Por Alessia Genoves
Una cifra de 364 casos de violencia y 6 homicidios se reportaron en El Salvador, al cierre del año fiscal 2023, según lo documenta el informe “Evidenciando la violencia por prejuicio hacia personas LGBT en Centroamérica”. Del total de casos, 357 (98%) representaron violaciones a derechos fundamentales. El desglose de vulneraciones reveló que el derecho a la no discriminación fue transgredido en 149 casos (41%), mientras el derecho a la libre de detención arbitraria se registró en 47 casos (13%). Los 161 casos restantes (44%) involucraron violaciones a otros derechos o no especificaron el derecho vulnerado.
Las cifras, que constituyen una reducción en los homicidios de personas ocurre en el contexto del “Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales” y el estado de excepción vigente desde marzo de 2022, prorrogado 32 veces consecutivas. Este régimen ha resultado en más de 85,000 detenciones, entre las que unas 8,000 resultaron en su liberación, tras ser sobreseídas de los cargos que justificaban su detención. De esos registros, organizaciones sociales como la Fundación Cristosal, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho y Amate El Salvador enumeran hasta 6,305 presuntas vulneraciones a los derechos humanos: y cuya población define a un 2.1% de personas LGBT, que también corresponderían a un registro de 224 muertes en Centros Penales.
Víctimas LGBT de 2023
El análisis de las víctimas proporcionó una distribución precisa: mujeres trans y hombres cisgénero constituyeron los grupos más afectados, cada uno representando 146 casos (40% del total). El 20% restante (72 casos) correspondió a otros géneros o categorías no especificadas. La dimensión etaria mostró que 98 casos (27%) involucraron personas entre 19 y 29 años, mientras 266 casos (73%) correspondieron a otras edades o no especificaron la edad de la víctima.
De los 165 casos con información sobre perpetradores, 74 casos (45%) involucraron directamente a policías, autoridades y funcionarios como agresores. En 20 casos (12%), los perpetradores fueron identificados como desconocidos, y en 71 casos (43%) los agresores fueron otros individuos o no se especificó su identidad. En 199 casos no se obtuvo información sobre los perpetradores.
Violencia hacia personas LGBTIQ+ en El Salvador
No obstante, El Salvador experimentó un incremento de homicidios LGBT de 1 caso en 2022 a 6 casos en 2023. Este aumento ocurrió en un contexto de variación general de homicidios, pasando de 154 homicidios intencionales en 2022 a 496 en 2023, según datos de la Fiscalía General de la República (FGR). Los registros históricos muestran variaciones significativas: en 2019 se reportaron 9 víctimas (7 mujeres trans y 2 hombres gays), aunque la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) contabilizó hasta 12 homicidios. En 2018, la prensa nacional registró 16 homicidios contra personas LGBT, y en 2017, 26 personas fueron víctimas.
Justicia sobre Críemenes de Odio
Organizaciones pertenecientes a la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género documentan cerca de 600 personas víctimas de homicidios y crímenes de odio durante las últimas tres décadas. La Federación Salvadoreña LGBT ha identificado específicamente 69 asesinatos desde 2017 contra mujeres, hombres trans y personas homosexuales No obstante, la CSJ ha emitido al menos 9 resoluciones favorables a favor de las víctimas, que han culminado en la judicialización de sus homicidas.
De modo que el Tribunal Primero de Sentencia de Zacatecoluca, el 20 de febrero de 2021, estableció sentencias de 60 a 66 años de prisión contra miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) por un crimen de odio consumado el 19 de septiembre de 2017 en San Luis Talpa. Los sentenciados fueron Aníbal Alfredo Melara (Spirit), Carlos Antonio Molina (Coyote) y Edwin Geovanni Méndez (Cangrejo), quienes ejecutaron a las víctimas mediante un vehículo negro polarizado y armas de fuego.
A su vez, eEl Tribunal Primero de Sentencia de Zacatecoluca, en la resolución 46Z-1B3-19, sentenció a 13 años de prisión a uno de los responsables del asesinato de una mujer trans identificada como MAHC, ocurrido el 8 de junio de 2019. El cuerpo de la víctima fue encontrado “decapitado y desmembrado (…), dividido en siete partes” en un terreno baldío del municipio de San Juan Nonualco, La Paz.
En adelante, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, el 20 de julio de 2020, condenó a 20 años de prisión a tres exagentes del servicio de emergencias 911 de la Policía Nacional Civil: Valentín Rosales Carpio, Jaime Geovanny Mendoza y Luis Alfredo Avelar, por el homicidio de la mujer trans Camila Díaz Córdova, ocurrido en el mes de febrero del año 2019, sobre la Carretera de Oro en dirección al Distrito de Apopa.
El asesinato de Alexandra Landaverde fue el octavo y el último registrado por la FGR, al cierre del año fiscal 2021. A partir de esa fecha, el comportamiento de los asesinatos registrados ha variado notablemente. Eso es así ya que, en ese período, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) enumeró al menos 1,147 homicidios al cierre del año fiscal; una cifra que deduce una contracción del 14% respecto a los 1,341 homicidios de 2020; y el 52% respecto a los 2,390 homicidios del año 2019.
El total es igual al del año 2020, pero con proporciones distintas; ya que la organización identificaría a 3 de las víctimas como mujeres trans; y a otras 5 de ellas como hombres gays. Pero el año 2019, sin embargo, reportaría una mayor cantidad de muertes, en comparación a los años sucesivos; con un registro de al menos 9 víctimas. Asesinadas fueron, por tanto, 7 mujeres trans, más otros 2 hombres gays. Sin embargo, éste registro contrasta con el de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), que llegó a cuantificar al menos 12 homicidios.
Entretanto, otros registros complementarios los ha rendido la prensa nacional, con al menos 16 homicidios contra personas LGBT en el año 2018; y el de otras 26 personas LGBT en el año 2017; años en los que las cifras generales de homicidios intencionados habrían cerrado en los 3,962 y 5,276 respectivamente. Para el año 2022, los registros de la prensa al menos evidenciaron un homicidio a una persona trans, sin expresión de género. En paralelo, la cifra general de homicidios intencionado se cuantificaba en al menos 495; lo que deduce una reducción del 79% de los casos, respecto a los del año 2019. Mientras que, durante los 2 meses transcurridos del año 2023, el reporte de homicidios LGBT es nulo.
Sin Identidad de Género
Organizaciones LGBT en El Salvador han desarrollado durante más de 14 años una propuesta de Ley de Identidad de Género orientada a garantizar derechos humanos, civiles y políticos para personas transgénero y transexuales. El Partido Demócrata Cristiano (PDC) fue el primero en suscribir la moción en 2009, aunque su propuesta inicial buscaba limitar el matrimonio civil a “hombres y mujeres así nacidos”. Únicamente el partido FMLN ha mantenido una afinidad constante con estas propuestas, registrando iniciativas legislativas el 22 de marzo de 2018 y el 20 de agosto de 2021 ante la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género.
Pero no fue sino hasta febrero de 2022, cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el expediente 33-2016/195-2016, ordenó a la Asaamblea Legislativa reformar la Ley de Nombre y Persona Natural (LNPN), declarando su inconstitucional parcial, en favor a organizaciones LGBT demandantes, correspondientes a la Mesa Temática por la Identidad de Género.
La CSJ fundamentó su resolución a la falta de regulación para el cambio de nombre por identidad de género, argumentando que dicha omisión constituye “un trato discriminatorio no justificado”, y que genera condiciones “lesivas a la dignidad humana” al impedir que las personas trans “vivan como quieran” y exponerlas a “situaciones de humillación”. Esta resolución fundamentó la inconstitucionalidad basándose en los artículos 1 y 10 de la Constitución de la República, que reconocen la seguridad jurídica, identidad y libertad personal.
No obstante, la Asamblea Legislativa no ha emitido reformas a la LNPN, tal y como lo ordena la resolución de la CJS, transcurridos 1,022 días. En el contexto legislativo, la Asamblea había ordenado el archivo de más de 300 iniciativas de ley, entre ellas, la propuesta por una Ley de Identidad de Género, y la propuesta por la Igualdad y la No Discriminación. El evento que tuvo lugar en mayo de 2021 en la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género, argumentó que las iniciativas “no son vigentes y no responden a la realidad nacional”.
En adelante, las organizaciones reiteraron sus solicitudes, y compartieron nuevamente su propuesta el 21 de agosto de 2023. En su presentación, recibieron la iniciativa de ley con la firma de la diputada Mariana Belloso, del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y la del diputado Jhonny Wright Sol, a través de su suplente, la diputada Linda Flores, del partido Nuestro Tiempo, para ser dirigida en la Comisión de la Mujer. Sin embargo, en el transcurso de la Legislatura 2021-2024, la sentencia no fue cumplida, y la propuesta fue trasladada a la Comisión de Legislación y Puntos constitucionales, sin ser discutida; hasta que en mayo de 2024, la nueva legislatura disolvió la Comisión de la Mujer, y la redujo junto con las otras 29 a tan sólo 8 legislativas.
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