Por Alessia Genoves
Tres organismos estatales determinaron que la Universidad de El Salvador (UES) violó derechos fundamentales al negar información pública solicitada por el docente Santos Fredis Pereira Joya. La Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) emitieron resoluciones favorables al docente, ordenando la entrega de información y declarando la violación al derecho de petición por parte de autoridades universitarias. La IAIP, en consecuencia, convocó la Rectoría de la UES y a Pereira Joya a una audicencia oral el 10 de abril de 2025.
A éstas resoluciones se añaden las emitidas por la Corte de Cuentas de la República (CCR), que evidenciarían la “la práctica de ‘pasar de Contrato Temporal a Permanente a un grupo preferido por el funcionario decisor (Rector) ha sido sin que conozcan los fundamentos de hecho y de derecho para la selección discrecional'” contra la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas, según se constata en el expediente “DPC-89-2022”; y que, posteriormente, darán lugar a la evaluación de un supuesto manejo “irregular” de “más de US$35,000.00 dólares de los recursos públicos para la contratación del Lic. Luis Edgar Morales Joya, para asesorar y representar a la Junta Directiva ante la Fiscalía”, según la resolución DAD-16-2024.
Solicitudes de información bloqueadas por Economía
Autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas de la UES negaron el acceso a información pública solicitada por el licenciado Santos Fredis Pereira Joya. Según el expediente UAIP/REO240/2019, el docente solicitó diversos documentos relacionados con la gestión académica y administrativa de la facultad, incluyendo el “Plan de acción para la actualización de los planes de estudio de la Facultad de Ciencias Económicas”, el “Informe de Avances en la actualización de los Planes de estudio de la Facultad de Ciencias Económicas”, el “Plan de desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas 2019-2023” y la “Memoria de labores de la Facultad de Ciencias Económicas período de 2017-2019”, entre otros documentos.
En su respuesta oficial, el entonces Decano Nixon Rogelio Hernández Vásquez evadió proporcionar la mayoría de la información solicitada, según se cita en el referido expediente. El documento firmado el 5 de diciembre de 2019, el Decano se limitó a proporcionar el listado de miembros de la Junta Directiva correspondiente a los períodos 2017-2019 y 2019-2021, indicando que “en relación a los responsables de establecer la propuesta de Agenda para cada sesión de Junta Directiva, hago de su conocimiento que este proceso se realiza conforme a lo establecido en el Artículo 42, literal e), del Reglamento General de la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador.”
Respecto a otros documentos solicitados, el Decano afirmó que “la Memoria de Labores de la Facultad de Ciencias Económicas correspondiente al periodo 2015-2019 a usted comunico que dicha información ya se encuentra disponible en nuestro Portal de Transparencia, al cual puede acceder mediante la dirección transparencia.fce.ues.edu.sv”. Además, declaró que “la Facultad de Ciencias Económicas no cuenta con una línea presupuestaria para economía de salarios, así como se carece de un plan de acción para actualización de los planes de estudio; razón por la cual la información solicitada no puede ser proporcionada.”
PDDH señala vulneración de derechos
La PDDH determinó que hubo violación al derecho de petición del licenciado Pereira Joya. Según el expediente 85-0136-2020, el docente manifestó que “desde el 1 de febrero de 2019, labora como docente a medio tiempo en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador (FCE-UES), habiendo pedido, el 6 de mayo de 2019, al Director de la Escuela de Administración de Empresas, que solicitara a la Junta Directiva de la FCE-UES, ampliación de su jornada laboral a tiempo completo”.
La denuncia detalla que “a la fecha de la denuncia, no tenía respuesta, no obstante, haber emitido Acuerdo de remisión de la solicitud, al Comité de Administración de la Carrera del Personal Académico (CACPA) el cual se declaró incompetente para conocer y responderle al denunciante.” Inicialmente, mediante resolución del 14 de febrero de 2022, la PDDH determinó “no establecida la violación al derecho de petición, por dilación justificada en la tramitación y respuesta de la solicitud por parte del Decanato y de la Secretaría de la FCE-UES.”
Sin embargo, tras una solicitud de revisión presentada por Pereira Joya el 17 de octubre de 2023, la PDDH reconsidera su posición. El denunciante argumentó que “la dilación fue atribuida a la emergencia del Covid-19, aunque la Junta Directiva según el artículo 60 de la Ley Orgánica, tenía que responder en el plazo de 60 días hábiles, término que para el 19 de septiembre de 2019 se había vencido sin que existiera alguna justificación al respecto, en violación al derecho de petición.”
La PDDH concluyó que “justificar la dilación en la respuesta proveída al licenciado Pereira Joya bajo el argumento de la emergencia por la Pandemia del virus Covid-19 -como lo hiciera la Junta Directiva de la FCE-UES, en el período 2019-2021- no es congruente, ya que la crisis de la referida Pandemia tuvo lugar el año 2020 y la solicitud del licenciado Pereira Joya, fue realizada en el año 2019“.
La resolución se modificó el 13 de junio de 2023, y estableció: “Dar por establecida la violación al derecho de petición, por dilación injustificada en la tramitación y respuesta de la solicitud, por parte de la entonces Junta Directiva de la FCE-UES, período 2017-2019… en perjuicio del licenciado Santos Fredis Pereira Joya” y “Declarar la responsabilidad de los entonces miembros de la Junta Directiva de la FCE-UES, período 2017-2019, por los hechos denunciados.”
IAIP ordena entrega de información
El IAIP ha intervenido en múltiples ocasiones ante la negativa sistemática de la FCE-UES, para entregar información pública solicitada Pereira Joya. Según su documentación, el IAIP rechazó los argumentos del entonces decano Nixon Rogelio Hernández, quien se negó a proporcionar información sobre contrataciones docentes.
Según la resolución, cuando Pereira Joya solicitó “el listado de personal contratado para impartir horas clases en la facultad de Ciencias Económicas para el ciclo I y II-2019”, el decano respondió que “el término ‘hora clase’ es una forma de referirse a un mecanismo de contratación, pero que no indica ninguna de las categorías jurídicas bajo la que contratan en el ente obligado (FCE-UES) “. Además, el decano se manifestó en contra del solicitante de información pública al decirle que las autoridades de la UES no se encuentran en la obligación de indicarle a los solicitantes cómo realizar sus requerimientos.
Ante estos argumentos, “el pleno de comisionados del IAIP rechazó la actitud de Hernández y sentenció que ‘al procedimiento del acceso a la información particularmente le resultan aplicables, entre otros, los principios de antiformalismo, eficacia y el de buena fe'”, conforme al artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), ordenando su entrega.
Actualmente, continúa un nuevo procedimiento de apelación ante el IAIP, identificado con el expediente NUE 35-A-2024 (GG), en el que la UES a través de su Rector Juan Rosa Quintanilla Quintanilla, manifestó que “la información no ha sido generada en los términos solicitados por el apelante. Y esta es la razón de no poder satisfacer la pretensión de información, ya que materialmente es imposible entregar información que no ha sido generada.” El IAIP ha programado audiencia oral para el 10 de abril de 2025 para dirimir este conflicto.
CCR ordena auditoría
Las denuncias presentadas por Pereira Joya han trascendido el ámbito de la transparencia y acceso a la información pública, llegando a instancias de fiscalización pública, como la CCR. De acuerdo con el expediente DPC-89-2022, la CCR admitió denuncias por contrataciones irregulares en la FCE-UES.
La CCR admitió la denuncia en la que Pereira Joya sostiene que se habría beneficiado a “un grupo de empleados, evadiendo el concurso que establece el artículo 61 del Reglamento General del Sistema de Escalafón del Personal de la UES”. Además, el denunciante señala que la práctica de ‘pasar de Contrato Temporal a Permanente a un grupo preferido por el funcionario decisor (Rector) ha sido sin que conozcan los fundamentos de hecho y de derecho para la selección discrecional“.
El expediente DPC-89-2022 detalla que la denuncia fue admitida por la CCR y acumulada con otra denuncia anónima previa (DPC-113-2021), ordenando “a la Dirección de Auditoría que corresponda realizar el Examen del expediente acumulado en los casos denunciados”. La denuncia responsabiliza a 14 funcionarios de la Facultad de Ciencias Económicas, incluyendo al Decano Nixon Rogelio Hernández Vásquez, el Vice Decano Mario Wilfredo Crespín Elías, y todos los miembros propietarios y suplentes de la Junta Directiva del período 2019-2021.
El fundamento de la denuncia radica en “la omisión sin motivo legal alguno de procedimientos administrativos, atinentes con los nombramientos y contrataciones de personal docente, y por no tomar en cuenta la normativa del régimen administrativo y los procedimientos de concurso de oposición, sin que existiera justificación con base a los criterios de eficiencia y justificación social, durante el período del año dos mil diecinueve, al año dos mil veintiuno.”
Y, a ésta resolución, se añaden otras contra la FCE-UES, según se constata en el expediente “DPC-89-2022”. En dicho documento, se identifica, sobre la entidad cuestionada, que “la práctica de ‘pasar de Contrato Temporal a Permanente a un grupo preferido por el funcionario decisor (Rector) ha sido sin que conozcan los fundamentos de hecho y de derecho para la selección discrecional'” . En paralelo, se daría lugar a la evaluación de un supuesto manejo “irregular” de “más de US$35,000.00 dólares de los recursos públicos para la contratación del Lic. Luis Edgar Morales Joya, para asesorar y representar a la Junta Directiva ante la Fiscalía”, según la resolución DAD-16-2024.
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