Por Alessia Genoves
El Salvador experimentó un desplome de 18 puestos en el Índice de Libertad de Prensa de 2024, elaborado por Reporteros Sin Fronteras (RSF), al obtener una puntuación de 44.01 sobre 180 y ubicarse en el puesto 133. Esto contrasta drásticamente con su calificación de 51.36 puntos y el puesto 115 que ocupó en 2023. A pesar de no registrar asesinatos de periodistas este año, las vulneraciones al ejercicio periodístico persisten según el informe de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
El clima de seguridad pública en el país sigue siendo un desafío crítico. Aunque las cifras oficiales muestran una reducción en los homicidios intencionados, con 154 casos en 2023 y 28 en los primeros tres meses de 2024, la prensa cuestiona posibles sub-registros. “La prensa señala sub-registros en las notas rojas (de violencia homicida)”, advierte APES. Esto se enmarca en la detención de más de 72,000 presuntos pandilleros desde el inicio del Régimen de Excepción, según datos de la Fiscalía General de la República (FGR).
Caída en el Indicador Político y mediático
El deterioro más significativo en la calificación de El Salvador se observa en el Indicador Político, que cayó estrepitosamente de 38.13 puntos en 2023 a 29.21 en 2024, ubicándose en el puesto 150 de 180 países evaluados. Este indicador mide “el respeto de los Estados hacia la libertad de prensa y el pluralismo mediático”, según RSF.
En contraste, el Indicador Económico mejoró ligeramente, pasando de 41.47 puntos en 2023 a 42.23 en 2024 (puesto 101). El Indicador Legislativo también registró un avance, de 55.85 a 50.30 puntos (puesto 122), reflejando una mejora en “el marco legal para el ejercicio periodístico”, señala RSF.
Sin embargo, el Indicador Social retrocedió de 49.32 a 49.27 puntos (puesto 128), evidenciando un clima de desconfianza y hostilidad hacia los medios de comunicación. Finalmente, el Indicador de Seguridad disminuyó drásticamente de 72.03 a 49.04 puntos (puesto 127), a pesar de no reportarse asesinatos de periodistas en 2024.
El panorama mediático salvadoreño se caracteriza por una diversidad de medios tradicionales y digitales, aunque algunos de estos últimos se han visto obligados al exilio debido a las presiones gubernamentales. El presidente Nayib Bukele ha sido acusado de hostigar y amenazar a periodistas críticos, utilizando tácticas como “la difusión de propaganda oficial y el descrédito de los medios independientes”, según denuncia APES.
Según un reportaje de Reuters, existe una “granja de trolls” al servicio del presidente Bukele, dedicada a atacar y desacreditar a periodistas y medios de comunicación. Además, se han documentado “visitas intimidatorias de agentes policiales a oficinas de medios independientes”, advierte APES.
Leyes y hostialidad
A pesar de que “la libertad de expresión está amparada por la Constitución de El Salvador”, según APES, el gobierno ha declarado confidencial toda información sobre gasto público desde la pandemia. Además, el Régimen de Excepción, vigente desde marzo de 2022, “limita garantías constitucionales como la confidencialidad de la correspondencia privada”, denuncia la organización.
La Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista, ha establecido “penas de prisión de 10 a 15 años a quienes, por medio del uso de las tecnologías de la información y medios de comunicación, transmitan mensajes originados o presuntamente originados por grupos criminales que pudieran generar pánico a la población”, advierte el informe de APES. Esto podría ser utilizado para criminalizar el trabajo periodístico.
Sin embargo, el aporte de APES es anacrónico. Esto es así porque, los hechos a los que se refieren fueron aprobados en 2022, con la reforma al inciso segundo del artículo 345-C que establecía, efectivamente penas carcelarias por la divulgación de “mensajes alusivos a las pandillas a través de los medios de comunicación”. Ésta terminó derogándose en la Asamblea Legislativa con 75 votos a favor, en el mes de noviembre de 2023; por lo que ya no es posible su aplicación, cuando menos contra periodistas.
“El discurso dominante contrario a la prensa hace que los periodistas se enfrenten a ataques constantes en las redes sociales y, en algunos casos, a amenazas contra su integridad física y su equipo de trabajo”, señala APES. “Funcionarios de alto nivel se han sumado a las agresiones y descalificaciones. La mayoría de los periodistas víctimas de agresiones han sido mujeres.”
Aunque no se han registrado asesinatos de periodistas en 2024, “la policía ha perpetrado agresiones a profesionales de la información durante sus coberturas sin ninguna justificación legal y, peor, sin ninguna sanción”, denuncia APES. Tampoco hay avances en la investigación de “la denuncia de The Citizen Lab sobre escuchas telefónicas a periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil, mediante el software de espionaje Pegasus, ocurridas entre 2020 y 2021”, según el informe.
El Salvador, en un contexto regional y mundial de restricciones
En el contexto regional, El Salvador se sitúa entre los países con mayores restricciones a la libertad de prensa en América. México sigue siendo “el país del mundo con el mayor número de periodistas asesinados (72) en la última década”, advierte RSF. Mientras tanto, en Guatemala, “el encarcelamiento del periodista Jose Rubén Zamora atestigua las graves amenazas que ha afrontado el periodismo en los últimos años”, según la organización.
Nicaragua, Venezuela y Cuba ocupan los últimos puestos de la región, donde “el periodismo está sometido a una censura basada en decisiones arbitrarias, que pueden tomar la forma de detenciones, suspensiones de la difusión o trabas administrativas”, señala RSF. A nivel mundial, El Salvador se ubica en una posición intermedia, superando a países como Afganistán (puesto 178), donde “el periodismo se asfixia bajo el peso de los regímenes autoritarios”, según RSF. Sin embargo, dista de los estándares de libertad de prensa observados en países desarrollados como Noruega (primer puesto), Dinamarca (2°) y Suecia (3°).
Presuntas Vulneraciones en procesos electorales
Según el informe del Centro de Monitoreo Electoral 2024 de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), se registraron 319 vulneraciones al ejercicio periodístico durante el proceso electoral, de las cuales “224 fueron durante las elecciones presidenciales y legislativas”. Sin embargo, los datos son cuestionados por el grado de afectación que supondrían; y ésto es así ya que, entre otras cosas, APES se ha negado en divulgar las vulneraciones contra personas como la periodista transexual Alessia Genoves quien, sin embargo, no denunció agresiones al ejercicio periodístico en los últimos meses.
📣#COMUNICADO| La APES registró 319 restricciones a la prensa durante todo el proceso electoral. pic.twitter.com/2pPeFjySpD
— APES (@apeselsalvador) March 5, 2024
“La principal agresión registrada fue la constante restricción a la prensa antes, durante y después de la jornada electoral al interior de los centros de votación”, denuncia APES. Esto incluye “intimidación, declaraciones estigmatizantes, acoso digital”, perpetradas principalmente por “agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), fiscales electorales y representantes/vigilantes de partidos políticos, principalmente del oficialismo”.
APES exhortó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a “garantizar el acceso a la prensa sobre todo el proceso electoral, incluyendo los resultados preliminares”, así como “evitar cualquier forma de intimidación, violencia o interferencia que pueda poner en riesgo la libertad de prensa y la libertad de expresión”. También pidió “propiciar una comunicación clara y directa con los medios de comunicación durante todas las etapas del proceso electoral”.
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