proceso
Justificación: Defendió sus acciones como un “Proceso de Pacificación” con dos direcciones: “1) la pacificación a través de los mediadores en el diálogo entre las pandillas. 2) Y lo otra, insertado en medio de eso, insertar una operación que nos iba a tener informados de lo que estaba pasando”
Distribución de la Condena y Fondos
Total de condena: 18 años
Fondos recibidos según testimonios: $50,000
La defensa de los imputados, por su parte, centró sus alegatos en impugnar la validez de los testimonios. El abogado defensor de Munguía Payés, Manuel Chacón, “desacreditaría las acusaciones de los testigos de cargo, alegando que éstos no ofrecerían una individualización de hechos, y que tampoco rendirían información de primera mano”.Mauricio Funes, desde su exilio, mantuvo una postura de negación absoluta, afirmando en su cuenta de Twitter: “‘Nunca entregué dinero a Munguía Payés para financiar la Tregua. Ni siquiera tuve conocimiento que habían infiltrado a las pandillas. Ese no era una función de CAPRES’”. Y añadió: “‘Eso lo hacía la inteligencia policial y entiendo que para esas labores había presupuesto. No había por qué destinar recursos de gastos reservados para la inteligencia que pudo haberse necesitado en la Tregua’”.
Hasta Sánchez Cerén, Muyshondt, Benito Lara, Aristides Valencia, Paolo Lüers
El Caso Tregua no se limitó a las condenas de Mauricio Funes y David Munguía Payés, sino que se extendió a otras figuras políticas de ARENA y el FMLN, cuyos procesos legales reforzaron los argumentos sobre la penetración del crimen organizado en las estructuras partidarias. El ex-diputado y alcalde de San Salvador por ARENA, Ernesto Muyshondt García-Prieto, fue condenado por delitos vinculados a negociaciones con pandillas. Según se detalla en los expedientes judiciales consultados por ContraPunto, Muyshondt fue sentenciado como parte de una estructura que “negociaron los votos con la Mara Salvatrucha 13 y la Mara Barrio 18”. La resolución del Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso penas que oscilaron entre 18 y 28 años de prisión para los implicados, fundamentándose en que estos políticos “en nombre de ARENA y del FMLN” cometieron fraude electoral y asociaciones ilícitas.
Ernesto Muyshondt
Exalcalde de San Salvador – ARENA
Condena: 18 años de prisión
Delitos: Fraude Electoral (12 años) + Agrupaciones Ilícitas (6 años)
Eventos: Elecciones presidenciales 2014 y elecciones legislativas y municipales 2015
Participación: Entregó $69,000 a pandillas para apoyo electoral a cambio de votos para el partido ARENA
Lugar de reunión: Oficina de San Benito, antes de las elecciones de 2015
Función: Como exalcalde de San Salvador y figura prominente de ARENA, utilizó su posición para negociar directamente con representantes pandilleros
Distribución de Emisiones Monetarias
Total documentado en testimonios: $69,000
Por el lado del FMLN, el ex-ministro de la Defensa y ex-diputado Benito Antonio Lara fue señalado directamente por su participación en los acuerdos con las pandillas. El expresidente Mauricio Funes, en sus declaraciones, lo responsabilizó explícitamente al afirmar: “Yo lo que buscaba es que en la medida en que facilitábamos ese proceso se reducían los homicidios. Si se cometieron delitos, hay que individualizarlos”, añadiendo que miembros de su partido como Benito Lara se comprometieron con las pandillas “a cambio de beneficios electorales”. Aunque la documentación judicial específica sobre su sentencia no se detalla en los textos proporcionados, su nombre aparece recurrentemente en el contexto de las investigaciones de la FGR por el delito de “asociaciones ilícitas”.
Benito Lara
Exministro de Seguridad Pública – FMLN
Condena: 28 años de prisión
Delitos: Fraude Electoral (20 años) + Agrupaciones Ilícitas (8 años)
Eventos: Elecciones presidenciales 2014 y elecciones legislativas y municipales 2015
Participación: Reuniones post-electorales con pandillas para coordinar pagos y beneficios a cambio de apoyo electoral
Lugares de reunión: Iglesia Anglicana y sede del FMLN (#1316)
Pago acordado: Bono de $5,000 para cada una de las tres pandillas (MS-13, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños) tras el triunfo electoral del FMLN
Cargo: Como exministro de Seguridad Pública, utilizó su autoridad y conocimiento de las estructuras de seguridad para facilitar las negociaciones
Distribución de Emisiones Monetarias
Total documentado en testimonios: $15,000
$5,000 para cada una de las tres pandillas (MS-13, 18-R, 18-S)
El periodista de El Diario de Hoy, Paul Lüers, también fue mencionado en las investigaciones relacionadas con la Tregua. Según los reportes de la FGR, Lüers fue identificado como partícipe en la facilitación de la comunicación entre pandillas y actores políticos. Aunque los documentos no especifican una sentencia condenatoria en su contra, su caso fue citado como ejemplo de la complicidad de ciertos medios en la estructura de negociación ilícita, siendo investigado por su presunto rol como intermediario no oficial.
Paolo Lüers
Periodista y Analista Político
Condena: 18 años de prisión
Delitos: Fraude Electoral (12 años) + Agrupaciones Ilícitas (6 años)
Eventos: Elecciones presidenciales 2014 y elecciones legislativas y municipales 2015
Participación: Intermediario entre COENA-ARENA y pandillas, facilitando las negociaciones ilícitas
Función: Negociador en reuniones de San Benito, utilizando su posición como periodista para dar credibilidad a los acuerdos
Beneficio: Desvío de fondos destinados a pandillas para beneficio personal y de otros intermediarios
Distribución de Emisiones Monetarias
Fondos intermediados: No cuantificados
Según testimonios, desviaba parte de los fondos destinados a pandillas
Respecto al ex-presidente de la República Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), si bien su condena directa por el Caso Tregua no se describe en los materiales, su administración fue señalada por dar continuidad a los pactos con pandillas. El boletín del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI lo incluye entre los “prófugos” beneficiados por la negociación de votos con las maras, y se recordó que, durante su gobierno, se reportaron “2.578 femicidios y de 22,289 homicidios”, cifras que superaron las de su predecesor, para la Fiscalía.
Wilson Alvarado
Exasesor – FMLN
Condena: 18 años de prisión
Delitos: Fraude Electoral (12 años) + Agrupaciones Ilícitas (6 años)
Eventos: Elecciones presidenciales 2014 y elecciones legislativas y municipales 2015
Participación: Enlace entre FMLN y pandillas, facilitando la comunicación y coordinación de las negociaciones ilícitas
Periodo de actividad: Desde el periodo de la tregua (2012) hasta las elecciones de 2015
Función: Operador político en negociaciones, utilizando su posición como asesor interno del partido FMLN para establecer contactos con líderes pandilleros
Perfil: Asesor interno del partido FMLN con acceso a altos niveles de decisión dentro de la estructura partidaria
Distribución de Emisiones Monetarias
Fondos intermediados: No cuantificados
Actuó como enlace en transacciones no especificadas en testimonios
Finalmente, Arístides Valencia, dirigente del FMLN, fue públicamente vinculado a las negociaciones. En el análisis de Nathan Vaquis se cuestiona: “¿Y en el caso del FMLN? ¿Van a dejar solos a Benito Lara y a Arístides Valencia?”. Aunque la sentencia específica contra Valencia no se detalla en las fuentes disponibles, su nombre es recurrentemente asociado a la estructura de financiamiento y coordinación con pandillas que la FGR desmanteló mediante el Caso Tregua, siendo procesado por los delitos de “asociaciones ilícitas” y “fraude electoral”.
Arístides Valencia
Exministro de Gobernación – FMLN
Condena: 28 años de prisión
Delitos: Fraude Electoral (20 años) + Agrupaciones Ilícitas (8 años)
Eventos: Elecciones presidenciales 2014 y elecciones legislativas y municipales 2015
Participación: Coordinador principal de entregas de dinero del FMLN a las pandillas, supervisando todo el proceso de transacciones ilícitas
Monto total: 6 entregas documentadas que superaban los $131,500 en total
Lugar principal de entregas: Iglesia Anglicana, utilizada como punto de encuentro para las transacciones
Última entrega: $7,000 tras la proclamación presidencial de Salvador Sánchez Cerén
Cargo: Como exministro de Gobernación, disponía de los recursos institucionales y la autoridad necesaria para orquestar estas transacciones sistemáticas
Distribución de Emisiones Monetarias
Total documentado en testimonios: $131,500
Distribuido en 6 entregas durante el proceso electoral
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