El Salvador recibe “Mas Deportados” hacia el CECOT

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Por: Neftali Hernandez Pereira


El Salvador recibió este domingo 13 de abril un tercer contingente de deportados desde Estados Unidos, conformado por miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) y del Tren de Aragua. Los criminales fueron trasladados directamente al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel inaugurada por el presidente Nayib Bukele como símbolo de su “guerra contra las pandillas”.

La deportación forma parte de un acuerdo bilateral firmado entre los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador que busca el traslado de criminales convictos en territorio estadounidense hacia cárceles salvadoreñas. El convenio, impulsado originalmente durante la administración Trump por el entonces secretario de Estado adjunto Marco Rubio, permite a Estados Unidos “descongestionar” su sistema penitenciario mientras El Salvador recibe recursos para fortalecer su plan de seguridad nacional.

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Cronología de la deportación

El vuelo partió de la Base Aérea Andrews en Guantanamo a las 4:30 de la madrugada, transportando a criminales provenientes de centros penitenciarios de Texas, California y Nueva York. La aeronave, un Boeing C-17 Globemaster de la Fuerza Aérea estadounidense, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de San Salvador a las 8:45 hora local, donde esperaba un contingente de 300 agentes de la Policía Nacional Civil y 120 elementos de la Fuerza Armada salvadoreña.

El ministro de Seguridad Pública de El Salvador y representantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) supervisaron el traslado de los deportados, quienes fueron esposados y transportados en 12 autobuses blindados hacia el CECOT, ubicado en Tecoluca, departamento de San Vicente, a 74 kilómetros de la capital salvadoreña.

Durante el traslado se implementó un operativo de seguridad que incluyó cierre de carreteras y sobrevuelos de helicópteros. Los criminales ingresaron al CECOT a las 10:30 de la mañana, donde fueron fichados y clasificados según su peligrosidad y afiliación criminal para su distribución en las diferentes secciones de la instalación.

El CECOT, con capacidad para 40,000 internos, alberga actualmente a más de 12,000 presos, muchos detenidos bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. El centro penitenciario opera con estrictas medidas de seguridad, que incluyen bloqueadores de señal celular, cámaras de vigilancia de alta definición y personal especializado.

Las autoridades salvadoreñas confirmaron que los deportados enfrentarán procesos judiciales en El Salvador por delitos cometidos en territorio nacional antes de su migración a Estados Unidos. La Fiscalía General de la República informó que 60% de los deportados cuentan con órdenes de captura pendientes en El Salvador por delitos que incluyen homicidio, extorsión y narcotráfico.

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Contexto del acuerdo bilateral

Esta deportación representa la tercera operación de este tipo en menos de un mes. El 16 de marzo de 2024, un primer grupo de 200 pandilleros de MS-13 y Tren de Aragua fue deportado a El Salvador, seguido de un segundo contingente de 17 criminales el 31 de marzo.

Las deportaciones derivan de tratados firmados durante la administración Trump entre 2020 y 2021. Marco Rubio, entonces secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, visitó El Salvador en octubre de 2020 para negociar con el presidente Bukele los términos del acuerdo que facilita la repatriación de criminales convictos en Estados Unidos a cárceles salvadoreñas.

Las negociaciones iniciales contemplaron un programa de cooperación financiera de $950 millones destinados a infraestructura penitenciaria y capacitación de personal, aunque los montos finales y condiciones específicas no fueron divulgados públicamente. Funcionarios del Departamento de Justicia estadounidense argumentaron que el programa permite “descongestionar” el sistema penitenciario de Estados Unidos mientras contribuye a fortalecer la seguridad regional.

El presidente Bukele aceptó recibir a estos criminales como parte de su estrategia de seguridad nacional y a cambio de apoyo económico y logístico para el CECOT y otros proyectos de seguridad. Sin embargo, los términos específicos del acuerdo no han sido transparentados completamente.

Actualmente, El Salvador alberga a más de 2,000 presos extraditables o deportados, principalmente de Estados Unidos, México y otros países centroamericanos. Un porcentaje significativo de estos presos permanece sin sentencia firme en el sistema judicial salvadoreño, lo que ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos.

La política de Bukele de aceptar criminales extranjeros ha provocado debate en círculos diplomáticos y jurídicos, pues algunos analistas consideran que prioriza acuerdos geopolíticos sobre garantías judiciales. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador ha solicitado mayor transparencia sobre los protocolos de tratamiento de los deportados.

En semanas recientes, legisladores conservadores estadounidenses propusieron declarar una sección del CECOT como “territorio estadounidense temporal”, permitiendo que presos estadounidenses cumplan condenas allí bajo leyes de Estados Unidos. Esta propuesta, sin precedentes en el derecho internacional, enfrentaría significativas barreras legales y constitucionales en ambos países.

Analistas de seguridad regional sugieren que esta propuesta busca evadir críticas por condiciones carcelarias en Estados Unidos y externalizar el problema penitenciario, mientras el gobierno de Bukele podría utilizarlo como mecanismo para obtener mayor financiamiento internacional para sus programas de seguridad.

El actual acuerdo de deportación ha generado reacciones en la sociedad salvadoreña. Sectores empresariales expresaron preocupación por la posible infiltración de criminales deportados en la sociedad, mientras asociaciones de víctimas de la violencia demandan garantías de que los deportados enfrenten procesos judiciales por crímenes cometidos en El Salvador.

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