Por Alessia Genoves
Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, compareció el 3 de enero de 2026 ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York declarándose “inocente” de todos los cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas. “Soy el presidente de Venezuela. Me considero un prisionero de guerra. Fui arrestado en mi casa en Caracas”, afirmó Maduro durante la audiencia inicial, según la transcripción judicial. Su detención fue resultado de una operación militar estadounidense denominada “Resolución Absoluta”, ejecutada con 150 aeronaves que bombardearon objetivos en Caracas, incluido el complejo presidencial en Miraflores, el 2 de enero.
El presidente Donald J. Trump confirmó la captura, anunciando que su administración gestionará directamente los recursos petroleros venezolanos mediante compañías estadounidenses que invertirán “miles de millones de dólares”. Esta acción se produjo tras el rechazo de Trump a una solicitud de amnistía absoluta formulada por Maduro el 21 de noviembre de 2025, en una llamada telefónica donde el mandatario venezolano propuso abdicar a cambio de inmunidad para él, su familia y 123 funcionarios. La operación y la posterior administración estadounidense han generado un amplio rechazo en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde países como Rusia, China, Brasil y México condenaron la “violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas” y el “peligroso precedente” de intervención militar unilateral, mientras que otros como Argentina y Panamá apoyaron la acción como un avance contra el narcoterrorismo del “Cartel de los Soles”, organización designada como terrorista por el Departamento de Estado el 24 de noviembre de 2025.
Maduro se dice “no culpable” pese a testigos
Durante su comparecencia inicial ante el juez del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Nicolás Maduro Moros se identificó como presidente y prisionero de guerra. “Soy el presidente de Venezuela. Me considero un prisionero de guerra. Fui arrestado en mi casa en Caracas”, declaró, según la transcripción oficial. Cuando se le preguntó por su declaración, afirmó: “Soy inocente. Soy un hombre honorable. Soy el Presidente…”. Su abogado defensor precisó que la declaración era de “no culpabilidad de todos los cargos”. Al salir de la sala, Maduro reiteró en español: “Soy un prisionero de guerra”.
Estas declaraciones contrastan con la narrativa oficial del gobierno de Estados Unidos. El presidente Donald J. Trump, en su conferencia de prensa del 3 de enero en Mar-a-Lago, describió la operación como “una de las demostraciones más asombrosas, efectivas y poderosas del poderío y la competencia militar estadounidense en la historia de Estados Unidos”. Trump enfatizó que “ni un solo miembro del servicio estadounidense fue asesinado y ni una sola pieza de equipo estadounidense se perdió” durante una misión que involucró “muchos helicópteros, muchos aviones, muchísima gente” operando con inteligencia en tiempo real de la CIA, la NSA y la NGA. La Fiscal General Pamela Bondi detalló los cargos:
“Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos”. Bondi añadió que ambos “pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses” y agradeció “al presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense”.
El vicepresidente JD Vance declaró que “el presidente ofreció múltiples salidas, pero fue muy claro durante todo el proceso: el narcotráfico debe cesar y el petróleo robado debe ser devuelto a Estados Unidos. Maduro es la persona más reciente en descubrir que el presidente Trump habla en serio”.
Trump: EEUU en Venezuela y el Petróleo
El presidente Donald J. Trump delineó un plan específico para la administración de Venezuela tras la captura de Maduro, centrado en el control de los recursos petroleros y una transición gestionada por Washington. El 3 de enero de 2026, Trump declaró que Estados Unidos administrará Venezuela “hasta que podamos realizar una transición segura, adecuada y juiciosa” y especificó que “ya estamos allí ahora” y que “vamos a permanecer hasta que se realice una transición adecuada”. Justificó esta decisión argumentando que “no queremos arriesgarnos a que otra persona asuma el control de Venezuela sin tener en mente el bienestar del pueblo venezolano” después de que el país sudamericano experimentó “décadas de eso”. Sobre la gobernanza interna, Trump confirmó que mantuvo “una conversación” con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, quien “acaba de ser juramentada” y “fue elegida por Maduro”.
Reveló que Rodríguez “está esencialmente dispuesta a hacer lo que consideremos necesario para hacer a Venezuela grande de nuevo” tras una comunicación donde “tuvo una larga conversación con Marco” Rubio. Trump calificó su actitud como “bastante amable, pero en realidad no tiene elección”. Sin embargo, explícitamente descartó cualquier apoyo a figuras opositoras como María Corina Machado, afirmando en una entrevista en Fox & Friends que “no apoyaría a Machado como líder de la oposición”. En cambio, delineó que el grupo administrativo que gestionará Venezuela estará conformado “en gran medida, por un periodo de tiempo, las personas que están de pie justo detrás de mí”, refiriéndose a funcionarios como el secretario Pete Hegseth y Marco Rubio.
Trump, por su parte, describió la infraestructura petrolera como “podrida” y “muy peligrosa”, calificándola como “un territorio de explosiones” donde “gran parte es material que pusimos allí hace 25 años, y lo vamos a reemplazar”. Prometió que “vamos a sacar mucho dinero para poder cuidar del país” mediante la explotación de recursos energéticos que históricamente bombeaban “casi nada en comparación con lo que podrían haber bombeado y lo que podría haber ocurrido”.
Garantizó que la operación no representará costos para el contribuyente estadounidense porque “el dinero que sale del suelo es muy sustancial” y que “no nos costará nada” ya que “las compañías petroleras entrarán” y “ellas gastarán dinero”. Estableció que Estados Unidos será “reembolsados por todo lo que gastemos” mediante los ingresos generados, destinando recursos para tres propósitos: compensar al pueblo venezolano, reembolsar “a las personas que fueron expulsadas de Venezuela y ahora viven en Estados Unidos” y recuperar “el petróleo que, francamente, deberíamos haber recuperado hace mucho tiempo”. Argumentó que Venezuela “incautó y vendió unilateralmente petróleo estadounidense, activos estadounidense y plataformas estadounidenses, costándonos miles de millones de dólares” en lo que calificó como “uno de los mayores robos de propiedad estadounidense en la historia de nuestro país”.
Sobre la operación militar, el general Dan Raisen Kaine, presidente del Estado Mayor Conjunto, detalló que 150 aeronaves despegaron desde 20 bases en el hemisferio occidental la noche del 2 de enero. La fuerza incluyó “F-22, F-35, F-18, EA-18, E-2, bombarderos B-1 y otras aeronaves de apoyo, así como numerosos drones pilotados de forma remota” que protegieron a los helicópteros Chinook que transportaron a la fuerza de extracción desde posiciones marítimas hasta el complejo de Maduro en Caracas. Raisen Kaine explicó que “a las 10:01 a.m., hora del este, o 2:01 a.m., hora local de Caracas” la fuerza de helicópteros ingresó al objetivo, descendiendo al complejo donde “los helicópteros recibieron disparos y respondieron con fuego abrumador en defensa propia”. Una aeronave estadounidense fue alcanzada pero “permaneció operativa”.
Maduro, señalado de terrorista, y el ultimatum de captura
La secuencia de eventos que culminó con la detención de Nicolás Maduro se inició con acciones legales y diplomáticas del gobierno estadounidense. Marzo de 2020 constituyó la fecha inicial cuando el Departamento de Justicia imputó a Nicolás Maduro y otros 14 funcionarios venezolanos por cargos de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína, alegando que actuaban como líderes del Cartel de los Soles “desde al menos 1999”.
El 25 de julio de 2025, el Departamento del Tesoro designó al Cartel de los Soles como Specially Designated Global Terrorist (SDGT), argumentando que la organización “proporciona apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras que amenazan la paz y la seguridad de los Estados Unidos”. El 24 de noviembre de 2025, el Departamento de Estado implementó la designación formal del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO), anunciada el 16 de noviembre. El secretario Marco Rubio estableció que “el Cartel de los Soles, con base en Venezuela, está dirigido por Nicolás Maduro y otros individuos de alto rango del régimen ilegítimo de Maduro que han corrompido la milicia, la inteligencia, la legislatura y el poder judicial de Venezuela”.
Nicolás Maduro rechazó enérgicamente estas acusaciones, calificando la designación como “fake news” y una “excusa para justificar un cambio de régimen”. En este contexto, el 21 de noviembre de 2025 se produjo una conversación telefónica entre Trump y Maduro. Cuatro fuentes familiarizadas con el contacto detallaron que Maduro solicitó “una amnistía legal completa para él y sus familiares, el retiro de las sanciones estadounidenses contra unos 100 funcionarios de su administración y la extinción de la investigación por crímenes de lesa humanidad que lleva adelante en contra la Corte Penal Internacional”. Dos fuentes adicionales especificaron que el número exacto de funcionarios era 123 personas.
Trump rechazó la mayoría de estas peticiones y, según dos fuentes, otorgó a Maduro “un plazo de una semana para abandonar Venezuela con un salvoconducto hacia el destino de su elección”, ultimátum que “venció el viernes 28 de noviembre”. Trump confirmó públicamente la existencia de la llamada el 1 de diciembre, respondiendo a periodistas: “No quiero comentar al respecto. La respuesta es sí”, añadiendo sobre el resultado que “no diría que salió bien o mal, fue una llamada telefónica”.
La respuesta inmediata de Trump al vencimiento del ultimátum se materializó el 29 de noviembre cuando declaró mediante comunicado oficial: “A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad”. Cuando periodistas le preguntaron si esta advertencia significaba un ataque inminente, Trump respondió: “No leas nada entre líneas”.
La operación militar “Resolución Absoluta” se ejecutó la noche del 2 de enero de 2026. Trump reveló durante su conferencia de prensa del 3 de enero que mantuvo conversaciones directas con Maduro sobre rendición, declarando: “Tuve conversaciones con él y le dije: ‘Tienes que rendirte’. Y en realidad pensé que estaba bastante cerca de hacerlo, pero ahora desearía haberlo hecho’’. Argumentó que Maduro “tuvo múltiples oportunidades de evitar esto” y que “se le hicieron ofertas muy, muy, muy generosas y, en cambio, eligió actuar como un loco”.
Mientras tanto, en Venezuela, Maduro había declarado el 1 de diciembre de 2025 en un acto frente al Palacio de Miraflores: “Tengan por seguro que así como juré ante el cuerpo de nuestro comandante Chávez antes de despedirme de él, lealtad absoluta a costa de mi propia vida y tranquilidad, les juro lealtad absoluta hasta más allá cuando podamos vivir esta hermosa y heroica historia”. Esta declaración se produjo rodeado de Cilia Flores y Diosdado Cabello durante una marcha oficialista.
Tras el bombardeo, Diosdado Cabello, ministro del Interior, declaró el 3 de enero tras evaluar “los daños causados por el ataque criminal, el ataque terrorista contra nuestro pueblo, contra el suelo patrio, contra las instalaciones eléctricas, contra la Revolución Bolivariana” que se trataba de “un ataque contra Venezuela, contra la República Bolivariana de Venezuela”. Cabello agregó que “las fuerzas militares, las fuerzas policiales, ya están conmigo un grupo de ellos. El pueblo presto para cualquier situación, el pueblo presto para cualquier hecho que pretenda amenazar la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo”.
El Comunicado Oficial de la República Bolivariana de Venezuela estableció que el gobierno “rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira”. El documento calificó la operación como “una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza”.
Naciones Unidas: Por el arresto y liberación de Maduro
El Consejo de Seguridad de la ONU celebró una reunión de emergencia el 6 de enero de 2026, solicitada por Venezuela, Colombia y Sudáfrica con respaldo de Rusia y China. El portavoz del secretario general António Guterres, Stéphane Dujarric, indicó mediante comunicado que “el secretario general sigue enfatizando la importancia del pleno respeto, por parte de todos, del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas. Le preocupa profundamente que no se hayan respetado las normas del derecho internacional”, calificando la intervención como “un precedente peligroso”.
El representante de Rusia denunció “el terrible cinismo con el que Washington ni siquiera procura ocultar los verdaderos objetivos de superación criminal, establecer un control ilimitado sobre los recursos naturales de Venezuela y la afirmación de sus ambiciones hegemónicas en América Latina”. Añadió que “Washington da un nuevo impulso al neocolonialismo y al imperialismo” y preguntó retóricamente: “¿Es acaso es el mundo que esperábamos lograr en la celebración del aniversario de la carta de la ONU?”.
La representación de China condenó la “acción unilateral de hostigamiento de los Estados Unidos” y declaró que “Estados Unidos ha puesto sus poderes por encima del multilateralismo y la acción militar por encima de los esfuerzos diplomáticos, suponiendo una grave amenaza para la paz y la seguridad en América Latina y en el Caribe”. Exhortó a EE.UU. a “cumplir el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas” y pidió la liberación de Maduro y Flores.
El grupo A3 (República Democrática del Congo, Somalia y Liberia) expresó “onda preocupación” y suscribió el comunicado de la Unión Africana. Su intervención subrayó “el pleno respeto a la soberanía e integridad territorial de los estados, según se consagra en la Carta de las Naciones Unidas en pro de la estabilidad regional y la paz internacional”. La representación de los Estados Unidos, en contraste, defendió la acción como una “operación policial de cumplimiento de la ley”. El delegado estadounidense argumentó: “No hay una guerra contra Venezuela ni contra su pueblo. No estamos ocupando un país. Se trata de una operación policial. de cumplimiento de la ley para hacer respetar las acusaciones ilícitas que llevaban vigentes desde hace décadas”.
Afirmó que “más de 50 países, muchas naciones, entre ellas las de la Unión Europea, entre ellos varios países de América Latina, de la región y como no, Estados Unidos también, más de 50 países, repito, rechazaron la legitimidad de la reelección de Maduro tras las disputadas de elecciones 2024 y no lo reconocen, repito, no lo reconocen como presidente legítimamente electo de Venezuela”. Sostuvo que Maduro era el “cabecilla de una viciosa organización narcoterrorista, el cártel de los soles” que se coordina con organizaciones como el Tren de Aragua.
Panamá, en su intervención, pidió que el futuro de Venezuela “sea plenamente democrático” y recordó que “el pueblo, el verdadero soberano, ya habló en las urnas otorgando un triunfo indiscutible con 70% de los votos el pasado 28 de julio de 2024. al candidato de oposición, don Hermundo González Urrutia, así como a María Corina Machado”. Advirtió que “cualquier intento de establecer un gobierno permanente encabezado por figuras del aparato represivo como Delsy Rodríguez constituiría una continuidad del sistema y no una transición genuina”. Brasil rechazó “de manera categórica y con la mayor firmeza la intervención armada en territorio venezolano en flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional”. Su representante afirmó que “los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente traspasan una línea inaceptable” y sentaron “un precedente extremadamente peligroso”.
México condenó “la agresión militar del pasado 3 de enero contra objetivos en territorio de Venezuela en clara violación del artículo segundo de la Carta de las Naciones Unidas”. Chile expresó “profunda preocupación y firme condena por las acciones militares unilaterales” y reiteró que “las graves violaciones a los derechos humanos que enfrenta Venezuela no tienen una solución militar”. Argentina, en cambio, valoró “la decisión y la determinación demostradas por el presidente de Estados Unidos” y confió en que “estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo”.
Cuba denunció “los planes hegemónicos y criminales de Estados Unidos” y llamó a una “reacción urgente de la comunidad internacional contra este criminal ataque a Venezuela”. La representación venezolana ante la ONU denunció el “secuestro del presidente constitucional” y solicitó al Consejo que exija a EE.UU. “el respeto pleno de las inmunidades del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, así como su liberación inmediada” y que condene “de manera clara e inequívoca el uso de la fuerza”. Informó que, conforme a la Constitución, “la vicepresidenta ejecutiva Delsi Rodríguez se encuentra en estos momentos siendo juramentada como presidenta encargada de la República, garantizando la continuidad institucional”.
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