Marcha LGBT rompe el miedo de ONG´s al Centro Histórico

Por Alessia Genoves

La Marcha de Orgullo LGBT tuvo una concentración menor a las 20,000 personas, no superando a los 26,000 que tuvo en 2023. La movilización tuvo lugar en San Salvador, e inició en Plaza Las Américas hacia el Parque Gerardo Barrios, espacio que tan siquiera fue programado por organizaciones LGBT. El destino, en cambio, concluiría en el Parque Cuscatlán, en una decisión atribuida por las organizaciones convocantes a la falta de seguridad jurídica para garantizar el desplazamiento colectivo.

“Nuestros líderes dijeron que no podían decirnos [el trayecto], porque era una cuestión reservada”, declaró una de las personas marchantes. El trayecto sería desvelado en apenas menos de una semana antes del evento. “La marcha había tomado otro rumbo, porque nos dijeron que iban abriendo caminos… Pero, aún así, los carros pitaban, nos gritaban y nos decían ´culeros´, nos decían ´pipianes´; y nos pitaban. Pero nosotros íbamos, marchando”, detalló a Diario Fuentes.

El cambio de ruta fue asociado por los marchistas independientes, debido a que las organizaciones convocantes ya no contarían con el apoyo de sus patrocinadores, para sostener los gastos de sus proyectos y actividades internas. Ésta des-financiación progresiva de fondos internacionales respondería al contexto de la disolución de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la imposición de la Ley de Agentes Extranjeros, vigente desde el 1 de junio de 2025, que establece la obligación de declarar las donaciones internacionales y el pago de un tributo equivalente al 30% del monto recibido.

“A pesar de todo, siempre vamos a seguir marchando, pase lo que pase, siempre. Porque, al final, ésto es lo que somos, y nos sentimos orgullosos: con ésto nacimos, crecimos, con ésto nos desarrollamos y con ésto vamos a morir. Porque somos orgullosamente gays, LGBT”, dijo a éste medio, uno de los marchistas que no pertenece a ninguna ONG. Además, señala una ausencia parcial de organismos de seguridad para la cobertura de la marcha, la ausencia de marchistas y de la carrosería habitual.

Corte de fondos y carga fiscal

Entre los años 2015 y 2024, USAID destinó $80,330,029.00 a El Salvador para programas orientados a la inclusión laboral, la prevención de migración y el apoyo a poblaciones en riesgo, incluyendo personas LGBT. Los fondos fueron canalizados a través del Ministerio de Economía y del Ministerio de Trabajo mediante el programa “USAID Bridges for Employment”. La Inter-American Foundation complementó los aportes con $334,712.00 adicionales, destinados a la organización AMATE El Salvador.

Esta asignación colocó al país como el segundo receptor de fondos a nivel global en actividades LGBT, con un total de $80,664,741.00, sólo por debajo de Colombia, que recibió $126,067,947.00. Sin embargo, “las organizaciones no contamos con ese fondo”, declaró Mónica Linares, titular de ASPIDH, al confirmar que los recursos no fueron transferidos directamente a organizaciones de base. Linares afirmó: “Imagínese que, por ejemplo, si se tiene un proyecto de US$50,000, son para el gobierno US$15,000. Y esos US$15,000 nos va a hacer falta a nosotras”.

En suma, Ley de Agentes Extranjeros introdujo un impuesto del 30% sobre donaciones internacionales, además de la obligación de declarar el origen y destino de los fondos, lo cual fue considerado por las organizaciones como una forma de “represión, persecución y acoso”, en palabras de Linares, quien agregó: “Ni una organización ni institución del Estado. No son permitidas. No hay permiso con Ministerio de Salud, con ninguno. Servicios, trabajos, servicios profesionales con nadie”.

Pero la violencia sigue

El informe “Evidenciando la violencia por prejuicio hacia personas LGBT en Centroamérica” revela que entre 2000 y 2024 se documentaron 364 casos de violencia en El Salvador, de los cuales 357, equivalentes al 98%, involucraron vulneraciones a derechos humanos. El 41% (149 casos) correspondieron al derecho a la no discriminación, el 13% (47 casos) a la libertad frente a detenciones arbitrarias y el resto a otras formas de vulneraciones no especificadas. El 45% de los agresores identificados fueron autoridades estatales, como la Policía Nacional Civil. En 199 casos no se logró identificar al perpetrador. En cuanto al perfil de las víctimas, el 40% eran mujeres trans (146 personas), otro 40% hombres cisgénero (146 personas), y el 20% restante (72 casos) de otras identidades de género o no especificado. El 27% de los casos afectaron a personas entre 19 y 29 años.

En Costa Rica se documentaron 261 casos de violencia hacia migrantes LGBTIQ+, de los cuales el 89% fueron agresiones físicas (232 casos) y el 77% violencia psicológica (201 casos). El 64% de las víctimas sufrieron violencia física, y el 43% de los perpetradores eran familiares cercanos. En Guatemala se reportaron 200 casos, con un 85% de violencia física (170 personas) y un 84% de agresores no identificados. El 49.5% de las víctimas tenía entre 18 y 29 años. El 21% eran activistas de derechos humanos.

La Red Sin Violencia de América Latina documentó 364 homicidios de personas LGBT en El Salvador en 2023, lo que representó un aumento del 5.5% respecto al año anterior. En El Salvador se reportaron seis homicidios en 2023, frente a uno registrado en 2022. Las mujeres trans fueron el grupo con más víctimas (146 casos), seguidas por hombres cis gay (129), mujeres cis lesbianas (31), hombres cis bisexuales (24), hombres trans (10), mujeres cis bisexuales (3), personas no binarias (2) y 19 casos sin clasificación. Las armas de fuego fueron utilizadas en 142 casos, los objetos cortantes en 46, el estrangulamiento en 20, la fuerza corporal en 14, objetos romos en 8 y otros métodos no especificados en 25. En 109 casos no se determinó el método. El 42.5% de los homicidios ocurrieron en espacios abiertos (155 casos), el 22.8% en domicilios (83 casos) y el resto en instituciones, hoteles o espacios no identificados.

Pero, pese a los indicadores desfavorables de violencia, en El Salvador, al menos ocho casos de homicidios fueron judicializados. En el caso de Yasuri Orellana, el expediente judicial 2652-4A3-18 concluyó con condenas de 66 años para Edwin Geovanni Méndez y 60 años para Anibal Alfredo Melara y Carlos Antonio Molina. Camila Díaz Córdova fue asesinada el 31 de enero de 2019, con sentencias de 20 años para tres agentes de la Policía. El asesinato de MAHC en 2014 resultó en condenas para siete miembros de la Mara Salvatrucha, expediente 467-183-19. Alexa Landaverde fue asesinada el 28 de enero de 2022 y José Elías Morales Hernández fue condenado a 25 años. En el caso de Anahí Miranda Rivas, el responsable Juan Carlos Hernández Vásquez fue condenado a 20 años por la Corte Suprema de Justicia.

La Identidad transexual frenada

En 2016, la Sala de lo Constitucional emitió la sentencia 33-2016/195-2016 que ordenó reformar la Ley del Nombre de la Persona Natural. En 2022, la Sala emitió la sentencia 249-2022, en la que se reconoce que “no se cuenta con una disposición en el ordenamiento jurídico salvadoreño que determine los parámetros o condiciones bajo los cuales se permita realizar dicho cambio [de nombre y de sexo]”. En agosto de 2024, la Asamblea Legislativa aprobó con 57 votos una reforma a la Ley del Registro del Estado Familiar, derogando la anterior, pero las organizaciones LGBT indicaron que la nueva normativa no garantiza el reconocimiento de la identidad de género. La abogada Karla Guevara y el agente de seguridad Aldo Alexander Peña fueron las primeras personas trans que lograron un cambio de nombre mediante resoluciones judiciales, las cuales fueron objeto de recursos de amparo interpuestos por la Alcaldía de San Salvador.

El Colectivo Alejandría, ASPIDH y COMCAVIS Trans exigen la creación de una Ley de Identidad de Género y normas que prohíban la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Solicitan también el acceso a servicios de salud sin discriminación, incluyendo el reemplazo hormonal, atención integral en VIH y apoyo psicosocial. La disolución de la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género en 2024 fue señalada por organizaciones como un retroceso institucional. El 33% de las mujeres trans enfrenta discriminación laboral y solo una cuarta parte de la población LGBT tiene empleo formal, según datos de ORMUSA. El 25% de las mujeres trans tiene ingresos iguales o menores a $234.26, por debajo del costo de la canasta básica urbana de $249.08. Otro 12.5% no recibe ingresos y otro 12.5% percibe menos de $34.05 mensuales.

El corte de recursos a ONG´s

El informe del portal Foreign Assistance del gobierno de Estados Unidos indica que El Salvador recibió $12,883,951,734.00 en cooperación internacional desde USAID. De ese total, $80,330,029.00 se asignaron a programas dirigidos a población LGBT. Los beneficiarios formales fueron el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo, sin registros de asignaciones directas a organizaciones como ASPIDH o COMCAVIS Trans. En contraste, la encuesta realizada por el Colectivo Alejandría en San Salvador revela que el 71.43% de la población encuestada respalda leyes contra la discriminación LGBT, mientras que el 61.98% apoyaría a candidatos LGBTIQ+.

Las actividades de USAID se orientaron a la inclusión laboral mediante “un enfoque de sistemas inclusivo que vincula al gobierno, proveedores de servicios, centros de formación y el sector privado”. No obstante, según datos de ASPIDH, solo el 29.49% de la población LGBT tiene empleo formal, el 35.70% trabaja en el sector informal y el resto está desempleado o involucrado en trabajos no regulados como el comercio sexual. Linares sostuvo: “ese avance que se tenía antes -en el Estado-, con el retroceso que ha tenido, definitivamente, para las organizaciones es un golpe bajo”. La organización AMATE fue la única en recibir fondos directos de USAID, los cuales fueron suspendidos para 2025.

En comparación, Guatemala recibió $2,754,229.00 para la Asociación Lambda y Honduras $913,037.00 para el programa “Somos CDC”. En ambos casos, la asignación es sustancialmente menor a la de El Salvador. La falta de rendición de cuentas de los ministerios receptores y la exclusión sistemática de organizaciones LGBT del diseño y ejecución de programas representan limitaciones que no fueron mitigadas por los instrumentos de cooperación existentes; y, en consecuencia, la ausencia de recursos ha restringido la movilización de las organizaciones sociales, así demostrado en la reciente conmemoración del Día del Orgullo LGBT en El Salvador.

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Alessia Genoves

Periodista e investigadora y especializada en marketing y redes sociales

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