Por Alessia Genoves
36 prórrogas al Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales han sido aprobadas por la Asamblea Legislativa, en el contexto de la Guerra Contra Pandillas declarada en marzo de 2022. En su aplicación, la Fiscalía General de la República (FGR) registra una disminución de 496 homicidios intencionales en el año fiscal 2022 a 114 homicidios al cierre del año fiscal 2024; lo que deduce una contracción del 77.02% en las estadísticas, en suma de un regitro de apenas 7 homicidios reportados para 2025.
No obstante, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, admitió que, hasta noviembre de 2023, existía un registro de “8,000 personas inocentes han sido liberadas”, y amplió su promesa de “liberar al 100%”. Éstas declaraciones reafirman la máxima que “ningún sistema es perfecto” expresada por el mandatario; pero elevando el margen de error del 1% en la detención de personas inocentes, a más del 10% de un aproximado de 87,000 personas detenidas por la presunta participación o pertenencia en maras o pandillas.
Y, sobre éstas irregularidades, organizaciones representadas por el Observatorio de Derechos Humanos (ODH) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, registraban 5,775 presuntas vulneraciones a los derechos humanos, en el contexto del Régimen de Excepción; en suma del registro de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH) por 373 presuntas muertes en Centros Penales.
36º Prórroga del Régimen y caída de homicidios
La nueva prórroga del Régimen ha sido aprobada durante la Sesión Plenaria Ordinaria No. 46, mediante la Pieza de Correspondencia 1-A, aprobada con 57 votos a favor mediante votación nominal y pública. Se basa en el Decreto No. 333, promulgado en marzo de 2022, que suspende garantías constitucionales específicas.
“El artículo 24 de la Constitución define la prórroga del Régimen siempre y cuando continúen las circunstancias concomitantes que lo motivaren”, según documentos oficiales. Los derechos constitucionales exceptuados incluyen la información inmediata sobre detención, la extensión del período de detención administrativa de 72 horas a 15 días, y la suspensión de la inviolabilidad de correspondencia.
Los registros de la FGR revelan una progresión estadística. En 2019, El Salvador registró 2,439 homicidios intencionales. En 2020, la cifra descendió a 1,326, representando una reducción del 45.6%. El año 2021 continuó la tendencia con 1,162 homicidios, una disminución adicional del 12.4%. El año fiscal 2022 marcó un punto de inflexión con 496 homicidios, reduciendo un 57.3% respecto al año anterior. En 2023, los homicidios descendieron a 154, representando una reducción del 69%. El año fiscal 2024 mostró 114 homicidios, con una disminución del 32.5%.
La desagregación mensual de homicidios en 2024 muestra variaciones significativas: enero contabilizó 9 homicidios, febrero 8, marzo 13, abril 7, mayo 17, junio 5, julio 15, agosto 20, septiembre 8, octubre 5, noviembre 6 y diciembre 1. Mientras que, en lo que va del año 2025, la PNC apenas ha registrado 7 homicidios intencionados. Entretanto, un informe de InSight Crime de septiembre de 2023, basado en documentos confidenciales de la Policía Nacional Civil, reveló porcentajes de miembros no capturados: 33% de la MS13, 35% de Barrio 18 Sureños y 46% de Barrio 18 Revolucionarios permanecían sin detención.
Presuntas Vulneraciones a Derechos Humanos
El ODH documentó 6,250 denuncias durante los primeros 19 meses de implementación. Organizaciones como Cristosal, IDHUCA y Fespad han solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la derogatoria del Régimen de Excepción, argumentando sistemáticas vulneraciones de derechos fundamentales.
Las autoridades reportaron 87,000 personas detenidas bajo el régimen de excepción, superando las estimaciones iniciales de 76,600 pandilleros. El presidente Nayib Bukele declaró: “Ya hemos liberado 8,000 personas y vamos a liberar el 100% de inocentes”. Organizaciones de derechos humanos documentaron 5,775 denuncias de presuntas vulneraciones.
El SJH proporcionó datos sobre muertes en recintos penitenciarios. Su representante legal, Ingrid Escobar, modificó sus declaraciones sobre las muertes. En una entrevista del 28 de diciembre de 2023, inicialmente señaló que “el 94% de las muertes eran inocentes”, posteriormente corrigiendo que “cerca del 99%” correspondían a “colaboradores de pandillas”. El SJH enumera 373 presuntas muertes en centros penales hasta febrero de 2025.
#URGENTE
— Socorro Jurídico Humanitario (@SJHumanitario) March 2, 2025
Lamentamos informar que la cifra de fallecidos durante la medida "Régimen de Excepción" sube a 373 víctimas que murieron sin derecho a nada antes de la segunda audiencia y bajo la tutela del Estado.
Adicionalmente, tenemos información que en el Hospital Santa… pic.twitter.com/h3Fig3nkZ3
Amnistía Internacional sostiene, por contraparte, que en el país existen unas 73,000 presuntas vulneraciones a derechos humanos y 327 casos de desapariciones forzadas hasta diciembre de 2023; cifras que corresponden, de hecho, al total de personas detenidas en el contexto del Régimen y al número de personas asesinadas, detenidas o desapareciadas, respectivamente. Si bien, los datos y la inerpretación de los mismos es bastante más elevada respecto a los del informe conjunto de las organizaciones del ODH, ésta última sostiene que “el 75% de los hechos violatorios se señaló como responsables a agentes de la Policía Nacional Civil”.
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