Por Alessia Genoves
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a diez años de prisión a Nercy Patricia Montano de Martínez, exalcaldesa de Soyapango, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas. La sentencia incluye la condena a cinco años con ocho meses de prisión al abogado Ricardo Arturo Roque Baires por uso y tenencia de documentos falsos y actos arbitrarios, tras beneficiarse de US$187,530.12 en una licitación fraudulenta.
La condena contra la ex-alcaldesa montano se acumula con la emitida por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), que impuso una sanción de US$912.51 en su contra, tras promover a su primo como Director de Asuntos Estratégicos y a su cuñada como Tesorera Municipal, violando la Ley de Ética Gubernamental.
La Condena contra Montano
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador emitió su resolución condenatoria por unanimidad el 26 de junio de 2025. Según el documento judicial, “el tribunal manifestó que no hubo un control riguroso en los gastos de la Alcaldía de Soyapango” y estableció que “no había liquidez para pagar el salario a los empleados, pero sí hubo una modificación en el rubro del presupuesto para gastos en las fiestas patronales”.
La condena principal recayó sobre Nercy Patricia Montano de Martínez, quien recibió “10 años de prisión” por “los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas”. El tribunal determinó que Ricardo Arturo Roque Baires sería sancionado con “cinco años con ocho meses de prisión” por “los delitos de uso y tenencia de documentos falsos y actos arbitrarios”, especificando que la “pena será reemplazada por trabajos de utilidad pública”.
El tribunal estableció como hechos probados que “Nercy Montano y Roque Baires tenían un grado de amistad” y que “desde abril de 2021, fue presentado como el asesor jurídico de la Alcaldía de Soyapango”. Los testigos “corroboraron esa información y dijeron que fue observado en la alcaldía y en las sesiones del Concejo Municipal”.
La investigación demostró que “Roque Baires, siendo el representante legal de la sociedad Lex Support, fue favorecido con la adjudicación de una licitación por un monto de US$187,530.12 para la prestación y servicios profesionales de recuperación de mora tributaria de la alcaldía”. El tribunal estableció que “para el otorgamiento de dicho contrato, Montano presionó a los miembros del Concejo Municipal para que votaran a favor”.
Los registros judiciales documentan que “la mora que recuperó la sociedad Lex Support fue de US$867,499.96 y, por ello, la alcaldía le pagó a Lex Support US$187,530.12”. El contrato estipulaba que “el monto de la licitación fue de 1 millón 247 mil , con un plazo de un año” y “Lex Support inició el contrato el 4 de mayo de 2022”.
El tribunal estableció que “en los meses de septiembre a diciembre de 2022 hubo un impago de salarios a los trabajadores de la alcaldía y un impago de cuotas a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), al ISSS, a instituciones financieras y a sindicatos”. Las víctimas “expresaron las afectaciones económicas y de salud que tuvieron por el impago” durante la vista pública.
Montano despidió a trabajadores, pero incumplió deberes
Los problemas laborales durante la gestión de Montano se documentaron desde el inicio de su mandato. “Las primeras de ellas se remiten a las del 2021, cuando la alcaldesa confirmó el despido de al menos 20 personas, conforme a una denuncia pública divulgada por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad)”.
La escalada del conflicto continuó durante 2022. Hasta el mes de agosto de 2022, un grupo de manifestantes se pronunció en contra de la edil, denunciando un presunto impago de salario y prestaciones. La respuesta oficial de Montano establecía que “los pagos, hasta ese mes, se habían realizado en favor de las cuentas bancarias, fondos de pensiones y retenciones de seguros de los empleados”.
Las protestas de enero de 2023 resultaron en detenciones. Hasta la fecha del 11 de enero, los sindicalistas identificados por la FGR fueron detenidos, en medio de las protestas. La Fiscalía identificó a “la ciudadana Ana Argentina Ramos de Joma, quien es ahora requerida ante los Centros Judiciales con Edwin Boanerges Lobos García y Ovidio Antonio Hernández”.
La justificación fiscal para las detenciones estableció que “los imputados se negaron a cumplir las indicaciones de los agentes de seguridad y continuaron generando desorden en las afueras de la alcaldía de Soyapango”. Una de las sindicalistas detenidas expresó: “¿Por qué me hacen esto?. Yo sólo estoy acá porque no me han pagado mi salario”.
Las protestas trascendieron al juicio
La documentación fiscal establece que “la denuncia de impago hecha por varios trabajadores asciende a US$387,042.71, acumulada durante la gestión de la exedil”. Este monto representó el impago correspondiente “a los meses de septiembre a diciembre” de 2022, afectando según los registros a “1,850 empleados municipales”.
La investigación determinó que los trabajadores “denunciaron ante la FGR que no se les habían cancelado los salarios correspondientes a los meses de septiembre a diciembre, ni se habían trasferido las retenciones para las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), a algunos créditos ni a las cuotas sindicales”.
El proceso judicial inició formalmente cuando “el 14 de noviembre de 2022, trabajadores de la Alcaldía Municipal de Soyapango, ahora San Salvador Este, interpusieron las denuncias en sede fiscal”. La Policía Nacional Civil ejecutó la detención el 28 de diciembre de 2022, cuando “detuvo a la alcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales en calidad de instigadora e incumplimiento de deberes”.
La acusación fiscal estableció que “la deuda asciende a US$387,042.71 y el derecho de los trabajadores de la comuna”. La FGR “recibió una denuncia de los trabajadores” por “una dinámica de impago de prestaciones sociales desde que inició la gestión edilicia”.
El Juzgado Primero de Paz de Soyapango celebró la audiencia inicial el 16 de enero de 2023, donde “resolvió instrucción con detención provisional para la exfuncionaria”. La resolución judicial estableció que junto a Montano fueron acusados “Ruth Raquel Aguilar de Montano, quien ejercía como Jefe de Tesorería; Salvador Orlando Montano, como Director de Asuntos Estratégicos y Francisco Antonio Henríquez, como Gerente Financiero”.
El tribunal determinó que “los tres imputados fueron procesados en esta audiencia como reos ausentes” y “la Juzgadora resolvió la detención provisional por existir peligro de fuga”. El proceso “pasó a la fase de instrucción, otorgando seis meses de investigación” y “el juzgado resolvió girar orden de captura para los reos ausentes”.
El 23 de abril de 2025, “el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador instaló la vista pública contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, y otras cuatro personas”. La acusación fiscal incluyó “los delitos apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de las condiciones laborales o de seguridad social, negociación ilícita y actos arbitrarios”.
La Fiscalía presentó “un segundo caso acumulado al proceso, en el que se acusa a Montano y al imputado presente, Ricardo Arturo Roque Baires, en su calidad de representante legal de la sociedad Lex Support, por los delitos de negociaciones ilícitas y falsedad ideológica”. El tribunal estableció responsabilidad civil patrimonial. “Ambos fueron condenados en abstracto por la responsabilidad civil”, lo que implica una cuantificación posterior de los daños causados al erario municipal y a los trabajadores afectados.
Las consecuencias penales incluyen inhabilitación según el Código Penal salvadoreño. Los delitos de apropiación conllevan “sanción de 2 a 4 años de prisión” mientras que el “incumplimiento de deberes” establece “4 a 6 años de prisión e inhabilitación para cargos públicos por el mismo período”. La condena representa la culminación de un proceso judicial que documentó corrupción sistemática en la administración municipal de Soyapango, con impactos cuantificables en US$387,042.71 de impagos laborales, US$187,530.12 en contrataciones fraudulentas, y desviaciones presupuestarias superiores a US$1,900,000 en gastos irregulares de videovigilancia y festividades.
Presupuesto: fiestas, seguridad y cuestinamientos
El presupuesto municipal para 2022 establecía cifras específicas documentadas en el proceso. “El presupuesto de la Alcaldía de Soyapango para el año fiscal 2022 ascendía a US$35,193,126.43, de los cuales US$18,463,786.81 estaban destinados a remuneraciones de empleados”. La proporción destinada a salarios representó el 52.44% del presupuesto total municipal.
Las irregularidades presupuestarias se evidenciaron en las festividades, donde “el ex alcalde Pablo Álvarez aseguró que Montano habría presupuestado US$850,000 para festividades, mientras que el presupuesto aprobado por el Concejo Municipal contemplaba únicamente US$703,355.12 para ese rubro”. Esta desviación de US$146,644.88 representó un exceso del 20.86% sobre lo aprobado.
La documentación revela que se destinaron US$5.4 millones para un plan de videovigilancia conocido como ‘Plan Guardián Soyapango’, aunque el presupuesto de egresos solo contemplaba US$2,610,300 para servicios de vigilancia y US$1,000,000 para alumbrado público. El exceso presupuestario alcanzó US$1,789,700, representando un sobregiro del 49.63% sobre los rubros aprobados.
Por otra parte, la investigación que dio lugar al arresto de la ex-alcaldesa Montano estableció las condiciones económicas del contrato con Lex Support. “La FGR sostiene que Roque Baires fue favorecido con US$187 530.12 por la prestación de servicios profesionales para la recuperación de mora tributaria que su sociedad brindaba a la municipalidad”. El tribunal consideró que “el contrato fue considerado oneroso, ya que contemplaba el pago del 24.97% del monto recuperado”.
Los registros documentan que la comisión del 24.97% se aplicó sobre US$867,499.96 en mora recuperada, generando el pago deUS$187,530.12 a favor de Lex Support. Esta tasa de comisión superó significativamente los estándares de mercado para servicios similares.
Montano y sanciones Ética Gubernamental
El Tribunal de Ética Gubernamental emitió su resolución sancionatoria mediante el dictamen 31-D-22. “En una resolución de 14 páginas, el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) sancionó con una multa de US$912.51 a Nercy Patricia Montano de Martínez, ex alcaldesa de Soyapango, por infringir el deber ético de excusarse de intervenir en asuntos donde exista un conflicto de interés con familiares”.
La fundamentación legal estableció que “Montano propuso e intervino en el nombramiento de su primo como Director de Asuntos Estratégicos y de su cuñada como Tesorera Municipal, incurriendo en dos infracciones a la Ley de Ética Gubernamental”.
El TEG cuantificó las infracciones de manera diferenciada. “El TEG determinó que Montano infringió el artículo 5 letra c) de la Ley de Ética Gubernamental al no excusarse de intervenir en los nombramientos de sus familiares, configurando un conflicto de interés”. La sanción se estructuró como “una multa de US$608.34 por promover a su primo y otra de US$304.17 por promover a su cuñada, sumando un total de US$912.51”.
El tribunal estableció la culpabilidad dolosa en el dictamen. “El fallo detalla que Montano, en su calidad de alcaldesa, tenía la obligación de conocer y cumplir el deber ético de excusarse en casos de conflicto de interés con familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad”. La resolución concluyó que “al no hacerlo y participar activamente en los nombramientos, el TEG consideró que actuó con dolo y, por tanto, se justifica la imposición de una sanción”.
La Alcaldía y Montano
La documentación presupuestaria revela la distribución específica de recursos. El presupuesto total de US$35,193,126.43 se distribuyó con US$18,463,786.81 destinados a remuneraciones, representando el 52.44% del total. Esta proporción resulta significativa al contrastarla con los impagos de US$387,042.71, que representaron el 2.10% del monto destinado a salarios.
La transición presupuestaria para 2023 definió que el Presupuesto General de la Nación para 2023, aprobado por la Asamblea Legislativa en diciembre pasado, asignó US$51,567,154 a la Alcaldía de Soyapango y US$455,904,745 para apoyos municipales en general. El incremento de US$16,374,027.57 representó un aumento del 46.54% respecto al presupuesto 2022.
Ante situaciones irregulares, el gobierno estableció medidas específicas para resolver las deudas acumuladas. Se estableció un fondo de US$1,500,000 para el pago de cuotas municipales adeudadas a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) por retenciones salariales. Este fondo representó el 2.91% del presupuesto 2023 y cubría 387.82% de la deuda documentada de US$387,042 en impagos salariales.
La documentación indica limitaciones en la transparencia presupuestaria posterior. Pero el Concejo Municipal aún no ha divulgado el presupuesto detallado para Soyapango en 2023, incluido el saldo pendiente de US$387,042 por impagos salariales. Esta situación mantiene incertidumbre sobre la resolución integral de las deudas laborales acumuladas durante la gestión de Montano.
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