Por Alessia Genoves
Ruth Eleonora López es ordenada a 6 meses de prisión preventiva. La determinación ha sido emitida por el Juzgado 12º de Paz de San Salvador, en contra de la actual directora del Área Jurídica de la Fundación Cristosal, tras modificar los cargos iniciales de peculado por el delito de enriquecimiento ilícito. La resolución judicial se produjo después de que López fuera detenida el 18 de mayo de 2025 mediante orden administrativa, en el marco de las investigaciones relacionadas a su trabajo durante la administración de ex-diputado Eugenio Chicas Martínez, último quien junto a su grupo familiar enfrenta acusaciones por enriquecimiento ilícito por un patrimonio irregular de US$202,557.51.
López había trabajado como asesora de confianza de Chicas durante su gestión en el Tribunal Supremo Electoral bajo el gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). En paralelo, el caso de Chicas ha experimentado múltiples revisiones en los montos cuestionados, desde una estimación inicial de US$305,250.59 según el Acta 91 del 8 de diciembre de 2022 de la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia, hasta la reducción posterior a US$282,494.21 y finalmente a US$202,557.51 tras la resolución de la Cámara Segunda de lo Civil en noviembre de 2024.
#Audiencia I Este día, se lleva a cabo Audiencia Inicial en contra de Ruth Eleonora López Alfaro, acusada de enriquecimiento ilícito.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) June 4, 2025
La audiencia se realiza en el Juzgado 12° de Paz de San Salvador, la @FGR_SV solicita a la sede judicial que el caso pase a la siguiente etapa… pic.twitter.com/B5OfEjYrbm
Pero pese a los hallazgos fiscales, la Fundación Cristosal ha denunciado la detención de López como un acto de “persecución política”, mientras que el Colectivo Santa Marta ha cuestionado similarmente el arresto de Eugenio Chicas, calificándolo como “arbitrario” cuando fue detenido el 13 de febrero de 2025. Ambos casos se desarrollan en el contexto del régimen de excepción vigente en El Salvador desde marzo de 2022, que ha permitido extensiones en los plazos procesales, la revisión de la correspondencia y la no información previa de los motivos de detención, para dar soporte a la Guerra Contra Pandillas declarada por el Órgano Ejecutivo.
Ruth López, detención y acusaciones
Ruth Eleonora López Alfaro fue detenida el 18 de mayo de 2025 a las 11:00 p.m., cuando agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) arribaron a su domicilio con una orden de detención administrativa por el delito de peculado. Según el comunicado oficial de la Fiscalía General de la República (FGR), “este día, se ha hecho efectiva la orden de detención administrativa contra Ruth Eleonora López Alfaro, por el delito de peculado”, estableciendo inicialmente su vinculación con la sustracción de fondos estatales durante su desempeño como asesora de Eugenio Chicas.
La modificación de los cargos se produjo durante la audiencia inicial del 4 de junio de 2025, cuando la Fiscalía presentó el requerimiento formal cambiando la imputación de peculado a enriquecimiento ilícito. Pedro Cruz, abogado defensor de López, cuestionó esta transformación legal declarando que “el proceso sigue favorable a la defensa; esperamos que prevalezca la verdad”, antes de conocerse la resolución judicial que finalmente dictó la prisión preventiva por 180 días.
#Captura | Este día, se ha hecho efectiva la orden de detención administrativa contra Ruth Eleonora López Alfaro, por el delito de peculado.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) May 19, 2025
Ruth López fue asesora de confianza y mano derecha de Eugenio Chicas durante sus dos períodos en el Tribunal Supremo Electoral, durante su… pic.twitter.com/0w83JMGR3u
Ruth López, licenciada en Derecho por la Universidad de La Habana donde se graduó con honores como la mejor alumna de su promoción, desarrolló una extensa carrera en la administración pública salvadoreña. Trabajó como asesora del entonces magistrado del TSE Eugenio Chicas desde 2004 hasta 2009, continuando junto a él cuando asumió la presidencia de la institución entre 2009 y 2014. Posteriormente, se desempeñó en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), donde percibía un salario mensual de $3,601.16, y también ejerció funciones en la Superintendencia de Competencia entre 2014 y 2021.
La FGR sostiene que “durante estos períodos, Ruth López colaboró en la sustracción de fondos de las arcas del Estado” y que “se ha identificado su participación activa en los hechos que se le imputan” mediante “las investigaciones y la información recabada en los allanamientos realizados en el caso de Eugenio Chicas”. Sin embargo, la institución no ha proporcionado información pública específica sobre los montos dinerarios presuntamente defraudados, manteniendo el expediente bajo reserva total desde el 2 de junio de 2025.
📢 #PronunciamientoCristosal | Reiteramos que encarcelar a Ruth es un acto político, no una decisión judicial.
— Cristosal (@Cristosal) June 5, 2025
Quieren que tengamos miedo, pero tenemos más razón que nunca para alzar la voz. Ella no está sola.#LibertadParaRuthLópez#JuicioPúblicoParaRuth#TenganDecencia pic.twitter.com/uLbJJE80mr
La Fundación Cristosal ha respondido a la detención mediante un pronunciamiento que califica la medida como “un grave retroceso en el respeto al debido proceso y una alarmante señal del uso político del sistema judicial en El Salvador“. La organización argumenta que “esta medida no solo vulnera los derechos fundamentales de Ruth, sino que confirma un patrón sistemático de criminalización contra quienes defienden la legalidad, la transparencia y los derechos humanos”.
Cristosal también ha denunciado que “se violentó el plazo constitucional de la detención administrativa, el delito fue modificado evidenciando que su detención fue arbitraria, se ha impuesto una reserva injustificada al caso y no se agotaron las fases previas que exige el marco legal”.Sin embargo, el contexto de la detención se da durante la vigencia del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales que, entre otras cosas, restringe los derechos asociados al plazo inicial de la detención, de los 3 días a los 15 días; y el derecho a ser informado sobre los motivos de detención.
Reserva procesal
El expediente del caso contra Ruth López ha sido mantenido bajo reserva total desde el 2 de junio de 2025, cuando la Fiscalía presentó el requerimiento de acusación ante el Juzgado 12º de Paz de San Salvador. Esta medida impide que la defensa, los medios de comunicación y el público en general accedan a los detalles específicos de las acusaciones, incluyendo los montos dinerarios presuntamente involucrados en el delito de enriquecimiento ilícito.
La imposición de reserva total ha sido cuestionada por expertos jurídicos que señalan que el Código Procesal Penal de El Salvador limita esta medida a la fase de investigación previa, no al proceso una vez instaurado el caso ante el tribunal. Pedro Cruz, abogado defensor de López, declaró tras la audiencia que “esto es una aberración jurídica; la reserva solo pretende ocultar la falta de pruebas”, evidenciando las controversias procedimentales que rodean el caso.
📢 Ruth López no está detenida por un delito, sino por ejercer su derecho a defender la legalidad, denunciar el autoritarismo y exigir justicia.
— Cristosal (@Cristosal) June 4, 2025
La prisión política no cabe en un Estado de derecho.#TenganDecencia #LibertadParaRuthLópez #RuthNoEstáSola ✊ pic.twitter.com/U6wtff1obN
La falta de información pública sobre los montos específicos cuestionados a López contrasta con la documentación detallada disponible en el caso de Eugenio Chicas, donde las diferentes resoluciones judiciales han proporcionado cifras exactas y distribución de responsabilidades familiares. Esta disparidad informativa ha limitado la capacidad de análisis público del caso y ha generado críticas sobre la transparencia del sistema judicial salvadoreño.
La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), donde López ejercía como docente, emitió un pronunciamiento expresando preocupación por la detención y señalando que “este hecho ocurre en un contexto de creciente erosión del espacio cívico, de criminalización de la libertad de expresión y de hostigamiento contra defensores y defensoras de derechos humanos”. La institución académica destacó la trayectoria profesional de López y cuestionó las circunstancias procedimentales de su detención.
El desarrollo paralelo de ambos casos, el de López y el de Chicas, bajo diferentes niveles de transparencia informativa, refleja las complejidades del sistema judicial salvadoreño en el contexto del régimen de excepción. Mientras las investigaciones contra Chicas han generado múltiples resoluciones públicas con montos específicos y distribución familiar de responsabilidades, el caso de López permanece sellado bajo reserva total, limitando el escrutinio público y el ejercicio del derecho a la información que caracterizan los procesos judiciales en sistemas democráticos tradicionales.
Ruth, denuncias y el Régimen
La Fundación Cristosal sostiene que la detención de Ruth López forma parte de “un patrón sistemático de criminalización contra quienes defienden la legalidad, la transparencia y los derechos humanos”. La organización ha presentado un habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional, argumentando que “la acusación presentada por una Fiscalía controlada por el gobierno de Nayib Bukele evidencia improvisación e intencionalidad política”.
Cristosal sostiene que el proceso contra López presenta irregularidades procedimentales, incluyendo la violación del plazo constitucional de detención administrativa, la modificación arbitraria del delito imputado, y la imposición de una reserva injustificada que impide el acceso adecuado a la defensa. “Su defensa presentó pruebas contundentes de arraigo, trayectoria profesional y disposición a colaborar con las autoridades, pero fueron ignoradas”, señala el pronunciamiento de la organización, agregando que “Ruth no representa peligro de fuga ni existe causa legal para mantenerla privada de libertad”.
El Colectivo Santa Marta ha emitido denuncias similares respecto a la detención de Eugenio Chicas, ocurrida el 13 de febrero de 2025 cuando “dejaba a su pequeño hijo en el colegio donde estudia”. La organización calificó el arresto como “arbitrario” y sostuvo que “el cuestionado proceso judicial por un supuesto enriquecimiento ilícito sería solo el pretexto para perseguirlo políticamente”.
La relatora especial de la ONU sobre Defensores de los Derechos Humanos, Mary Lawlor, publicó en redes sociales: “Estoy siguiendo de cerca la audiencia contra la abogada y defensora de derechos humanos Ruth López en ElSalvador. El Estado debe garantizar su derecho al debido proceso. Debe ser liberada”. Este pronunciamiento internacional refleja la atención global que ha generado el caso y las preocupaciones sobre el deterioro del espacio cívico en El Salvador.
El contexto del Régimen de Excepción, vigente desde marzo de 2022, ha permitido la extensión de plazos procesales que normalmente se limitarían a 72 horas según el artículo 168 de la Constitución salvadoreña. En el caso de López, la detención del 18 de mayo se extendió hasta la audiencia del 4 de junio, representando 17 días de privación de libertad antes de la resolución judicial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “el uso extensivo de estados de excepción en El Salvador ha erosionado la libertad de expresión y el debido proceso, exigiendo a las autoridades justificaciones claras sobre la necesidad y temporalidad de estas medidas”.
Ruth y el caso de Eugenio Chicas
Ruth Eleonora López, en el caso judicial que le precede, está asociada con el ex-político salvadoreño, Eugenio Chicas Martínez. La Cámara Segunda de lo Civil estableció en noviembre de 2024 la distribución específica de responsabilidades financieras entre los miembros del grupo familiar de Chicas Martínez, reduciendo el monto total cuestionado a US$202,557.51. Esta cifra representa una disminución significativa respecto a las estimaciones previas que habían establecido montos superiores en diferentes etapas del proceso judicial.
Según la resolución de 2024, Eugenio Chicas Martínez enfrenta acusaciones por inobservancias patrimoniales de US$173,705.57, constituyendo la mayor parte del monto total cuestionado. Su cónyuge, Blanca Estela Martínez, fue señalada por inconsistencias de US$11,282.00, mientras que su hijo Ernesto Carlos Chicas González enfrenta cuestionamientos por US$1,080.44. Adicionalmente, Ana Lucía Ramírez Ayala, identificada como ex cónyuge, fue imputada por un monto de US$16,489.50.
Esta distribución contrasta marcadamente con la resolución inicial contenida en el Acta 91 del 8 de diciembre de 2022 de la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia, que había identificado 29 inconsistencias patrimoniales que sumaban US$305,250.59. Según ese documento, se detectaron irregularidades en el patrimonio del ex funcionario que no pudieron ser justificadas mediante la documentación presentada inicialmente.
La revisión intermedia redujo el monto cuestionado a US$282,494.21 tras un descuento de US$22,756.38, equivalente al 7.45% del monto total original, por documentación justificativa que fue presentada posteriormente por la defensa. Esta reducción de US$22,756.38 representó el reconocimiento de justificaciones patrimoniales que inicialmente no habían sido consideradas en la evaluación preliminar del caso.
La resolución final de noviembre de 2024 implicó una reducción adicional de US$79,936.70 respecto al monto intermedio de US$282,494.21, llegando a la cifra definitiva de US$202,557.51. Esta disminución final sugiere que la Cámara Segunda de lo Civil validó documentación adicional presentada por la defensa o recalculó ciertos elementos patrimoniales que habían sido cuestionados en las evaluaciones previas.
Las investigaciones contra Eugenio Chicas Martínez han identificado irregularidades específicas distribuidas a lo largo de sus diferentes cargos públicos, con variaciones significativas en los montos cuestionados según el período de gestión analizado. Durante su desempeño como Magistrado Presidente del Tribunal Supremo Electoral entre 2009 y 2014, se detectaron pagos de deuda de tarjetas de crédito por $42,200, de los cuales únicamente justificó $4,000 mediante retiros bancarios documentados, quedando $38,200 sin justificación patrimonial adecuada.
En su función como Director Propietario de la Junta Directiva del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) durante el período 2011-2014, las investigaciones documentaron la adquisición de vehículos por un valor de $5,998. Para esta transacción, Chicas presentó documentación que justificaba el origen de los fondos mediante la venta de otro vehículo, siendo esta una de las pocas justificaciones patrimoniales aceptadas durante el proceso investigativo.
El período más cuestionado corresponde a su gestión como Secretario de Comunicaciones de la Presidencia entre 2015 y 2018, donde el Acta de Corte Plena documenta “una disponibilidad negativa de $135,331.22 de la que no se justificó nada”. Esta cifra representa el monto individual más alto entre todas las inconsistencias identificadas y coincide parcialmente con el período en que Ruth López habría continuado desempeñándose como su asesora mientras ocupaba simultáneamente el cargo de asesora en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
Durante su función como Diputado del Parlamento Centroamericano entre 2018 y 2021, se registraron irregularidades por “$53,131.49 y solo se identificaron algunas justificaciones”, según consta en la documentación judicial. Este período representa la etapa final de las inconsistencias patrimoniales identificadas y coincide con el momento en que Chicas se alejó definitivamente de la administración pública salvadoreña.
El caso incluye también acusaciones relacionadas con el delito de Peculado contra la Promotora de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA), donde según las investigaciones “su patrimonio se vio favorecido por $305,250.59 dólares”. Esta cifra coincide con el monto inicial establecido en el Acta 91 de diciembre de 2022, sugiriendo una conexión directa entre las irregularidades patrimoniales identificadas y los fondos de la institución promotora de inversiones.
Las fluctuaciones en la estimación del delito de enriquecimiento ilícito han pasado por tres revisiones principales: la estimación inicial de $305,250.59 en diciembre de 2022, la reducción a $282,494.21 tras la primera revisión documental, y finalmente la cifra de $202,557.51 establecida por la Cámara Segunda de lo Civil en noviembre de 2024. Estas variaciones representan una reducción total del 33.6% respecto al monto originalmente cuestionado, evidenciando la complejidad del proceso de verificación patrimonial y la presentación gradual de documentación justificativa por parte de la defensa.
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