Por Camile Guzmán
La Asamblea Legislativa de El Salvador ha decidido trasladar la Comisión Nacional de Discapacidad al Instituto de Veteranos y Excombatientes. A primera vista, podría parecer un simple reordenamiento administrativo. Sin embargo, este movimiento encierra un mensaje político y simbólico de gran calado: la dignidad de las personas con discapacidad se subordina a la narrativa de la guerra y el heroísmo militar.
El trasfondo político y simbólico se define por la épica sobre la necesidad. Al ubicar la discapacidad bajo el paraguas de los veteranos, el Estado sugiere que solo quienes lucharon en la guerra merecen reconocimiento pleno. Los demás, los“comunes”, quedan relegados.
En adelante, la militarización de lo social, basada en la inclusión deja de ser un derecho universal y empieza a administrarse bajo la lógica del sacrificio y la lealtad. A lo cual, también cabe plantearse la jerarquización de la dignidad, dónde se instala la idea de que hay discapacidades “honorables” y otras “ordinarias”. Esa distinción erosiona la igualdad y abre la puerta a la exclusión.
Este cambio revela una estrategia política, que busca consolidar un modelo de ciudadanía basado en mérito y disciplina, incluso en áreas que deberían regirse por la universalidad de los derechos humanos.
Los Riesgos ideológicos y errores mediáticos
Es posible enumerar varios riesgos ideológicos, de la estrategia gubernamental. El primero de ello se basa en el convertir la discapacidad en mérito, no en derecho. El segundo de ellos, podría definirse al usar el dolor como herramienta política, que se atenúa con la opacidad institucional, dónde se reduce la participación de organizaciones civiles y se centraliza la gestión en estructuras con capital político propio.
Consolidar un modelo de control y disciplina que in-visibiliza la diversidad humana también podría destacarse, en tal sentido. En adelante, es posible reflexionar en el riesgo de que la decisión parlamentaria lleve a abrir la puerta al clientelismo, dónde los beneficios entregados como premio a la lealtad, no como garantía de ciudadanía.
Pero éstos riesgos ideológicos se acentúan con una cobertura mediática tendenciosa. Se puede señalar, por ejemplo, la existencia de titulares que normalizan la fusión: presentan la medida como “reordenamiento” sin cuestionar el trasfondo; así como la utilización de eufemismos administrativos, que son palabras como “optimización” o “eficiencia” ocultan el impacto real en la vida cotidiana de miles de personas.
En ese mismo sentido, la cobertura mediática irresponsable sobre la nueva política, no se ausenta de lenguaje que glorifica la guerra y olvida la inclusión, se habla de “honor” y “sacrificio”, pero no de accesibilidad ni autonomía. En los periódicos, tele-diarios y en la radio misma, también, es habitual señalar en la prensa oficialista, en su periferia o en aquella negligente y desinformada, la ausencia de voces especializadas: organizaciones de personas con discapacidad y defensores de derechos humanos quedan fuera del debate.
La institucionalidad internacional
En los Estados Unidos, los veteranos cuentan con un sistema propio (Veterans Affairs), pero nunca se confunde con el marco civil de discapacidad. La separación garantiza que los derechos de las personas con discapacidad no dependan de la condición militar.
En los Balcanes, tras los conflictos, la priorización de veteranos sobre civiles generó inequidades profundas en acceso a servicios. La lección fue clara, cuando se mezcla la atención de ex-combatientes con la de civiles, la universalidad se fractura.
Mientras que en Latinoamérica, en los países como Colombia, los programas para víctimas del conflicto y para personas con discapacidad se mantienen diferenciados, precisamente para evitar jerarquías simbólicas que privilegien una identidad sobre otra. De ello, se puede concluir que la enseñanza transversal es contundente, pues la discapacidad debe gestionarse desde un marco civil de derechos humanos, no desde la épica militar.
La discapacidad debe ser atendida con pleno derecho
El Salvador atraviesa un momento de consolidación de poder donde la narrativa del orden y la disciplina se extiende a todos los ámbitos. El traslado de la comisión muestra la verdadera postura del gobierno: administrar la ciudadanía bajo criterios de lealtad y control, incluso en áreas que deberían ser universales y civiles. Es una apuesta política que puede rendir frutos inmediatos en términos de cohesión simbólica, pero que amenaza con fracturar la igualdad en el largo plazo.
La discapacidad no necesita héroes, necesita justicia. No podemos permitir que la inclusión se convierta en una medalla que solo algunos merecen. Si dejamos que la épica militar administre la fragilidad humana, terminaremos midiendo la dignidad con un uniforme.
El pueblo debe preguntarse: ¿queremos un Estado que reconozca a todas las personas por igual, o un sistema de privilegios que confunda lealtad con derechos? La respuesta definirá no solo una política pública, sino la calidad de nuestra democracia.
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