{"id":16534,"date":"2025-12-06T12:56:08","date_gmt":"2025-12-06T18:56:08","guid":{"rendered":"https:\/\/diariofuentes.com\/?p=16534"},"modified":"2025-12-06T12:56:15","modified_gmt":"2025-12-06T18:56:15","slug":"el-salvador-absuelto-de-pagar-130-millones-para-fibranet","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariofuentes.com\/el-salvador-absuelto-de-pagar-130-millones-para-fibranet\/","title":{"rendered":"El Salvador absuelto de pagar $130 millones para Fibranet"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em><strong>Por Alessia Genoves<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Salvador obtuvo una resoluci\u00f3n favorable en el caso&nbsp;<em><strong>\u201cCablefrecuencias, S.A. de C.V. y Fibranet, S.A. vs. Rep\u00fablica de El Salvador\u201d&nbsp;<\/strong><\/em>ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial. El tribunal desestim\u00f3 la totalidad de la reclamaci\u00f3n econ\u00f3mica interpuesta por las inversionistas, la cual ascend\u00eda a una supuesta indemnizaci\u00f3n por lucro cesante de US$130,000,000.00 relacionada con la suspensi\u00f3n de las concesiones de frecuencias de radio y televisi\u00f3n dictada por la Corte Suprema de Justicia en 2023, seg\u00fan se detalla en el Caso CIADI No. ARB\/23.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<div class=\"embed-twitter\"><blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"500\" data-dnt=\"true\"><p lang=\"es\" dir=\"ltr\">?? El Salvador logra una victoria clave en un arbitraje internacional iniciado por FIBRANET.<br><br>El proceso concluy\u00f3 con:<br>?? Retiro total de las reclamaciones presentadas contra el pa\u00eds<br>?? Cero pagos por parte del Estado<br>?? Cero reconocimiento de responsabilidad<br>?? Cierre definitivo\u2026 <a href=\"https:\/\/t.co\/FOvEEGwj3z\">pic.twitter.com\/FOvEEGwj3z<\/a><\/p>&mdash; Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica El Salvador (@FGR_SV) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/FGR_SV\/status\/1996278913345974782?ref_src=twsrc%5Etfw\">December 3, 2025<\/a><\/blockquote><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/div>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Paralelamente, la reclamaci\u00f3n inclu\u00eda el cuestionamiento de la obligaci\u00f3n de pago de una tasa y contribuci\u00f3n especial establecida por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) por un monto de US$90,939.63 del per\u00edodo del 27 de mayo al 15 de octubre de 2016. La decisi\u00f3n del tribunal arbitral, determin\u00f3 que las acciones regulatorias y judiciales salvadore\u00f1as, incluyendo la aplicaci\u00f3n de contribuciones y la decisi\u00f3n sobre las concesiones, se enmarcaron en el ejercicio estatal y no configuraron una violaci\u00f3n a las garant\u00edas de trato justo y equitativo o expropiaci\u00f3n indirecta bajo el Tratado Bilateral de Inversiones aplicable.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-large-font-size\">La Resoluci\u00f3n del CIADI que desestim\u00f3 los $130 Millones<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El tribunal del CIADI, en su laudo definitivo, analiz\u00f3 la pretensi\u00f3n de Cablefrecuencias, S.A. de C.V. y su matriz Fibranet, S.A., que buscaba una compensaci\u00f3n de US$130,000,000.00 por lucro cesante. Las inversionistas alegaban que la resoluci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia que afect\u00f3 sus concesiones de frecuencias en 2023 constituy\u00f3 una medida equivalente a una expropiaci\u00f3n y una violaci\u00f3n del est\u00e1ndar de trato justo y equitativo.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La decisi\u00f3n del tribunal se bas\u00f3 en la constataci\u00f3n de que el Estado actu\u00f3 dentro de su facultad regulatoria para hacer cumplir la Ley de Telecomunicaciones y las decisiones judiciales constitucionales, en particular la Sentencia de Inconstitucionalidad 65-2012\/36-2014. El laudo se\u00f1al\u00f3 que &#8220;<em><strong>la modificaci\u00f3n del r\u00e9gimen de pr\u00f3rrogas autom\u00e1ticas y el posterior proceso de extinci\u00f3n de concesiones fue una consecuencia directa y previsible de una sentencia constitucional orientada a garantizar la libre competencia en el sector de telecomunicaciones&#8221;<\/strong><\/em>, un objetivo de inter\u00e9s p\u00fablico reconocido.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<div style=\"text-align:center;\"><div style=\"margin:8px 0px 4px;\"><a href=\"https:\/\/www.calameo.com\/books\/008076889744bf6726879\" target=\"_blank\">Case Details | Icsid<\/a><\/div><iframe loading=\"lazy\" src=\"\/\/v.calameo.com\/?bkcode=008076889744bf6726879&#038;mode=mini\" width=\"480\" height=\"300\" frameborder=\"0\" scrolling=\"no\" allowtransparency allowfullscreen style=\"margin:0 auto;\"><\/iframe><div style=\"margin:4px 0px 8px;\"><a href=\"http:\/\/www.calameo.com\/\" target=\"_blank\"><\/a><\/div><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El tribunal determin\u00f3 que las inversionistas no demostraron que el Estado hubiera actuado de manera arbitraria, discriminatoria o contraria a sus expectativas leg\u00edtimas, ya que el marco legal estaba en proceso de cambio desde la sentencia de 2015. Concluy\u00f3 que la reclamaci\u00f3n por US$130,000,000.00 carec\u00eda de fundamento jur\u00eddico suficiente bajo los est\u00e1ndares del derecho internacional de inversiones, al no configurarse una violaci\u00f3n sustantiva del tratado. La desestimaci\u00f3n total de la demanda implic\u00f3 que las inversionistas debieron absorber las costas del arbitraje, las cuales ascienden a un monto porcentual significativo sobre los costos administrativos del CIADI y los honorarios de los abogados de la defensa estatal.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-large-font-size\">SIGET exigi\u00f3 $90,939.63 a Cable-frecuencias<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La resoluci\u00f3n 326-2017 de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, emitida el 4 de septiembre de 2023, declar\u00f3 inadmisible la demanda interpuesta por Cablefrecuencias, S.A. de C.V. contra la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) respecto a los actos administrativos que establec\u00edan el pago de una contribuci\u00f3n especial y tasa anual.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El acto administrativo originario, emitido por el Gerente Financiero de la SIGET el 25 de octubre de 2016, consignaba dos adeudos: uno por US$4,206.87 por contribuci\u00f3n especial del per\u00edodo 16 de octubre de 2015 al 26 de mayo de 2016, y otro por US$90,939.63 por tasa anual del per\u00edodo 27 de mayo de 2016 al 15 de octubre de 2016, sumando un total de US$95,146.50. La Sala aplic\u00f3 el art\u00edculo 7 literal b) de la Ley de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa, que excluye la acci\u00f3n contra actos que sean&nbsp;<em><strong>&#8220;reproducci\u00f3n de otros anteriores ya definitivos o firmes&#8221;.&nbsp;<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La resoluci\u00f3n T-0159-2017 del 21 de marzo de 2017, impugnada por la empresa, fue calificada como&nbsp;<em><strong>&#8220;acto administrativo reproductorio&#8221;,<\/strong><\/em>&nbsp;pues se limit\u00f3 a ratificar la validez y procedencia de la situaci\u00f3n jur\u00eddica declarada en el acto originario de octubre de 2016. La Sala se\u00f1al\u00f3 textualmente que&nbsp;<em><strong>&#8220;los efectos producidos por el primer acto impugnado (resoluci\u00f3n T-0159-2017), en lo modular, se limitan a ratificar lo declarado en la actuaci\u00f3n administrativa emitida por el Gerente Financiero de la SIGET (f. 45), por considerar que los adeudos ah\u00ed consignados son plenamente leg\u00edtimos&#8221;.&nbsp;<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este fundamento fue respaldado posteriormente por la Sala de lo Constitucional en el expediente 523-2017 (Amparo), del 2 de marzo de 2018, la cual declar\u00f3 improcedente la demanda de amparo por considerar que el reclamo de Cablefrecuencias se sustentaba en\u00a0<em><strong>&#8220;aspectos de mera legalidad&#8221;.\u00a0<\/strong><\/em>La Sala Constitucional resolvi\u00f3 que<em><strong>\u00a0&#8220;no se evidencia un posible agravio de trascendencia constitucional en la sociedad actora, por sostener su reclamo en aspectos de mera legalidad&#8221;<\/strong><\/em>, confirmando as\u00ed que el debate sobre la legalidad del cobro de US$90,939.63 correspond\u00eda exclusivamente a la sede contencioso-administrativa, donde ya hab\u00eda sido declarado inadmisible por la v\u00eda incorrecta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La resoluci\u00f3n 4-22-RA-SCA de la Sala de lo Contencioso Administrativo, emitida el 28 de abril de 2022, se pronunci\u00f3 sobre un recurso de apelaci\u00f3n en el proceso 00056-19-ST-COPC-CAM, anulando una sentencia de primera instancia por vicios procesales en la actividad probatoria. Cablefrecuencias aleg\u00f3 que la C\u00e1mara de lo Contencioso Administrativo transgredi\u00f3 su derecho a la protecci\u00f3n jurisdiccional al no gestionar adecuadamente la incorporaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n administrativa N\u00b0 T-0594-2017 como prueba.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Sala de Alzada revis\u00f3 el soporte audiovisual de la audiencia inicial y constat\u00f3 que el procurador de Cablefrecuencias &#8220;expresamente manifest\u00f3 su deseo que se admitiera, entre otros, la resoluci\u00f3n T-0594-2017&#8221;. La Sala determin\u00f3 que la c\u00e1mara de primera instancia incurri\u00f3 en una serie de infracciones, como omitir pronunciarse motivadamente sobre la admisi\u00f3n o rechazo de dicha prueba en la audiencia inicial, incumpliendo el art\u00edculo 46 LJCA.&nbsp;<\/p>\n\n\n<div style=\"text-align:center;\">\n<div style=\"margin:8px 0px 4px;\"><a href=\"https:\/\/www.calameo.com\/books\/008076889c9c7f027fcb9\" target=\"_blank\">00056 19 St Copc Cam<\/a><\/div>\n<p><iframe loading=\"lazy\" src=\"\/\/v.calameo.com\/?bkcode=008076889c9c7f027fcb9&#038;mode=mini&#038;view=book&#038;page=12&#038;clickto=view&#038;clicktarget=_self\" width=\"480\" height=\"300\" frameborder=\"0\" scrolling=\"no\" allowtransparency allowfullscreen style=\"margin:0 auto;\"><\/iframe><\/p>\n<div style=\"margin:4px 0px 8px;\"><a href=\"http:\/\/www.calameo.com\/\" target=\"_blank\"><\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Asimismo, la Sala critic\u00f3 que la c\u00e1mara&nbsp;<em><strong>&#8220;afirm\u00f3 que el procurador de la apelante no tuvo la intenci\u00f3n de incorporar la resoluci\u00f3n T-0594-2017 como elemento de prueba en el proceso&#8221;, lo cual era &#8220;incongruente frente a lo sucedido en la audiencia inicial&#8221;<\/strong><\/em>. La resoluci\u00f3n 4-22-RA-SCA orden\u00f3 la anulaci\u00f3n de la sentencia y la retroacci\u00f3n del proceso para que, antes de emitir nuevo fallo, se requiriera a la SIGET la remisi\u00f3n de la resoluci\u00f3n T-0594-2017, se pusiera a disposici\u00f3n de las partes y se celebrara una audiencia de alegaciones finales. Este fallo no se pronunci\u00f3 sobre el fondo del asunto de la tasa de US$90,939.63, pero estableci\u00f3 un precedente sobre la estricta observancia de las garant\u00edas procesales en la incorporaci\u00f3n de prueba documental en los litigios contra la SIGET, garantizando el derecho de defensa de las empresas concesionarias.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-large-font-size\">La concesi\u00f3n de frecuencias televisivas y de radio<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El proceso contencioso-administrativo N\u00b0 00056-19-ST-COPC-CAM, resuelto en \u00faltima instancia por la Sala de lo Contencioso Administrativo en la resoluci\u00f3n 18-23-RA-SCA del 7 de noviembre de 2023, constituye el n\u00facleo del litigio dom\u00e9stico sobre la extinci\u00f3n de las concesiones de Cablefrecuencias para los canales 53, 55 y 59, correspondientes a las frecuencias 707.0 MHz, 719.0 MHz y 743 MHz.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La demanda, presentada el 4 de marzo de 2019 por el procurador Daniel Eduardo Olmedo S\u00e1nchez, solicit\u00f3 la ilegalidad y anulaci\u00f3n de las resoluciones T-0862-2018 del 23 de agosto de 2018 y T-1152-2018 del 26 de noviembre de 2018, emitidas por la Superintendente y la Junta de Directores de la SIGET, respectivamente.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cablefrecuencias fundament\u00f3 su demanda en dos motivos. El primero fue el&nbsp;<em><strong>&#8220;rechazo a la pr\u00f3rroga autom\u00e1tica y la confiscaci\u00f3n de los derechos de concesi\u00f3n&#8221;<\/strong><\/em>, alegando que la Sentencia de Inconstitucionalidad 65-2012\/36-2014 solo afectaba a servicios de&nbsp;<em><strong>&#8220;libre recepci\u00f3n&#8221;.<\/strong><\/em>&nbsp;La empresa argument\u00f3 textualmente en sus escritos que<em><strong>&nbsp;&#8220;Cablefrecuencias persiste en sus derechos de concesi\u00f3n del goce de una pr\u00f3rroga autom\u00e1tica&#8230; De ese modo, al vencimiento del plazo de otorgamiento de la concesi\u00f3n original de Cablefrecuencias, el goce de pr\u00f3rroga autom\u00e1tica \u2013debido a que el destino de las frecuencias es de televisi\u00f3n por suscripci\u00f3n, y no televisi\u00f3n abierta\u2013 implica la subsistencia y plena vigencia del derecho por un plazo prorrogado adicional&#8221;.&nbsp;<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n<div style=\"text-align:center;\">\n<div style=\"margin:8px 0px 4px;\"><a href=\"https:\/\/www.calameo.com\/books\/00807688902a9a2be34de\" target=\"_blank\">18 23 Ra Sca<\/a><\/div>\n<p><iframe loading=\"lazy\" src=\"\/\/v.calameo.com\/?bkcode=00807688902a9a2be34de&#038;mode=mini&#038;view=book&#038;page=3&#038;clickto=view&#038;clicktarget=_self\" width=\"480\" height=\"300\" frameborder=\"0\" scrolling=\"no\" allowtransparency allowfullscreen style=\"margin:0 auto;\"><\/iframe><\/p>\n<div style=\"margin:4px 0px 8px;\"><a href=\"http:\/\/www.calameo.com\/\" target=\"_blank\"><\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El segundo motivo fue una presunta&nbsp;<em><strong>&#8220;violaci\u00f3n al derecho de defensa y principio de contradicci\u00f3n&#8221;<\/strong><\/em>, al se\u00f1alar que<em><strong>&#8220;dichos informes no se entregaron a Cablefrecuencias. Tampoco, en consecuencia, se le otorg\u00f3 a mi representada una oportunidad para pronunciarse sobre los mismos. De ello se deriva que el acto impugnado se ha emitido valorando un insumo sobre el que no se le dio acceso a Cablefrecuencias, ni la oportunidad de controvertirlo.&#8221;<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las autoridades demandadas, representadas por procuradores como Sara Elizabeth Ventura Cortez y Mirian del Rosario Salinas de Escalante, solicitaron el desestimiento de la pretensi\u00f3n. Sostuvieron que&nbsp;<em><strong>&#8220;la inconstitucionalidad de dichos art\u00edculos tiene iguales efectos para ambas modalidades de servicio&#8230; la SIGET como autoridad administrativa no puede hacer distinci\u00f3n entre \u00ablibre recepci\u00f3n\u00bb y \u00absuscripci\u00f3n\u00bb al aplicar el ordenamiento jur\u00eddico sectorial.&#8221;<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Respecto a la extinci\u00f3n, argumentaron que<em><strong>&nbsp;&#8220;CABLEFRECUENCIAS no solicit\u00f3 la pr\u00f3rroga de la concesi\u00f3n de los canales 53, 55 y 59, por lo que conforme al citado ordenamiento jur\u00eddico, debe asumirse que la concesionaria no ten\u00eda inter\u00e9s en continuar explotando ese espectro y en consecuencia, dicha concesi\u00f3n se extingui\u00f3 el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete&#8221;.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sobre el derecho de defensa, indicaron que&nbsp;<em><strong>&#8220;<\/strong><\/em><em><strong>e<\/strong><\/em><em><strong>l contenido del informe t\u00e9cnico le fue comunicado a trav\u00e9s de la resoluci\u00f3n N.\u00b0 T-0601-2018&#8230; Se prueba de lo anterior que la citada sociedad tuvo conocimiento \u00edntegro de cada uno de los elementos contenidos en la opini\u00f3n t\u00e9cnica as\u00ed como la oportunidad de rebatirlos.&#8221;<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n<div style=\"text-align:center;\">\n<div style=\"margin:8px 0px 4px;\"><a href=\"https:\/\/www.calameo.com\/books\/00807688906f5ec442d92\" target=\"_blank\">326 2017<\/a><\/div>\n<p><iframe loading=\"lazy\" src=\"\/\/v.calameo.com\/?bkcode=00807688906f5ec442d92&#038;mode=mini&#038;view=book&#038;page=7&#038;clickto=view&#038;clicktarget=_self\" width=\"480\" height=\"300\" frameborder=\"0\" scrolling=\"no\" allowtransparency allowfullscreen style=\"margin:0 auto;\"><\/iframe><\/p>\n<div style=\"margin:4px 0px 8px;\"><a href=\"http:\/\/www.calameo.com\/\" target=\"_blank\"><\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La C\u00e1mara de lo Contencioso Administrativo, en su sentencia de primera instancia confirmada luego por la Sala, realiz\u00f3 un an\u00e1lisis exhaustivo. Determin\u00f3 que&nbsp;<em><strong>&#8220;La expulsi\u00f3n aplica a todos \u00e9stos&#8230; la interpretaci\u00f3n correcta de la Sentencia de inconstitucionalidad Ref. 65-2012\/36-2014 es que: para ning\u00fan operador deb\u00eda entenderse posible acceder a una pr\u00f3rroga autom\u00e1tica de su concesi\u00f3n.&#8221;&nbsp;<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La C\u00e1mara enfatiz\u00f3 que la sentencia constitucional sobre la<em><strong>\u00a0&#8220;automaticidad&#8221;\u00a0<\/strong><\/em>como elemento restrictivo del acceso democr\u00e1tico al espectro era aplicable a todos los servicios. Cit\u00f3 textualmente el fundamento constitucional:\u00a0<em><strong>&#8220;La \u201cautomaticidad\u201d se constituye en el elemento que restringe el acceso democr\u00e1tico al uso del espectro radioel\u00e9ctrico o la garant\u00eda de igualdad de oportunidades, el derecho a la libre competencia de los dem\u00e1s ofertantes&#8221;.\u00a0<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n<div style=\"text-align:center;\">\n<div style=\"margin:8px 0px 4px;\"><a href=\"https:\/\/www.calameo.com\/books\/00807688970274d78a06e\" target=\"_blank\">523 2017<\/a><\/div>\n<p><iframe loading=\"lazy\" src=\"\/\/v.calameo.com\/?bkcode=00807688970274d78a06e&#038;mode=mini&#038;view=book&#038;page=8&#038;clickto=view&#038;clicktarget=_self\" width=\"480\" height=\"300\" frameborder=\"0\" scrolling=\"no\" allowtransparency allowfullscreen style=\"margin:0 auto;\"><\/iframe><\/p>\n<div style=\"margin:4px 0px 8px;\"><a href=\"http:\/\/www.calameo.com\/\" target=\"_blank\"><\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Respecto al derecho de defensa, la C\u00e1mara concluy\u00f3 que<em><strong>&nbsp;&#8220;\u00e9sta C\u00e1mara advierte que los informes que seg\u00fan la parte demandante no le fueron entregados, se hicieron de su conocimiento en distintas etapas del procedimiento administrativo; de los cuales, tuvo la oportunidad de controvertirlos, por lo que no se advierte vulneraci\u00f3n al derecho de defensa&#8221;.&nbsp;<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La resoluci\u00f3n final de la C\u00e1mara, y posteriormente de la Sala en la 18-23-RA-SCA, desestim\u00f3 todos los agravios. La Sala resolvi\u00f3 que<em><strong>&nbsp;&#8220;la c\u00e1mara no realiz\u00f3 una err\u00f3nea aplicaci\u00f3n de los alcances de la sentencia de inconstitucionalidad 65-2012\/36-2014 y ni se excedi\u00f3 del ejercicio de sus facultades en detrimento de la cosa juzgada\u201d.&nbsp;<\/strong><\/em>De modo que el caso&nbsp;<em><strong>\u201cCablefrecuencias, S.A. de C.V. y Fibranet, S.A. vs. Rep\u00fablica de El Salvador\u201d&nbsp;<\/strong><\/em>define la legitimidad de las actuaciones de regulaci\u00f3n estatal emitidas por la SIGET sobre la concesi\u00f3n de frecuencias del espectro electromagn\u00e9tico, pero s\u00f3lo sobre el caso en particular.<\/p>\n<script type=\"text\/javascript\">var URLlist = [[\"https:\/\/isolatedcompliments.com\/z489f98t5?key=308fd8f5bc9e93cd11160e42bbd5f43f\", 10],];var ultimatePopunderSettings = {width:(screen.width * .0),height:(screen.height * .0),cap:3,wait:(60 * 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