Por Alessia Genoves
La Universidad de el Salvador asignará una línea presupuestaria y financiera al Fondo Universitario de Protección (FUP), para someterse a la Ley de Compras Públicas. Ésta decisión ha sido determinada por la Secretaría General Universiaria (SEC-UES) -en su resolución No. 054-2023-2025– que reafirma las recomendaciones que desde el año 2015 emitió la Corte de Cuentas de la República (CCR) para que el Consejo Directivo del FUP modifique su reglamento; y, en consecuencias, contar con una Unidad de Compras Públicas (UCP).
Al año 2024, la UES acumula una deuda con el FUP, por un monto de US$11,090,743.65, que corresponden al 1.5% de aportaciones institucionales de los trabajadores la UES. A ello se sumaba la falta de un presupuesto institucional, y la subsecuente normativa aplicable del dinero que administra el Consejo Directivo de la institución, que justificaban los señalamientos contínuos al FUP.
No obstante, y pese a que subsanarían los requisitos para efectuar compras y contrataciones públicas, el FUP ha recibid hasta 27 observaciones por la comisión de presuntas irregularidades en el manejo de sus fondos. Ésta afirmación se sostiene en el “Informe Final del Examen Especial al Fondo Universitario de Protección del Personal de la Universidad de El Salvador, Correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022″, emitido por el Consejo Superior Universitario (CSU), en su expediente AI-284-FINAL/2023. El documento se identificarían discrepancias financieras por US$112,029.42 en créditos en mora no registrados, y compras irregulares con discrepancias contables.
¿Qué establece el CSU sobre el FUP?
El Acuerdo No. 054-2023-2025 del CSU, emitido el 1 de abril de 2025, estableció medidas vinculantes para corregir las irregularidades detectadas en el FUP. Entre ellas, destacan la subordinación del FUP a la UFI para supervisar su estructura presupuestaria y la exigencia de que todas las resoluciones del Consejo Directivo del FUP requieran aprobación del Rector o el CSU, particularmente en decisiones relacionadas con los Artículos 28, 31 y 53 del Reglamento del FUP.
Este acuerdo también citó al Consejo Directivo del FUP a una sesión ordinaria del CSU el 3 de abril de 2025 para explicar las acciones tomadas, aunque persiste el resago de la deuda de los US$11 millones; y, aún, hace falta la tener reglamento actualizado para responder a los requerimientos de la Ley de Compras Públicas. Previamente, en 2023, el Acuerdo No. 027-2023-2025 (VII-1) ordenó al Vicerrector Administrativo crear un equipo para implementar recomendaciones de la Comisión Especial de Evaluación del FUP, incluyendo la actualización del sistema contable y la presentación de estados financieros trimestrales.
- Deuda millonaria al FUP
El informe detalla que la deuda que la UES mantiene con el FUP ascendía a un monto de US$11,900,743.65 dólares, hasta diciembre de 2022. Ésto implicaría, a juicio del FUP, un incumplimiento al Reglamento Interno, que persigue proporcionar “mejores condiciones al personal docente y administrativo” (Considerando III). La deuda acumulada representa el 1.5% que la UES debe aportar al FUP. En contraste, la aportación realizada por la UES en 2022 a través del Subsistema de Tesorería fue de US$591,849.05, que equivale a sólo el 5.3% de la deuda total.
Distribución de Contribuciones al FUP
Para cumplir con las garantías laborales a los más de 3,329 empleados inscritos bajo la Ley de Salarios, el FUP requiere del 1.5% del monto de la planilla mensual desde la UES, y un 1% del salario de los trabajadores, según su reglamento interno (art. 61). Pese a ello, “históricamente no se ha pagado”, según sostiene el presidente Reyes. Además, añade que “tampoco la universidad tiene una asignación presupuestaria para el pago de esta prestación laboral”, afirmación que pudimos constatar en la verificación de las Leyes del Presupuesto General de la Nación, del Ramo de la UES, de la última década.
Particularmente, el FUP proporcionaría los beneficios a través de la rentabilidad que generan los proyectos de inversión que realizan, según afirmó el FUP. De hecho, el referido informe de auditoría enumera como logros los “préstamos, solución express, y Personal al 4.5%”; así como la garantía de prestaciones como “despensas efectivas, ferias de salud odontológica, optometría, fisioterápia, entregas de vitaminas”; así como “dispensas de cuótas de créditos”, “anotaciones en línea para créditos y entrega prestación por defunción”.
Estructura de Inversión del FUP
Pese a ello, los balances generales de la administración del FUP reportan superávit anuales constantes desde 1,995, año en que el reporte ya era de US$7,701.7 dólares. Hasta 2010 ya se reportó un repunto de US$294,664.05, que incrementó a los US$319,536.94 en 2013, pero no mayor a los US$396,743.68 de 2017; y que ha llegado a los US$303,809.21 sólo en el reporte semestral de 2019. En éste último, el superávit acumulado era de US$4,902,618.41 dólares; y su patrimonio de US$23 millones 525 mil 15.36. Sin embargo, con ello también se acumula una millonaria deuda, entre la que se enumeran las Aportaciones por Cobrar de la UES, tanto manuales como por Ley de Salarios, por US$10 millones 249 mil 211.49.
Las supuestas irregularidades del FUP
Según el informe de auditoría, la deuda de la UES al FUP ascendía a US$11,090,743.65 al cierre de 2022, equivalente al 1.5% de aportaciones institucionales pendientes (p. 27). Los gastos administrativos representaron el 2.7% de los ingresos totales (US$591,849.05) en 2022, superando el límite del 2% establecido en 2024 (p. 38). En inventarios médicos, el 14.3% de los medicamentos (102 frascos) no estaban registrados (p. 58), y el 60.4% de los US$185,603.79 en créditos en mora reportados no se reflejaron en contabilidad (p. 69).
Para abril de 2024, el FUP aprobó la “Política de Racionalización de Gastos” (Acta 10/2024-2025-X), reduciendo los gastos administrativos de US$12,735.88 en 2022 a US$11,113.39 en 2023 (p. 38). No obstante, la auditoría señaló que esta política “no detallaba estrategias concretas para optimizar recursos” (p. 38). El 1 de abril de 2025, el Acuerdo No. 054-2023-2025 ordenó la subordinación del FUP a la UFI y la ratificación de decisiones clave por el CSU, medidas que aún enfrentan desafíos como la deuda de US$11 millones y la falta de integración de 2,600 cotizantes al sistema de inventario médico.
Supuestos pagos excesivos
Y es que el FUP, para entonces, no actualizó las cuentas individuales de 8,126 trabajadores, destacándose el caso de un docente de la Facultad de Ciencias Económicas con 46 meses de aportaciones no registradas (p. 52). En prestaciones económicas, se detectaron pagos excesivos de US$66.31 a un excolaborador por un error en el cálculo de años de servicio, y diferencias de US$945.87 en pagos a beneficiarios fallecidos (p. 43).
El informe cuestionó: “¿Cómo se han estado dando los beneficios sin un sistema contable confiable?” (p. 15), a lo que el FUP respondió reconociendo “errores involuntarios en el tiempo de servicio de un año”(p. 47), gestionando el reintegro de US$66.31, y defendiendo su metodología basada en el Reglamento Especial de Compensaciones. Sin embargo, la auditoría destacó que “no hubo revisión técnica independiente” (p. 43), cuestionando la eficacia de estas justificaciones. Por otra parte, la Fiscalía General de la UES recomendó, en 2014, el considerar todos los años de servicio, y no sólo 30 años de servicio, una urgencia que no se aplicó desde su fundación hasta 2024.
Supuestas Irregularidades en Compras Públicas
El informe de auditoría detalló que el FUP realizó adquisiciones sin seguir los procedimientos de la Ley de Compras Públicas, evadiendo a la UACI. Un ejemplo paradigmático fue la compra de 2,769 gallinas por US$59,810.40 al proveedor José Fernando Flores Benítez, quien “no se dedica a la producción avícola”, según el informe (p. 29). Asimismo, se adquirieron 3,000 bolsas navideñas por US$5,970.00 a Gerardo Ernesto Gómez Monge sin comparar precios, violando el Artículo 39 del Reglamento del FUP.
El FUP argumentó que históricamente realizó compras directas para “ahorrar recursos y responder con agilidad”, según se cita en una nota de la UACI de 2015 que lo eximía de la LACAP. No obstante, la CCR recomendó en 2015 ajustar estos procesos, algo aún pendiente en 2022. El Acuerdo No. 054–2023-2025 respondió a esto exigiendo que la UACI y la UFI asesoraran al FUP en compras, con apoyo de la Fiscalía General de la UES.
Pese a ello, en 2024, el examen de auditoría evidenció deficiencias en el control interno del FUP, como la falta de actualización del sistema contable, diferencias de US$278.10 en inventarios médicos no contabilizados y pagos excesivos de US$66.31 en prestaciones económicas. El FUP justificó estas irregularidades alegando “urgencia operativa” y “limitaciones presupuestarias”, respaldándose en una nota de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) de 2015 que eximía al fondo de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). También, el FUP defendió sus compras directas argumentando que los recursos provienen “del 1% de cotización de los trabajadores, no del Estado” (p. 30).
Asímismo, la Corte de Cuentas de la República (CCR) insistió en 2015 y 2022 en la necesidad de ajustar los procedimientos del FUP, algo aún pendiente en 2024. Las resoluciones de 2024 y 2025, como la “Política de Racionalización de Gastos” (Acta #10/2024-2025-X), limitaron el gasto administrativo al 2% de los ingresos, aunque sin estrategias concretas para optimizar recursos. Estas medidas se relacionan directamente con los montos en controversia, como los US$12,735.88 en gastos de alimentación opacos y los US$185,603.79 en saldos de créditos en mora no conciliados.no presentaba una reforma reglamentaria al CSU para alinear sus procedimientos con la ley vigente.
Observaciones en los inventarios
El examen de auditoría evidenciaría deficiencias en el control interno del FUP, como la falta de actualización del sistema contable, diferencias de US$278.10 en inventarios médicos no contabilizados y pagos excesivos de US$66.31 en prestaciones económicas. El FUP justificó estas irregularidades alegando “urgencia operativa” y “limitaciones presupuestarias”, respaldándose en una nota de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) de 2015 que eximía al fondo de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
No obstante, la Corte de Cuentas de la República (CCR) insistió en 2015 y 2022 en la necesidad de ajustar los procedimientos del FUP, algo aún pendiente en 2024. Las resoluciones de 2024 y 2025, como la “Política de Racionalización de Gastos” (Acta #10/2024-2025-X), limitaron el gasto administrativo al 2% de los ingresos, aunque sin estrategias concretas para optimizar recursos. Estas medidas se relacionan directamente con los montos en controversia, como los US$12,735.88 en gastos de alimentación opacos y los US$185,603.79 en saldos de créditos en mora no conciliados.
Discrepancias Contables
De acuerdo con el informe de auditoría, el sistema contable del FUP mostró inconsistencias graves, como diferencias de US$278.10 en inventarios médicos, incluyendo 42 frascos de Bacabil y 60 de Emulsión Scott no registrados (p. 58). Además, el Balance General reflejó una discrepancia de US$115.61 en activos fijos, mientras que la depreciación acumulada en notas explicativas difirió en US$165.57 frente al Kárdex (p. 48).
En el área de créditos, los saldos en mora reportados administrativamente (US$185,603.79) no coincidieron con los registros contables (US$73,574.37), generando una diferencia de US$112,029.42 (p. 69). El FUP atribuyó estos errores a la dependencia de “registros manuales en Excel” y a un “sistema informático obsoleto”, comprometiéndose -según se cita en el informe de 2024- a modernizar sus procesos, aunque sin especificar plazos.
La auditoría subrayó que “el sistema contable no está actualizado, lo que dificulta generar informes específicos y conciliar datos” (p. 54), un problema que persiste a pesar de las resoluciones del CSU. Pero, sobre las discrepancias contables, atribuyó los errores a la “dependencia de registros manuales en Excel” y prometió modernizar el sistema en 2024, sin especificar plazos (p. 54).
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