Por Alessia Genoves
Ernesto Muyshondt García-Prieto es condenado a 4 años de prisión por el delito de incumplimiento de deberes durante su gestión como titular de la Alcaldía de San Salvador, desde mayo de 2018 hasta el 30 de abril de 2021, según lo determinó el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador. La institución estableció que Muyshondt “incumplió sus deberes como alcalde al priorizar su imagen política sobre el pago oportuno de las cuotas” a distintas entidades, afectando a más de 80 empleados de la Alcaldía y la Dirección de Desechos Sólidos.
Simultáneamente, el extesorero municipal, Fernando Heriberto Portillo Linares, fue condenado a 4 años de prisión por el delito de apropiación o retención de cuotas laborales, tras comprobarse que “retuvo cheques y, en algunos casos, efectuó los pagos de manera tardía, fuera del plazo establecido”. Las irregularidades de la administración Muyshondt han generado un adeudo de $5.2 millones de dólares en perjuicio de los derechos laborales de los exempleados municipales, quienes han presentado más de 80 denuncias tras ser despedidos de sus labores, de forma irregular.
Muyshondt contra la justicia
El Quinto de Sentencia determinó que durante la administración de Ernesto Muyshondt como alcalde de San Salvador se produjeron varias irregularidades en el manejo de los fondos municipales. La Fiscalía General de la República (FGR) documentó que en el período comprendido entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020, se retuvieron indebidamente cuotas laborales y previsionales, en perjuicio de los empleados municipales. Estas retenciones incluían aportes destinados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), a sindicatos y a diversas instituciones financieras.
La FGR comprobó que estas irregularidades no fueron producto de simples errores administrativos, sino que respondieron a decisiones deliberadas que priorizaron otros gastos municipales por encima de las obligaciones laborales. El expediente judicial señala que Muyshondt priorizó “su imagen política sobre el pago oportuno de las cuotas”, lo que constituyó un claro incumplimiento de sus deberes como funcionario público. Esta conducta fue particularmente grave porque afectó directamente la seguridad social de los trabajadores, quienes vieron comprometidos sus derechos laborales y previsionales.
El caso se vuelve más complejo al considerar que, según los documentos oficiales, el presupuesto municipal para remuneraciones presentó un incremento significativo, pasando de $30,613,998.66 en 2019 a $36,288,422.43 en 2020, lo que representa un aumento de $5,674,423.77. Este incremento presupuestario contrasta notablemente con la retención de cuotas laborales, situación que sugiere la sospecha de interrogantes sobre el destino real de estos fondos adicionales.
Ernesto Muyshondt ha intentado distanciarse de las acusaciones. Desde su detención en junio de 2021, el exalcalde ha sostenido ser un “preso político” y ha declarado: “Soy un preso político. Soy un preso de la dictadura de Nayib Bukele”, según lo declaró ante la prensa. Con estas declaraciones, Muyshondt ha intentado enmarcar su caso como una persecución política más que como un proceso legal basado en irregularidades administrativas; pero que no se formalizaron, bajo esa justificación, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En uno de los casos judiciales relacionados con su gestión, Muyshondt logró ser sobreseído del delito de “Apropiación Indebida de Retenciones o Percepciones Tributarias” tras pagar $275,145.31 dólares para saldar la sanción interpuesta, según lo determinó el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, en agosto de 2023. Este caso específico estaba relacionado con la retención ilegal de fondos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de la Dirección de Recolección de Desechos Sólidos entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 2020. Según el informe judicial, “Muyshondt será sobreseído definitivamente porque la deuda por la que se le acusa ya fue pagada”.
No obstante, este sobreseimiento no afectó a los otros procesos en su contra, incluyendo el que resultó en la reciente condena de cuatro años de prisión por incumplimiento de deberes. El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador consideró que existían pruebas suficientes para determinar que Muyshondt había incumplido sus obligaciones como alcalde, en perjuicio de los trabajadores municipales.
Impacto contra trabajadores
Las irregularidades cometidas durante la administración de Muyshondt han tenido un impacto directo contra trabajadores municipales. La magnitud del problema queda evidenciada en el monto total reclamado por los exempleados, que asciende a aproximadamente $5,200,000.00. Este monto refleja no solo las cuotas laborales retenidas indebidamente, sino también otras prestaciones laborales que no fueron pagadas oportunamente. La FGR ha documentado que estas irregularidades afectaron a “más de 80 empleados de la Alcaldía y la Dirección de Desechos Sólidos”, aunque el número total de afectados podría ser considerablemente mayor.
Los trabajadores afectados han denunciado que la retención de sus cuotas laborales ha comprometido su acceso a servicios esenciales como la atención médica a través del ISSS y ha afectado sus ahorros para la jubilación administrados por las AFP. Además, varios de los trabajadores fueron despedidos sin recibir las prestaciones correspondientes, perjudicando su situación económica.
El caso ha generado numerosos precedentes judiciales, con diferentes instancias del sistema judicial. Por ejemplo, en el expediente 464-COM-2019, la CSJ resolvió: “Declárase que es competente para sustanciar y decidir el caso de mérito, el Juzgado Cuarto de lo Laboral de San Salvador, departamento de San Salvador”. Esta resolución, emitida el 15 de junio de 2021, es solo una de las muchas que han direccionado las demandas laborales hacia los juzgados correspondientes.
Es importante destacar que, mientras las demandas laborales seguían su curso en los tribunales correspondientes, Muyshondt logró que se le concediera libertad condicional tras pagar $275,145.31 en junio de 2021. Este pago fue considerado como una restitución parcial de los fondos retenidos indebidamente, pero no afectó a la totalidad de las reclamaciones pendientes, que superan los $5 millones. Del mismo modo que el proceso resuelto en 2023, resultó en su re-apertura, con un cargo penal distinto al que fue inicialmente procesado.
Irregularidades en gestión de desechos sólidos
La administración de Muyshondt tuvo importantes ptoblemas en la gestión de los desechos sólidos en San Salvador. La Memoria de Labores de la Alcaldía de San Salvador de enero a diciembre de 2020 reportaba un gasto ejecutado de apenas $120,183.65 en las obras de recolección de desechos sólidos. Esta cifra contrasta drásticamente con los $20,650,000.00 establecidos en el presupuesto para la Dirección Municipal para la Gestión de Desechos Sólidos durante el mismo período.
Según el desglose presupuestario, de esos $20.65 millones, $12,586,275.00 estaban destinados al pago de remuneraciones, $4,644,133.00 a la adquisición de bienes y servicios, $369,000.00 para cubrir gastos financieros, y $3,050,000.00 para inversiones en activos fijos. La discrepancia entre el presupuesto asignado y el gasto efectivamente ejecutado plantea serias interrogantes sobre el destino de estos fondos.
El resultado de la gestión de los desechos sólidos tuvo consecuencias que trascendieron lo meramente administrativo. En marzo de 2021, el Juzgado Ambiental de Santa Tecla se vio obligado a intervenir mediante la resolución MC72-3-20. Esta resolución respondía a una solicitud de medidas cautelares presentada por el “apoderado de la Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos”, quien denunciaba que la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM) estaba “obstaculizando desde el día veintiuno de septiembre del presente año, el ingreso a las instalaciones de la Planta de trasbordo denominada Aragón de los vehículos que depositan en un sistema de góndolas los desechos sólidos recolectados en todo el municipio de San Salvador”.
El juzgado resolvió imponer a ASTRAM la medida cautelar de “abstenerse de promover, incitar o realizar por medio de sus miembros asociados cualquier conducta que cause obstrucción, retraso, obstaculización o imposibilidad en la prestación del servicio de recolección, tratamiento y disposición final de desechos sólidos”. Esta situación refleja cómo los problemas administrativos y laborales durante la gestión de Muyshondt terminaron afectando servicios esenciales para la ciudad.
Comparación de Presupuesto y Gasto en Gestión de Desechos Sólidos
La apropiación de retenciones tributarias
Uno de los delitos por los que Muyshondt enfrentó cargos fue el de “Apropiación Indebida de Retenciones o Percepciones Tributarias”, tipificado en el artículo 250 del Código Penal salvadoreño. Este delito consistió específicamente en la retención indebida de fondos correspondientes al Impuesto Sobre la Renta (ISR) de la Dirección de Desechos Sólidos de la Alcaldía de San Salvador, durante el período comprendido entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 2020.
La FGR inicialmente solicitaba una pena de 14 años de prisión para Muyshondt y los otros implicados en este caso específico. Según el expediente judicial, la fiscalía distribuía “penas de hasta 8 años de prisión por el delito de Incumplimiento de Deberes (art. 321, Cód Pnl), más otros 6 años de prisión por el delito de Apropiación Indebida de Retención Tributaria”.
Sin embargo, Muyshondt y los otros acusados lograron evitar esta condena al pagar $275,145.31, monto que correspondía a las retenciones indebidamente apropiadas. Este pago llevó al Sexto de Sentencia de San Salvador a emitir un sobreseimiento definitivo para Muyshondt en este caso específico, aunque esto no afectó a los otros procesos en su contra, incluido el que resultó en su reciente condena a 4 años de prisión.
Inconsistencias presupuestarias
45 empleados de la Alcaldía Muncipal de San Salvador reclamaron a la Alcaldía el pago de sus cuotas laborales, que fueron retenidas hasta su despido. Diario Fuentes ha compilado cerca de 29 expedientes judiciales, procesados ante los Juzgados de lo Laboral de San Salvador y Segundo de lo Contencioso Adminsitrativo de Santa Tecla, sobre denuncias individuales y colectivas en contra del ex-alcalde y su grupo de trabajo. El monto del adeudo, por la presunta comisión del delito de retención de cuotas laborales por parte de la comuna, llega a los $5,200,000.00.
Diario Fuentes, en sus informes citados, observa que las demandas laborales se dieron en contra de miembros del Concejo Municipal, con integrantes como la síndica municipal, Gloria Martgarita Calderóin de Oñate; así como los síndicos propietarios, José Francisco Rivera, Miguel Antonio Azucena; German Alejandro Muñoz, Arlyn Celia Idayari Rivas y a Luis Eduardo Quiñonez. También son referidos los miembros Georgina Michelle Linares, René Oswaldo Ayala, Celio Vidal Sibrian; Gabriel Marisol Vásquez, Rodolfo Armando Pérez, Edgar Javier Castillo y Yesenia Xiomara Hernández.
No obstante, la FGR sólo individualiza a Mushondt, en la comisión del delito de incumplimiento de deberes, que requiere un sanción de hasta 6 años de prisión, y en contra del ex-tesorero, Fernado Heriberto Pottillo, por el delito de apropiación o retención de cuotas laborales, que requiere una sanción de 8 años de prisión, más el reintegro de dichas cuotas (art. 245, Cód. Pnl). FGR, por su parte, indica que la comisión de los delitos habría tenido lugar durante el “1 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2020”.
Mientras tanto, unos $5,674,423.77 se adhirieron al presupuesto municipal para el año 2020. Ésta configuración presupuestaria se deduce del Presupuesto Municipal para el año 2020, que fue de $36,288,422.43; cuando en el año 2019 fue de $30,613,998.66. Diario Fuentes hace notar a sus lectores que éste incremento en el monto de las remuneraciones, no obstante, es superior a lo que se esperaría de un recorte dado a la descrita comisión de irregularidades en la entrega de cuotas laborales. El saldo total en los presupuesto designados tiene una tendencia general al alza y no a la baja.
Un ejemplo llamativo es el del Comité de Fiestas de la comuna, cuyo presupuesto aumentó de $151,450.34 en 2019 a $191,848.12 en 2020, y luego a $207,095.30 en 2021. Este incremento resulta especialmente cuestionable considerando que desde marzo de 2020 El Salvador, como el resto del mundo, se encontraba bajo restricciones debido a la pandemia de COVID-19. En un momento en que las actividades festivas estaban severamente limitadas por el Estado de Emergencia Nacional, resulta difícil justificar un aumento en el presupuesto destinado a festividades.
No obstante, las remuneraciones en rubros específicos sí que han tenido recortes. Ello se observa en las remuneraciones designadas en el Centro de Formación Laboral, donde pasaron de $399,880.96 para 2019, a los $399,370.14 dólares para el año 2020. Por otra parte, éste medio observa que las designaciones dadas al Comité de Fiestas incrementaron, de $151,450.34 en 2019, a los $191,848.12 en 2020; hasta los $207,095.30 en 2021. Éste último rubro, en cuestión, incrementó, pese al Estado de Emergencia Nacional por la Pandemia del Covid19, decretado desde marzo del año 2020.
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