Por: Neftali Hernandez Pereira
El conflicto por la tierra en El Bosque se remonta a años atrás, marcado por disputas legales y reclamos de propiedad. En medio de una crisis de vivienda en El Salvador, la suspensión del desalojo abre un debate sobre el acceso a la tierra y las posibles consecuencias sociales si no se resuelve pronto.
¡La presión pública sí funciona!
— 🇸🇻 Francisco Lira (@franciscolirasv) May 16, 2025
Hoy celebramos que las familias de El Bosque puedan permanecer en sus hogares, pero no olvidamos que fueron víctimas de abuso, represión y manipulación política.
Un día, el presidente anuncia en redes que pagará la deuda de la Cooperativa… y… pic.twitter.com/JzROseU3rX
Una orden judicial ha suspendido el desalojo de la comunidad El Bosque, cuyos residentes enfrentaban la amenaza de ser desalojados de terrenos propiedad de Javier Palomino. La resolución, emitida por un juzgado competente, decreta la medida cautelar mientras se analiza el caso, brindando un respiro temporal a las familias que habitan en la zona.
Detalles de la resolucion
La resolución judicial, notificada esta semana a todas las partes involucradas, establece la suspensión inmediata de cualquier acción de desalojo en los predios de la comunidad El Bosque. El documento judicial señala que la medida permanecerá vigente mientras se realiza un estudio exhaustivo de los títulos de propiedad presentados por ambas partes y se evalúan las denuncias sobre irregularidades en el proceso.
.El juez encargado del caso determinó que existen elementos suficientes para detener temporalmente el desahucio, considerando los derechos fundamentales de los residentes y la necesidad de examinar a profundidad los argumentos legales presentados por la comunidad.
La notificación llegó apenas 48 horas antes de la fecha programada para el desalojo, cuando ya se habían movilizado efectivos policiales hacia la zona. Según fuentes cercanas al caso, la decisión judicial responde a las evidencias presentadas por los abogados de la comunidad sobre posibles vicios en los procedimientos administrativos previos.
Reaccion de los Habitantes
María Gutiérrez, representante de la asociación de vecinos de El Bosque, declaró que la suspensión representa “un primer paso hacia la justicia” para las más de 300 familias que residen en estos terrenos desde hace más de dos décadas.
“Presentamos documentos que comprueban nuestra permanencia legítima en estas tierras y ahora tendremos la oportunidad de que se revisen adecuadamente”, expresó Gutiérrez tras conocer la resolución judicial.
Nos reunimos con las familias de la Cooperativa El Bosque para llevarles un mensaje de apoyo y tranquilidad.
— Michelle Sol 🇸🇻 (@misol140) May 16, 2025
Hemos formado un equipo técnico, social y legal que trabajará de la mano con otras instituciones y con las familias.
No es un caso fácil, porque como lo explicó… https://t.co/cZxKq3Ahpc
Los residentes organizaron una asamblea comunitaria para informar sobre los alcances de la medida cautelar y planificar las siguientes acciones legales. Durante la reunión, acordaron mantener la vigilancia permanente en los accesos a la comunidad y continuar con la documentación de su presencia histórica en el lugar.
Caso del propietario
El empresario Luis Palomo, a través de su representante legal, manifestó su desacuerdo con la decisión judicial, argumentando que cuenta con títulos legítimos sobre los terrenos, adquiridos mediante compra legal en 2016.
Video publicado por la Fiscalía en junio de 2022, sobre el caso de estafa agravada atribuido al ingeniero Luis Alonso Palomo Urbina contra la cooperativa El Bosque. pic.twitter.com/LbDb9Hzt5b
— Cecibel Romero (@cecibelr) May 13, 2025
La empresa inmobiliaria vinculada a Palomino había anunciado planes para desarrollar un complejo habitacional y comercial en la zona, con una inversión estimada de 15 millones de dólares, proyecto que ahora quedará en pausa hasta la resolución definitiva.
Cronologia del desalojo
El conflicto por estos terrenos comenzó formalmente en 2017, cuando Palomo presentó la primera demanda de desalojo, argumentando la adquisición legal de los predios un año antes. Los habitantes, organizados en una asociación comunitaria, respondieron con una contrademanda, alegando derechos posesorios por ocupación continuada desde 1998.
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— Wendy Alfaro (@WendyAlfaroES) May 16, 2025
En 2013, la @SantaTeclaSV firmó un convenio con la Cooperativa El Bosque: la alcaldía pagaría casi $400 mil para cancelar deudas de la cooperativa, y a cambio recibiría 200 manzanas de tierra. El objetivo: beneficiar a la comunidad.
Pero algo salió muy mal… pic.twitter.com/yuZQUdYw6U
En marzo de 2018 se fijó la primera fecha tentativa para el desalojo, pero la presentación de recursos legales por parte de la comunidad logró postergarla. Durante ese mismo año, la comunidad realizó diversas movilizaciones que atrajeron la atención de organizaciones de derechos humanos.
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— Wendy Alfaro (@WendyAlfaroES) May 16, 2025
En 2019, la alcaldía intentó frenar la subasta de esas tierras. Pero los jueces rechazaron sus peticiones. La FGR perdió la denuncia y no resolvió.
El resultado:el dinero se esfumó, las tierras están en disputa,nadie rinde cuentas y los salvadoreños pagan los platos rotos. pic.twitter.com/OEtzcwEtST
Para enero de 2019, un primer dictamen judicial favorable a Palomo pareció acelerar el proceso de desahucio, pero nuevas apelaciones mantuvieron suspendida la ejecución. En agosto de 2020, tras varios intentos fallidos, se programó un operativo policial que fue cancelado horas antes por fallos procedimentales.
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— Wendy Alfaro (@WendyAlfaroES) May 16, 2025
Esta es la realidad del acceso a vivienda en El Salvador:
📍Pagos sin control.
📍Tierras en litigio.
📍Comunidades abandonadas.
📍Estado ausente.
Necesitamos soluciones reales para quienes solo quieren un techo digno, no payasadas de las que ya se estan jactando los actuales. pic.twitter.com/wQ6uXBKvn7
El conflicto permaneció en relativa calma hasta octubre de 2023, cuando se reactivó el proceso judicial con nuevas pruebas presentadas por el empresario. En febrero de 2024, el tribunal de primera instancia ratificó la orden de desalojo, programada inicialmente para abril y posteriormente pospuesta hasta la fecha actual.
Aspectos legales en disputa
El caso presenta complejidades jurídicas significativas. Los residentes fundamentan su defensa en la Ley de Garantía de la Posesión, aprobada en 2010, que establece derechos para ocupantes con más de diez años de posesión pacífica en terrenos no reclamados previamente.
“Existían trámites inconclusos de titulación colectiva iniciados en 2012 que nunca fueron considerados en el proceso”, explicó Regina Castro, asesora legal de la comunidad. Según Castro, esos expedientes constituyen prueba de la buena fe de los ocupantes y su intención de regularizar su situación.
Por su parte, el empresario basa sus reclamaciones en escrituras públicas registradas que acreditan la compra a los anteriores titulares, quienes supuestamente mantuvieron la propiedad legal de los terrenos a pesar de la ocupación.
Crisis habitacional
El caso de El Bosque se enmarca en una problemática nacional más amplia. El Salvador enfrenta un déficit habitacional que supera las 300,000 viviendas, según datos del Ministerio de Vivienda actualizados en diciembre pasado.
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La especulación inmobiliaria ha incrementado significativamente el precio del suelo urbano, con aumentos de hasta 120% en algunas zonas metropolitanas durante los últimos cinco años. Este fenómeno ha provocado el desplazamiento paulatino de comunidades históricas hacia las periferias.
Los proyectos de vivienda social implementados por el gobierno actual han entregado aproximadamente 12,000 soluciones habitacionales desde 2021, cifra insuficiente frente a la demanda creciente.
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Además, estos programas benefician principalmente a familias con ingresos formales, excluyendo a quienes subsisten en la economía informal, que representan aproximadamente el 70% de la población económicamente activa del país.
La falta de regulaciones efectivas sobre el uso del suelo urbano ha permitido que los proyectos inmobiliarios privados prevalezcan sobre las necesidades habitacionales de los sectores más vulnerables. El caso de El Bosque evidencia estas tensiones entre el desarrollo urbano comercial y los derechos habitacionales de comunidades establecidas.
Implicaciones en la resolucion
La medida cautelar dictada por el juez establece tres condiciones fundamentales: la prohibición de cualquier acción de desalojo mientras dure el proceso de revisión; la obligación de mantener los servicios básicos en la comunidad; y la restricción para ambas partes de realizar modificaciones sustanciales en los terrenos hasta la resolución definitiva.
Según expertos en derecho consultados, esta clase de medidas suelen extenderse entre seis meses y un año, dependiendo de la complejidad del caso y la carga procesal del juzgado. Durante este periodo, se realizarán peritajes sobre los documentos presentados y se recabarán testimonios adicionales.
La resolución judicial representa un precedente importante para casos similares en otras comunidades del país que enfrentan amenazas de desalojo. El dictamen menciona explícitamente la necesidad de considerar los derechos humanos fundamentales en los procesos de reivindicación de propiedades cuando existen comunidades establecidas.
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