Por Alessia Genoves
El 24 de junio de 2024, más de 24 mil personas marcharon en San Salvador para conmemorar el Día del Orgullo LGBT y denunciar retrocesos en los derechos de la diversidad sexual en El Salvador. La Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género en El Salvador denunció la ausencia de dicha legislación y el incumplimiento de más de un año por parte de la Asamblea Legislativa a la sentencia 33-2016 y 195-2016 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ordenaba reformar la Ley del Nombre y Persona Natural (LNPN) para permitir el cambio de nombre y género de personas trans. Esto ocurre durante el gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien ha expresado públicamente su oposición a lo que denomina “ideología de género”.
Según el Centro de Documentación de Situación Trans en América Latina y el Caribe (CeDoSTALC), El Salvador presenta los mayores índices de vulneraciones a los derechos de personas LGBT en la región. El informe “La Deuda de la Democracia” señala que el 32.56% de los casos de discriminación reportados ocurrieron en El Salvador, superando a países como Guatemala (27.91%) y Costa Rica (5.43%). En el contexto del Régimen de Excepción implementado desde marzo de 2022, la Fundación Cristosal ha documentado 5,775 víctimas de graves violaciones a derechos humanos, incluyendo al menos 95 personas LGBTIQ+ detenidas, de las cuales 24 son mujeres trans, según Amate El Salvador.
Derechos LGBT
El informe de CeDoSTALC detalla que El Salvador concentra el 32.56% de los casos reportados de vulneración a derechos humanos a personas trans, seguido por Guatemala con 27.91% y Costa Rica con 5.43%. Respecto a la violencia en espacios públicos, Guatemala encabeza con el 22.58% de los casos de violencia en la calle o vía pública, seguido por Honduras con 16.13% y El Salvador con 12.90%. En cuanto a la violencia doméstica, Guatemala registra el 16.95% de los casos, seguido por Honduras con 13.56% y El Salvador con 11.86%. La violencia perpetrada por fuerzas de seguridad es particularmente alarmante en El Salvador, que lidera con el 36.36% de los casos, seguido por Argentina, Guatemala y República Dominicana, cada uno con 13.64%.
En el contexto del Régimen de Excepción, implementado desde marzo de 2022, diversas organizaciones han documentado graves violaciones a los derechos humanos. La Fundación Cristosal ha registrado 3,612 víctimas, mientras que el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) reporta 1,091 víctimas. La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) documenta 344 víctimas, el Servicio Social Pasionista (SSPAS) 281, y la Fundación Amate reporta 50 víctimas específicamente LGBT.
Del total de 5,775 víctimas registradas, el 52.54% son jóvenes entre 19-30 años. La mayoría de las víctimas, el 83.81%, se identifican como hombres, mientras que el 15.36% se identifican como mujeres. Se han documentado 24 casos de personas trans y 95 de diversas orientaciones sexuales, lo que subraya la vulnerabilidad particular de estos grupos.
Las principales violaciones reportadas incluyen detenciones ilegales o arbitrarias, que representan el 28.59% de los casos, seguidas por faltas al debido proceso con un 7.60%, allanamiento de morada con 4.54%, y tratos crueles, inhumanos y degradantes o tortura con 4.29%. Estas cifras reflejan un patrón sistemático de violaciones a los derechos fundamentales. La Policía Nacional Civil (PNC) es señalada como la principal responsable de estas violaciones, siendo implicada en el 74.87% de los casos. Las acciones conjuntas de la PNC y la Fuerza Armada representan el 14.74% de los casos, lo que sugiere una militarización de la seguridad pública con graves consecuencias para los derechos humanos.
Por su parte, Roberto Zapata, representante de Amate El Salvador, señaló en una entrevista: “Lastimosamente, en el país se ha caído en una especie de morbo alrededor de los homicidios, como si el número de muertos fuera el único indicador de si un país es más o menos violento o más o menos seguro. Obviamente, toda la gente quiere menos homicidios; está mal que haya homicidios, y está bien que haya menos o que no haya ninguno. Pero hay que entender esa violencia en su sentido integral.”
Homicidios LGBT y Judicialización
Los homicidios de personas LGBT en El Salvador han mostrado una tendencia decreciente desde 2017. En 2017 se registraron 26 homicidios, cifra que disminuyó a 16 en 2018, 10 en 2019, y se mantuvo en 8 tanto en 2020 como en 2021. En 2022 se reportaron 7 homicidios, mientras que en 2023 la cifra bajó a 2. Hasta la fecha en 2024, se ha registrado 1 homicidio. Esta tendencia a la baja contrasta con las estadísticas generales de homicidios intencionales reportadas por la Fiscalía General de la República. En 2022 se registraron 496 homicidios totales, cifra que disminuyó a 154 en 2023. En lo que va de 2024, hasta mayo, se han reportado 51 homicidios totales.
A pesar de la reducción general de homicidios, la CSJ ha conseguido la judicialización de al menos 8 homicidios de personas LGBT. Entre los casos resueltos más notables se encuentra el de Yasuri Orellana, asesinada en febrero de 2017. El caso, con expediente judicial 2652-4A3-18, fue resuelto por el Tribunal Primero de Sentencia de Zacatecoluca, que dictó sentencias de 66 años de prisión para Edwin Geovanni Méndez y 60 años para Anibal Alfredo Melara y Carlos Antonio Molina.
Otro caso relevante es el de Camila Díaz Córdova, asesinada el 31 de enero de 2019. El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Valentin Rosales Carpio, Jaime Geovanny Mendoza y Luis Alfredo Avelar a 20 años de cárcel cada uno. El caso de MAHC (identidad no revelada), asesinada el 2 de junio de 2014, resultó en la condena de 7 miembros de la Mara Salvatrucha por el Tribunal Primero de Sentencia de San Luis Talpa, La Paz, bajo el expediente judicial 467-183-19.
El 25 de agosto de 2018, un caso no especificado fue resuelto por el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, que condenó a Iván Antonio Hernández a 20 años y a Karla Gutiérrez a 15 años de prisión. Otro caso no especificado, ocurrido el 20 de octubre de 2017, fue resuelto por el Tribunal Primero de Sentencia, que condenó a Henry Geovanny Hernández Fuentes, Marvin Wilmar Sánchez Gaitán y Josué Gabriel González a 20 años de cárcel cada uno.
El caso de Alexa Landaverde, asesinada el 28 de enero de 2022, fue resuelto por el Juzgado 2o de Sentencia de Santa Tecla, que condenó a José Elias Morales Hernández a 25 años de prisión. Finalmente, el caso de Anahi Miranda Rivas, asesinada el 27 de octubre de 2019, fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que condenó a Juan Carlos Hernández Vásquez a 20 años de cárcel.
Cambios Legislativos y sus Implicaciones
La nueva conformación de la Asamblea Legislativa en mayo de 2024 trajo consigo cambios significativos que afectan directamente a la comunidad LGBT. La Comisión de la Mujer e Igualdad de Género fue disuelta, y sus competencias fueron transferidas a la Comisión de Niñez e Integración Social. Este movimiento recuerda acciones similares ocurridas en 2021, cuando la misma Comisión de la Mujer ordenó el archivado de más de 30 propuestas legislativas a favor de los derechos de la mujer y de las personas LGBT, incluyendo una propuesta de Ley de Identidad de Género.
Organizaciones como Aspidh Arcoíris Trans y Amate El Salvador han rechazado estas medidas, argumentando que contravienen la Constitución y los derechos humanos. Mónica Linares, cofundadora de Aspidh, ha enfatizado que su organización no se define como marxista ni partidaria, sino como una entidad que vela por los derechos de las personas LGBTIQ+.
Organizaciones LGBT marchan por retrocesos a los derechos humanos
La ausencia de una Ley de Identidad de Género ha tenido implicaciones prácticas, especialmente en el contexto del Régimen de Excepción. La falta de reconocimiento legal de la identidad de género ha generado confusión y dificultades en el proceso de identificación y registro de personas LGBT detenidas. La sentencia 249-2022 de la Sala de lo Constitucional reconoce esta problemática: “No se cuenta con una disposición en el ordenamiento jurídico salvadoreño que determine los parámetros o condiciones bajo los cuales se permita realizar dicho cambio, los cuales a su vez garanticen la seguridad jurídica de la persona”.
A pesar de estos obstáculos, activistas como Bianka, representante legal de Comcavis y primera mujer trans en cambiar su nombre legalmente en El Salvador, señala que aún es posible realizar el cambio de nombre en un Juzgado de Familia. Sin embargo, advierte que “las personas trans viven en ambientes precarios que dificultan el acceso a sus derechos”.
Situación Socioeconómica de las Personas Trans
Según el informe divulgado por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), la situación socioeconómica de las personas trans en El Salvador es preocupante. El 25% de las mujeres trans manifestaron percibir ingresos menores o iguales a los $234.26 dólares, una cantidad inferior al costo de la canasta básica urbana, valuada en $249.08 dólares. Además, un 12.5% de las mujeres trans declaró no recibir ningún ingreso, mientras que otro 12.5% recibe menos de $34.05 dólares mensuales.
El contraste es evidente cuando se compara con otros grupos: el 73.2% de los hombres cisgénero LGBT reportan ingresos superiores a los $234.26 dólares mensuales, siendo el grupo con mayor calidad de vida, seguido de las mujeres cisgénero, que apenas superan al número de mujeres trans con un 1.6%.
En cuanto al empleo, Ormusa indicó que solo una cuarta parte de la población LGBT de su muestra declaró tener un empleo permanente con salario. El 51% de la población LGBT tiene condiciones de empleabilidad menos estables, con un 1% en situación de desempleo, un 6% en trabajo del hogar sin pago, y un 1% en negocios familiares sin pago.
La discriminación laboral es particularmente aguda para las mujeres trans: el 33% declaró que les han negado el acceso al empleo, siendo el mayor grupo demográfico entre la población LGBT que manifiesta percibir mayores problemas de empleabilidad debido a su sexualidad. Además, el 13.3% de las mujeres trans en situación de empleo reportaron negación de ascensos laborales.
Conflicto LGBT
El presidente Nayib Bukele ha manifestado públicamente su oposición a lo que denomina “ideología de género”. En declaraciones ante organizaciones provida, Bukele se ha pronunciado en contra del aborto, la “ideología de género” y el marxismo, lo que ha generado preocupación sobre las implicaciones de estas posturas en el sistema educativo y de salud.
Estas declaraciones han sido rechazadas por organizaciones LGBT como la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH), que enfatizan que no se definen como marxistas ni partidarias, sino como defensoras de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+. Las organizaciones argumentan que las atribuciones del gobierno no son coherentes con los principios constitucionales y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Asamblea aprueba indemnización para desempleados del Ministerio de Cultura
La activista Karla Guevara, representante del Colectivo Alejandrías, expresó durante la marcha del Orgullo: “Hoy nos quieren invisibilizar y devolvernos a la época de los 90 o antes, donde nos criminalizaban y nos perseguían, y no nos permitían más que servir de chiste para las personas. Pero, ¿saben qué? Eso se les acabó. Nosotras y nosotros también somos salvadoreños y salvadoreñas, y somos ciudadanos de primera categoría como todos.”
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