Por Alessia Genoves
52 personas han sido llevadas a prisión por dos años, para ser investigados por delitos de estafa que superan la captación ilegal de $6 millones de dólares. La Fiscalía General de la República (FGR) detalla que el proceso se enmarca dentro de un operativo masivo que ha visto la implementación de procedimientos judiciales contra 5,374 personas. De los casos, unos “1,894 requerimientos contra personas que prestaban sus cuentas bancarias para casos de estafa”, individuos señalados como “mulas financieras” por el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro.
El panorama procesal desglosa que “1,327 casos se encuentran en la etapa de instrucción, con detención provisional. 300 casos en donde se han procesado con medidas alternas a la detención. 267 sentencias condenatorias”. Esta estructura criminal nacional fue descrita por la FGR como una “red conformada con 549 integrantes de Colombia, Ecuador, Venezuela, Guatemala, Honduras y otros países, quienes por medio de redes sociales usaron distintas modalidades para estafar, hurtar y lavar el dinero de las víctimas”.
¿Cómo estafaron hasta $6 millones?
La operación “Escudo Virtual”, impulsada por el Gabinete de Seguridad Ampliado, logró desarticular una estructura delictiva de alcance transnacional con presencia en Colombia, Guatemala, Honduras, Venezuela, Ecuador y México. La investigación logró individualizar 4,728 casos, involucrando a 549 personas nacionales y extranjeras. El monto total defraudado asciende a más de $6 millones, según las autoridades.
Estado Procesal de Mulas Financieras
Gustavo Villatoro, el Ministro de Seguridad, fue contundente al advertir a los cabecillas internacionales: “Para los criminales que se encuentran fuera del país se emitirán órdenes con difusión roja de INTERPOL para lograr su captura sin importar el lugar donde se encuentren”. La FGR detalló que la estructura funcionaba bajo un mando jerárquico compuesto por “cabecillas, reclutadores, mulas financieras y receptores”.
El modus operandi era diverso y se valía de plataformas digitales. “Esta estructura utilizaba redes sociales para reclutar personas que servirían de enlace para transferir dinero en cuentas bancarias a través de bancas electrónicas”, reportó la FGR el 10 de octubre. Entre las modalidades de estafa se encontraban el hacerse pasar por familiares de las víctimas, prometiéndoles “maletas con mercadería”, y la oferta de “empleos como gestores de cobros, a través de sitios web falsos”.
Montos Sustraídos en Casos de Estafa Informática
Detalles cuantitativos de las sustracciones en los casos documentados
Asimismo, se ofrecían inversiones fraudulentas, como detalló un caso del 22 de octubre donde un imputado ofreció “servicios de inversión en bitcoin, presentándose como experto en informática con experiencia en proyectos gubernamentales y en la bolsa de valores estadounidense”, logrando defraudar $17,000. El proceso de lavado de activos era sofisticado: “Gran parte de este dinero fue convertido a cripto-activos y vinculado a billeteras digitales, otra parte fue utilizada para hacer compras y movimientos en efectivo y también realizaron varias transferencias entre bancos para perder rastros”, explicó la FGR.
Las estafas informáticas y las mulas financieras
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR) han documentado procesos judiciales específicos que ejemplifican el modus operandi de la red desarticulada en la operación “Escudo Virtual”. El 30 de septiembre, el Juzgado Segundo de Paz de Soyapango resolvió abrir la etapa de instrucción con medidas alternativas a la detención contra Marvin Alexander R. R., de 24 años, procesado por el delito de estafa en perjuicio de Mercedes Elizabeth F. B. Según el requerimiento fiscal, “la víctima recibió un mensaje de una supuesta amiga que le aseguró haberle enviado objetos de valor desde Estados Unidos, por un monto aproximado de $20,890. Para retirarlos, le exigió depositar $5,900 en dos cuentas bancarias, una de ellas perteneciente al imputado”. La víctima realizó la transacción, pero perdió contacto con la persona, cuyo número telefónico provenía aparentemente de Filipinas. La resolución judicial obliga al imputado a presentarse el día 15 de cada mes, abstenerse de salir del país y cancelar una caución económica de $300.
El 8 de octubre, el Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango celebró audiencia inicial en contra de Andrea Alexandra V. S., de 21 años, acusada del delito de estafa en perjuicio de Carlos Guillermo M. C., de 30 años. La jueza resolvió instrucción formal con medidas alternas a la detención, que incluyen presentarse el día 30 de cada mes, mantener su domicilio actual, no salir del territorio nacional y abstenerse de relacionarse con personas de dudosa reputación.
“Según las investigaciones, los hechos ocurrieron el 8 de mayo del presente año, cuando la víctima buscaba adquirir un teléfono celular con la empresa Movil Store S. A. Para ello, depositó $370 a una cuenta bancaria a nombre de la imputada”. Durante la audiencia se conoció que la acusada “proporcionó su número de cuenta bancaria para recibir los depósitos, siendo este el modo de operar de la mencionada empresa para realizar la presunta estafa”.
El 10 de octubre, el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional contra 124 sujetos acusados de extorsión agravada, lavado de dinero y activos, y agrupaciones ilícitas. “La investigación inicial señala que los imputados integran una estructura transnacional que, mediante diversas modalidades informáticas, extorsionaba a las víctimas y posteriormente lavaba el dinero a través de cuentas bancarias y billeteras digitales. Hasta el momento, entre los acusados se encuentran ocho ciudadanos colombianos, un venezolano y cuatro guatemaltecos”. La juzgadora fijó un plazo de instrucción de dos años, conforme a las recientes reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado.
El 21 de octubre, el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla autorizó una conciliación en el proceso contra Kevin M. P., acusado del delito de estafa informática agravada. “Como parte del acuerdo, el imputado deberá pagar a la víctima $1,300”. Los hechos ocurrieron en febrero de 2024, cuando “Ismael A. N. vio reflejado en su historial bancario que diferentes retiros habían sido realizados sin su autorización”.
El 22 de octubre, por orden del Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, avanzó a la etapa de juicio el proceso penal contra Miguel Humberto A. I., acusado de estafa agravada. Según la acusación fiscal, en septiembre de 2023 el imputado “habría ofrecido servicios de inversión en bitcoin, presentándose como experto en informática con experiencia en proyectos gubernamentales y en la bolsa de valores estadounidense”. Durante una reunión,“presuntamente explicó que había creado un programa capaz de identificar el momento ideal para invertir y garantizar mayores ganancias”. La víctima entregó $7,000 como inversión inicial y, tras recibir $260 en supuestas utilidades, entregó un monto adicional de $17,000, sin recibir posteriormente informes. El juzgado ratificó la medida cautelar de detención provisional.
El 24 de octubre, José Manuel H. F., de 19 años, enfrentó una audiencia inicial ante el Juzgado Primero de Paz de Soyapango, acusado de estafa por $550. “Durante el desarrollo de la audiencia se conoció que, el pasado 15 de febrero, el ofendido decidió comprar un teléfono celular a través de redes sociales. Mediante contacto por chat, se le solicitó depositar $550 a la cuenta bancaria del imputado; sin embargo, el aparato nunca fue entregado”. La jueza aplicó medidas alternas a la detención, incluyendo el pago de una caución financiera de $1,000.
El 29 de octubre, el Juzgado Segundo de Paz de Soyapango decretó instrucción formal con medidas alternas a la detención provisional contra Karina del Carmen A. O., Daniel Antonio M. C. y Gloria Dayana A. M., procesados por estafa en perjuicio de Marta Alicia F. F., de 26 años. “Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron entre marzo y abril de 2024, cuando los imputados contactaron a la víctima para ofrecerle un supuesto trabajo consistente en dar ‘me gusta’ a videos en una plataforma digital. Inicialmente, la joven obtuvo pequeñas ganancias, pero posteriormente fue incorporada a un grupo donde realizó depósitos que sumaron $7,850, sin recibir los beneficios prometidos”.
La FGR, en su reporte del 10 de octubre, detalló que en la segunda fase de #EscudoVirtual se giraron 51 órdenes de captura y se incautaron 16 teléfonos, 4 laptops, 6 tarjetas de débito, 1 libreta de ahorro, 4 USB, 1 CPU y 1 disco duro. “Entre los capturados se encuentra una persona de nacionalidad colombiana, otra mexicana y el resto son salvadoreños. Todos operaban bajo el mando de cabecillas, reclutadores, mulas financieras y receptores. La cantidad que han estafado estos sujetos asciende a $215,000 dólares”.
El 23 de octubre, la FGR ordenó la captura de cuatro sujetos vinculados en un caso de estafa por $5,000.00 dólares. “Según las investigaciones, engañaron a la víctima por medio de mensajería instantánea haciéndole creer que recibiría ganancias a cambio de participar en ciertas aplicaciones. Además, le convencieron de invertir dinero a cambio de recibir ganancias, pero no recibió nada de lo prometido”. Los capturados fueron detenidos en La Unión, Cuscatlán, San Salvador y La Paz.
Finalmente, el 27 de octubre, la FGR consolidó la medida de detención por 2 años para 52 sujetos vinculados a la red transnacional #EscudoVirtual. “Los imputados utilizaban redes sociales y otras plataformas digitales para reclutar personas que les servirían como enlace para transferir dinero a cuentas bancarias, a través de bancas electrónicas. Además, estafaban a otras víctimas ofreciéndoles invertir en la bolsa de valores y ofreciendo empleos como supuestos gestores de cobros. Para ello, creaban sitios web falsos que simulaban entidades financieras bien posicionadas en los motores de búsqueda”.
Más estafas informáticas
La CSJ y otros tribunales han procesado múltiples casos que ejemplifican el modus operandi de estas estafas. Uno de los procesos responden al Expediente 141-S-2021 (CSJ – 3 de mayo de 2022); proceso en el que la CSJ recibió las resultas de una solicitud de asistencia legal mutua internacional relacionada con el proceso penal 708-UDPP-2020-ST y 769-UDPP-2020-ST, abierto contra la empresa GO4REX.
La empresa fue investigada por la posible comisión del delito de Estafa Informática, previsto en el artículo 10 de la Ley Especial contra Delitos Informáticos, en perjuicio de las iniciales JARMG y GMADA. La documentación recolectada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos fue remitida a la Fiscalía General de la República para ser integrada en la investigación penal.
Expediente APN 176-23, de la Cámara de la Tercera Sección de Occidente emitido el 14 de agosto de 2023, instruyó un proceso penal contra GVGM, un militar pensionado de 54 años, a quien se le atribuyen los delitos de estafa informática y provisión indebida de bienes o servicios, continuados. Los hechos, en perjuicio del Ministerio de la Defensa Nacional y de la víctima “Clave Azul”, involucraron una apropiación indebida de $15,664.13.
La FGR solicitó detención provisional, pero la jueza de paz denegó la medida, imponiendo medidas alternas. La Cámara, en apelación, confirmó las medidas alternas pero añadió una caución económica que el imputado debía rendir en un plazo de 30 días.
Otro caso de Estafa Agravada por Inversión, emitido por el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador a 22 de octubre de 2024, avanzó a juicio el proceso contra Miguel Humberto A. I., acusado de estafa agravada. Según la acusación fiscal, en septiembre de 2023 el imputado ofreció servicios de inversión en bitcoin, afirmando haber creado un programa capaz de identificar el momento ideal para invertir. La víctima entregó inicialmente $7,000 y, tras recibir $260 en supuestas utilidades, entregó un monto adicional de $17,000, tras lo cual el imputado cortó toda comunicación. El juzgado ratificó la detención provisional para el procesado.
Caso de Conciliación por Estafa Informática Agravada, Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla – 21 de octubre de 2024): Se autorizó una conciliación en el proceso contra Kevin M. P., acusado de estafa informática agravada. Los hechos ocurrieron en febrero de 2024, cuando la víctima, Ismael A. N., detectó en su historial bancario que se habían realizado diferentes retiros sin su autorización. Como parte del acuerdo, el imputado se comprometió a pagar a la víctima la suma de $1,300.
El Rol de las “Mulas Financieras” y el Panorama Procesal.
Estafadores y mulas financieras
El eslabón fundamental para la materialización de las estafas fue la figura de las “mulas financieras“. El ministro Gustavo Villatoro explicó con detalle este mecanismo: “Dentro de la pirámide organizacional de esta estructura criminal, de último están las denominadas mulas financieras. Resulta ser un colectivo bastante grande de salvadoreños que sabiendo que no es una actividad lícita, habían prestado su cuenta de ahorros para recibir dinero, ya que la evidencia más grande sobrecae en esta parte”. Hizo un llamado a la población para no participar en estas actividades: “prestar la cuenta, recibir dinero que uno no se ha ganado, quedarse con una parte, transferir ese dinero o mandarlo para el Sur no es normal. Detrás de estas actividades hay una organización criminal”.
En el reciente caso, según los datos oficiales, de los 5,374 procedimientos iniciados, un total de 1,894 requerimientos fiscales se presentaron específicamente contra personas que prestaron sus cuentas. La distribución del estado de estos casos es la siguiente: 1,327 casos se encuentran en la etapa de instrucción, con detención provisional; 300 casos han sido procesados con medidas alternas a la detención; y se han logrado 267 sentencias condenatorias.
Este desglose evidencia un proceso judicial escalonado y masivo, donde la prisión provisional busca neutralizar el peligro de fuga y obstaculización de la investigación, mientras que las medidas alternas, como la presentación periódica ante un juzgado, la prohibición de salida del país y el pago de cauciones económicas, se aplican en casos donde no se configuran plenamente dichos peligros procesales.
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