Por Alessia Genoves
45 prórrogas al Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales han sido aprobadas por la Asamblea Legislativa. La Política de seguridad extende por 30 días adicionales la suspensión de derechos fundamentales, conforme a la Pieza de Correspondencia 1-A, aprobada con 57 votos a favor durante la 85 Sesión Plenaria. Esta medida se enmarca en una reducción del 77% en homicidios intencionados reportados por la Fiscalía General de la República (FGR), al pasar de 496 casos al cierre del año fiscal 2022 a 114 al finalizar 2024. Para el período de enero a octubre, la disminución es del 78%, de 323 homicidios en 2022 a 71 en 2025.
Contrariamente, el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) documentó 462 muertes en centros penales durante la vigencia del régimen, que super´ó su reporte previo de 435 fallecidos del mes anterior. Mientras que el Presidente Nayib Bukele declaró en noviembre de 2024 la liberación de más de 8,000 personas tras ser sobreseídos o favorecidos con medidas cautelares a la detención. Entretanto, la Policía Nacional Civil (PNC) ha identificado la persistencia de pandilleros de alto perfil durante los meses de octubre y noviembre, como Wilber Edgardo Escobar (“Chele”) de la 18R, Luis Antonio García Rivera (“El Sapo”) de la MS13, y Sergio Antonio Gil Gil (“Violento”) de la MS13.
45ª prórrogas del Régimen
La 45ª prórroga del Régimen de Excepción fue establecida por la Asamblea Legislativa durante la Sesión Plenaria Ordinaria No. 85, mediante la aprobación de la Pieza de Correspondencia 1-A. Este instrumento obtuvo 57 votos a favor en una votación nominal y pública, tras ser sometido a dispensa de trámite, extendiendo por 30 días adicionales la vigencia de esta medida excepcional. El fundamento legal se encuentra en el Decreto No. 333, originado en marzo de 2022, el cual suspende específicamente tres derechos constitucionales.
De acuerdo con el artículo 24 de la Constitución de la República de El Salvador, el régimen suspende el derecho de “ser informado de manera inmediata y comprensible, de sus derechos y las razones de su detención” del artículo 12, inciso 2º. Asimismo, extiende el plazo de la detención administrativa de 72 horas hasta 15 días. El tercer derecho exceptuado es la inviolabilidad de la correspondencia, establecida en el artículo 24 constitucional, lo que permite “la revisión e interceptación de comunicaciones privadas sin necesidad de orden judicial previa”.
Organizaciones de derechos humanos han presentado solicitudes formales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la suspensión del régimen, fundamentadas en un balance de supuestas arbitrariedades. Cristosal señala que “las detenciones arbitrarias, la falta al debido proceso y el allanamiento de morada son los hechos violatorios más denunciados”, añadiendo que sus registros indican que “el 75% de los hechos violatorios se señaló como responsables a agentes de la PNC”.
Homicidios intencionados caen un 78%
La FGR registró 2,398 homicidios intencionados durante el año 2019. Esta cifra disminuyó a 1,341 casos en 2020, lo que representa una reducción interanual del 44.1%. Para el año 2021, la FGR documentó 1,147 homicidios, implicando una disminución adicional del 14.5% respecto a 2020 y una caída acumulada del 52.2% en comparación con 2019.
La implementación del Régimen de Excepción en marzo de 2022 marcó una aceleración en la tendencia descendente. El cierre del año fiscal 2022 contabilizó 496 homicidios intencionados, resultando en una reducción del 56.7% frente a 2021 y del 79.3% respecto a 2019. La des-agregación por categorías para 2022 muestra 429 homicidios por delincuencia general (86.5%), 36 por intolerancia social (7.3%) y 31 por intolerancia familiar (6.2%).
El año fiscal 2023 finalizó con 154 homicidios intencionados, una disminución del 68.9% comparado con 2022. La distribución categórica evidenció un cambio: 53 casos por delincuencia general (34.4%), 54 por intolerancia social (35.1%) y 47 por intolerancia familiar (30.5%). El año fiscal 2024 reportó 114 homicidios intencionados, una reducción del 26.0% respecto a 2023. La delincuencia general constituyó 33 casos (28.9%), la intolerancia social 34 casos (29.8%) y la intolerancia familiar 47 casos (41.2%).
El acumulado de enero a octubre de 2025 registra 71 homicidios intencionados. Esta cifra contrasta con los 323 homicidios documentados en el mismo período de 2022, representando una reducción del 78.0%. El promedio mensual de homicidios decayó de 203 casos en 2019 a aproximadamente 7.1 casos en los primeros diez meses de 2025, una disminución del 96.5%.
Presuntas vulneraciones a Derechos Humanos
El Observatorio Universitario de Derechos Humanos documentó más de 6,300 denuncias por presuntas vulneraciones a derechos humanos durante el Régimen de Excepción. Cristosal registró 3,786 denuncias hasta abril de 2024, tipificadas como detenciones arbitrarias (1,716 casos, 45.3%), allanamientos ilegales (898 casos, 23.7%), tortura y tratos crueles (690 casos, 18.2%), negación de acceso a defensa legal (338 casos, 8.9%) y desapariciones temporales (144 casos, 3.9%).
El Idhuca acumuló 1,283 casos, documentando extensiones de la detención administrativa beyond los 15 días establecidos. Fespad reportó 383 casos por violaciones al debido proceso y garantías judiciales. Azul Originario documentó 354 casos por patrones de detenciones masivas en comunidades específicas. Amate LGBT aportó datos sobre presuntas detenciones arbitrarias basadas en orientación sexual o identidad de género.
El Socorro Jurídico Humanitario documentó 462 muertes en centros penales desde marzo de 2022, actualizando su reporte previo de 435 fallecidos. Ingrid Escobar, representante legal del SJH, declaró en diciembre de 2023 que “el 94% eran inocentes” refiriéndose a 213 muertes. En febrero de 2024 modificó su caracterización, señalando que “cerca del 99%” de 236 muertes “habrían sido señalados como colaboradores de pandillas”. En declaraciones posteriores, Escobar indicó que “a todos les habían puesto colaboradores, ni siquiera les habían puesto homeboys o en proceso de serlo; sino colaboradores de pandillas”.
El sistema penitenciario salvadoreño alberga 114,420 personas privadas de libertad, según el OUDH, frente a una capacidad instalada de 30,864, resultando en un hacinamiento del 270.7%. El Centro de Confinamiento del Terrorismo tiene una capacidad para 40,000 reclusos y alberga 14,820, con una ocupación del 37.0%.
El Presidente Nayib Bukele declaró en noviembre de 2024 en Costa Rica que “ya hemos liberado 8,000 personas y vamos a liberar el 100% de inocentes”. Esta cifra representa el 9.6% del total de 82,963 detenidos reportados hasta octubre de 2024.
Pandilleros persisten en libertad
La persistencia de las pandillas motiva la continuidad del Régimen de Excepción, como lo evidencian los reportes de capturas realizadas por la Policía Nacional Civil (PNC) durante noviembre de 2025. El 22 de noviembre, en conjunto con la Fuerza Armada, se capturó a Raúl Armando Cruz Orellana, alias “Gato”, de 43 años, descrito como “un peligroso terrorista que se jactaba de pertenecer a la MS-13”. Este individuo tiene antecedentes por violación agravada, resistencia, amenazas y desórdenes públicos.
La detención se realizó en el Barrio El Calvario, distrito de San Pablo Tachico, La Libertad Norte. Ese mismo día, tras la ejecución de un operativo, se capturó a Rayner Mardoqueo Aguilar Gutiérrez, alias “Reyner”, “Leyser” o “Chasis“, identificado como “homeboy y corredor de la clica Vatos Locos Salvatruchos de la MS13”. Este sujeto posee múltiples órdenes de captura por Homicidio Agravado y Extorsión Agravada, además de una condena previa de 20 años por extorsión.
En la intervención se incautaron 17 kilos de marihuana, 1/2 kilo de metanfetaminas, 1/4 de kilo de cocaína, dinero en efectivo, 2 motocicletas, un arma de fuego y teléfonos celulares. Durante el operativo también fueron detenidos otros tres criminales vinculados a la estructura, identificados como Sandra Michelle Martínez Valencia, Francisco José Rodríguez Rivas y Roberto Carlos García García.
El 21 de noviembre, en el distrito de Cojutepeque, Cuscatlán Sur, se capturó a Gerson Antonio González Pérez, alias “Taco” o “Tortuga”, homeboy de la pandilla 18S. La PNC indicó que “este terrorista era uno de los que exigía las extorsiones, delito por el tiene antecedentes en 2016”. Además, intentó ocultar un tatuaje de su pandilla.
El 19 de noviembre, fue capturado Irving Omar Cruz Bairez, alias “Cabra” o “Calamardo”, pandillero de la 18R con antecedentes desde 2002 por acoso sexual, extorsión, conducción peligrosa, amenazas y resistencia. La PNC reportó que “intentó ocultarse de la #GuerraContraPandillas y se cubrió los tatuajes alusivos a la 18R, sin embargo ya estaba fichado en nuestro sistema ONI”. Su captura se realizó en Zacatecoluca, La Paz Este.
El 13 de noviembre, se capturó a Karen Yamileth Ramírez Cubías, pandillera de la MS13 con antecedentes delincuenciales desde 2007 por posesión y tenencia de drogas, extorsión y rebeldía. La PNC la describió como “una extorsionista de la clica Quezaltecos Locos Salvatruchos”. Fue detenida en Ciudad Merliot, Santa Tecla, La Libertad Sur.
El 12 de noviembre, en San Francisco Gotera, Morazán Sur, se capturó a José Leodoro Argueta, alias “Leo Cachete”, pandillero de la MS13. Según la PNC, “este sujeto se encargaba de avisar todos los movimientos de víctimas o de nuestro personal policial al resto de terroristas. También se encargaba de movilizar y esconder los objetos ilícitos”.
Pertenece a la clica Morazanes Locos Salvatruchos. El 11 de noviembre, en el mismo distrito, fue capturado Israel Antonio Corona Polanco, alias “Scooby”, homeboy de la MS13, quien fue intervenido mediante un patrullaje preventivo. Ese mismo día, en el distrito de Ciudad Arce, La Libertad Centro, se capturó a José Alirio Méndez Jiménez, alias “Chino”, homeboy del programa Hollywood de la MS13.
La PNC señaló que “este terrorista se encargaba de vender y distribuir las drogas de su pandilla”. Cuenta con antecedentes desde 1998 por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, comercio clandestino o fraudulento de droga y agresión.
El 10 de noviembre, fue capturado Manuel de Jesús Palma Chamul, alias “Tres Pelos“, de la 18S, con antecedentes desde 2004. La PNC reportó que “delinquió por años en Izalco, Sonsonate” y que “intentó escapar de la #GuerraContraPandillas y se fue a Guatemala donde las autoridades de ese país lo capturaron”. Fue entregado a la PNC en la frontera de Las Chinamas, Ahuachapán. El 7 de noviembre, se capturó a Amilcar Antonio Jiménez Jiménez, de 48 años, descrito como“un terrorista de la clica San Cocos Locos Salvatruchos, de la MS13”. Según las investigaciones, “se encargaba de reclutar nuevos miembros para su grupo terrorista”. En los registros policiales está perfilado como pandillero desde 2010, además tiene antecedentes por amenazas. Fue capturado en Sonsonate Centro.
El 4 de noviembre, se capturó a Héctor Mauricio Martínez Gutiérrez, alias “Crazy” o “Guicho“, de la MS13, quien cuenta con antecedentes delictivos desde 2010 por homicidio agravado, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. La PNC indicó que “este pandillero de la clica Fulton Locos Salvatruchos fue intervenido mediante un punto de control, instalado en la comunidad Emmanuel, en Santa Tecla, La Libertad Sur”.
El 2 de noviembre, en Apopa, San Salvador Oeste, fue capturado David Eliezer Díaz, alias “Davis”, identificado como“Gatillero de la 18 Revolucionarios”. Este sujeto fue intervenido en un control vehicular mientras conducía una motocicleta. Posee antecedentes por los delitos de homicidio agravado y extorsión. El 1 de noviembre, en el cantón San José Las Flores, distrito de Tonacatepeque, San Salvador Este, se capturó a Gerardo David Quijano Henríquez, alias“Geral”, descrito como “poste de la pandilla MS13”.
La PNC señaló que “este terrorista se encargaba de comunicar a los demás miembros de la clica Destroyer Locotes Salvatruchos sobre la presencia policial en la zona”. Ese mismo día, fue capturado Miguel Enrique López Soriano, alias“Diablo”, homeboy de la MS13, clica Harrison Locos Salvatruchos. De acuerdo con las investigaciones, “este sujeto resguardaba las armas que la pandilla utilizaba para cometer sus crímenes”. Fue detenido en la comunidad San Roque, San Jacinto, San Salvador.
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