451 agresiones y homicidios LGBT suman al recorte de $80,6 millones de USAID

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Por Alessia Genoves


La Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH) reportó 451 agresiones contra personas LGBT en El Salvador hasta 2024, con un incremento significativo desde 2019. Paralelamente, el informe “Homicidios de Personas LGBT en América Latina” de la Red Sin Violencia documentó 6 homicidios LGBT en El Salvador durante 2023, mientras el país experimentó una reducción histórica en homicidios intencionados generales, registrando una contracción mayor al 70% desde 2022, con 154 casos registrados ese mismo año por la Fiscalía General de la República (FGR).

En el contexto latinoamericano, Colombia registró 159 homicidios LGBT en 2023, posicionándose como el país con más casos en la región, seguido por México con 65. Esta realidad contrasta con la conmemoración del 31° aniversario de la despatologización de la homosexualidad por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1992, mientras programas de apoyo financiados por USAID, que destinó $80,664,741.00 a El Salvador para iniciativas LGBT entre 2015 y 2024, enfrentan recortes presupuestarios.

451 agresiones en El Salvador

El informe “Evidenciando la violencia por prejuicio hacia personas LGBT en Centroamérica”, elaborado por Amate El Salvador y ASPIDH, documenta un incremento sustancial en las agresiones contra personas LGBT en El Salvador. Los registros muestran 15 casos en 2019, 12 en 2020, 17 en 2021, 61 en 2022, 149 en 2023 y 136 en 2024, totalizando 451 agresiones documentadas.

La distribución por población afectada revela que las personas trans son las principales víctimas con 194 agresiones reportadas, seguidas por hombres gay con 130, personas bisexuales con 63, mujeres lesbianas con 48, otras identidades con 13 y personas queer con 3 casos.

En Guatemala, el estudio registró 39 homicidios contra personas LGBT en 2023, un incremento respecto a los 29 casos de 2022. Costa Rica, por su parte, presenta cifras comparativamente menores, aunque el informe señala la persistencia de violencia estructural y discriminación institucionalizada en los tres países.

El documento destaca que “las agresiones físicas y verbales constituyen las formas más frecuentes de violencia reportadas, principalmente en espacios públicos y entornos laborales”. Adicionalmente, señala que “el 47% de las víctimas no denunciaron las agresiones por desconfianza en las instituciones y temor a revictimización”.

81 homicidios desde 2017

El Salvador experimentó una reducción drástica en homicidios intencionados según datos oficiales de la FGR y la Policía Nacional Civil (PNC). Los registros muestran una disminución de 2,439 homicidios en 2019 a 1,326 en 2020, 1,162 en 2021, 496 en 2022, 154 en 2023 y 114 en 2024.

Esta reducción coincide con la implementación del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales, vigente desde marzo de 2022 con 30 prórrogas consecutivas en el contexto de la denominada “Guerra Contra Pandillas”. Durante este periodo, los homicidios mensuales cayeron notablemente, pasando de 165 en marzo de 2022 a cifras de un solo dígito en varios meses de 2023 y 2024.

La Federación Salvadoreña LGBT registró una disminución paralela en homicidios contra personas LGBT, documentando 26 casos en 2017, 16 en 2018, 10 en 2019, 8 en 2020, 8 en 2021, 7 en 2022, 6 en 2023 y 2 en 2024. Hay que destacar que, pese a que el informe acumulativo destaca una reducción progresiva de hechos de sangre, éstos sólo se sumarían al registro hemerográfico que Aspidh identifica desde el 1992 a 2015, último que vería un escenario salpicado de sangre, en el contexto del fracaso del Pacto Entre Pandillas ejecutado durnate el gobierno del ex-presidente Carlos Mauricio Funes Cartagena (2009-20014).

Sin embargo, el informe de Amate y de Aspidh destaca que “la reducción en homicidios no ha significado necesariamente una mejoría en las condiciones de vida y seguridad para las personas LGBT, quienes continúan enfrentando múltiples formas de violencia y discriminación que no siempre resultan en muerte”.

Homicidios LGBT en América Latina

El panorama regional de homicidios contra personas LGBT muestra tendencias preocupantes. Según el informe “Homicidios de Personas LGBT en América Latina”, se registraron 377 casos en 2021, 344 en 2022 y 364 en 2023 en nueve países monitoreados.

Colombia encabeza las estadísticas con 205, 148 y 159 homicidios en los respectivos años, seguido por México (78, 85 y 65), Honduras (29, 43 y 45), Guatemala (33, 29 y 39), Perú (16, 11 y 18), República Dominicana (6, 17 y 2), El Salvador (7, 1 y 6), Nicaragua (2, 2 y 6), Ecuador (1, 9 y 22) y Bolivia (1, 0 y 2).

Por orientación sexual e identidad de género, las mujeres trans representan el grupo más vulnerado con 134 homicidios en 2021, 112 en 2022 y 146 en 2023. Los hombres cisgénero gay constituyen el segundo grupo más afectado con 153, 145 y 129 casos en los mismos años. Les siguen hombres cisgénero bisexuales (42, 16 y 24), mujeres cisgénero lesbianas (19, 46 y 31), hombres trans (4, 5 y 10), mujeres cisgénero bisexuales (6, 6 y 3), personas no binarias (0, 0 y 2) y casos donde no se conoce la orientación/identidad (19, 14 y 19).

El documento señala que “las armas de fuego representan el principal método empleado en homicidios contra personas LGBT en Latinoamérica, seguido por armas blancas y estrangulamiento”. Respecto a los lugares de ocurrencia, indica que “el 48% de los homicidios ocurren en espacios públicos, 31% en residencias privadas y 21% en establecimientos comerciales o de ocio frecuentados por personas LGBT”.

Financiamiento USAID para iniciativas LGBT en El Salvador

La inversión de programas sociales, como aquellos que evidencian la violencia de personas LGBT en El Salvador, se vería controvertida sólo en el apoyo de iniciativas como las de la Organización Amate El Salvador. Entre 2015 y 2024, El Salvador recibió $80,664,741.00 para proyectos relacionados con derechos e inclusión LGBT, provenientes principalmente de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación Interamericana (Inter-American Foundation), de acuerdo con los datos del apartado de Asistencia Extranjera.

Los principales beneficiarios institucionales fueron el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía de El Salvador, que recibieron fondos destinados a “programas de inclusión laboral y fomento del emprendimiento para población LGBT en condición de vulnerabilidad”. Adicionalmente, la organización Amate El Salvador recibió $334,712.00 de la Fundación Interamericana para “proyectos de documentación de violencia, capacitación en derechos humanos y apoyo psicosocial a víctimas”.

En términos comparativos, El Salvador se posiciona como uno de los principales receptores de fondos para iniciativas LGBT en la región, solo superado por Colombia, que recibió $126,067,947.00 en el mismo periodo a través del Departamento de Estado, la Fundación Interamericana y USAID.

Financiamiento internacional para iniciativas LGBT en América Latina

La inversión de Estados Unidos en programas relacionados con derechos e inclusión LGBT en América Latina muestra variaciones significativas por país. Colombia encabeza la lista con $126,067,947.00 recibidos entre 2016 y 2024, seguido por El Salvador con $80,664,741.00 (2015-2024).

Otros países centroamericanos han recibido montos sustancialmente menores: Guatemala $2,754,229.00 (2017-2024), Honduras $913,037.00 (2015-2024) y Costa Rica $662,244.00 (2017-2023). En Sudamérica, además de Colombia, destacan Argentina con $858,641.00 (2015-2024), Ecuador con $96,963.00 (2022-2023), y Chile con $401,118.00 (2017-2019).

La República Dominicana recibió $3,993,540.00 (2015-2024), posicionándose como el tercer receptor de fondos en la región caribeña y centroamericana. El financiamiento global de USAID para programas relacionados con derechos e inclusión LGBT alcanza $12,883,951,734.00, dentro de una inversión internacional acumulada desde 1951 de $19,075,681,448.00.

El informe “Evidenciando la violencia por prejuicio hacia personas LGBT en Centroamérica” advierte que “los recortes presupuestarios anunciados por USAID podrían afectar significativamente los programas de documentación de violencia, respuesta a emergencias y servicios de apoyo psicosocial para sobrevivientes de violencia basada en prejuicio en la región centroamericana”.

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