Por Alessia Genoves
El Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, en Chalatenango, pospuso sine die el juicio contra los exmilitares Francisco Antonio Morán (91 años), Mario Adalberto Reyes Mena, José Guillermo García (89 años) y Rafael Flores Lima, acusados de planificar y ejecutar la emboscada que en 1982 acabó con la vida de cuatro periodistas holandeses en Santa Rita, Chalatenango. La suspensión —tercera en dos años— se produjo tras una solicitud de la defensa de Reyes Mena, quien alegó una “cirugía programada” el mismo día de la audiencia.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) mantiene activo el expediente 32-S-2021, que desde mayo de 2021 ordenó colaboración internacional para recabar pruebas de la Comisión de la Verdad de la ONU. Organizaciones como la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU) y la Fundación Comunicándonos denuncian “estrategias dilatorias” en un caso catalogado como Crimen de lesa Humanidad, y que son imprescriptibles de persecución penal por Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Código Procesal Penal de El Salvador.
Prórrogas, justificaciones médicas y frustración institucional
El 25 de octubre de 2023, el Juzgado de Dulce Nombre de María notificó formalmente la suspensión del juicio tras recibir un escrito de la defensa de Reyes Mena, fechado a las 13:26 horas del día anterior. En él, la abogada adjuntó “constancias médicas” que indicaban que su cliente se sometería a una cirugía ese mismo día, pese a que el procedimiento “le había sido recomendado desde enero de 2023”, según la resolución judicial. Pedro Cruz, abogado de ASDEHU, explicó: “La jueza no tuvo más opción que reprogramar, pues el código de 1973 exige la presencia de todos los defensores. Pero esto no es aislado: en 2022, García y Morán faltaron a audiencias alegando ‘complicaciones cardíacas’”.
La Fundación Comunicándonos publicó un comunicado, en abril de 2024, señalando que “las tácticas de la defensa buscan desgastar a las víctimas. En 43 años, solo hemos tenido tres fechas de juicio, todas canceladas”. Saskia ter Laag, hermana de Hans Lodewijk ter Laag (una de las víctimas), declaró, en una conferencia: “Estoy totalmente decepcionada, pero volveré cuantas veces sea necesario. Hago esto por mi hermano”, en un evento público que tuvo lugar éste 23 de abril de 2025.
La CSJ, por su parte, mantiene vigente la resolución 32-S-2021, emitida el 6 de mayo de 2021, que ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores gestionar ante la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) el rendir “información documental de las investigaciones de la Comisión de la Verdad relacionadas con el asesinato de los periodistas holandeses” (CSJ, expediente 32-S-2021). Sin embargo, Óscar Pérez, director de la Fundación Comunicándonos, criticó: “La CSJ no ha exigido celeridad. Sin presión internacional, este caso seguirá en letargo”, según lo manifestó a la prensa, en los canales oficiales de la organización.
Crimen de lesa humanidad y justificaciones
En retrospectiva, en la fecha del 17 de marzo de 1982, en el curso de la Guerra Civil de El Salvador (1980-1992), una patrulla del Cuarto Batallón de Infantería, bajo el mando del coronel Mario Reyes Mena, emboscó en el paraje “La Loma”, cantón Piedras Gordas (Santa Rita, Chalatenango), a los periodistas Koos Jacobus Andries Koster (38 años), Jan Cornelius Kuiper (29 años), Hans Lodewijk ter Laag (25 años) y Johannes Jan Willemsen (41 años). Según el Informe de la Comisión de la Verdad (1993), el operativo fue “planeado con anterioridad por Reyes Mena, con conocimiento de altos mandos, incluido el entonces ministro de Defensa, José Guillermo García” (Capítulo IV, párrafo 12). Los holandeses, quienes documentaban el contraste entre la vida urbana y rural durante la guerra, fueron ejecutados junto a 5 civiles, incluido un guía local.
Gert Kuiper, hermano de Jan Kuiper, declaró en a la prensa: “Exigimos que el Estado reconozca que esto fue una emboscada intencional, no un ‘daño colateral’. No buscamos indemnización, sino verdad”. Por su parte, el Cuerpo de Oficiales en Retiro de la entonces Fuerza Armada de El Salvador (FAES) defendió a los acusados en un pronunciamiento de octubre de 2022: “Los coroneles actuaron en apego a las leyes vigentes para defender a la patria de la agresión terrorista”, según lo reza un documento divulgado publicamente, 21 de octubre 2022. Pero, en dicho comunicado omitió mencionar a las víctimas y fue calificado por el Movimiento de Víctimas Demandantes (VIDAS) como “un insulto a la memoria de los 75,000 asesinados por el Estado”.
La guerra civil dejó, según la ONU, 75,000 muertos, 15,000 desaparecidos; en más de 32 masacres atribuidas a las FAES , entre ellas El Mozote (1981), y los Grupos de Ex-Combatiéntes Guerrilleros que se consolidaron en el partido político, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El caso de los periodistas holandeses figura como “paradigmático por su carácter deliberado y su impunidad prolongada”, según la Fundación Comunicándonos.
Juicio: de la derogación de la amnistía a las excarcelaciones denegadas
El caso resurgió en 2016, cuando la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993. En julio de 2018, ASDEHU y la Fundación Comunicándonos presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), acusando a Reyes Mena, García, Morán y Flores Lima de “asesinato agravado y crímenes de lesa humanidad” (Exp. PN.11/1982). Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR), bajo la dirección de Douglas Meléndez, aplicó el Código Procesal Penal de 1973, vigente al momento del crimen, lo que ralentizó las pesquisas.
El 6 de mayo de 2021, la CSJ emitió la resolución 32-S-2021, ordenando a la Cancillería “gestionar ante la OACNUDH toda la documentación relacionada con el informe de la Comisión de la Verdad para robustecer la imputación”. En éste proceso, se adhirieron los testimonios de exagregados navales estadounidenses y peritajes militares que vinculan a los acusados con la cadena de mando.
En octubre de 2022, el Juzgado de Dulce Nombre de María negó la excarcelación de García y Morán, argumentando que “los delitos de asesinato múltiple, con penas de 15 a 20 años, exceden el límite de tres años para medidas sustitutivas establecido en el artículo 250 del Código de 1973”. La jueza también destacó, en su resolución, que era justificable tomar en consideración “la pluralidad de acciones delictivas al existir cuatro víctimas”, conforme al Art. 252 del mismo código.
La aplicación de dicha normativa derogada, no obstante, fue controvertida, aunque se aplica de forma retro-activa al caso. Por otra parte, Pedro Cruz, abogado de ASDEHU, defendió el uso del código antiguo: “Aunque es obsoleto, nos ha permitido avanzar. Si hubiéramos insistido en el código vigente, la Fiscalía de Raúl Melara habría archivado el caso“. No obstante, organizaciones como Human Rights Watch criticaron que “la elección de un código de hace 50 años limita el acceso a pruebas forenses modernas”, de acuerdo con su Informe Regional de 2023.
Presión diplomática y extradiciones
Entretanto, la embajada de Países Bajos ha mantenido un rol activo. En marzo de 2022, la embajadora Christine Perinne declaró: “Exigimos al Estado salvadoreño colaborar para que las personas involucradas sean investigadas. Este caso también está abierto en tribunales holandeses”, según se detaca en su Declaración O. Desde 2021, fiscales de Ámsterdam iniciaron un proceso penal contra los exmilitares bajo el principio de jurisdicción universal, aunque su avance depende de la cooperación local.
Por otra parte, en Estados Unidos, un juez de inmigración determinó en 2014 que José Guillermo García “participó en torturas y ejecuciones extrajudiciales”, lo que facilitó su deportación a El Salvador en 2016, según la documentación oficial del ICE, en enero de 2016. Por su parte, el excoronel Francisco Morán enfrenta una demanda en la CIDH por la masacre de 6 dirigentes del Frente Democrático Revolucionario en 1980 ( según se constata en el Caso Erlinda Franco, expediente CIDH 12.981).
Mientras tanto, para abril de 2022, organizaciones sociales, como Vidas, y la Asamblea Legislativa, promueve su respectiva Ley de Justicia Transicional, que según el diputado oficialista Julio Marroquín, “busca verdad y reparación, pero sin revanchismos”, según lo declaró en la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, en febrero 2023. Sin embargo, VIDAS advierte: “sin acceso a archivos militares destruidos o ocultos, esta ley será letra muerta”.
Mientras tanto, los acusados permanecen bajo custodia en hospitales privados, y el juicio —reprogramado para junio de 2024— sigue pendiente. Para las familias, como expresó la señora doliente, Sonja ter Laag, “cada retraso es un recordatorio de que la impunidad aún lleva uniforme”, según lo indicó a la prensa el 23 de abril de 2025.
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