Por Alessia Genoves, Neftalí Pereira y Carlos Arita
Una devaluación de US$151,1 millones reporta la inversión de las 7.554,37 unidades de Bitcoin (BTC) adquiridas por El Salvador al 5 de febrero de 2026, en sintonía con la devaluación general del Bitcoin en el mercado internacional. La tendencia se produce desde la fecha del 18 de noviembre de 2025, cuando las unidades, que para entonces eran de 7,474.37 BTC, alcanzaban US$683,3 millones. Frente a ello, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha establecido regulaciones y la reducción en el gasto público en Bitcoin, condicionadas por un Acuerdo de Servicio Ampliado de US$1.400 millones a 40 meses.
“Las negociaciones para la venta de la billetera electrónica del gobierno Chivo están muy avanzadas, y las discusiones con respecto al proyecto Bitcoin continúan, centradas en mejorar la transparencia, salvaguardar los recursos públicos y mitigar los riesgos”, destacó el Sr. Torres, el Jefe de la Misión de El Salvador para el FMI. Entretanto, el Fondo destaca que el panorama de las adquisiciones contrasta con el incremento de la deuda pública, que se totaliza en US$22.565,98 millones, y en las obligaciones pensionarias, que se acumulan en US$11.241,13 millones
El portafolio de Bitcoin del sector público salvadoreño experimentó, pues, una reducción valorativa de US$176,0 millones entre el 18 de noviembre de 2025 y el 5 de febrero de 2026, período en el cual las 7.554,37 BTC disminuyeron su valor desde US$683,3 millones hasta US$507,2 millones, equivalente a una pérdida del 25,8% en 79 días calendario. Para el 18 de diciembre de 2025, las 7.503,37 BTC se cotizaban en US$658,3 millones, con un total recibido de 14.318,63071471 BTC, según The Bitcoin Office. La cantidad acumulada creció de 14.289,63070925 BTC en noviembre a 14.369,63071471 BTC en febrero, que añadieron las unidades generadas mediante minería estatal.
$151,1 millones en pérdida de valor
El 18 de noviembre de 2025 marcó el punto de mayor valoración registrada en el período analizado, cuando 7.474,37 unidades de Bitcoin alcanzaron US$683.269.907 en el mercado internacional, con un saldo acumulado de 14.289,63070925 BTC. La cotización unitaria promedio en esa fecha se ubicó en US$91.417,54 por BTC, representando el pico valorativo antes del proceso de devaluación posterior. El acumulado de 14.289,63 BTC incluía las adquisiciones históricas del gobierno salvadoreño iniciadas en septiembre de 2021, más las unidades generadas mediante operaciones de minería geotermal desarrolladas por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y LaGeo.
30 días después, el 18 de diciembre de 2025, las 7.503,37 BTC registraban una valoración de US$658.338.539, con un total acumulado de 14.318,63071471 BTC. La pérdida valorativa en este período intermedio alcanzó US$24,9 millones respecto a noviembre, mientras el inventario total creció en 29 BTC. La cotización unitaria promedio descendió a US$87.743,66 por BTC, reflejando una contracción del 4,0% en la valuación por unidad. El incremento neto de 29 BTC en el acumulado durante estos 30 días se atribuye a producción minera, dado que el programa del FMI establece prohibiciones expresas sobre adquisiciones voluntarias de Bitcoin por parte del sector público, tras la reforma del articulo 7 de la Ley Bitcoin.
49 días posteriores, al 5 de febrero de 2026, las 7.554,37 unidades se cotizaban en US$507.223.339, con un acumulado de 14.369,63071471 BTC. La devaluación acumulada desde noviembre totalizó US$176,0 millones, equivalente a una pérdida del 25,8% del valor inicial. La cotización unitaria promedio cayó a US$67.143,91 por BTC, representando una contracción del 26,6% respecto al pico de noviembre. El incremento neto de 80,0 BTC en el acumulado total entre noviembre y febrero (de 14.289,63 a 14.369,63 BTC) corresponde exclusivamente a producción minera, conforme a los criterios de performance establecidos en el programa del FMI.
Deuda pública supera US$33.800 millones con obligaciones pensionarias
US$22.565,98 millones constituyen la deuda pública total de El Salvador al cierre del año fiscal 2025, según datos del Ministerio de Hacienda, sin incluir obligaciones del sistema de pensiones. Esta cifra representa el 75,9% del Producto Interno Bruto (PIB), estimado en US$29.729 millones según proyecciones del gobierno salvadoreño. La composición de esta deuda incluye bonos soberanos en mercados internacionales, préstamos bilaterales, obligaciones con organismos multilaterales y financiamiento doméstico mediante bancos comerciales y fondos de pensiones privados.
US$11.241,13 millones en obligaciones del sistema de pensiones se suman a la deuda pública tradicional, elevando el pasivo total consolidado a US$33.807,11 millones, equivalente al 113,8% del PIB proyectado para 2025. El FMI documenta en su Reporte País No. 25/190 que “la deuda de pensiones representa un pasivo significativo que debe ser incorporado en el análisis de sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo”. El documento establece que “todas las estadísticas fiscales publicadas (incluyendo pero no limitándose a Estadísticas Básicas Sobre Las Finanzas Públicas, MTFF, Mensaje de Proyecto de Presupuesto) deben mostrar y desagregar claramente los costos pensionarios y la deuda pensionaria al reportar estadísticas sobre gastos totales del SPNF y deuda pública”.
El programa del FMI contempla desembolsos totales de US$1.400 millones durante 40 meses, con el primer desembolso de 86,16 millones en Derechos Esperciales de Giro (SDR) (aproximadamente US$117 millones) aprobado tras la conclusión de la Primera Revisión en junio de 2025. El acuerdo establece que “el 100 % de los desembolsos prospectivos serán dirigidos al Tesoro” para fortalecer las reservas internacionales y reducir la dependencia del financiamiento mediante bancos comerciales y fondos de pensiones. El FMI proyecta que el crédito pendiente alcanzará su pico en 2028 con 360% de la cuota (3,3% del PIB, 11,9% de los ingresos gubernamentales, 10,5% de las exportaciones, o 20,7% de las Reservas Internacionales Brutas).
Pero, pese al incremento progresivo de la deuda pública, y de las obligaciones pensionarias, el Sr. Torres refiere un panorama más optimista, según el último memorándum del FMI del 22 de diciembre de 2025: “La economía se está expandiendo a un ritmo más rápido de lo previsto gracias a la mejora de la confianza, las remesas récord y la inversión boyante. Se prevé que el crecimiento del PIB real alcance alrededor del 4 % este año y con muy buenas perspectivas para el próximo año”.
FMI avanza en limitar el Bitcoin
“No acumulación voluntaria de Bitcoin por parte del sector público” constituye un Criterio de Desempeño Cuantitativo (QPC) de carácter continuo establecido en el Memorando Técnico de Entendimiento (TMU) del programa. El documento define que los “Bitcoins mantenidos por el sector público son Bitcoins en todas las billeteras calientes y frías poseídas o bajo control del sector público, incluyendo Chivo, Agencia Administradora de Bitcoin, Oficina Nacional del Bitcoin, Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), y todas las demás entidades del sector público y personas jurídicas controladas por el Estado (con mayoría de interés votante y/o control directo o indirecto según se define en el GFSM 2014), neto de depósitos de clientes de Chivo denominados en Bitcoin”.
La definición de acumulación voluntaria incluye la “compra y minería de Bitcoins y excluye la acumulación de Bitcoins resultante de decomiso, incautación, aprehensión, custodia u otra forma de propiedad o posesión por parte del gobierno derivada de medidas de aplicación de la ley adoptadas de acuerdo con la legislación salvadoreña”, según el TMU. El programa documenta que “desde la aprobación del programa, no hemos acumulado voluntariamente Bitcoin. Esta política permanecerá intacta, y continuaremos sin emitir ni garantizar ningún tipo de deuda indexada o denominada en Bitcoin o instrumentos tokenizados que impliquen un pasivo para el gobierno”, conforme a la carta del Ministro de Hacienda Jerson Rogelio Posada Molina y el Presidente del BCR Douglas Pablo Rodríguez Fuentes al FMI.
El monitoreo continuo incluye “confirmación de que (i) las cantidades de Bitcoin poseídas o bajo control del sector público no han cambiado, ni que (ii) nuevas billeteras calientes o frías han sido poseídas o han quedado bajo control del sector público, ni que (iii) emisiones de o garantías a cualquier tipo de deuda o instrumento tokenizado que esté indexado o denominado en Bitcoin y que implique un pasivo para el sector público ha sido realizada o provista, será comunicada al final de cada mes por escrito, vía correo electrónico, por el Ministerio de Hacienda”, según requisitos de reporte establecidos en el TMU. El documento especifica que “si alguna de las circunstancias mencionadas en (i), (ii), o (iii) ocurre dentro de un mes, esto será comunicado a más tardar el siguiente día hábil por escrito, vía correo electrónico”.
Chivo: plan de des-inversión pública contempla liquidación de Fidebitcoin
“Cesar la participación pública en Chivo, segregar y salvaguardar los dólares estadounidenses de los clientes de Chivo en el BCR, liquidar el fideicomiso de Bitcoin Fidebitcoin y publicar auditorías de la Corte de Cuentas para AAB y Fidebitcoin, y publicar los estados financieros de Chivo auditados por un auditor independiente” constituyen compromisos establecidos como Punto de Referencia Estructural (SB) con fecha límite de finales de julio de 2025, según la Tabla 2 del Memorando de Políticas Económicas y Financieras (MEFP). El gobierno salvadoreño publicó “el plan de negocios para detener el uso de fondos públicos por parte de Chivo y terminar la participación pública en Chivo”.
El plan también establece: “emisión de capital privado y financiamiento mediante deuda convertible”, según documenta el FMI en su reporte. El programa establece que “este proceso está en marcha y se completará de manera que garantice el cumplimiento continuo con la condicionalidad del programa, incluyendo objetivos sobre el balance primario fiscal y la acumulación voluntaria de Bitcoin por parte del sector público”. Las autoridades confirmaron que “para finales de julio, (i) cesaremos la participación pública en Chivo; (ii) segregaremos y salvaguardaremos los dólares estadounidenses de los clientes de Chivo en el BCR; (iii) liquidaremos el fideicomiso de Bitcoin Fidebitcoin y publicaremos auditorías de la Corte de Cuentas para AAB y Fidebitcoin; y (iv) publicaremos los estados financieros de Chivo auditados por un auditor independiente”.
US$3 millones en inversión mínimo entre el nivel de tenencias de Bitcoin del sector público neto de depósitos de clientes de Chivo denominados en Bitcoin y el techo del QPC continuo fue establecido como Acción Previa completada para la Primera Revisión, según documenta el MEFP. Esta medida responde a que “fluctuaciones temporales e involuntarias en los depósitos de clientes denominados en Bitcoin de Chivo han conducido a incumplimientos menores del QPC continuo“, dado que “Chivo no ajusta sus reservas de Bitcoin para reflejar cambios en los depósitos de Bitcoin de los clientes”. El documento especifica que “cuando los tenencias de Bitcoin de los clientes de Chivo disminuyen y Chivo no vende la cantidad correspondiente de Bitcoin, esto conduce a un incremento en las tenencias netas del sector público según se define en el TMU”.
Supervisión crypto ya limita gasto Bitcoin y transacciones obligatorias
El FMI estableció condiciones necesarias para la adquisición de un préstamo de US$1,400 millones, que contrarían con la original Ley Bitcoin ratificada en septiembre de 2021. El Gobierno de El Salvador, a través de la Asamblea Legislativa, cedió a la modificación de la normativa especial, deponiendo la oblitogariedad del uso y aceptación del Bitcoin a todos los agentes económicos, y el pago de obligaciones tributarias a través del cripto-activo.
En consecuencia, la institución financiera concluyó la Primera Revisión del Servicio Ampliado (SAF) para El Salvador en junio de 2025, des-bloqueando un desembolso de US$120 millones. El programa total de US$1,400 millones se extiende por 40 meses y presenta un “financiamiento de backloading con reformas frontloaded”, según el reporte de Fitch Ratings del 18 de junio de 2025. El FMI detalla que el programa “estructurado para asignar 60% de sus fondos hacia presupuesto de apoyo, para aumentar los depósitos y apoyar el financiamiento del déficit fiscal para aliviar las necesidades de financiamiento externo. El 40% restante se asignará al banco central para mejorar las reservas internacionales”.
En su “Staff Report”, el FMI valoró que “la mayoría de los objetivos cuantitativos para fin de marzo se cumplieron con márgenes” pero enfatizó que “los riesgos de Bitcoin deben continuar mitigándose. Un desmantelamiento temprano de la participación del sector público en la billetera electrónica del gobierno (Chivo) sigue siendo crítico”. La deuda pública consolidada del país se sitúa en US$33.800 millones al 30 de septiembre de 2025, según el actual reporte de la Dirección General de Inversión y Crédito Público.
También, el FMI demanda a El Salvador el “publicar trimestralmente los estados financieros de Bitcoin del fideicomiso y SOEs involucradas en el proyecto Bitcoin (incluyendo Fidebitcoin, Chivo, CEL y LaGeo)” constituye un compromiso de transparencia establecido en el MEFP, junto con “asegurar que todas las operaciones de Bitcoin sean reportadas en estadísticas macroeconómicas y fiscales”.
Las autoridades se comprometieron a “continuar proporcionando al personal del FMI declaraciones firmadas actualizando el Bitcoin poseído o controlado por el sector público” mediante SBs programados para finales de junio y diciembre de 2025. El reporte especifica que “aunque las tenencias de Bitcoin del sector público han permanecido sin cambios, fluctuaciones temporales e involuntarias en los depósitos de clientes denominados en Bitcoin de Chivo han conducido a incumplimientos menores del QPC continuo”.
Fitch: calificación B- estabilizada en el pago de deudas
Fitch Ratings afirmó la calificación crediticia de largo plazo de El Salvador en “B-” con perspectiva estable el 21 de noviembre de 2025, asignando una Calificación de Recuperación “RR4” del 40% tras la remoción de las calificaciones de Observación Bajo Criterios (UCO), según el comunicado oficial de la agencia. La acción de rating “refleja la aplicación de los nuevos Criterios de Calificación Soberana de Fitch (septiembre 2025) y la inclusión de supuestos de recuperación en calificaciones de deuda soberana por primera vez”, documentó la agencia. Las calificaciones de deuda senior no garantizada de largo plazo “están equalizadas con las Calificaciones de Incumplimiento de Emisor (IDR) de Moneda Extranjera (FC) de Largo Plazo (LT) de El Salvador, reflejando la expectativa de Fitch de prospectos de recuperación promedio en un escenario de incumplimiento, dados los niveles relativamente altos de deuda de El Salvador (deuda del gobierno general/PIB de 87% al cierre de 2024)”.
Desde la evaluación de noviembre ratifica 10 instrumentos de deuda soberana con calificación “B-” y recuperación “RR4” del 40%, incluyendo el bono senior no garantizado con vencimiento al 1 de febrero de 2041 por US$653,5 millones con cupón de 7,625% (CUSIP 283875AQ5 144A, ISIN US283875AQ53 144A, USP01012AR71 Reg S), el bono con vencimiento al 21 de septiembre de 2034 por US$286,458 millones con cupón de 7,625% (CUSIP 283875AM4 144A), y el bono con vencimiento al 18 de enero de 2027 por US$800 millones con cupón de 6,375% (CUSIP 283875AS1 144A).
La cartera de instrumentos calificados incluye el bono de US$500 millones con cupón de 8,25% y vencimiento al 10 de abril de 2032 (CUSIP 283875AH5 144A, ISIN US283875AH54 144A, XS0146173371 Reg S), el bono de US$1.000 millones con cupón de 7,65% y vencimiento al 15 de junio de 2035 (CUSIP 283875AN2 144A, ISIN USP01012AN67 Reg S, US283875AN23 144A), y el bono de US$601,085 millones con cupón de 8,625% y vencimiento al 28 de febrero de 2029 (ISIN US283875BW13 144A, USP01012BX31 Reg S).
Los instrumentos de más largo plazo calificados comprenden el bono de US$1.097 millones con cupón de 7,1246% y vencimiento al 20 de enero de 2050 (CUSIP 283875BZ4 144A), el bono de US$1.000 millones con cupón de 9,5% y vencimiento al 15 de julio de 2052 (ISIN USP01012CC84 Reg S, CUSIP 283875CB6 144A), y dos bonos de US$1.000 millones cada uno con vencimiento al 17 de abril de 2030, uno con cupón de 0,25% (CUSIP 283875CD2 144A) y otro con cupón de 9,25% (CUSIP 283875CE0 144A).
87% del PIB representa la deuda del gobierno general de El Salvador al cierre de 2024 según Fitch Ratings, cifra que la agencia utiliza como referencia para evaluar “la ausencia de cualquier otro factor de criterios claramente identificable que causaría que notáramos la deuda hacia arriba o hacia abajo desde el IDR“. La evaluación ESG (Environmental, Social, Governance) asigna a El Salvador un Puntaje de Relevancia (RS) de “5” tanto para Estabilidad Política y Derechos como para Estado de Derecho, Calidad Institucional y Regulatoria y Control de Corrupción, según el análisis de Fitch. Estos puntajes “reflejan el alto peso que los Indicadores de Gobernanza del Banco Mundial (WBGI) tienen en nuestro Modelo de Calificación Soberana propietario”, documentó la agencia, añadiendo que “El Salvador tiene un ranking WBGI medio de 41%, reflejando un nivel moderado de calidad regulatoria, derechos de participación en el proceso político, capacidad institucional y control de corrupción”.
La ausencia de referencias específicas a Bitcoin o criptoactivos en el comunicado de Fitch del 21 de noviembre de 2025 marca un cambio respecto a análisis anteriores donde “riesgos asociados con la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal y la exposición del sector público a criptoactivos” figuraban como factores negativos en la evaluación crediticia. La remoción de la observación bajo criterios (UCO) y la estabilización de la calificación en “B-” sugieren que Fitch considera que las medidas adoptadas bajo el programa del FMI, incluyendo la prohibición de acumulación voluntaria de Bitcoin y el plan de desinversión en Chivo, han mitigado los riesgos asociados con exposición a criptoactivos.
FMI y la capacidad de pago de deuda de El Salvador
“La capacidad de pago al Fondo permanece adecuada, sin cambios desde la aprobación del programa, aunque los riesgos del programa son elevados considerando las crecientes incertidumbres globales”, según el reporte del FMI. La proyección establece que “el crédito pendiente del Fondo (incluyendo compras proyectadas bajo el EFF) alcanzará su pico en 2028 en 360 % de la cuota antes de declinar a menos de 100 % de la cuota en 2035 y a cero para 2038”. El servicio de deuda proyectado al Fondo “se espera alcance su pico en 71 % de la cuota en 2033”.
El análisis de riesgos identifica que “riesgos empresariales surgen de incertidumbres relacionadas con políticas comerciales y migratorias promulgadas en el extranjero, así como incidentes relacionados con crypto, tales como volatilidad de mercado o brechas de seguridad”. Los riesgos reputacionales “continúan surgiendo del legado de débil gobernanza y transparencia, así como implementación de condicionalidad de Bitcoin”, según el documento. Para mitigar estos riesgos, el programa establece “monitoreo cercano y fuerte condicionalidad programática, incluyendo para fortalecer el marco legal y regulatorio para actividades y mercados de criptoactivos, asegurarán que medidas estén en lugar para mejorar supervisión y cumplimiento”.
El programa contempla que “el financiamiento de instituciones multilaterales en 2025 se espera exceda US$2.200 millones (de los cuales alrededor de la mitad es apoyo presupuestario directo)” proveniente del Banco Mundial, BID, CAF y CABEI. El documento confirma que “hay compromisos firmes de financiamiento para los próximos 12 meses y buenas perspectivas para el período restante del programa”.
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