Asamblea ratifica reforma al Art. 248 de la Constitución, y busca eliminar Deuda Pública

Por Alessia Genoves

La reforma al Artículo 248 de la Constitución de la República es ratificada por la Asamblea Legislativa. El evento legislativo se dio tras la aprobación de la Pieza de Correspondencia 1-A, que recibió 57 votos a favor, tras desfilar con dispensa de trámite; y reafirma la aprobaciń de la misma, que tuvo lugar en abril de 2024, tras recibir 66 votos a favor en el Pleno Legislativo. Según el documento, la reforma permitiría “enfrentar realidades sociales con herramientas necesarias”, mientras la oposición y organizaciones como Cristosal advierten sobre riesgos de concentración de poder y vulneración de derechos fundamentales.

Ernesto Castro, el presidente de la Asamblea Legislativa, por su parte, asoció la reforma constitucional como un “primer movimiento legislativo para eliminar la deuda política”, un mecanismo de financiamiento público a partidos que acumuló $67 millones de dóllares entre 2012 y 2019, según datos del Ministerio de Hacienda. El presupuesto asignado a este rubro alcanzó su punto máximo en 2024 con $38.4 millones programados, marcando un contraste con años como 2016 y 2022, donde no se registró gasto alguno.

La deuda política será eliminada. pic.twitter.com/qel9Ni9yNv

— Asamblea Legislativa 🇸🇻 (@AsambleaSV) January 29, 2025

Reforma Constitucional

Originalmente, el artículo 248 establecía que cualquier reforma constitucional debía ser aprobada por “la mitad más uno de los Diputados electos” en una legislatura y luego ratificada por “la siguiente Asamblea Legislativa con el voto de los dos tercios de los Diputados electos” (art. 248). Además, prohibía modificar cláusulas pétreas relacionadas con la forma de gobierno, el territorio y la alternancia presidencial.

Por contraste, la reforma introduce una alternativa: la ratificación puede realizarse en la misma legislatura con “el voto de las tres cuartas partes (45 votos) de los Diputados electos” o en la siguiente con dos tercios (40 votos). El texto modificado señala: “Para que tal reforma pueda decretarse deberá ser ratificada en la siguiente Asamblea Legislativa con dos tercios o por la misma Asamblea Legislativa con el voto de las tres cuartas partes de los Diputados electos” (Acuerdo de Reforma Constitucional N°1, 2024).

Los diputados oficialistas defendieron la reforma como un ajuste necesario para agilizar procesos. Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, argumentó: “No le estamos quitando nada a la Constitución, solo agregamos una opción bajo las mismas reglas. El origen de esta Constitución fue producto de un golpe de Estado”. William Soriano añadió: “El pueblo decidió dar una mayoría que conforma las tres cuartas partes. El poder es del pueblo”.

Diputadas como Marcela Villatoro, del partido ARENA, y Cesia Rivas, del partido VAMOS cuestionaron el procedimiento. Villatoro afirmó: “Ustedes violan la Constitución porque no siguieron el proceso de formación de ley. Ni siquiera incluían esta reforma en sus plataformas”. Rivas coincidió: “Es una excusa perfecta para violar la Constitución”. Ambos bloques enfatizaron que la modificación reduce los contrapesos al permitir que una sola legislatura apruebe y ratifique cambios.

📝 #PronunciamientoCristosal | Este es un momento crítico para El Salvador, y continuaremos firme en nuestra misión de defender los derechos humanos, promover la justicia y denunciar los abusos de poder estatal.

Conoce nuestra postura frente a la reciente reforma. ⬇️ pic.twitter.com/mnv17TrQvu

— Cristosal Centroamérica (@Cristosal) January 30, 2025

Mientrs que la Fundación Cristosal, en un comunicado del 30 de enero de 2025, alertó: “La reforma reduce la Constitución al nivel de una ley secundaria. Permite modificar derechos fundamentales sin debate ni consulta, eliminando frenos al poder ejecutivo”. La organización citó la Carta Democrática Interamericana, señalando que la separación de poderes y los derechos humanos están en riesgo. Vinculó esta agilidad con riesgos democráticos: “Las reglas de la democracia pueden modificarse en minutos. No hay frenos a las arbitrariedades”.

La oposición insistió en que la Constitución de 1983, aunque creada en un contexto de guerra, contenía salvaguardas ahora debilitadas. La publicación del decreto en el Diario Oficial, prevista para ocho días después de su firma, marcará la entrada en vigor de la reforma. El texto modificatorio fue redactado en el Salón de Honor del Ministerio de Relaciones Exteriores, en Antiguo Cuscatlán, y su aplicación inmediata podría redefinir el equilibrio de poderes en El Salvador

Deuda política y presupuestos 2012-2024

Ernesto Castro indicó que la reforma constitucional podría ser un primer paso para la eliminación de la Deuda Política; una afirmación que, sin embargo, no queda explícita en el Dictamen 1-A, de la ratificación. Por otra parte, el Porta de Transparencia Fiscal señala que entre 2012 y 2019, el Estado salvadoreño destinó $67,127,882.64 a la deuda política, según registros del Ministerio de Hacienda. Los principales beneficiarios fueron ARENA y el FMLN, que acumularon el 72.3% del total ($48,548,902.37).

En 2019, la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) recibió $7,167,994, el 93.1% de los $7,697,889.30 asignados ese año. También destaca que en 2012 fueron $6,485,023.05 ejecutados, cuando ARENA recibió el 66.2% ($4,296,556.56), frente al 10% del FMLN ($648,270.92). Mientras que en 2014, fueron aprobados $14,717,560.34; el FMLN obtuvo el 57.6% ($8,468,916.90), incluyendo $2,746,156.34 por anticipos electorales.

Además, en 2015 se designaron $14,324,812.02; con los que ARENA lideró con el 47.3% ($6,777,205.24), seguido por el FMLN (26.5%, $3,799,383.33). Para el año 2018, se designaron $13,643,868.68; entre los cuales, ARENA y FMLN concentraron el 75.3% ($10,173,247.95). Mientras que en 2019, GANA absorbió el 93.1% ($7,167,994) del total, marcando un giro en la distribución.

El Portal de Transparencia Fiscal, entretanto, dedicó, en 2020, una programación de gastos de $4,251,880, pero no hubo ejecución. Para 2021, el gasto devengado fue de $20,284,548.41, superando el programado inicial ($5,098,172) en un 297.8%. Mientras que para el año 2024, el presupuesto modificado alcanzó $38,469,509, el más alto de la serie histórica, con una desviación positiva de $29,080,974 respecto al monto inicial.

La ratificación del artículo 248 ocurre en paralelo al debate sobre la eliminación de la deuda política. El presidente Nayib Bukele argumentó: “Los partidos pueden financiarse con eventos y aportes de la diáspora, como hicimos en 2019”. Sin embargo, Ernesto Castro, presidente de la Asamblea, advirtió: “Sin financiamiento público, ¿quién auditará a los narcos o fuerzas oscuras?”. Marcela Villatoro (ARENA) respaldó la autofinanciación, mientras Cesia Rivas (VAMOS) propuso “regular con mayor rigidez” en lugar de eliminar el mecanismo.

Los datos reflejan que, entre 2012 y 2024, los partidos tradicionales dependieron fuertemente de fondos estatales. Por ejemplo, en 2015, ARENA y FMLN recibieron el 73.8% del total ($10,576,588.57), mientras en 2019, GANA, aliado de Nuevas ideas, acaparó el 93.1%. La reforma al artículo 248 facilitaría cambios constitucionales para abolir este sistema, requiriendo solo 45 votos en la misma legislatura.

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Alessia Genoves

Periodista e investigadora y especializada en marketing y redes sociales

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