Por Alessia Genoves
Sólo 2,649 personas en condición migratoria irregular, y con orígen salvadoreño, han sido regiistradas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en todo el territorio de los Estados Unidos (EEUU). El registro corresponde al de enero y marzo de 2025, y representa una reducción del 78.5% respecto al mismo trimestre de 2024 y un 65.7% inferior al registro del primer trimestre de 2023. Ésta condición sería consecuente con la implementación de la Ley Lake Riley tras la asunción presidencial de Donald Trump en enero de 2025 que, en contraste con otros países, daría resultados también palpables: México con 37,839 casos, Venezuela con 11,937, Guatemala con 7,577 (un aumento del 12% respecto a 2024), y Honduras con 7,236.
Y a éstas políticas migratorias se añade la consolidación de una alianza estratégica entre los presidentes Donald Trump y Nayib Bukele, formalizada durante su reciente encuentro bilateral en Washington el 14 de abril de 2025. El acuerdo establece un marco de cooperación para la contención del terrorismo transnacional, que incluye la utilización del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) salvadoreño como espacio para recluir a terrorístas en el contexto de la Guerra Contra Pandilla, y posteriormente ampliada a aquellos también en condición migratoria irregular.
Sólo 2,649 salvadoreños en condición irregular a marzo 2025
La CBP sólo registró 2,649 migrantes irregulares salvadoreños durante el primer trimestre de 2025. El dato refiere a que, desde enero se identificaron 1,963 personas (74.1% del total trimestral), seguidas por los 366 en febrero (13.8%) y los 320 registrados en marzo (12.1%), una reducción progresiva dentro del propio período.
En su comparación inter-anual, durante el primer trimestre de 2024, El Salvador registró 12,431 migrantes irregulares (3,659 en enero, 4,637 en febrero y 4,135 en marzo), lo que sitúa la cifra actual (2,649) como un 78.5% inferior. Este porcentaje de reducción supera notablemente el promedio de disminución regional para países del Triángulo Norte, calculado en 76.1%, lo que posiciona a El Salvador como el segundo país con mayor reducción proporcional después de Nicaragua.
En su registro de anualidades, la CBP destaca que durante el año fiscal 2023 se registraron 61,264 migrantes irregulares salvadoreños, cifra que experimentó una contracción del 25.9% en 2024, cuando se contabilizaron 45,370 personas. Proyectando la tendencia actual del primer trimestre de 2025 (2,649 personas) a una estimación anualizada conservadora, se anticiparía un registro anual aproximado de 10,596 migrantes irregulares para 2025, lo que representaría una reducción adicional del 76.6% respecto a 2024.
Mientras que durante el primer trimestre de 2025, los 2,649 salvadoreños representaron el 1.9% del total de 140,222 migrantes irregulares contabilizados, un porcentaje ligeramente inferior al 2.09% que representaban del total anual en 2023 (61,264 de 2,926,924).
El Salvador y el Triángulo Norte
En el Triángulo Norte centroamericano, El Salvador presenta características distintivas en su comportamiento migratorio. Los 2,649 migrantes irregulares salvadoreños registrados en el primer trimestre de 2025 contrastan con los 7,577 guatemaltecos, que presentan una distribución mensual de 9,204 en enero (disminuyendo a 4,739 en febrero y 1,716 en marzo), representando una reducción interanual del 87.6% respecto al primer trimestre de 2024 (60,090 personas).
Honduras, por su parte, registró 6,706 migrantes irregulares en el primer trimestre de 2025 (4,950 en enero, 858 en febrero y 898 en marzo), experimentando una disminución del 82.3% respecto a igual período de 2024 (37,975 personas). Nicaragua, aunque no pertenece formalmente al Triángulo Norte pero comparte características regionales relevantes, contabilizó apenas 569 migrantes irregulares (402 en enero, 80 en febrero y 87 en marzo), lo que representa una reducción del 97.7% respecto al primer trimestre de 2024 (24,927 personas).
En términos comparativos intrarregionales, El Salvador ocupa el tercer lugar en volumen absoluto de migrantes irregulares durante el primer trimestre de 2025, por detrás de Guatemala (7,577) y Honduras (6,706), pero supera a Nicaragua (569). Sin embargo, en términos de reducción proporcional respecto al año anterior, El Salvador (78.5%) se ubica en tercer lugar, después de Nicaragua (97.7%) y Guatemala (87.6%), pero por delante de Honduras (82.3%).
En el caso particular de El Salvador, la significativa reducción de la violencia interna, evidenciada por la disminución del 94.4% en los homicidios durante el primer trimestre de 2025 comparado con igual período de 2022, con diferencia de sus vecinos regionales.
Principales países emisores de migrantes irregulares
El análisis de los registros de la CBP para el primer trimestre de 2025 revela un reordenamiento en la jerarquía de países emisores de migrantes irregulares hacia Estados Unidos. México continúa ocupando la primera posición con 37,839 personas (20,492 en enero, 8,117 en febrero y 9,230 en marzo). Pero ésta cifra, aunque significativa, refleja una reducción del 75.9% respecto al primer trimestre de 2024, cuando se registraron 157,198 migrantes irregulares mexicanos.
Venezuela se posiciona como el segundo emisor con 12,659 migrantes (11,937 en enero, 350 en febrero y 372 en marzo), constituyendo el 9% del total y experimentando una disminución del 75.7% respecto al primer trimestre de 2024. Le siguen China con 8,438 (4,072 en enero, 3,852 en febrero y 2,658 en marzo), que representa el 6% del total trimestral, y Canadá con 8,337 (2,743 en enero, 2,922 en febrero y 2,672 en marzo), equivalente al 5.9% del total.
Haití, con apenas 1,711 migrantes irregulares (1,516 en enero, 84 en febrero y 111 en marzo) en el primer trimestre de 2025, ocupa el 16º lugar, representando una reducción del 97.1% respecto al mismo período de 2024 (58,539 personas). En comparación, éste país aportó 185,320 migrantes en 2023 (6.3% del total) y 168,807 en 2024 (7.5% del total).
Ecuador aportaría 2,620 migrantes irregulares (2,039 en enero, 344 en febrero y 237 en marzo) en el primer trimestre de 2025, ocupando el 14º lugar, inmediatamente después de El Salvador, pero con una reducción del 92.9% frente al mismo período de 2024 (36,867 personas). Su evolución histórica muestra un incremento entre 2023 (109,846 migrantes, 3.8% del total) y 2024 (89,555 migrantes, 4.0% del total.
En este contexto, El Salvador ocupa la 13º posición entre los países emisores de migrantes irregulares durante el primer trimestre de 2025, con sus 2,649 personas representando el 1.9% del total. Esta posición supone un descenso respecto al 12º lugar que ocupaba al cierre de 2023, cuando aportó 61,264 migrantes (2.09% del total anual de 2,926,924).
La India, por su parte, registró 6,748 migrantes irregulares (3,131 en enero, 1,626 en febrero y 1,991 en marzo) en el primer trimestre de 2025, posicionándose en el 8º lugar general y experimentando una reducción del 64.5% frente al mismo período de 2024 (19,017 personas). Su evolución histórica muestra fluctuaciones: 110,123 migrantes en 2023 (3.8% del total) y 79,165 en 2024 (3.5%), evidenciando una tendencia decreciente que se ha acelerado con la implementación de la Ley Lake Riley.
Mientras que Filipinas, con 8,325 migrantes irregulares registrados en el primer trimestre de 2025 (3,369 en enero, 2,263 en febrero y 2,693 en marzo), ocupa el 5º lugar en el ranking general, representando el 5.9% del total trimestral y evidenciando una reducción del 30.5% respecto al mismo período de 2024 (11,967 personas). Este comportamiento contrasta notablemente con su patrón histórico, pues en 2023 aportó 46,859 migrantes (1.6% del total anual), mientras que en 2024 la cifra disminuyó a 45,407 (2.0% del total).
Cuba, un emisor importante, contabilizó 6,577 migrantes irregulares (6,295 en enero, 150 en febrero y 132 en marzo) durante el primer trimestre de 2025, ocupando el 9º lugar general y reflejando una reducción del 88.9% respecto al mismo período de 2024 (59,332 personas). Este descenso contrasta con los 128,450 migrantes en 2023 (4.4% del total) y 181,069 en 2024 (8.0%), que fue ascendente.
Colombia, con 4,226 migrantes irregulares (3,509 en enero, 356 en febrero y 361 en marzo), ocupa el 11º lugar y muestra una disminución del 86.9% respecto al primer trimestre de 2024 (32,152 personas). Su participación histórica ha sido fluctuante: 144,699 migrantes en 2023 (4.9% del total) y 103,594 en 2024 (4.6%), con tendencia descendente.
Trump, la Ley Lake Riley y el enfoque Bukele
La implementación de la Ley Lake Riley ha transformado el panorama migratorio hacia EEUU. Esta normativa, que intensifica los controles fronterizos y modifica los procedimientos de asilo y deportación, ha generado un efecto inmediato en los flujos migratorios, como evidencia la reducción del 79.9% en el número total de migrantes irregulares durante el primer trimestre de 2025 (140,222) respecto al mismo período de 2024 (697,800).
En el marco específico de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y El Salvador, la visita del presidente Nayib Bukele a Washington consolidó un acuerdo migratorio de características inéditas en el hemisferio. Este convenio permite a Estados Unidos deportar a El Salvador a migrantes indocumentados con antecedentes criminales, independientemente de su nacionalidad de origen, para su reclusión en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Este acuerdo se fundamenta en los resultados obtenidos por El Salvador en materia de seguridad. Entre el 16 y el 31 de marzo de 2025, se documentó la incorporación al CECOT de más de 250 personas acusadas de pertenecer a organizaciones criminales transnacionales como el Tren de Araguá, el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha 13, todas ellas clasificadas como organizaciones terroristas por ambos gobiernos.
Desde su dimensión económica, según lo detallado por el presidente Bukele y confirmado por el Departamento de Estado estadounidense, el gobierno del presidente Trump ha comprometido un anticipo de hasta 6,000,000 de dólares para la manutención de las personas recluidas en el CECOT. Este monto se suma a la inversión de $435 millones de dólares ya realizada por El Salvador en la construcción de dicha instalación penitenciaria, que cuenta con capacidad para 40,000 reclusos.
En su encuentro con Bukele, el presidente Trump enfatizó la correlación entre ambos fenómenos al señalar que “muchos (migrantes) eran criminales, en algunos casos criminales violentos” y mencionar específicamente “11,088 asesinos conocidos” entre la población migrante, afirmando que “la mitad había asesinado a más de una persona”. Por su parte, el presidente Bukele respaldó esta perspectiva al afirmar que “para liberar a 350 millones de personas (de Estados Unidos), hay que encarcelar a algunos”, que serían migrantes en condición irregular, a su vez.
Modelo Bukele y consecuencias
La reducción en los flujos migratorios irregulares desde El Salvador hacia EEUU corresponde al contexto de transformación de indicadores de seguridad internos. Según datos de la Fiscalía General de la República (FGR), la evolución de los homicidios intencionados presenta una tendencia decreciente: 2,398 en 2019 (tasa de 37.6 por cada 100,000 habitantes), 1,341 en 2020 (reducción del 45.6%), 1,162 en 2021 (reducción adicional del 12.4%), 496 en 2022 (disminución del 57.3%), 154 en 2023 (reducción del 69%) y 114 en 2024 (disminución adicional del 26%).
La comparación entre períodos específicos, resulta que en el primer trimestre de 2022, inmediatamente antes de la implementación del Régimen de Excepción, se contabilizaron 323 homicidios intencionados (82 en enero, 76 en febrero y 165 en marzo). En contraste, el primer trimestre de 2025 registró únicamente 18 homicidios (6 en enero, 5 en febrero y 7 en marzo), lo que representa una disminución del 94.4%.
De los 18 homicidios registrados en el primer trimestre de 2025, solo 1 está relacionado con delincuencia general, 9 con intolerancia social, 1 con intolerancia familiar, y 7 casos permanecen pendientes de categorización específica. Los resultados actuales contrastan con la predominancia histórica de homicidios vinculados a la actividad de pandillas y grupos criminales organizados.
Estos resultados se asocian directamente con la implementación del Régimen de Excepción, vigente desde marzo de 2022 y que alcanzó su 37º prórroga el 14 de abril de 2025, acumulando 1,110 días consecutivos. Este régimen, fundamentado en el artículo 24 de la Constitución salvadoreña, ha permitido la detención de 82,963 personas vinculadas presuntamente a organizaciones criminales.
Como factor indirecto, la reducción del 94.4% en los homicidios durante el primer trimestre de 2025 comparado con igual período de 2022 ha disminuido significativamente la presión migratoria por motivos de seguridad. A esto se suma la recuperación económica asociada a la eliminación de las extorsiones pandilleras, estimada en más de $1,000 millones de dólares anuales según el Banco Central de Reserva (BCR).
No obstante, el Régimen de Excepción es cuestionado en su impacto en los derechos humanos. Organizaciones como el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) y Cristosal han presentado 6,305 denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de las cuales el 78% corresponden a detenciones arbitrarias, el 65% a violaciones del debido proceso, y el 37% a casos de tortura.
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