Por Alessia Genoves
Un impuesto gravado del 30% a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) sugiere el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para que las instituciones puedan “por fin cumplir su misión de ayudar a la gente”. No obstante, instituciones como la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (Aspidh), sostienen que la propuesta es amenaza con el desarrollo de su trabajo, ya que la organización desarrolla su trabajo de apoyo, entrega de víveres y soporte legal a personas homosexuales y transexuales de manera altruísta, sin que perciban el apoyo del Estado ni de los fondos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que llegaron a aportar hasta US$80 millones al Ministerio de Economía y de Trabajo para personas LGBT, o a entidades de injerencia.
Ayer fuimos testigos de cómo personas humildes fueron manipuladas por grupos autodenominados de izquierda y ONG globalistas, cuyo único objetivo real es atacar al gobierno.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) May 13, 2025
La presencia coordinada de medios, el acarreo evidente y los banners impresos profesionalmente lo…
Bukele propone administrar la política tributaria, a través de la emisión de una Ley de Agentes Extranjeros, una herramienta jurídica que justificaría el ejercicio de mecanismos de coacción ante las amenazas que socaven los intereses del Estado. Por ptra parte, la propuesta responde a una protesta que la Cooperativa El Bosque de Responsabilidad Limitada orquestó, junto con organizaciones como Fundación Cristosal, el Foro del Agua y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), frente a la vivienda del presidente.
Aspidh no participó. Sus consignas son otras. La titular de la institución, Mónica Linares, declaró a Diario Fuentes que las organizaciones “no cuentan con esa capacidad” de liquidez; y que, además, no sería una normativa justa para cubrir el alcance de las necesidades del grupo social por el que trabaja, las personas LGBT. Según lo aseguró, “el Gobierno no cuenta con políticas para personas LGBT”, por lo que reiteró sus recomendaciones para que el Estado instituya políticas a su favor. Por otra parte, el gobierno del presidente Bukele ha reportado una reducción sostenida de homicidios generalizada, con impacto inmediato a favor de personas LGBT, y la judicialización de al menos 1 caso de Crímenes de Odio y 9 resoluciones favorables a las víctimas mortales de pandillas, policías y civiles, de acuerdo con los expedientes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
LGBT: 30% de impuestos y sin fondos USAID
La imposición tributaria del 30% anunciada por el gobierno de Bukele representaría un golpe en los recursos administativos limitados para las organizaciones LGBT en El Salvador, que tradicionalmente han dependido de la cooperación internacional -y no de USAID- para sus operaciones. Mónica Linares, titular de Aspidh, aseguró que “las organizaciones no contamos con ese fondo, con ese 30% que va a salir de organizaciones”.
Un ejemplo de cómo funcionan las ONGs, la política tradicional y las reformas agrarias en Latinoamérica:
— Nayib Bukele (@nayibbukele) May 16, 2025
¿Cómo se pierden 384 manzanas de tierra?
¿A la fuerza? No. ⁰¿Con balas? No.
Empiezo 🧵… pic.twitter.com/pzvrQZD6N3
Linares profundizó sostuvo a Diario Fuentes: “Imagínese que, por ejemplo, si se tiene un proyecto de US$50,000, son para el gobierno US$15,000. Y esos US$15,000 nos va a hacer falta a nosotras, por ejemplo, para hacer el trabajo que estamos haciendo con la población. La población en realidad, que es un trabajo que debía de estar haciendo el Estado… y que no hace”. Es decir, subraya la percepción de que el gobierno traslada su responsabilidad de garantizar derechos hacia las organizaciones sociales sin ninguna remuneración, pero simultáneamente les impone cargas financieras que dificultan su labor.
El distanciamiento entre el gobierno y las organizaciones LGBT se ha intensificado en los últimos años. Linares señaló: “Por eso se habla también de que básicamente las instituciones del Estado, que antes resguardaban ciertas garantías para poblaciones, tendrían que reinstituirse. Porque antes, claro, habían instituciones que tenían algún tipo de políticas públicas inclusivas para poblaciones –LGBT-, que como que no era la gran cosa para para las poblaciones, muy bien, pero era un avance.”
Este retroceso institucional afecta directamente la capacidad operativa de las organizaciones. “Y ese avance que se tenía antes -en el Estado-, con el retroceso que ha tenido, definitivamente, para las organizaciones es un golpe bajo, porque nos limita el trabajo que podemos llegar a hacer con las poblaciones”, explicó Linares, asegurando que las restricciones financieras no son sólo un problema administrativo, sino que repercuten directamente en la atención a personas LGBT vulnerables.
La situación se complica aún más con el cierre de espacios de diálogo que anteriormente existían entre las organizaciones sociales y las instituciones gubernamentales. Cuando se le consultó sobre si actualmente existe trabajo conjunto con el gobierno, Linares fue contundente: “Tuvimos trabajo también con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, con el Tribunal Supremo Electoral. Todas esas alianzas que se tenían, que ya fueron negadas; esas puertas han sido cerradas para el trabajo o el diálogo entre organizaciones de sociedad civil y el Estado.”
El trabajo de las organizaciones sociales con el Gobierno se reflejaba en la participación en los espacios políticos diversos. A través del Tribunal Supremo Electoral (TSE); y se consiguió la definición de los homicidios agravados motivados por el “odio racial, étnico, religioso, político, a la identidad y expresión de género o la orientación sexual” en el Cödigo Penal, que se impulsó a la Asamblea Legislativa en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), en respuesta a los múltiples homicidios a personas LGBT.
Por otra parte, también han participado con el Ministerio de Salud (Minsal) en los trabajos de prevención a infecciones del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) para poblaciones LGBT, el registro sanitario de personas transexuales adultas que inician un proceso de re-empleazo homonal; así como la re-orientación de recursos para sostener los estudios de educación básica y universitaria para aquellas que no pueden costear sus recursos, con fondos que no nacen del Estado.
No obstante, para 2025, Linares indicó que sobre las oportunidades de trabajo comunitario con el Gobierno: “Todavía no hay nada. Ni una organización ni institución del Estado. No son permitidas. No hay permiso con Ministerio de Salud, con ninguno. Servicios, trabajos, servicios profesionales con nadie.” Esta ruptura de comunicación representa definiría un onstáculo en un contexto donde las necesidades de la población LGBT persisten, particularmente en áreas como salud, educación y trabajo.
El clima de hostilidad hacia organizaciones sociales LGBT se ha visto reforzado por declaraciones presidenciales. Según reportes de la marcha del Orgullo LGBT de junio de 2024, “el presidente Nayib Bukele se ha pronunciado en contra de la ‘ideología de género’ en 2023, generando preocupación en organizaciones LGBT; y reiteró sus antipatías con el despido de 300 personas del Ministerio de Cultura en razón de ‘preservar los valores patrióticos'”. Estas posturas gubernamentales han sido interpretadas como un retroceso en los derechos adquiridos por la comunidad LGBT.
La activista Karla Guevara, del Colectivo Alejandrías, expresó durante la marcha del Orgullo: “Hoy nos quieren invisibilizar y devolvernos a la época de los 90 o antes, donde nos criminalizaban y nos perseguían“. Linares también señaló que en el contexto del Régimen de Excepción, implementado desde marzo de 2022, existe un clima de persecución que afecta particularmente a las organizaciones de derechos humanos: “Yo creo que el régimen de excepción definitivamente es lo que más nos está vulnerando. Y no solamente vulnerando el derecho a la libre infracción, sino también nos condena a una persecución por parte del Estado: a las organizaciones, a los medios de comunicación, por supuesto, y a las personas defensoras de derechos humanos, que estamos en una misma línea de defender los derechos humanos de las poblaciones —que debería el Estado estar garantizando esos derechos y no lo hace.”
No obstante, desde el año 2022 a diciembre de 2024, los registros de homicidios cayeron al 96%, pasando de los 496 a los 144, pese a los atenuantes experesados por las organizaciones. Por otra parte, la Fundación Amate El Salvador -la única que recibió fondos de USAID- ha destacado al menos 124 vulnerabilidades a persoasn LGBT durante el Régimen, y la aprehensión de personas acusadas de pertenecer a agrupaciones ilícitas, de acuerdo con los últimos balances presentados en conjunto con la Fundación Cristosal.
Por su parte, Linares insiste que “lejos de eso, lo que está haciendo es la represión, la persecución, el acoso a las organizaciones de sociedad civil, a las personas defensoras de derechos humanos y a los periodistas también, principalmente por el hecho de que estamos como en la defensa de los territorios, en la defensa de los grupos vulnerables.”
La suspensión de los fondos internacionales, sumada a la imposición tributaria y el deterioro de las relaciones con instituciones gubernamentales, colocaría a las organizaciones LGBT en una posición de vulnerabilidad financiera, limitando su capacidad para brindar servicios esenciales a una población que continúa enfrentando discriminación y violencia.
LGBT: USAID apenas ayudó sólo al ESTADO
Según documentación oficial del portal de gobierno estadounidense “Asistencia Extranjera” (Foreign Assistance), “El Salvador ha recibido un total de $12,883,951,734.00 de la cooperación internacional de Estados Unidos, específicamente los destinados por USAID. De éstos fondos, el país recibió hasta $80,330,029.00 para fomentar las oportunidades de empleo para personas LGBT, y la disuación de actividades ilícitas y migración ilegal, de la que se encargaría el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Minstrab) y el Ministerio de Economía (Minec).”
Estos fondos fueron canalizados principalmente a través del programa “USAID Bridges for Employment” en colaboración con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo para “reducir la participación de los jóvenes en actividades ilícitas y la migración ilegal”. El programa se implementó en “municipios de alta criminalidad priorizados por el Gobierno de El Salvador” a través de “un enfoque de sistemas inclusivo que vincula al gobierno, proveedores de servicios, proveedores de capacitación y el sector privado”.
Sin embargo, existe una discrepancia significativa entre la inversión realizada y los resultados obtenidos en términos de inclusión laboral. Según datos recopilados por Aspidh, que “no recibe ni fondos de USAID ni de ninguna institución del Gobierno de El Salvador”, la situación laboral de las personas LGBT es precaria: “Sólo un 29.49% de la población encuestada cuenta con empleo formal; mientras que el 70.51% restantes o no trabaja, o trabaja en el sector informal (el 35.70%).”
El desglose por identidades de género y orientaciones sexuales revela que, en cuanto a la ocupación, “la población TRANS registra 49 personas en trabajo formal, 73 en trabajo informal, 12 estudiantes, 36 en trabajo sexual y 7 activistas. La población GAY muestra 59 personas en trabajo formal, 39 en trabajo informal, 8 estudiantes, 4 en trabajo sexual y 3 activistas. La población BISEXUAL presenta 11 personas en trabajo formal, 22 en trabajo informal, 2 estudiantes, 4 en trabajo sexual y 2 activistas. La población LESBIANA registra 11 personas en trabajo formal, 22 en trabajo informal, 2 estudiantes, 4 en trabajo sexual y 2 activistas.”
Esta situación laboral también se relaciona con los niveles educativos de la población. Los datos de Aspidh muestran que “la población TRANS presenta 10 personas con educación primaria, 24 con educación secundaria, 79 con bachillerato completo o incompleto, 28 con estudios universitarios completos o incompletos, y 9 que no asistieron a la escuela.”
La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) confirma esta precariedad económica, señalando que “el 25% de las mujeres trans perciben ingresos menores o iguales a $234.26 dólares, por debajo del costo de la canasta básica urbana ($249.08 dólares). El 12.5% no recibe ingresos, y otro 12.5% recibe menos de $34.05 dólares mensuales.”, de acuerdo con las tablas de Salarios Mínimos vigentes hasta febrero de 2025. .
Sin embargo, según la información disponible, tanto el Ministerio de Trabajo como el Ministerio de Economía “no han rendido información competente de sus resultados y gastos, y no existe información competente” sobre el uso y impacto de los fondos de USAID destinados a la inclusión laboral de personas LGBT. Esta falta de transparencia dificulta la evaluación precisa del retorno de la inversión internacional para la mejora en las condiciones de vida de la población LGBT.
Pero Bukele redujo los homicidios
A pesar de las tensiones entre el gobierno y las organizaciones LGBT, los datos disponibles muestran una tendencia a la baja en los homicidios contra personas LGBT durante la administración Bukele. Según la información de la Federación Salvadoreña LGBT, “los homicidios de personas LGBT en El Salvador han disminuido desde 2017 (26 casos) a 2023 (2 casos). En 2024 se ha registrado 1 homicidio hasta la fecha.” Esta reducción significativa coincide con la disminución general de homicidios en el país durante el mismo periodo.
La tendencia histórica muestra una disminución constante: “En 2017 se registraron 26 homicidios, cifra que disminuyó a 16 en 2018, 10 en 2019, y se mantuvo en 8 tanto en 2020 como en 2021. En 2022 se reportaron 7 homicidios, mientras que en 2023 la cifra bajó a 2.” Esta disminución representa un avance significativo en términos de seguridad para la comunidad LGBT, aunque debe contextualizarse dentro de la reducción general de homicidios en El Salvador durante el mismo periodo.
Sin embargo, como señala Roberto Zapata, de Amate El Salvador: “En el país se ha caído en una especie de morbo alrededor de los homicidios, como si el número de muertos fuera el único indicador de si un país es más o menos violento o más o menos seguro.”
Además de la reducción en homicidios, se han registrado avances significativos en la judicialización de casos de crímenes contra personas LGBT. Al menos 8 de los casos han sido judicializados, lo que representa un importante avance en el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias. Entre los casos más emblemáticos figura el de Yasuri Orellana, documentado en el expediente judicial 2652-4A3-18, que resultó en sentencias de 66 años para Edwin Geovanni Méndez y 60 años para Anibal Alfredo Melara y Carlos Antonio Molina.
Otro caso destacado fue el de Camila Díaz Córdova, asesinada el 31 de enero de 2019, que concluyó con sentencias de 20 años de prisión para Valentin Rosales Carpio, Jaime Geovanny Mendoza y Luis Alfredo Avelar. El caso de MAHC (cuya identidad no fue revelada), asesinada el 2 de junio de 2014, resultó en la condena de 7 miembros de la Mara Salvatrucha por el Tribunal Primero de Sentencia de San Luis Talpa, La Paz, bajo el expediente judicial 467-183-19.
Adicionalmente, se registran otros casos judicializados con éxito: un caso del 25 de agosto de 2018 fue resuelto por el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, que condenó a Iván Antonio Hernández a 20 años y a Karla Gutiérrez a 15 años de prisión. Otro caso ocurrido el 20 de octubre de 2017 fue resuelto por el Tribunal Primero de Sentencia, con sentencias de 20 años de cárcel para Henry Geovanny Hernández Fuentes, Marvin Wilmar Sánchez Gaitán y Josué Gabriel González.
El caso de Alexa Landaverde, asesinada el 28 de enero de 2022, terminó con una condena de 25 años de prisión para José Elias Morales Hernández por parte del Juzgado 2o de Sentencia de Santa Tecla. Finalmente, el asesinato de Anahi Miranda Rivas, ocurrido el 27 de octubre de 2019, resultó en una condena de 20 años de cárcel para Juan Carlos Hernández Vásquez por la Corte Suprema de Justicia.
Estos avances en la judicialización de casos sugieren una mayor efectividad del sistema judicial para procesar crímenes contra personas LGBT. Sin embargo, también es importante considerar que, según el Centro de Documentación de Situación Trans en América Latina y el Caribe (CeDoSTALC), “El Salvador lidera con el 36.36% de los casos de violencia perpetrada por fuerzas de seguridad contra personas LGBT”, seguido por Argentina, Guatemala y República Dominicana (13.64% cada uno).
En el contexto del Régimen de Excepción, la Fundación Cristosal ha documentado “5,775 víctimas de violaciones a derechos humanos, incluyendo 95 personas LGBTIQ+ detenidas, de las cuales 24 son mujeres trans.” Las principales violaciones reportadas incluyen “detenciones ilegales (28.59%), faltas al debido proceso (7.60%), allanamiento de morada (4.54%), y tratos crueles o tortura (4.29%).” Estos datos sugieren que, si bien ha habido avances en la seguridad general y en la judicialización de casos contra personas LGBT, persisten desafíos importantes en términos de protección de derechos humanos.
Obstáculos legislativos y laborales para la comunidad LGBT
Las personas LGBT en El Salvador enfrenta importantes obstáculos legislativos, sobretodo en lo relacionado con el reconocimiento legal de la identidad de género. Durante la marcha del Orgullo LGBT en junio de 2024, “La Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género denunció la ausencia de dicha legislación y el incumplimiento de la sentencia 33-2016 y 195-2016 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ordenaba reformar la Ley del Nombre y Persona Natural (LNPN) para permitir el cambio de nombre y género de personas trans.”
Esta ausencia legislativa tiene consecuencias prácticas en el contexto del Régimen de Excepción. Como reconoce la sentencia 249-2022 de la Sala de lo Constitucional: “No se cuenta con una disposición en el ordenamiento jurídico salvadoreño que determine los parámetros o condiciones bajo los cuales se permita realizar dicho cambio, los cuales a su vez garanticen la seguridad jurídica de la persona”. Esta situación genera una vulnerabilidad adicional para las personas trans, que enfrentan dificultades para que su identidad sea legalmente reconocida.
La situación legislativa se ha complicado aún más con la reciente disolución de la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género en la Asamblea Legislativa en 2024, señalada por organizaciones como Aspidh Arcoíris Trans y Amate El Salvador. Este movimiento recuerda acciones similares ocurridas en 2021, cuando “la misma Comisión de la Mujer ordenó el archivado de más de 30 propuestas legislativas a favor de los derechos de la mujer y de las personas LGBT, incluyendo una propuesta de Ley de Identidad de Género.”
En este contexto, las organizaciones LGBT han adoptado una postura de resistencia frente a lo que perciben como un retroceso en derechos adquiridos, pese a que los anteriores representantes de la Comisión, como Suecy Callejas, sostienen que la Comisión de la Mujer va a absorver dichas atribuciones.
Estas barreras legislativas se suman a la precaria situación laboral de las personas LGBT anteriormente descrita. Según la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), “Solo una cuarta parte de la población LGBT tiene empleo permanente con salario, y el 33% de las mujeres trans reporta discriminación en el acceso al empleo.” Esta discriminación laboral contribuye a perpetuar ciclos de pobreza y marginación que afectan desproporcionadamente a la comunidad LGBT, particularmente a las personas trans.
Según el Centro de Documentación de Situación Trans en América Latina y el Caribe (CeDoSTALC), “El Salvador concentra el 32.56% de los casos de vulneración a derechos humanos de personas trans en la región, seguido por Guatemala (27.91%) y Costa Rica (5.43%).” Estos datos sugieren que, a pesar de los avances en la reducción de homicidios y la judicialización de casos, El Salvador enfrenta desafíos en términos de protección de derechos humanos para la comunidad LGBT.
USAID no llegó a las demás ONG’s LGBT
La inversión de Estados Unidos en programas LGBT en El Salvador se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio de cooperación internacional. Según la documentación oficial, Estados Unidos invirtió $277,778,129.00 dólares para programas de desarrollo económico-social en 24 diferentes países del mundo; así como en activísmo político LGBT y/o apoyo técnico, desde los años 2005 a 2024. De este monto global, El Salvador recibió $80,664,741.00, distribuidos entre USAID con $80,330,029.00 y la Inter-American Foundation con $334,712.00 para la Organización Amate El Salvador.
No obstante, la misma organización AMATE informó a Diario Fuentes que los fondos administrados fueron cortados para el año 2025, pese a haber sido la única receptora de fondos USAID para el cierre del año 2024.
Comparativamente, otros países de la región recibieron montos significativamente menores. Por ejemplo, “Honduras obtuvo $913,037 (0.3%) distribuidos entre el Department of State y la Inter-American Foundation para el programa ‘SOMOS CDC’“, mientras que “Guatemala alcanzó $2,754,229.00 para programas de ‘Asociación Lambda (LAMBDA)’ en los departamentos de ‘Izabal, Jalapa, Quetzaltenango y San Marcos’.”
La proporción de fondos destinados a El Salvador sugiere que el país ha sido una prioridad para la cooperación estadounidense en términos de programas LGBT. Sin embargo, como señaló Mónica Linares, estos recursos no necesariamente se traducen en una mejora de las condiciones de vida de la población LGBT si no existe un marco institucional y legal adecuado para su implementación efectiva.
Además, la reciente imposición tributaria del 30% sobre estos fondos representa un desincentivo para la cooperación internacional, en un momento donde las organizaciones LGBT enfrentan crecientes desafíos operativos y financieros. Como expresó Linares, estos recursos son esenciales para “hacer el trabajo que estamos haciendo con la población, un trabajo que debía de estar haciendo el Estado, y que no hace.”
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