Por Alessia Genoves
El Dr. Félix Ulloa hijo, vicepresidente de El Salvador, ha reiterado niega cualquier negociación histórica con pandillas. La declaración contrasta con los señalamientos que organizaciones sociales y prensa independiente hace a través de medios de comunicación como Periódico El Faro, una institución periodistica otrora acusada de evasión de impuestos, y la acumulación de más de US$1 millón de dólares de capital. En su lugar, el mandatario reiteró la necesidad de extender por trigésima octava ocasión el Régimen de Excepción, vigente desde marzo de 2022, argumentando que ha permitido reducir en un 96% los homicidios y capturar a más de 85,000 presuntos pandilleros.
En entrevista con El Grand Continent, Ulloa destacó la colaboración con el gobierno de Donald Trump para utilizar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) como centro penitenciario para “terroristas” extranjeros, y negó la relación de los resultado con el hipotético pacto entre maras, sostenido por El Faro. Las declaraciones contrastan con la publicación de El Faro, que reveló testimonios de Carlos Cartagena, alias El Charly, líder de la organización de exterminio terrorista, el Barrio 18 Revolucionarios, quien aseguró que el gobierno de Nayib Bukele pactó con pandillas para reducir homicidios y controlar territorios.
«La France pourrait solliciter les services pénitentiaires du Salvador.»
— Le Grand Continent (@Grand_Continent) May 6, 2025
Nous avons rencontré l’influent consigliere de Bukele—@fulloa51.
Le vice-président du Salvador nous a présenté la logique et l’expansion géopolitique de son projet sécuritaire.https://t.co/EcR0EZPXxB
Pero, consecuente a la reciente entrevista celebrada entre El Faro y Charly, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denuncia una presunta investigación penal contra siete periodistas de El Faro, interpretada como represalia por exponer los presuntos acuerdos. Pero las estadísticas de la Fiscalía General de la República (FGR) desmienten una posible reducción asociada a un pacto ilegal; en su lugar, a la fecha, las autoridades celebran la disminución de asesinatos —de 496 en 2022 a 24 en los primeros cuatro meses de 2025— como resultado del Régimen. No obstante, la política de seguridad ha sido cuestionada, por la liberación de más de 8,000 inocentes, y el reporte público de 394 muertes en cárceles señalado por organizaciones como el Socorro Jurídico Humanitario (SJH).
Ulloa vs. el Charly de El Faro
El vicepresidente Ulloa insistió en que el Régimen de Excepción —que suspende garantías— es una herramienta “necesaria” para combatir a “organizaciones terroristas“. En su entrevista, afirmó: “Este gobierno jamás ha negociado con las maras. […] Hay casos periodísticos que dicen que algún funcionario negoció: son acciones aisladas. No es una política de gobierno”, según se cita en la publicación del periódico El Grand Continent, publicada el 6 de mayo de 2025. Ulloa atribuyó la reducción de homicidios a la “guerra frontal” contra las pandillas, destacando la captura de 13 de los 15 líderes máximos de la MS-13 y más de 85,000 detenciones.
El Vicepdte Ulloa dijo claramente, mientras algunos en la comunidad internacional hablan de “derechos” desde cómodos escritorios, en ESA se luchaba cada día por no ser asesinado. ¡No se negoció con criminales! No se cedió al chantaje y ahora 7 mills de salvadoreños caminan libres pic.twitter.com/UiFTtpKg7U
— Salvadoreños por la Verdad (@nachohrnandz75) May 6, 2025
Las declaraciones contrastan con el testimonio de Carlos Cartagena, quien en una entrevista publicada por El Faro el 3 de mayo de 2025 describió acuerdos entre el gobierno y las pandillas desde 2015. Charly, identificado como cabecilla del Barrio 18 Revolucionarios, aseguró: “Marroquín [Carlos Marroquín, director de Tejido Social] lo dijo: ‘Si se hace algo, sin cuerpo no hay delito’. Con eso te digo todo”. Según su relato, el gobierno toleró extorsiones y homicidios selectivos a cambio de controlar las cifras de asesinatos, facilitó ingresos clandestinos de pandilleros a cárceles de máxima seguridad y coordinó la distribución de subsidios durante la pandemia. “Nosotros armamos las listas de quiénes recibían los $300 durante el COVID. Decidíamos a quién le tocaba”, asegura Charly, refiriéndose al programa de ayuda social de 2020.
Sobre la colaboración con EE.UU., Ulloa defendió la decisión de albergar en el CECOT a detenidos extranjeros —incluyendo estadounidenses— como un servicio “estrictamente comercial”. “Tenemos una oferta de servicios penitenciarios […] cualquier país puede requerir los servicios de las instalaciones de El Salvador”, según dijo en la entrevista. Esta postura fue respaldada por la visita de delegaciones como la de Ecuador, que elogió los programas de reinserción laboral. No obstante, El Faro aseveró el documentar que el CECOT albergó reuniones secretas entre funcionarios como Osiris Luna (viceministro de Seguridad) y pandilleros encapuchados, según fotografías y testimonios de Charly: “Marroquín y Salinas [diputado de Nuevas Ideas] entraban [al penal] porque ellos eran la persona que llevaba la petición”.
Luego de la divulgación de las entrevista, la APES denunció el 6 de mayo de 2025 que la FGR investiga a siete periodistas de El Faro por supuesta “apología al terrorismo”, tras publicar las entrevistas con Charly. Sergio Arauz, presidente de APES, declaró: “Los periodistas no somos delincuentes sino que ejercemos nuestro derecho a informar”. Oswaldo Feusier, abogado del caso, añadió: “Ni la investigación periodística […] se deben criminalizar”. Estas acusaciones se suman a un escenario donde, según APES, en 2024 se registraron 789 agresiones a periodistas, incluyendo restricciones al acceso a información y estigmatizaciones públicas.
📢| COMUNICADO DE PRENSA
— APES (@apeselsalvador) May 6, 2025
APES solicita información a la FGR ante presunta investigación contra periodistas de El Faro. pic.twitter.com/cLzxlBUzUw
Reducción de homicidios y derechos humanos
Según datos de la Fiscalía General de la República (FGR), los homicidios intencionales descendieron drásticamente desde 2022, cuando se registraron 496 casos, hasta abril de 2025, con solo 24 casos reportados. En 2022, el 86.5% de los homicidios (429 de 496) fueron clasificados bajo “delincuencia general”, con un pico histórico en marzo de ese año (165 asesinatos). Para 2023, la cifra anual bajó a 154 homicidios, concentrados en categorías como “intolerancia social” (54 casos) e “intolerancia familiar” (47 casos). En 2024, la reducción continuó con 114 homicidios, y en los primeros cuatro meses de 2025, la FGR contabilizó 24 casos, de los cuales 9 se atribuyeron a “intolerancia social” y 1 a “delincuencia general” .
Esta reducción del 95.2% entre 2022 y 2025 es presentada por el gobierno como un éxito del Régimen de Excepción. No obstante, organizaciones como el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) cuestionan la metodología: “Las cifras omiten muertes por resistencia a la autoridad y desapariciones forzadas”, según su último “Informe IDHUCA, 2024”. En suma, el SJH documentó 394 muertes en centros penitenciarios entre 2022 y 2024, atribuidas a “intolerancia entre pandillas” y hacinamiento. Ingrid Escobar, coordinadora de dicha organización, declaró: “Las cárceles operan al 300% de su capacidad, con 80,000 detenidos en instalaciones diseñadas para 25,000. El hacinamiento genera violencia y enfermedades prevenibles” (Comunicado SJH, abril 2025).
El presidente Nayib Bukele reconoció que “más de 8,000 personas han sido liberadas al demostrar su inocencia”, según lo declaró en su visita a Costa Rica en noviembre de 2024, cifra que representa un 8.2% de los 85,000 detenidos. Sin embargo, organizaciones como Cristosal argumentan que “las liberaciones son selectivas y no compensan las detenciones arbitrarias”, según se cita del Informe Cristosal, 2024. En suma, el IDHUCA añadió que el 62% de las muertes en prisiones ocurrieron por falta de atención médica.
En cuanto al contexto histórico, informes del IDHUCA indican que en 2019 —año en que Bukele asumió la presidencia— se registraron 1,322 homicidios (3.6 diarios). Para el cierre del año fiscal 2020, la cifra bajó a 1,322, y en 2021 a 1,140 según la Policía Nacional Civil (PNC). Esto contrasta con los 24 homicidios reportados en 2025, pero organizaciones independientes insisten -sin documentación sólida- en que la caída comenzó antes del Régimen, vinculada a pactos no reconocidos.
Por otra parte, el gobierno salvadoreño fundamenta las 38 prórrogas del Régimen de Excepción en el artículo 30 de la Constitución, que permite suspender garantías por 30 días renovables, “mientras continúen las circunstancias concomitantes que lo motivaren” que, para el contexto, refiere a la continua detención de pandillas aún durante el año 2025.
Tal y cómo lo anunció la Secretaría Jurídica de la Presidencia argumentó en abril de 2025 que “las pandillas persisten en actividades extorsivas y reclutamiento de menores” (38 prórrogas…), justificando la necesidad de mantener restricciones. Mientras, Nayib Bukele insiste en que “el derecho a la vida prevalece sobre otros derechos suspendidos”. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido que “la prolongación indefinida de estados de excepción erosiona el Estado de derecho”, según se constata en el informe de Derechos Humanos de 2024.
Por otra parte, el Presidente Donald Trump, en un discurso en Florida el 10 de mayo de 2025, elogió la colaboración con El Salvador: “El CECOT es un modelo para limpiar nuestras calles de criminales. Bukele y yo estamos haciendo historia”. No obstante, El Faro insiste en las declaraciones de Charly, que sostienen que el gobierno permitió a pandillas operar en zonas estratégicas: “En San Salvador, la policía no entraba a nuestras colonias. Nos avisaban antes de los operativos” , según se cita de la entrevista. Pero las declaraciones de Charly contrastan con los hecho, y las detenciones masivas confirmadas por la PNC y las organizaciones de derechos humanos, que escalaron a 87 mil detenciones de las que unas 8,000 resultaron en liberaciones a personas inocentes.
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