Por Alessia Genoves
El movimiento Eco-Feminista de Guatemala, Honduras y El Salvador ha presentado denuncias formales contra el proyecto de extracción minera a cielo abierto en la Mina Cerro Blanco, ubicada en Asunción Mita, Guatemala. Las activistas señalan graves deficiencias en el estudio de impacto ambiental y advierten sobre los riesgos que la continuidad del proyecto representa para las comunidades y ecosistemas de la región transfronteriza.
Según evidencian los análisis realizados por la Fundación Heinrich Böll Stiftung (HBS) y el Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM), el proyecto minero Cerro Blanco presenta serios aspectos nocivos que no han sido adecuadamente abordados en su evaluación ambiental. Entre los principales impactos destacan la contaminación de fuentes de agua, la alteración de acuíferos, el manejo inadecuado de residuos tóxicos y los riesgos para la salud de las poblaciones aledañas.
El informe de CEICOM, “Análisis del Estudio de Impacto Ambiental para el Proyecto Minero Cerro Blanco, Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala (2010)”, detalla que área del proyecto abarca 235,452 m2 o 23.5 hectáreas. La producción esperada es de 11,579,959 onzas de oro y 41,486,632 onzas de plata. El flujo de agua para el procesamiento del mineral se estima en 108 gpm, mientras que el flujo de agua geotérmica bombeada para desaguar la mina alcanzaría hasta 3,750 gpm a más de 80°C. Significativamente, la extracción de agua representaría el 37.9% de la recarga hídrica local, lo cual subraya la escala considerable del proyecto y la magnitud de sus potenciales impactos sobre los recursos hídricos y los ecosistemas de la región.
El impacto ambiental
El estudio oficial de impacto ambiental del proyecto Cerro Blanco ha sido cuestionado por sus deficiencias técnicas y metodológicas. De acuerdo al análisis realizado por la Dra. Dina L. López, experta en geoquímica e hidrogeología de la Universidad de Ohio, para CEICOM, existen omisiones en la evaluación de los impactos sobre las aguas subterráneas y superficiales.
“No se ha definido claramente cual es la sub-cuenca de agua subterránea en la que está comprendido el proyecto, excepto por el hecho de que se encuentra ubicado en la cuenca del Lago Güija con más de 2000 km2 de área. Es claro que la sub-cuenca subterránea que alimentaría el agua extraída por los pozos no tiene esas grandes dimensiones”, señala la Dra. López en su informe.
Asimismo, advierte que “no se han definido claramente las condiciones de frontera de la sub-cuenca ni se ha elaborado un mapa de tabla de agua, ni tampoco se ha considerado la hidroestratigrafia de la zona. En otras palabras, no se ha elaborado un modelo físico hidrogeológico del área, a pesar de que se cuenta con pozos y manantiales en la región”.
El estudio señala que existe una extracción masiva de agua subterránea para el desagüe de la mina, que alcanzaría los 3,750 galones por minuto (gpm) en su fase más intensa. Según los cálculos de la Dra. López, esto representaría el 37.9% de la recarga hídrica en el área de influencia directa del proyecto, lo cual “es difícil aceptar el argumento de que no habrá impacto en los manantiales cercanos a la mina”.
Otro punto crítico es la descarga de aguas geotérmicas en el río Ostúa, con altos contenidos de arsénico, boro y flúor, a una temperatura de 35°C. Si bien la empresa propone un tratamiento con cal para precipitar el arsénico, no se aborda el manejo de los otros contaminantes ni se evalúan adecuadamente los impactos de la contaminación térmica sobre los ecosistemas acuáticos.
Ante esta situación, el movimiento Eco-Feminista ha planteado una serie de objetivos principales. En primer lugar, exigen una revisión independiente y exhaustiva del estudio de impacto ambiental del proyecto Cerro Blanco. También demandan la suspensión de las actividades mineras hasta que se garantice la protección de las fuentes de agua y los ecosistemas de la región. Además, buscan promover un modelo de desarrollo sostenible y con enfoque de género que respete los derechos de las comunidades y la integridad de los territorios. Por último, trabajan para fortalecer la articulación transfronteriza para la defensa de los bienes naturales compartidos entre Guatemala, Honduras y El Salvador.
Como expresa una de las líderes del movimiento: “No podemos permitir que se ponga en riesgo nuestro derecho al agua y a un ambiente sano por un proyecto extractivo que solo dejará contaminación y pobreza. Las mujeres estamos en primera línea defendiendo la vida y el futuro de nuestras comunidades”.
Implicaciones humanas y ambientales
Los análisis realizados por la HBS y CEICOM revelan implicaciones del proyecto Cerro Blanco tanto para las poblaciones humanas como para los ecosistemas de la región. En el ámbito social, el informe “Mina a cielo abierto Cerro Blanco en Guatemala” de HBS destaca “las mujeres son particularmente vulnerables a los efectos negativos de la minería, como la pérdida de acceso a recursos naturales, la contaminación del agua y los impactos en la salud, pero sus voces y necesidades específicas no han sido consideradas en el proceso”.
El estudio también advierte sobre los riesgos para la salud pública asociados a la contaminación del agua. “La presencia de arsénico, boro y flúor en concentraciones elevadas en las aguas residuales de la mina representa una seria amenaza para las comunidades que dependen del río Ostúa y el lago de Güija para sus actividades cotidianas y productivas”, señala el documento.
Por su parte, el análisis técnico de CEICOM profundiza en los impactos ambientales del proyecto, destacando varios aspectos críticos. En primer lugar, se señala la alteración del régimen hídrico debido a la extracción de 3,750 gpm de agua subterránea para el desagüe de la mina. La Dra. López advierte que esto “podría impactar el flujo de agua saliendo de los manantiales, o el nivel de pozos de captación de agua de la zona para uso doméstico y agrícola”.
La contaminación térmica también es considerada con la descarga de agua geotérmica a 35°C en el río Ostúa tendría consecuencias ecológicas, “produciendo una disminución de la diversidad, alteraciones en las relaciones depredador-presa, alteraciones en los ciclos de reproducción, intensificando el efecto de contaminantes en los organismos acuáticos debido al incremento de la permeabilidad a los contaminantes en las células, y sobre todo formando un área que impide la migración de peces en ambas direcciones del río”, según advierte el informe.
La contaminación química se manifiesta en los altos niveles de arsénico, boro y flúor en las aguas residuales son una amenaza para la salud humana y los ecosistemas acuáticos. El estudio señala que “no se dice nada sobre el problema del boro y el fluor, y probablemente el litio si existe en la solución”, que evidencia las deficiencias en el plan de manejo ambiental.
El informe de CEICOM también advierte sobre la posibilidad de fenómenos geotérmicos peligrosos debido a la alteración del sistema hidrogeológico. La Dra. López explica que “cuando se explota un sistema geotérmico se genera un cono de depresión que puede producir un gradiente de presión que cambie el flujo de agua subterránea hacia la zona desaguada, si ese flujo de agua es frío y la roca a la que se introduce esta caliente, la repentina adición de calor al volumen de agua fria puede ocasionar una evaporación repentina, un incremento de la presión por los gases y una subsecuente explosión”.
De los impactos transfronterizos se destaca que el proyecto se ubica a solo 15 km de la frontera con El Salvador. El estudio de CEICOM señala que “las aguas residuales de la explotación de esta mina serán descargadas en el río Ostúa, que en su trayectoria final es compartido con El Salvador y posteriormente desemboca en el Lago Guija, que también es compartido con Guatemala”. Esto implica que los efectos de la contaminación podrían extenderse más allá del territorio guatemalteco, afectando a comunidades y ecosistemas en El Salvador.
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