Por Alessia Genoves
La 35ª prórroga del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales ha sido aprobada en la Asamble Legislativa, una política de seguridad que ha conseguido reducir al 77% el número de homicidios registrados desde 2022 (496) al cierre del año fiscal 2024 (114). El evento legislativo dió ha lugar la aprobación de la iniciativa de Ley 2-A, desfilada con dispensa de trámite y aprobada con votación nominal y pública, bajo la justificación constitucional por la permanencia de las condiciones de inseguridad (art. 24), por la persistencia de agrupaciones terroristas como la mara salvatrucha 13 y la mara 18, responsabilizada del asesinado de más de 111 mil civiles en El Salvador desde 1994 a 2022, según datos de Medicina Legal y la Fiscalía General de la República.
Pero peses a la reducción en el número de homicidios, la estrategia gubernamental, sin embargo, no está exenta de controversias, con 366 muertes reportadas en centros penales, según lo señala la organización Socorro Jurídico Humanitaria (SJH); una cifra sólo contrastable con las 327 muertes en recintos penales identificadas por organizaciones como el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Matías Delgado” (ODHUCA). A ello se suman los más de 8,000 personas liberadas tras el sobreseimiento de los delitos que motivaron inicialmente su detención, de entre las más de 87 mil personas detenidas, según lo declaró el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
Prórroga del Régimen de Excepción
La Asamblea Legislativa de El Salvador ha consolidado su compromiso con la estrategia de seguridad nacional mediante la aprobación de la trigésimo quinta prórroga del Régimen de Excepción durante la Sesión Plenaria Ordinaria No. 41. La Pieza de Correspondencia 2-A fue ratificada mediante un proceso de votación nominal y pública, obteniendo 57 votos a favor y siendo aprobada con dispensa de trámite, lo que evidencia un respaldo legislativo sólido a la política de excepción implementada por el gobierno del presidente Nayib Bukele.
El Decreto No. 333, promulgado originalmente en marzo de 2022, establece una suspensión temporal de garantías constitucionales. La normativa interrumpe específicamente tres derechos constitucionales: el derecho a ser informado de manera inmediata y comprensible sobre los motivos de detención, contemplado en el artículo 12, inciso 2º de la Constitución; la extensión del período de detención administrativa de 72 horas a 15 días; y la suspensión de la inviolabilidad de la correspondencia, permitiendo la interceptación de comunicaciones privadas sin necesidad de orden judicial previa.
Homicidios caen un 77%
Los registros de la FGR revelan una progresión estadística que ilustra el impacto del Régimen de Excepción. En el año 2019, el país registró 2,398 homicidios intencionales, una cifra que descendió significativamente a 1,341 en 2020, representando una reducción del 44.1%. El año 2021 continuó esta tendencia, con 1,147 homicidios, lo que significó una disminución adicional del 14.5% respecto al año anterior.
El año fiscal 2022 marcó un punto de inflexión con 496 homicidios intencionales, una reducción del 56.7% en comparación con 2021. El año fiscal 2024 mostró una disminución aún más pronunciada, con 114 homicidios intencionales, lo que representa una reducción del 77.5% respecto a 2022 y del 95.2% en comparación con las cifras de 2019.
La desagregación de los homicidios en 2024 por categorías ofrece una perspectiva más granular: 34 casos relacionados con delincuencia general, 35 por intolerancia social y 45 por intolerancia familiar. La distribución mensual revela una variabilidad significativa: enero contabilizó 9 homicidios, febrero 8, marzo 13, abril 7, mayo 17, junio 5, julio 15, agosto 20, septiembre 8, octubre 5, noviembre 6 y diciembre 1.
Presuntas Vulneraciones a Derechos Humanos
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad José Matías Delgado ha documentado 6,250 denuncias de presuntas vulneraciones durante los primeros 19 meses de implementación del Régimen de Excepción. Pero, pese a que el número es elevado, el anterior titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), José Apolonio Tobar, indicó que, durante su administración hacia los finales del año 2022, muchas de las denuncias presentadas como números representaban, en realidad, los folios y documentos de arraigo de las víctimas, y no precisamente denuncias individuales.
Fundación Cristosal, por su parte, como el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), el Servicio Social Pasionista (SSPAS), Azul Originario (AZO) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) han contabilizado un total de 6,305 denuncias de presuntas vulneraciones. Amnistía Internacional eleva considerablemente estas cifras, reportando 73,000 presuntas vulneraciones a derechos humanos y 327 casos de desapariciones forzadas hasta diciembre de 2023.
El SJH ha proporcionado datos específicos sobre muertes en recintos penitenciarios, enumerando 330 fallecimientos desde el 27 de marzo de 2022 al 7 de noviembre de 2024. La representante legal de la organización, Ingrid Escobar, ha realizado declaraciones que han generado significativa controversia. En una entrevista del 28 de diciembre de 2023, señaló que el “94% de las muertes eran de personas inocentes”, declaración que posteriormente modificó, indicando que “cerca del 99%” de las muertes correspondían a “colaboradores de pandillas”. Éste núnmero se elevaría a las 366 presutnas muertes en Centros Penales, al 27 de enero de 2025, por el mismo SJH.
Detenciones y Liberaciones
Las autoridades han reportado un total de 82,963 personas detenidas bajo la presunción de pertenecer a maras o pandillas. De este total, aproximadamente 8,000 personas han sido sobreseídas, lo que representa el 9.6% de los capturados. El presidente Nayib Bukele ha manifestado públicamente su compromiso de “liberar el 100% de inocentes”, reconociendo implícitamente la posibilidad de errores en las detenciones masivas.
Un informe de InSight Crime de septiembre de 2023, basado en documentos confidenciales de la Policía Nacional Civil, reveló detalles sobre la composición de los grupos criminales. Los informes policiales de 2023 detallaban porcentajes específicos de miembros no capturados: 33% de la MS13, 35% de Barrio 18 Sureños y 46% de Barrio 18 Revolucionarios permanecían sin ser detenidos, evidenciando la complejidad del desmantelamiento de estas estructuras criminales. En contraste, organizaciones de derechos humanos como Cristosal, IDHUCA y FESPAD han solicitado formalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la derogatoria del Régimen de Excepción, argumentando una serie de presuntas vulneraciones sistemáticas de derechos fundamentales.
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