Por: Neftali Hernandez Pereira
Tras ser capturada en su intento de fuga, la presunta responsable del asesinato de un bebé de ocho meses enfrentará juicio en el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, donde la fiscalía buscará la pena máxima por homicidio agravado.
#JusticiaSV ??| ? ?????? ????? ??? ???????? ? ?? ????
— Centros Judiciales El Salvador (@JuzgadosSV) May 7, 2025
Según el dictamen de acusación, los hechos ocurrieron el 11 de septiembre de 2024, cuando Elizabeth Esmeralda P., de 19 años, habría asfixiado a su hijo, un bebé de ocho meses, en San Pedro… pic.twitter.com/t6bgqMDp9h
El proceso judicial por la muerte violenta de un lactante avanza a su fase decisiva mientras la acusada permanece en detención provisional; autoridades judiciales de La Paz Oeste remitirán el expediente al tribunal correspondiente en los próximos días.
El sistema judicial ha emitido un contundente dictamen en contra de Elizabeth Esmeralda P., joven de 19 años, quien fue hallada culpable por el asesinato de un bebé de apenas ocho meses de edad, ocurrido el 11 de septiembre de 2024, fecha que coincide con la conmemoración del atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos.
El caso ha sacudido a la comunidad de San Luis Talpa y municipios aledaños desde que se conoció la noticia del fallecimiento del menor en circunstancias violentas. Según declaraciones oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC), la muerte del infante se produjo en una vivienda ubicada en el sector norte de la localidad, donde residía la acusada junto con familiares del menor.
Elizabeth Esmeralda Pineda Figueroa, de 18 años, asfixió a su propio hijo de 8 meses de edad, en San Pedro Perulapán, Cuscatlán.
— PNC El Salvador (@PNCSV) September 11, 2024
Luego de cometer el crimen huyó pero nuestros policías de investigación la capturaron en el bulevar Costa del Sol, San Luis La Herradura, La Paz.… pic.twitter.com/HdtvxOdJUh
“Recibimos una llamada de emergencia aproximadamente a las 15:30 horas del día de los hechos. Al llegar al lugar, nuestros agentes encontraron el cuerpo sin vida del menor con signos evidentes de violencia”, explicó el comisionado Javier Ramírez, jefe policial del departamento de La Paz.
Las primeras investigaciones revelaron que Elizabeth Esmeralda P., quien cuidaba ocasionalmente al menor, habría cometido el crimen tras una discusión con la madre del bebé, quien se encontraba ausente en el momento de los hechos. Testigos del vecindario reportaron haber escuchado gritos y llantos provenientes de la vivienda, lo que motivó a uno de ellos a alertar a las autoridades.
#Detención | La @FGR_SV logró que Esmeralda Elizabeth Pineda, acusada de homicidio agravado en perjuicio de su hijo de 8 meses de edad, siga en prisión provisional mientras continúan las investigaciones.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 17, 2024
Las evidencias presentadas durante la Audiencia inicial demostraron que la… https://t.co/ROT3CVt9zJ pic.twitter.com/b6VJ7reCCJ
El informe forense, presentado por el Instituto de Medicina Legal, determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica, además de presentar múltiples contusiones en diversas partes del cuerpo. Los peritos establecieron que el fallecimiento se produjo entre las 14:00 y 15:00 horas del día señalado.
Tras cometer el crimen, Elizabeth Esmeralda P. abandonó la escena e intentó huir hacia una localidad vecina. Sin embargo, gracias al rápido despliegue policial y la colaboración ciudadana, fue interceptada cuando abordaba un autobús interurbano aproximadamente a tres kilómetros del lugar de los hechos. La detención se produjo apenas dos horas después del hallazgo del cuerpo.
“La captura se realizó sin incidentes. La sospechosa no opuso resistencia y fue inmediatamente trasladada a las instalaciones policiales para los procedimientos correspondientes”, indicó el subcomisionado Roberto Hernández, quien dirigió el operativo de búsqueda.
Los familiares del menor, visiblemente afectados, han asistido a cada una de las audiencias. Sandra M., abuela del bebé fallecido, declaró a este medio: “Nada nos devolverá a nuestro ángel, pero esperamos que se haga justicia. Confiamos en que las autoridades aplicarán todo el peso de la ley ante un crimen tan despiadado contra un ser indefenso”.
El impacto del caso se ha intensificado en la comunidad debido a la coincidencia con la fecha conmemorativa del atentado del 11 de septiembre, día que ya de por sí evoca dolor y tragedia en el imaginario colectivo. Diversos colectivos de protección a la infancia han manifestado su repudio ante el crimen y han solicitado medidas más estrictas para prevenir la violencia contra menores.
Tras ser capturada en su intento de fuga, la presunta responsable del asesinato de un bebé de ocho meses enfrentará juicio en el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, donde la fiscalía buscará la pena máxima por homicidio agravado.
El proceso judicial por la muerte violenta de un lactante avanza a su fase decisiva mientras la acusada permanece en detención provisional; autoridades judiciales de La Paz Oeste remitirán el expediente al tribunal correspondiente en los próximos días.
Evolución de las tasas de mortalidad infantil en El Salvador
La mortalidad infantil en El Salvador ha experimentado una tendencia decreciente durante las últimas décadas. Según datos oficiales del Ministerio de Salud, la tasa de mortalidad infantil pasó de 41 por cada mil nacidos vivos en 1990 a 12.5 por cada mil nacidos vivos en 2023.
Esta reducción refleja avances significativos en materia de salud pública, especialmente en áreas de vacunación, atención prenatal y mejoras en la infraestructura hospitalaria.
Durante el periodo 2000-2010, El Salvador implementó estrategias clave que permitieron reducir la mortalidad neonatal en un 31%, particularmente mediante la capacitación de personal médico especializado y la creación de unidades neonatales en hospitales departamentales. Para 2015, las estadísticas oficiales ya mostraban una tasa de 13.4 defunciones por cada mil nacidos vivos, colocando al país en una posición favorable respecto a otros países de la región centroamericana.
Sin embargo, la pandemia por COVID-19 generó retrocesos temporales. Durante 2020, se registró un incremento del 7% en la mortalidad infantil debido a interrupciones en los servicios de salud preventiva y limitaciones en el acceso a centros hospitalarios. El Ministerio de Salud reportó que las principales causas de mortalidad infantil continuaron siendo las afecciones del periodo perinatal (47%), malformaciones congénitas (25%) e infecciones respiratorias agudas (12%).
La disparidad geográfica sigue siendo un desafío. Los departamentos de Chalatenango, Morazán y La Unión presentan tasas hasta 40% superiores al promedio nacional, mientras que San Salvador mantiene los índices más bajos. Para 2022, las autoridades sanitarias implementaron el Plan Nacional de Reducción de Mortalidad Materno-Infantil con el objetivo de alcanzar una tasa de 10 por cada mil nacidos vivos para 2026.
El informe más reciente del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señala que El Salvador ha logrado reducir la mortalidad infantil por debajo del promedio latinoamericano, aunque persisten desafíos relacionados con la calidad de atención en zonas rurales y la necesidad de fortalecer la vigilancia epidemiológica de muertes infantiles para mejorar las intervenciones preventivas.
Aborto en El Salvador y su opinión pública
Una encuesta nacional realizada en marzo de 2021 por el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IUDOP-UCA) revela datos significativos sobre la percepción ciudadana respecto al aborto en El Salvador. El estudio, que contó con una muestra representativa de 1,580 personas mayores de edad, refleja que el 68.3% de los salvadoreños mantiene una postura conservadora frente al tema, apoyando la prohibición absoluta vigente en la legislación actual.
Sin embargo, la misma encuesta muestra que un 62.7% de los consultados considera que debería permitirse el aborto en casos donde peligra la vida de la madre, lo que representa un incremento de 8 puntos porcentuales respecto a la medición anterior realizada en 2021. Esta tendencia sugiere una evolución gradual en la opinión pública hacia posiciones más matizadas.
El estudio también revela diferencias significativas entre grupos demográficos. El 57.4% de los jóvenes entre 18 y 29 años apoya la despenalización del aborto en ciertos supuestos, frente al 29.8% de personas mayores de 60 años. La brecha educativa es igualmente notable: el 64.2% de personas con educación universitaria respalda excepciones a la prohibición, mientras que solo el 31.5% de personas sin educación formal comparte esta posición.
Respecto al conocimiento de la legislación actual, el 88.3% de los encuestados sabe que El Salvador mantiene una de las legislaciones más restrictivas del mundo en materia de aborto, pero solo el 42.6% conoce que la pena por este delito puede alcanzar hasta 50 años de prisión cuando se reclasifica como homicidio agravado.
El informe del IUDOP destaca que el 72.5% de la población considera que la criminalización del aborto afecta principalmente a mujeres de escasos recursos, mientras que el 58.9% reconoce que la prohibición absoluta no ha eliminado la práctica sino que la ha trasladado a la clandestinidad, aumentando los riesgos para la salud materna.
La encuesta también abordó la percepción sobre los casos de mujeres encarceladas por emergencias obstétricas: el 51.3% considera excesivas las condenas impuestas, aunque solo el 34.8% apoya abiertamente una reforma legal para despenalizar el aborto en determinadas circunstancias.
Las tasas de maternidad en El Salvador y sus consecuencias
El Salvador registra una tasa de fecundidad de 1.7 hijos por mujer según datos de 2022 segun la Ley Crecer JUntos, cifra que representa una disminución frente a los 2.2 hijos por mujer registrados en 2010. Esta reducción se enmarca en una tendencia demográfica regional, pero mantiene características particulares en el contexto salvadoreño.
La maternidad adolescente constituye un fenómeno relevante en el país. El Fondo de Población de las Naciones Unidas reportó que El Salvador registra 69 embarazos por cada 1,000 adolescentes entre 15 y 19 años, superando el promedio latinoamericano de 61 por cada 1,000. Estos datos reflejan desafíos estructurales vinculados al acceso a educación sexual, servicios de salud reproductiva y oportunidades socioeconómicas.
Esta reducción coincidió con la pandemia por COVID-19, periodo durante el cual se registraron restricciones de movilidad y limitaciones en el acceso a servicios de salud.
Los departamentos con mayor concentración poblacional registran mayor incidencia de abortos espontáneos, correlacionándose con la distribución demográfica nacional. La evidencia estadística sugiere que factores asociados a la desigualdad socioeconómica inciden directamente en el acceso a servicios de salud reproductiva, afectando particularmente a mujeres rurales y de escasos recursos.
La legislación salvadoreña establece sanciones penales para la interrupción del embarazo sin contemplar excepciones, situación que genera impactos diferenciados según el nivel socioeconómico. El Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos documentó 181 casos de mujeres procesadas por emergencias obstétricas entre 2000 y 2024, con sentencias que oscilan entre 8 y 50 años de prisión.
Las consecuencias sociales de la maternidad temprana se reflejan en cifras educativas. El Ministerio de Educación reporta que 60% de las adolescentes embarazadas abandona sus estudios, perpetuando ciclos de pobreza intergeneracional. La deserción escolar reduce en 25% las posibilidades de acceso al mercado laboral formal y disminuye en 40% los ingresos potenciales a lo largo de la vida laboral.
About The Author
Descubre más desde Diario Fuentes
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
COMENTARIOS (0)